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miércoles, 21 de septiembre de 2022

Monto de indemnización de predio expropiado debe ser considerado como de uso urbano al momento de su tasación y no de protección natural.

Santiago, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vistos y teniendo presente: En estos autos Rol N° 32.754-2021, caratulados “Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción con Fisco de Chile”, la expropiante dedujo recurso de casación en el fondo, y la expropiada recursos de casación en la forma y en el fondo, todos dirigidos en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el catorce de abril de dos mil veintiuno, que, en lo pertinente, confirmó con declaración la sentencia de primera instancia pronunciada por el Segundo Juzgado Civil de Concepción que acogió parcialmente la reclamación del artículo 12 del Decreto Ley Nº 2.186. De manera preliminar, cabe mencionar que la expropiación fue ordenada por el Ministerio de Obras Públicas a través de su Decreto Exento Nº 1232 de 28 de noviembre de 2014, con la finalidad de concretar el proyecto denominado “Diseño de Obras Fluviales Río Andalién, Esteros Nonguén y Palomares, Comunas de Talcahuano, Penco y Concepción”, afectando al Lote Nº 13a, de 198.189 m². El perjuicio fue tasado por la Comisión de Peritos en $741.304.800, desglosados en: $713.480.400 por la privación del suelo (equivalente a 0,14 Unidades de Fomento cada m²); $4.977.000 por la pérdida de las especies vegetales y forestales; y $22.847.400 por otras partidas. En lo pertinente a la contienda sometida a conocimiento de este tribunal de casación, la reclamante Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción instó por la regulación de la indemnización definitiva en una suma superior a aquella provisoriamente consignada, particularmente en lo atingente al valor suelo expropiado, pidiendo su incremento desde las 0,14 Unidades de Fomento por cada m² fijadas por la autoridad, hasta 2,5 Unidades de Fomento por cada m². Fundamentó tal pretensión en los “gruesos e inexcusables” errores en que habría incurrido la Comisión de Peritos al momento de corregir a la baja el promedio de los ocho referenciales utilizados para realizar el ejercicio comparativo. 

Explicó que el promedio de aquellos valores comparativos corresponde a 1,58 Unidades de Fomento por cada m². Sin embargo, el órgano tasador colegiado ajustó a la baja dicha cifra, hasta llegar a las 0,14 Unidades de Fomento por cada m², en virtud de las siguientes razones expresadas en su informe: (i) Presentar el terreno una configuración de “extensión urbana”, sólo adecuada para la protección de cauces naturales y zonas de protección de valor natural; (ii) Emplazarse, según el Plan Regulador Comunal, en Zonas “PP” y “PE” (protección de patrimonio natural y paisajístico), admitiendo un nivel de intervención muy controlado; (iii) La condición de inundabilidad parcial del terreno; y, (iv) La afectación a utilidad pública de parte de la propiedad. Denunció la reclamante que aquel ajuste es erróneo por los siguientes motivos: (i) La omisión de la proyección del inmueble, atendida la expansión natural de la ciudad de Concepción hacia el sector donde se emplaza el predio, lugar donde se han conformado y consolidado extensos barrios habitacionales que se conectarán con importantes arterias a través de un puente que se construirá sobre el río Andalién, agregando que el retazo expropiado es el de mayor extensión disponible en la comuna, y el más cercano a núcleos poblados; (ii) La errada zonificación mencionada en el informe, puesto que, contrario a lo concluido por la Comisión de Peritos, el lote se emplaza en Zona Habitacional de Expansión (HE3) en 119.076 m², Zona de Protección Ecológica (PE) en 33.463,53 m², Zona de Corredor Urbano (CU4d) en 10.940,22 m², y vialidad, en dos retazos de 2.090,49 m² y 32.618,37 m², de manera tal que el 60% de la propiedad se emplaza en zona “HE3”, categoría que permite amplios usos habitacionales, comerciales y productivos inofensivos, al igual que la Zona “CU4d”, postulando que la inclusión de parte del lote en Zona “PE”, efectuada por el Plan Regulador Comunal de Concepción, es ilegal, por cuanto este tipo de instrumentos de planificación no pueden establecer áreas de protección, sino que han de limitarse a reconocer aquellas áreas ya declaradas como tales por normas de superior jerarquía, de la forma como lo dispone el artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, criterio que ha sido reconocido por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como por el Tribunal Constitucional; (iii) La improcedencia del ajuste a la baja de la indemnización en consideración a la declaratoria de utilidad pública impuesta sobre parte del lote, puesto que tal gravamen es un acto de autoridad que antecede a la expropiación, de manera tal que no puede ser considerada como un factor independiente de la misma, agregando que, de ser entendida así, se incurriría en enriquecimiento sin causa en favor del expropiante, con el recíproco empobrecimiento del expropiado; y, (iv) La improcedencia de corregir la indemnización a la baja por la inundabilidad del terreno, al ser una condición susceptible de ser mitigada a un costo razonable, teniendo especialmente presente que la enorme potencialidad del lote haría rentable aquella intervención. Concluyó su libelo solicitando que se acoja la demanda y se fije la indemnización definitiva en la cantidad total de 495.676,54 Unidades de Fomento (a razón de 2,5 Unidades de Fomento por cada m² de terreno expropiado) o, en subsidio, la suma que se fije conforme al mérito del proceso, pero en todo caso superior a la indemnización provisional dictaminada por la Comisión de Peritos, más reajustes, intereses y costas. Al contestar, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, solicitó el rechazo del reclamo en todas sus partes o, en subsidio, que se impute a la indemnización definitiva, a ser regulada por el tribunal, la indemnización provisional ya consignada, debidamente reajustada. Describió, en primer orden, ciertas características del inmueble consideradas por la Comisión de Peritos para determinar su valor, consistentes en: (i) Formar parte de un predio de mayor extensión de 926.560 m²; (ii) Emplazarse en la ribera del río Andalién, en una extensión de 1,4 kilómetros de largo por 200 metros de ancho, encontrando como deslinde paralelo la línea férrea; (iii) Haber sido completamente cubierto por el agua durante las inundaciones registradas en Concepción en 2004 y 2006; (iv) Carecer de accesos regulados y construcciones, y presentar una cobertura herbácea y arbustiva de crecimiento espontáneo, con predominio de pastizales y zarzamora; y, (v) Ubicarse, insiste, en  Zonas “PP” y “PE”, de protección de paisaje y ecológica, respectivamente, con riesgo de inundación en masa. Defendió, acto seguido, la consistencia técnica y la rigurosidad del informe de tasación de la Comisión de Peritos, estudio que utilizó el método comparativo o de mercado sobre la base de ocho operaciones referenciales, siete de ellas transacciones y una oferta, la mayoría con fines habitacionales o comerciales, destacando, finalmente, que los terrenos expropiados cercanos fueron tasados en valores similares al Lote Nº 13a. La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la reclamación, sólo en cuanto elevó el monto de la indemnización por concepto de suelo a $891.850.500, a razón de $4.500 cada m² (0,175 Unidades de Fomento), reguló la indemnización definitiva en $919.674.900 -sumando al valor del terreno los conceptos no reclamados-, concedió reajustes e intereses de la forma que indica, y ordenó imputar a dicha suma la indemnización provisional previamente consignada. Para arribar a tal conclusión, el juez de primer grado desarrolló la siguiente línea argumental: (i) Sostuvo que la determinación de la Zona del Plan Regulador en que se encuentra el predio, así como la legalidad de la clasificación, son materias ajenas al procedimiento de marras, afirmando que, en cualquier caso, no fue acreditada una realidad diversa a la expresada en el informe de la Comisión de Peritos; (ii) Estimó justo y equitativo aumentar el valor del terreno en los términos antes indicados, teniendo presente que se trata de una expropiación parcial, recaída sobre un inmueble con forma y pendiente irregular, emplazado a nivel colindante con la ribera del río Andalién, parcialmente inundable, no urbanizado, sin accesos regulados, pero que se encuentra cercano al centro de la ciudad de Concepción y sus servicios, así como a sectores habitacionales ya existentes, pese a no haberse acreditado la “proyección” aludida por la actora, decidiendo restar todo mérito a los informes periciales allegados por las partes, ya que sus conclusiones discrepantes “poco ayudan a esclarecer la discusión”. Conociendo los recursos de casación en la forma y apelación interpuestos de manera independiente por ambas partes, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó los arbitrios de nulidad y confirmó la sentencia apelada con declaración, incrementando la indemnización definitiva a $1.317.362.283, a razón de $6.647 por cada m² de suelo (0,2584 Unidades de Fomento). Atendió, para ello, a que la prueba rendida en segunda instancia, en particular los certificados extendidos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, permite tener por acreditado que el lote expropiado se emplaza parcialmente en una zonificación habitacional o residencial, contrario a lo indicado en el informe de la Comisión de Peritos, cuestionando, también, que ninguno de los referenciales empleados por aquel órgano sean asimilables al predio expropiado, sea por su ubicación o por sus características. A continuación, recordó que el tribunal de alzada conoció en segunda instancia dos reclamaciones relacionadas con inmuebles colindantes al de marras (Roles Nºs 7.643-13 y 7.644-13 de la Corte de Apelaciones de Concepción; Rol Nº 18.469-16 de esta Corte Suprema), oportunidades en que se reguló la indemnización definitiva a razón de $6.647 cada m² de suelo, decidiendo estar a ese monto en estos antecedentes, por resultar plenamente coincidente con las características del lote expropiado. Respecto de esta decisión, el reclamado Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo, y la expropiada reclamante interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación. 
CONSIDERANDO: 
I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR EL FISCO DE CHILE: 

PRIMERO: Que, en el recurso, se denuncia que el fallo de alzada infringe lo previsto en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el  artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186, al asimilar las características del Lote 13ª, con aquellas presentes en los Lotes 5 y 6, cuya expropiación dio origen a las reclamaciones referidas por la Corte de Apelaciones, pese a que el primero se emplaza en la comuna de Concepción y los segundos en la comuna de Penco, y sin considerar que los Lotes 5 y 6 colindan con la carretera que une ambas comunas, contrario al Lote 13a que es un predio ciego y mediterráneo. Por otro lado, da cuenta de la existencia de otra reclamación, ingresada bajo el Rol Nº 96-18 de la Corte de Apelaciones de Concepción (Rol N° 26.865-18 de esta Corte Suprema), instancia donde se reguló la indemnización definitiva a razón de $3.000 cada m² de suelo. De esta manera, luego de comparar los informes periciales rendidos por las partes, concluye que se ha regulado una indemnización superior al daño efectivamente causado al expropiado, en abierta infracción al principio lógico de la razón suficiente, debido a la inexistencia de causa, razón o lógica para fijar el valor del m² en una cifra superior a aquella determinada por la Comisión Tasadora, especialmente considerando que el motivo aparente expresado en la sentencia, consistente en la similitud del Lote 13a con los Lotes 5 y 6, no es tal. En el mismo sentido, estima que se infringen conocimientos  científicamente afianzados, al no mediar alusión alguna a los saberes técnicos en que se sustenta la decisión impugnada, transgrediéndose, además, el principio de no contradicción, al utilizar como referenciales dos lotes que tienen características diferentes al lote expropiado, y las máximas de la experiencia, al acudir a la “prudencia” sin expresar cuales son los criterios que emplea. 

SEGUNDO: Que, al referirse a la influencia que tales vicios habrían tenido en lo dispositivo del fallo, el recurrente afirma que, de no haberse incurrido en ellos, la sentencia de primera instancia habría sido revocada y la reclamación rechazada. 

TERCERO: Que, como se desprende de lo reseñado, el recurrente denuncia la infracción a una norma reguladora de la prueba, como lo es el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, y a una regla sustantiva, consistente en el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186, yerros que derivarían en una sobrevaloración del lote expropiado. 

CUARTO: Que, pues bien, en cuanto al primer error, esta Corte Suprema estima indispensable destacar que el informe pericial evacuado en el proceso por la Arquitecta Sra. Karin Alicia Ernst Elizalde, designada por el reclamado, concluye que, conforme al Plan Regulador Comunal de Concepción, el lote 13a se emplaza  parcialmente en las zonas “Habitacional de Expansión” (HE3), “Protección Ecológica” (PE), y “Corredor Urbano” (CU4d); parecer que es corroborado en el informe pericial confeccionado por el Arquitecto Sr. Waldo Martínez Riquelme, designado por la reclamante. 

QUINTO: Que, sin necesidad de analizar, por ahora, la corrección de dichos asertos técnicos, lo cierto es que el razonamiento del tribunal de alzada, consistente en multiplicar la superficie del Lote 13a por el valor determinado para cada unidad de suelo en la indemnización definitiva concedida a los afectados por la expropiación de los Lotes 5 y 6, resulta abiertamente improcedente. En efecto, si se considera que el mandato del legislador consiste en reparar el “daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma”, se entenderá que esa finalidad malamente puede ser alcanzada por la simple multiplicación de dos factores, sin advertir la imposibilidad de asignar un valor determinado a aquella parte del terreno emplazada en una zonificación habitacional o residencial y, al mismo tiempo, asignar igual tasación a la porción del lote que no cumple con tal característica, a pesar de que tratarse de porciones con una aptitud diametralmente diversa, realidad que, tal como ha sido reconocido por las partes al momento de  desarrollar ejercicios comparativos con otros inmuebles, repercute en el valor económico del suelo. 

SEXTO: Que, por todo lo antes expresado, debe concluirse que se ha incurrido en el yerro jurídico denunciado por el Fisco de Chile, error que ha trascendido en lo dispositivo de la decisión pues, de no haberse incurrido en él, los jueces de alzada se habrían visto impedidos de tasar de manera homogénea el suelo del lote expropiado, ameritando, así, que el recurso de nulidad sustancial sea acogido, de la forma como se dirá en lo resolutivo. 

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA INTERPUESTO POR LA EXPROPIADA. 

SÉPTIMO: Que, en el arbitrio de nulidad formal, se sostiene que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Nº4 del mismo cuerpo normativo, por dos motivos independientes. En primer lugar, se acusa la existencia de consideraciones contradictorias, ya que la sentencia de primera instancia, en su considerando 30º -no suprimido-, dio por establecido que el Lote 13a se emplaza en Zonas PE y PP, en tanto que el fallo de segundo grado estimó acreditado que éste se ubica, además, en Zonas ZPE, ZHE3 y ZCU4d.  En segundo orden, denuncia la insuficiencia de las consideraciones plasmadas en el laudo de alzada, pues en él no se detalla qué proporción del predio de emplaza en cada una de las zonas, insistiendo que la mayor parte se clasifica en zonas que permiten un uso habitacional o residencial. Por otro lado, reprocha al tribunal de alzada no haber justificado la regulación de la indemnización definitiva en un 16,98% del promedio de los referenciales utilizados por la Comisión de Peritos, y en un 33,33% si se consideran sólo las operaciones sobre grandes superficies, especialmente aquel donde se construyó la urbanización denominada “Valle Noble” de Concepción, referido en la pericial de la expropiada, cuyas características son similares a la del predio de autos. Finalmente, reprocha que en la sentencia recurrida se haya comparado el Lote 13a con los predios objeto de la causa referencial utilizada por la Corte de Apelaciones, pese a: No ser inmuebles contiguos; proyectarse en el Lote 13a un atravieso que lo conectará con la vía más cercana; encontrarse el predio expropiado cercano a poblaciones ya existentes; y emplazarse en zonificaciones no comparables, ya que los lotes 5 y 6 no permiten un uso residencial. 

OCTAVO: Que, para determinar la procedencia de los argumentos en que se sustenta la impugnación pretendida por la recurrente, es preciso señalar que, según se ha expresado en torno a la causal alegada, tal vicio sólo concurre cuando la sentencia carece de fundamentos fácticos o jurídicos que le sirvan de sustento, es decir, cuando no se desarrollan los razonamientos que determinan el fallo y omiten las normas legales que la expliquen, requisitos que son exigidos a las sentencias por la claridad, congruencia, armonía y lógica que deben observar en sus razonamientos. 

NOVENO: Que, de la atenta lectura de la sentencia de segundo grado, se desprende que, en sus considerados vigésimo a vigésimo noveno, la Corte de Apelaciones de Concepción explicó suficientemente el razonamiento que llevó a sus integrantes a incrementar parcialmente el monto concedido por el tribunal a quo, detallando las características relevantes del inmueble expropiado, los parámetros de comparación con otros valores, y las particularidades de la prueba relevante rendida en juicio, despejando toda duda sobre el motivo que llevó a los juzgadores a arribar a la suma concedida. 

DÉCIMO: Que, por ello, queda en evidencia que la causal no se configura, pues la fundamentación denunciada como omitida existe, situación que pone de manifiesto que el real agravio sufrido por el recurrente consiste en su descontento con el razonamiento y el resultado al que arribaron los jueces del grado, materia que se aleja del vicio esgrimido, constituido por la falta de consideraciones y no porque aquellas que contenga el fallo no sean del agrado del recurrente. En nada obsta a lo dicho la existencia de pasajes del fallo de primer grado que puedan no resultar compatibles con la sentencia de alzada, por cuanto, se insiste, incluso de ser ello efectivo, en el laudo recurrido se explican, íntegramente, los motivos de la decisión que aquí se impugna. 

UNDÉCIMO: Que, en estas condiciones, resulta evidente que el vicio denunciado no concurre en la especie, al no configurarse los requisitos exigidos por la causal de casación formal planteada por la reclamada, por lo que este arbitrio no podrá prosperar. 

III.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA EXPROPIADA: 

DUODÉCIMO: Que, en un primer capítulo, se acusa que el fallo transgrede lo establecido en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, en tanto ley reguladora de la prueba, en atención a que una correcta interpretación de aquella regla, y su aplicación respecto de la prueba pericial rendida, habría llevado a los jueces de instancia a concluir que el mayor porcentaje del terreno se emplaza en Zona ZHE3, con destino habitacional. Del mismo modo, habría sido determinado que el valor del suelo era superior al que se dio por establecido, especialmente por la improcedencia de comparar el Lote  13a con los Lotes 5 y 6, reiterando los argumentos que desarrolló en el arbitrio de nulidad formal. 

DÉCIMO TERCERO: Que, en un segundo capítulo, el recurrente denuncia que la sentencia quebranta lo estatuido en el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186, al no haberse aplicado aquella regla al caso de marras de manera correcta y completa, yerro que arroja como consecuencia que la indemnización definitiva resulte insuficiente para reparar el daño efectivamente causado, especialmente si se considera que el valor del suelo no podría ser regulado en un monto inferior a las 0,81 Unidades de Fomento por cada m², al ser aquel el precio pactado para la venta del predio donde se edificó el conjunto residencial “Valle Noble” de Concepción, operación que fue considerada en su informe pericial y que, por la extensión y características del terreno, era perfectamente asimilable a la realidad del Lote 13a. 

DÉCIMO CUARTO: Que, al referirse a la influencia que tales vicios habrían tenido en lo dispositivo del fallo, la recurrente afirma que, de no haberse incurrido en ellos, la sentencia de primer grado debió ser confirmada con declaración, regulando la indemnización definitiva en, al menos, 0,81 Unidades de Fomento por cada m² de suelo. 

DÉCIMO QUINTO: Que, como se puede apreciar, el recurrente sustenta las dos infracciones de ley que propone en tres errores precisos y determinados que atribuye al tribunal de segunda instancia: (i) La no consideración de aquella proporción del suelo del Lote 13a que es apta para fines habitacionales; (ii) La no consideración del mayor valor del suelo, según lo concluido en el informe pericial allegado al proceso; y, (iii) La no consideración de una operación referencial precisa y determinada, consistente en la venta del retazo donde hoy se emplaza el conjunto habitacional “Valle Noble” de Concepción. 

DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto al primer aspecto, llevando razón el recurrente en cuanto a la omisión que reprocha -tal como se ha concluido en el motivo quinto precedente-, lo cierto es que el expropiado ha omitido indicar, con claridad, cuál es el mayor valor que debió ser asignado a aquella porción del suelo expropiado apto para fines habitacionales, más allá de lo concedido a título de indemnización definitiva en la sentencia impugnada, de manera tal que no resulta posible a este tribunal de casación evaluar la real concurrencia de influencia del error en lo dispositivo del fallo, al menos en lo que respecta al reclamante, exigencia que impone la parte final del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Dicho de otro modo, detectada por el interesado la omisión de consideración a la amplia proporción del suelo  apta para fines habitacionales o residenciales, era de su cargo argumentar cuál es el valor específico que debió asignarse a aquella porción, cuál es la tasación correcta del retazo carente de tal aptitud, y cómo aquellos valores no resultan concordantes con el monto regulado por los tribunales de instancia, carga argumentativa que, en el arbitrio, no aparece satisfecha. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en lo relativo a la valoración de la prueba pericial rendida por la expropiada y a la no consideración de uno de los referenciales que en ella se emplea, la sola exposición del arbitrio deja al descubierto su inviabilidad, toda vez que aquello que se cuestiona por el recurrente es la valoración de un medio probatorio específico, evidenciando su disconformidad con el proceso ponderativo llevado a cabo por el sentenciador. En este aspecto, cabe reiterar que, como lo ha señalado esta Corte, la actividad de ponderación de los medios de prueba se encuentra entregada exclusivamente a los jueces del grado, siendo aquella extraña a los fines de la casación en el fondo. 

DÉCIMO OCTAVO: Que, por todo lo antes expresado, habiéndose descartado la concurrencia de las infracciones esgrimidas por el recurrente, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y debe ser desestimado. 

DÉCIMO NOVENO: Que, finalmente, esta Corte Suprema es de parecer de hacer notar que, constando en el folio  14 del expediente electrónico de segundo grado que el 17 de julio de 2019 el Tribunal Constitucional dictó sentencia en causa Rol C-5937-INA, declarando inaplicable en este pleito el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, la Corte de Apelaciones de Concepción se encontraba impedida de acudir a dicha norma para fundamentar el rechazo del recurso de casación en la forma interpuesto por la actora, tal como lo hizo en los motivos sexto y séptimo del fallo de segundo grado. Por ello, en lo sucesivo la Corte de Apelaciones de Concepción tendrá presente y deberá dar estricta aplicación a lo dispuesto en el artículo 93, numeral 6º de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997. En conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la reclamante Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción en el primer y segundo otrosí de la presentación folio Nº 70.165-2021, respectivamente, y se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile en lo principal de la presentación folio Nº 69.270-2021, todos dirigidos en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, la que por consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación. Se previene que el Abogado Integrante Sr. Águila no comparte todo lo que sigue al punto seguido en el considerando décimo noveno, puesto que, a su entender, no procede dar una instrucción de como fallar en lo sucesivo, pues ello doctrinariamente atenta contra el principio de independencia interna de los tribunales. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. Ravanales, y de la prevención su autor. Rol N° 32.754-2021. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., y por el Abogado Integrante Sr. Pedro Águila Y.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

 Santiago, doce de septiembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos vigésimo octavo a trigésimo primero, que se eliminan. Se reproduce, asimismo, los motivos décimo tercero a vigésimo quinto del fallo anulado, así como lo expositivo y el fundamento quinto de la sentencia de casación que antecede. Y se tiene, además, presente: 

Primero: Que, con arreglo al artículo 38 del Decreto Ley N°2186, corresponde indemnizar al expropiado por el daño patrimonial realmente inferido con la expropiación y que sea resultado directo e inmediato de la misma. En otras palabras, esta compensación debe referirse a lo necesario para cubrir los menoscabos patrimoniales efectivos sufridos por el reclamante; no puede transformarse en un enriquecimiento injustificado, pero tampoco puede ser inferior al real perjuicio que le causa el despojo. 

Segundo: Que, en aplicación de la regla anterior, el artículo 12 del Decreto Ley Nº 2186 confiere, tanto a la entidad expropiante como al expropiado, la posibilidad de reclamar judicialmente del monto provisional fijado para la indemnización y pedir su determinación definitiva, dentro del plazo que transcurra desde la notificación del acto expropiatorio hasta el trigésimo día siguiente a la toma de posesión material del bien expropiado. 

Tercero: Que, como se dijo con motivo del fallo de casación que antecede, en el caso concreto la expropiación fue ordenada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Decreto Exento Nº 1232 de 28 de noviembre de 2014, y afecta al denominado Lote 13a de 198.189 m² de extensión. La indemnización provisional fue regulada por la Comisión de Peritos en $741.304.800, desglosados en $713.480.400 por la privación del suelo (equivalente a $3.600 por cada m²), $4.977.000 por la pérdida de las especies vegetales y forestales, y $22.847.400 por otras partidas. Reclamado por la expropiada sólo el valor concedido por el suelo, la sentencia de primer grado acogió parcialmente la acción, regulando la indemnización definitiva en $919.674.900; $891.850.500 correspondientes al suelo, a razón de $4.500 por cada m². En contra de esta decisión, ambas partes se alzaron por vía de apelación. 

Cuarto: Que, de manera preliminar, es menester acotar que el artículo 785 del Código de Procedimiento  Civil faculta a esta Corte Suprema, al invalidar una sentencia por casación en el fondo, a dictar sentencia de reemplazo limitada a “la cuestión material del juicio que haya sido objeto del recurso”. De este modo, habiendo resultado rechazados los arbitrios de nulidad de la expropiada, sólo queda analizar, aquí, la procedencia de la pretensión esgrimida por el expropiante en su apelación, así como todas aquellas alegaciones propuestas por la actora, sin que de ellas se pueda derivar la mejora de lo obtenido en el fallo anulado. 

Quinto: Que, comenzando el análisis previamente delimitado, cabe recordar que en varias piezas y probanzas se ha mencionado, de manera conteste, que el Lote 13a se emplaza en diversas categorías de aquellas contempladas en el Plan Regulador Comunal de Concepción. Así, en el reclamo, la expropiada alega que el terreno se emplaza en zonas: “Habitacional de Expansión” (HE3), “Protección Ecológica” (PE), y “Corredor Urbano” (CU4d), incluyendo vialidad proyectada. Contrariamente, en su contestación el Consejo de Defensa del Estado insistió en las menciones del informe de la Comisión de Peritos, instrumento donde se propuso que el inmueble se emplaza exclusivamente en zonas: “Protección de Paisaje” (PP) y “Protección Ecológica” (PE). Finalmente, los informes periciales de ambas partes ratificaron la categorización expresada por la actora, tal como se desprende, también, de la prueba documental rendida en segunda instancia, entre la que destaca el Informe Técnico de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y el certificado de informaciones previas del inmueble. 

Sexto: Que, así, conforme a las aproximaciones expresadas en el libelo pretensor, debe darse por acreditado que la Comisión de Peritos erró en la categorización urbanística del suelo expropiado, cuya superficie de distribuye de la siguiente forma: ZONIFICACIÓN SUPERFICIE PROPORCIÓN RESPECTO DEL TOTAL Habitacional de Expansión (HE3) 119.076 m² 60,08% “Protección Ecológica” (PE) 33.463,53 m² 16,89% “Corredor Urbano” (CU4d) y/o Vialidad 45.649,47 m² 23,03% TOTAL 198.189 m² 100% Séptimo: Que, determinado lo anterior, surge que sólo aquella porción del Lote 13a emplazada en Zona “HE3” y “CU4d” admite uso habitacional o residencial. Ello emana de lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en el folio Nº 32 del expediente electrónico de segundo grado, organismo técnico que explica que, según el Plan Regulador de Concepción, la “Zona Habitacional de Expansión” (HE3) admite “equipamiento vecinal, tipología mixta de edificación, edificios en altura media, condominios y vivienda de tipo aislada y pareada”, regulando como usos permitidos: Residencial, equipamiento, talleres inofensivos y estacionamiento de vehículos de transporte. En el mismo sentido, la “Zona de Corredor Urbano” (CU4d) sólo admite como usos y destinos: “Residencial, equipamientos de diverso tipo, talleres inofensivos, y estacionamiento de vehículos de transporte”. En oposición, la “Zona de Protección Ecológica” admite únicamente “el desarrollo de áreas verdes, vialidad y obras de arte, debiendo mantener y resguardar la riqueza ecológica y natural existente”, además de “instalaciones menores de equipamiento turístico y esparcimiento, o la construcción de muelles o embarcaderos en zonas de fuentes o cursos de agua, siempre y cuando contribuyan a destacar y rescatar el valor natural y ecológico de ellas”. 

Octavo: Que, así, únicamente el 83,11% del Lote 13a admite uso habitacional o residencial, característica diferencial respecto del 16,89% restante que carece de aptitud para tal destino, con evidente incidencia en su valor.  

Noveno: Que, desde otra perspectiva, atendida la insuficiencia del informe de la Comisión de Peritos -que erró en la zonificación del predio al excluir todo uso residencial o habitacional- y la asimetría en las conclusiones de los informes periciales de las partes -al asignar al valor del suelo $397.368.945 la perito fiscal y 201.756,402 Unidades de Fomento el perito del expropiado-, resulta razonable acudir, como parámetro comparativo, a la indemnización definitiva regulada en casos similares al conflicto de marras. Tal es el caso de los autos Rol Nº 18.469-2016 de esta Corte Suprema, relacionados con el ingreso Rol Nº 765-2015 de la Corte de Apelaciones de Concepción, y estos, a su vez, vinculados con los Roles Nº 7.643-2013 y 7.644-2013, de ingreso ante el Primer Juzgado Civil de Concepción. En dichos antecedentes se emitió pronunciamiento respecto de la indemnización definitiva que debió pagar el expropiante respecto de los Lotes Nº 5 y 6, destinados, también, al “Diseño de Obras Fluviales Río Andalién, Esteros Nonguén y Palomares, Comunas de Talcahuano, Penco y Concepción”. En dicha oportunidad, se reguló como valor del metro cuadrado de terreno la suma $6.647, teniendo a la vista que los predios estaban ubicados en zona de extensión urbana con usos permitidos, clasificados según el Plan Regulador Comunal de Penco en zonas “ZEC3”, “ZER1”, “ZP3”, “ZP4”, “ZP5” y “ZP6”, mencionadas en los fallos en comparación como actividades productivas condicionadas por inundaciones, extensión residencial, protección de paisaje, protección de cauces naturales, y protección por pendientes y quebradas y área de valor natural, precisándose, además, que el sector corresponde al límite sur y sur poniente del área urbana de la comuna de Penco, emplazado en la ribera norte del curso terminal del Río Andalién, en un sector costero denominado “El Rosal” de la localidad de “Cosmito”, cercano al tramo ferroviario perteneciente al Ramal “Rucapequén-Concepción”, estación “Cosmito” (en desuso); registraban una condición topográfica plana, sin pendiente, con áreas de lecho de río colindante con nivel de cota de hasta 4 metros por debajo del novel rasante (línea férrea), acotándose, respecto del Lote Nº 6, que se trata de un terreno potencial para desarrollo de varios usos, previa ejecución de obras de relleno, drenaje y urbanización. 

Décimo: Que, como se puede apreciar, los Lotes Nº 5 y 6 registran características en su mayoría similares al Lote Nº 13a objeto de la presente causa, paralelo que no es desvirtuado, al menos desde una perspectiva económica, por pertenecer, los primeros, a una comuna distinta -pero adyacente- a aquella a la que pertenece este último, ni por las particularidades del Plan Regulador al que se encuentran sometidos los Lotes Nº 5 y 6, cuyo uso  residencial, cualquiera sea el caso, fue establecido en los fallos de instancia a los que se ha hecho mención. Undécimo: Que, corolario de todo lo dicho, figura pertinente incrementar la indemnización provisional al parámetro de referencia, fijando la indemnización definitiva a razón de $6.647 por el 83,11% del suelo del Lote 13a que admite uso o destino residencial o habitacional. Por el contrario, no existe antecedente alguno que permita aumentar la tasación de la Comisión de Peritos - $3.600 por cada m²- en lo atingente al 16,89% del Lote 13a que se emplaza en “Zona de Protección Ecológica” (PE), categoría que no admite uso residencial o habitacional, y que fue correctamente considerada en el informe de dicho estamento técnico y colegiado, cuyas conclusiones no han resultado desvirtuadas durante el desarrollo del juicio. 

Duodécimo: Que, de esta manera, la indemnización definitiva quedará regulada de la siguiente forma: ÍTEM SUPERFICIE PORCENTAJE VALOR Suelo residencial o Habitacional (HE3 y CU4d) 164.725,47 83,11% $1.094.930.199 Suelo no residencial o habitacional 33.463,53 m² 16,89% $120.468.708  (PE) No reclamados (Especies vegetales, forestales y otros) N/A N/A $27.824.400 TOTAL 198.189 m² 100% $1.243.223.307 

Décimo Tercero: Que, como epílogo de lo explicado, la indemnización definitiva quedará regulada en $1.243.223.307, más los reajustes e intereses mencionados en el fallo en alzada, debiendo imputarse a la indemnización definitiva el monto provisorio ya consignado. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 12 y siguientes del Decreto Ley Nº 2186, se confirma la sentencia apelada, dictada por Segundo Juzgado Civil de Concepción el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, con declaración que se regula el monto de la indemnización definitiva por la expropiación del Lote 13a en $1.243.223.307 (mil doscientos cuarenta y tres millones doscientos veintitrés mil trescientos siete pesos). 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. Ravanales. Rol N° 32.754-2021. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., y por el Abogado Integrante Sr. Pedro Águila Y.

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Indemnización de perjuicios a título de lucro cesante.

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós. 

Vistos: 

En autos rol C-2.824-2014, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, caratulados “Bustos con Albornoz”, por sentencia de tres de febrero de dos mil veinte se acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la sucesión quedada al fallecimiento de don Robinson del Tránsito Letelier Farías en contra de la empresa Constructoras La Cascadas Limitada, condenándola al pago de una indemnización, a título de daño moral, por la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) en favor de la cónyuge sobreviviente, doña Ruth del Carmen Bustos Valenzuela; y la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada una de las hijas del occiso, doña Jacqueline Loreto y doña Yenny Ruth, ambas de apellidos Letelier Bustos, con los reajustes e intereses que indica, rechazando la demanda respecto a la pretensión de indemnización de perjuicios a título de lucro cesante. Asimismo, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado don Jorge Fernando Albornoz Díaz, desestimándose la demanda a su respecto. En contra de dicha sentencia se alzaron ambas partes y una sala de la Corte Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la confirmó, con declaración que se aumentan las sumas a las que fue condenada la empresa demandada, por concepto de daño moral, a $60.000.000 (sesenta millones de pesos) en favor de la actora Bustos Valenzuela y $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos), para cada una de las demandantes de apellidos Letelier Bustos, con los reajustes e intereses señalados en el fallo de primer grado. Contra esta última resolución las demandantes deducen recurso de casación en el fondo, que pasa a analizarse. Se ordenó traer los autos en relación. Considerando: 

Primero: Que en un primer capítulo las reclamantes fundamentan su recurso sosteniendo que la judicatura del fondo infringió los artículos 1698, 2314, 2329, 1702 en relación con el artículo 19 del Código Civil, pues acogió la excepción de falta de legitimación pasiva respecto del demandado don Jorge Fernando Albornoz Díaz, en circunstancias que se tuvo por acreditado que es el dueño y administrador de la empresa Constructora Las Cascadas Limitada, por lo que debe responder ante el incumplimiento del deber legal de dar protección a los  trabajadores de su empresa, existiendo una presunción de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil. Agrega que esta última disposición, relacionada con el artículo 2314 del mismo cuerpo legal, permiten concluir que el referido demandado, como persona natural y sin perjuicio de su calidad de dueño de la codemandada, debe responder por su calidad de administrador de esta, razón por la cual, al no ponderar adecuadamente la información obtenida de la escritura pública de constitución de la sociedad en comento, se infringió lo dispuesto en los artículos 1698 y 1702 del Código Civil, pues dicha prueba documental acredita que era el encargado de determinar la forma y condiciones en que se explota el giro de la empresa, siendo responsable de la falta de un prevencionista de riesgos en la obra donde se produjo el accidente y la omisión de un protocolo para el trabajo en alturas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, máxime si resultó probado que fue formalizado en sede penal por cuasidelito de homicidio por los hechos objetos del presente juicio. En un segundo acápite denuncia infringidos los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, refiriendo que la judicatura del fondo yerra al negar lugar a la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante, sobre la base de un criterio abandonado por la doctrina y jurisprudencia vulnerando el principio de reparación integral del daño contenido en dichas disposiciones. Al respecto agrega que la tendencia de la doctrina nacional es abandonar el criterio de la certeza absoluta para dar lugar a una indemnización por lucro cesante, reemplazándola por la tesis de la probabilidad, esto es, comparar la posición actual de la víctima con la ganancia que podría haber obtenido si no hubiese sido dañado, ya sea contrastando los negocios efectuados antes y después del daño, o determinando la utilidad que habría percibido si no se hubiese cometido el ilícito, bastando prueba que permita concluir una probabilidad razonable de padecer el lucro cesante, pues este, por definición, carece de certeza absoluta. Expone que dicha interpretación ha sido tomado en diversas sentencias dictadas por esta Corte, que cita parcialmente, concluyendo que, en el caso de autos, existiendo certeza respecto de la pérdida de los ingresos de las demandadas producto el hecho ilícito generado por la demandada, se debió presumir que existe una pérdida de sus ingresos futuros, debiendo dar lugar a la indemnización por lucro cesante en los términos expuesto en la demanda o, en subsidio, a una suma prudencial fijada según el mérito del proceso. Termina señalando la influencia que los errores mencionados han tenido en lo dispositivo del fallo, el que solicita se invalide y se dicte, acto continuo y sin nueva vista, el de reemplazo que rechace la excepción de falta de legitimación pasiva respecto del demandado Albornoz Díaz y que se condene a ambos demandados a la reparación de todos los perjuicios, otorgando la indemnización por lucro cesante pretendida o la que esta Corte estime en conformidad a derecho. 

Segundo: Que la judicatura del fondo dio por acreditado los siguientes presupuestos fácticos: 1.- Con fecha 12 de octubre de 2012, don Robinson del Tránsito Letelier Farías, cónyuge y padre de las actoras, mientras se desempeñaba como maestro carpintero para su empleador, Constructora Las Cascadas Limitada, cuyo propietario y administrado es don Jorge Fernando Albornoz Día, sufrió un accidente en la obra ubicada en calle Condell N° 395, Recreo, Viña del Mar, al subirse a una cerchas de construcción de Metalcon, sin las medidas ni implementos de seguridad adecuados, cayendo hacia el suelo, golpeándose la cabeza, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte. 2.- El accidente se produjo por el actuar negligente del empleador al no contar con las medidas de seguridad adecuadas para efectuar el trabajo, no portando el trabajador arnés de seguridad, subiéndose a una estructura que no contaba con amarras, sin andamios ni andarivel, y sin un prevencionista de riesgos en la obra. 3.- Al momento del accidente don Robinson del Tránsito Letelier Farías tenía 59 años de edad y había celebrado al menos dos contratos de trabajo por obra y faena con Constructora Las Cascadas Limitada, con fechas 9 de julio y 1 de octubre de 2012. Sobre la base de los hechos asentados, la judicatura del grado acogió la demanda en contra de la empresa Constructora La Cascadas Limitadas, condenándola a una indemnización de perjuicios a título de daño moral por lo montos indicados precedentemente, concluyendo su responsabilidad en el hecho ilícito ante la falta de utilización de los implementos y medidas de seguridad adecuadas por parte del trabajador fallecido, concluyendo que sobre ella pesaban todas las obligaciones que en materia de protección a los trabajadores establece el Código del, Trabajo, en particular, su artículo 184, desestimando las alegaciones de la demandada en cuanto a un actuar negligente por parte del trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por el demandado don Jorge Albornoz Díaz, concluyendo que éste no tenía nexo alguno con el occiso, pues de la prueba documental rendida es posible concluir que Constructora Las Cascadas Limitada fue quien celebró contrato de trabajo con la víctima, y si bien el señor Albornoz Díaz actuaba como representante legal y se desempeñaba como administrador de la referida sociedad, no es posible atribuirle una responsabilidad personal que sobrepase el carácter representativo que poseía, independiente de su porcentaje de participación societaria. Finalmente, rechazó la pretensión en torno a la condena a una indemnización por concepto de lucro cesante, concluyendo que para acoger la acción en relación a tal categoría de daño, es menester prueba completa, resultando de los antecedentes que se trataban de un trabajador no calificado, con contratos transitorios, por labor a realizar, no existiendo antecedentes cierto, reales y objetivos relacionados con la proyección laboral en obra, razón por la cual una cuantía estimativa del lucro cesante provendría de un acto especulativo que no resulta aceptable. 

Tercero: Que para resolver el primer capítulo del recurso de nulidad sustantivo interpuesto, es menester señalar que tal como esta Corte se ha pronunciado reiteradamente, la legitimación pasiva ha sido entendido como aquella cualidad que debe encontrarse en el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que -conforme a la ley sustancial- está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra. En razón de lo anterior, le corresponderá contradecir la pretensión y sólo en su contra se podrá declarar la existencia de la relación sustancial objeto de la demanda. (Maturana Miquel, Cristián, Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, Universidad de Chile, 2003, pp. 63). Lo anterior, conduce a concluir que la legitimación constituye un presupuesto de la acción de carácter sustancial, necesario para la existencia de un pronunciamiento judicial relativo al fondo del asunto deducido, de carácter objetivo, puesto que se basa en la posición de una parte respecto del objeto material del acto. 

Cuarto: Que, sobre el mérito de lo razonado, la judicatura del fondo no yerra al dar lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Albornoz Díaz, pues del mérito de los hechos que se tuvieron por acreditados no existe nexo o vínculo alguno entre este y la víctima, sin que se haya probado alguna acción u omisión, dolosa o culpable, generadora de responsabilidad civil a su respecto, razón por la cual no podría ser condenado como responsable de hecho propio o ajeno. 

Quinto: Que, atendido lo razonado, y no existiendo infracción a las normas jurídicas denunciadas, el recurso casación en el fondo debe ser desestimado en su primer acápite. 

Sexto. Que para un adecuado examen del segundo capítulo del recurso de casación en el fondo deducido es pertinente considerar que esta Corte posee un criterio asentado sobre la materia relativa al lucro cesante, y que ha sido expresado en sentencias previas, tanto en sede de casacón como de unificación de jurisprudencia, desde la dictada en los autos rol N° 2.547-2014, manteniendo dicha tesis en los fallos pronunciados en los autos roles N° 2.761-2017, 3.975- 2017, 2.766-2020, entre otras, y más recientemente en el rol N° 104.564-2020, en que se ha considerado que el lucro cesante es la pérdida de ingresos provocada por el daño corporal y su determinación supone asumir lo que habría ocurrido en el futuro de no haber acaecido el accidente, lo que exige efectuar un juicio de probabilidades; pues de conformidad a lo que dispone el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el lucro cesante cuando no se ha cumplido con la obligación, como sucede en la especie con la responsabilidad contractual del empleador. En dicho contexto, el lucro cesante debe ser entendido como la pérdida de ingresos que se sigue del daño corporal y “…el objeto de la reparación es la expectativa objetiva de ingresos futuros que la persona lesionada tenía al momento del accidente y la indemnización debe comprender los ingresos netos que la víctima deja de percibir y su determinación se efectúa en concreto, atendiendo a las calidades de la víctima (incluidas su edad y su estado de salud). Así y todo, esta determinación supone asumir lo que habría de ocurrir en el futuro de no haber ocurrido el accidente, lo que exige una mirada objetiva hacia el curso ordinario de los acontecimientos” (Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Ed. Jurídica, 2010, página 277). 

Séptimo: Que, en consecuencia, la judicatura del fondo al confirmar la sentencia apelada que rechazó la pretensión por lucro cesante sobre la base de las motivaciones explicitadas en el último párrafo de la motivación segunda de esta sentencia, incurrió en error de derecho, pues exigió para su procedencia la existencia de una prueba completa y antecedentes objetivos que permitan una cuantificación cierta, lo que ajeno a los presupuestos contemplados en el artículo 1556 del Código Civil y su determinación sobre la base de un juicio de probabilidades en atención al mérito de los datos probatorios rendidos en juicio, vulnerando, asimismo, lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, pues se privó a las demandantes de una reparación integral del daño causado, excluyendo la expectativa de ingresos futuros. Tal yerro ha tenido influencia substancial en la decisión que se refuta, pues de haberse aplicado correctamente dichos preceptos legales, habría arribado a la conclusión opuesta revocando la sentencia de primer grado en aquella parte que negó lugar a la indemnización por lucro cesante, concediéndola, lo que habilita a esta Corte a anularla parcialmente, en los términos que se indicarán. Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que se anula parcialmente y se reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista. 

Regístrese. 

Rol 95.577-2021.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y los Abogados Integrantes señora Carolina Coppo D., y señor Pedro Águila Y. No firma el abogado integrante señor Águila, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós. 

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Derecho de propiedad intelectual y dueño no poseedor de una cosa reivindicable.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que en estos autos Rol Corte 8.692, -2019, caratulados “Morel González Roberto con Comercializadora DVN Jeans Spa”, la demandante dedujo recurso de casación en la forma, conjuntamente con el de apelación, en contra de la sentencia de primera instancia, dictada por el 18º Juzgado Civil de Santiago, de fecha 10 de abril de 2019, que rechazó la demanda de acción reivindicatoria de marca, de conformidad al artículo 889 y siguientes del Código Civil, más indemnización de perjuicios, con costas, En la especie, don Rodrigo Molina Rillón, abogado, en representación de don Roberto Andrés Morel González, dedujo la acción antes mencionada en contra de DVN Jeans Spa, representada por don Jesús Manzur Chahuan, explicando que su representado en el año 2001, inscribió a su nombre el 100% de la marca DIVINO, la que con posterioridad vendió el 60% a don Jesús Mansur Saca. Expone que su representado a raíz de dificultades económicas se vio en la obligación de dejar en garantía su porcentaje a don Gilberto Antonio Pacheco González, quien le habría dado en préstamo la suma de $ 9.000.000, para lo cual suscribió un contrato de compraventa con fecha 17 de octubre de 2011. Señala que su representado jamás tuvo la intención de vender el 40% de su propiedad en la marca, sino que decía relación con el propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación contraída, por lo que una vez cumplida ésta y tras infructuosas gestiones, el día 17 de enero de 2012, las partes suscribieron la escritura de resciliación de la mencionada compraventa. Indica que pese a lo anterior don Gilberto Antonio Pacheco González, el 26 de enero de 2021, transfirió a la empresa Domani S.A.,  el 40& de los derechos de su representado, quien a su vez, los vendió, cedió y transfirió a la demandada, el 19 de agosto de 2013, el que a la fecha se encuentra haciendo uso de su explotación económica. Asevera que esta compraventa entre don Gilberto Antonio Pacheco González y la empresa Domani S.A. le es inoponible, porque a la fecha de celebrada, la parte vendedora no era dueña de los derechos de la marca, ello en virtud de la resciliación celebrada con anterioridad. Concluye solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos del Código Civil y de la Ley de Propiedad Intelectual que cita, tener por interpuesta demanda de acción reivindicatoria en contra de la demandada DVN Jeans Spa, ordenar dejar sin efecto las inscripciones y contratos fraudulentamente realizados y decretar el pago de $ 900.000.000, por concepto de indemnización de perjuicios, con costas. 
En lo pertinente la parte demandada DVN Jeans Spa., sostiene que son supuestos de la acción reivindicatoria establecida en el artículo 889 del Código Civil e interpuesta en su contra, conforme a esta definición que señala:“(…)es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela”, primero, que el actor tenga la propiedad de la cosa que se reivindica, segundo, que esté privado o destituido de la posesión de ésta, y tercero, que se trate de una cosa singular. Indica que, por consiguiente, el fundamento de la acción reivindicatoria conforme a tales elementos, es el poder de persecución y la inherencia del derecho a la cosa, propio de todo derecho real y muy en particular del derecho de propiedad. Por dicha acción, agrega, el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda al juez que lo haga reconocer o constatar y en consecuencia ordene la restitución de la cosa a su poder por el que la posee. 
En consecuencia, razona, basta para desechar la demanda la circunstancia que el propio demandante reconoce en ella, de que no es  dueño de la marca DIVINO y que la dueña es su representada DVN Jeans Spa. Concluye la contestación que, de este modo, la acción de autos no cumple con el requisito de la acción propuesta por la parte demandante, enfatizando que ésta ni siquiera es titular y/o dueño sujeto activo para demandar de conformidad con la ley Nº 19.039, por lo que, solicita el rechazo de la demanda, con costas. 

Segundo: Que, en contra de la aludida sentencia que desecha la demanda, la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma, el que fundamenta en dos causales: a) La 5a del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que establece como motivo de casación de una sentencia el haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 y en este caso, el requisito omitido es el señalado número 4º de ese artículo, es decir, que la sentencia en lo tocante a que el actor es dueño no poseedor que pretende reivindicar el dominio de su marca, carece de las consideraciones que la ley exige de ponderar la prueba de su parte, rendida en autos con el fin de acreditar tales supuestos. Primero, la testimonial rendida en autos al tenor de los puntos de prueba fijados en la interlocutora de prueba, determinadamente, que los testigos Moreno Capra, Maldonado Ayancán y Garay Flores, constituyen plena prueba de la efectividad de ser el actor dueño del 40% de la marca DIVINO; de encontrarse privado de la posesión de aquel 40% de la marca, de ser el demandado actual poseedor de la marca DIVINO, incluyendo el 40 % en disputa, advirtiendo que la posesión es de mala fe; y la efectividad de haberse causado perjuicios al demandante. 
En segundo lugar, la prueba documental acompañada, no objetada, en relación a los puntos de prueba referidos, primero, en virtud del contrato de resciliación de compraventa de marca comercial entre el demandante Roberto Andrés Morel González y Gilberto Antonio Pacheco González, de 17 de enero de 2012, que puso término al contrato de compraventa de derechos de marca comercial entre estas partes, de 17 de octubre de 2011; el contrato de cesión de marcas entre  Jesús Elías Manzur Saca y Patricia Emilia Mansur Saca, de 10 de octubre de 2010; la solicitud de transferencia ante INAPI y contrato de compraventa de marcas comerciales de Patricia Emilia Mansur Saca a DVN Jean Spa, de fecha 19 de agosto de 2013; los Registros de marcas comerciales en INAPI, en relación tales documentos al haberse traspasado de mala fe la marca DIVINO, INAPI de inscribir la marca a nombre del demandante Roberto Morel; y los documentos consistentes en contratos de derechos sobre marca comercial de éste a Gilberto Antonio Pacheco González, de fecha 17 de octubre de 2011; de compraventa de derechos sobre marca comercial DIVINO de Gilberto Antonio Pacheco González a Domain S.A.; y compraventa de derechos sobre marca comercial entre Domain S.A. a DVN Jeans Spa, respectivamente, los que a juicio del recurrente, asientan que una vez que Gilberto Antonio Pacheco González vendió a Domain S.A. el 40% de la marca, estos últimos vendieron a DVN Jeans ese porcentaje, mediante contrato de compraventa de fecha 15 de agosto de 2013. Documental que, para los efectos de la acción reivindicación aducida en autos, en concepto del recurrente, dan prueba plena acerca de la calidad de dueño del actor del 405 de la marca comercial DIVINO y a la perdida de la posesión alegada, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 342 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a las reglas de la valoración de la prueba legal o tasada. El recurso, luego de advertir que la parte demandada no ofreció prueba alguna, pese a estar debidamente emplazada, asevera que de haberse llevado a cabo la debida ponderación de los medios de prueba, como los ha referido en el recurso, el fallo dictado por el juez a quo habría acogido la acción reivindicatoria. En consecuencia, argumenta, que no puede considerarse fundamento suficiente de la labor de valoración y ponderación de la prueba rendida, que la sentenciadora haya efectuado el resumen o reproducción de las pruebas rendidas, pues le corresponde exteriorizar y dejar expresado en la sentencia razonamientos concretos que le llevaron a dar crédito a un medio y no a otros, justificando la decisión. 
Afirma que lo anterior no ha ocurrido en autos, toda vez que solo se realizó una enumeración de los medios de prueba sin dar cuenta de aquellos que permiten acreditar lo solicitado en la demanda. Precisa la recurrente que el vicio señalado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo siendo necesaria su invalidación, dado que la sentencia señala las normas relacionadas con la acción reivindicatoria o de dominio y en este sentido, de conformidad al artículo 1698 del Código Civil, y ello ha ocurrido, pues su representado es dueño del 40% de la marca DIVINO, a la luz de que fue el creador de la misma y durante su existencia se despojó legítimamente del 60& más no el restante 40%, el que fue arrebatado a través de la compraventa realizada con posterioridad a la resciliación que ha indicado según el documento fundante que permitió retrotraer el 40% vendido en su oportunidad al señor Pacheco. Así, actualmente su defendido no detenta la posesión de dicha marca, toda vez, al ser una especie de propiedad que requiere la inscripción ante INAPI para su protección, al existir esta seguidilla de contratos de compraventa del 40% impidió poder a su parte realizar las actividades comerciales. Refiere por este capítulo que, DVN Jeans Spa detenta el 40% de la marca de su representado, la cual fue adquirida de mala fe, lo que se encuentra acreditado con el dicho de los testigos presentados al juicio, quienes están contestes en la existencia de los contratos posteriores, realizados entre familiares del actual poseedor de la marca, para así generar una suerte de engaño que impidiera o hiciera más dificultosa su reivindicación. Agrega la recurrente que la demandada no ofreció prueba alguna y reitera que la sentencia impugnada no hace el análisis de por qué no fue analizada ni valorada toda la prueba que su parte rindió en orden a acreditar que la marca DIVINO era del dominio de su representado, en relación al porcentaje del 40%, y que acreditaba que aquél fue despojado ilegítimamente a través de la compraventa realizada con posterioridad a la resciliación indicada en el documento no valorado por la sentenciadora, resciliación que había permitido retrotraer la venta de  ese 40%. Además, de haber acreditado que su representado no detenta actualmente la posesión de la marca, toda vez que, al ser ésta una especie de propiedad que requiere para su protección inscripción ante INAPI, al existir varios contratos sucesivos de compraventa del 40% que es de su dominio, ello le impidió realizar actividades comerciales como lo hacía con anterioridad. Sin que tampoco el fallo haya considerado y valorado que dicho porcentaje fue adquirido por la demandada de mala fe, sin que además se haya ponderado la existencia de los perjuicios sufridos al no detentar el demandante la utilización de la marca comercial de su propiedad. Señala el recurso que lo anterior implica una infracción al deber de fundamentación de la sentencia y que de haberse en ella llevado a cabo en correcta al igual que ponderación de los medios de prueba, la sentencia dictada debería haber acogido la acción reivindicatoria deducida en la demanda. Asevera que, de esa forma el vicio señalado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, Solicita la parte recurrente que, por los antecedentes expresados y la prueba rendida e incorporada en autos, se enmiende por esta Corte el fallo conforme a derecho y acogiendo el recurso de casación en la forma, proceda a anular la sentencia recurrida, en cuanto ésta rechazó la demanda, con costas. Para, enseguida, dictando sentencia de reemplazo, ordene dejar sin efecto las inscripciones y contratos fraudulentamente realizados; resolviendo, además, que procede pagar al actor la cantidad de $ 900.000.000, por concepto de indemnización de perjuicios, sin perjuicio de lo que el tribunal pueda determinar en mérito de los hechos y al derecho existentes en la causa. b) La 9a del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que establece como motivo de casación en la forma de la sentencia, el haber sido pronunciada la sentencia impugnada faltando a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad, causal prevista en el artículo 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil,  y la hace consistir el proponente, en relación al artículo 795 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que, en general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales, la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión, concretamente, en que la sentencia se dicta no obstante que, con fecha 8 de enero de 2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término probatorio, solicitó al tribunal se decretara absolver posiciones a Jesús Manzur Chahuán, representante legal de la demandada DVN Jeans Spa, respecto de hechos personales, al tenor del pliego de posiciones que acompañaba, a lo que el tribunal accedió con fecha 11 de enero de 2019, y notificada la audiencia para rendir las posiciones, ésta quedó fijada en primera citación para el día martes 2 de abril de 2019, a las 10.00 horas. Sin embargo, denuncia el recurso, estando todavía pendiente la audiencia para tomar la prueba el tribunal citó a las partes a oír sentencia, resolución de la que pidió reposición que fue rechazada, por lo que, asegura, no obstante que el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, ordena que el tribunal citará a las partes a oír sentencia, hayan o no diligencias pendientes, su parte indicó al tribunal que dicha diligencia fue solicitada dentro del término probatorio y concedida por el tribunal, en la época estival en la cual la jurisdicción de Santiago, carecía de receptores judiciales para realizar la prueba, por lo que, enfatiza el recurrente, citar el tribunal para oír sentencia, atendido, además, que su parte encargó la notificación antes de la solicitud de citación para oír sentencia, configuraría un despropósito para la resolución del conflicto de fondo, que generaría eventualmente una indefensión en los términos del Nº 4 del artículo 795 del Código de Procedimiento Civil, y según la recurrente configura un vicio que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues era fundamental que el confesante diera cuenta de los hechos cuestionados al tenor del pliego de posiciones acompañado, prueba que se habría podido contrastar con la existente en autos. 

Tercero: Que no puede prosperar el recurso de casación en la forma por la causal 5a del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Nº 4 del artículo 170 del mismo estatuto, si los fundamentos probatorios cuya omisión denuncia el recurso, no se refieren a constructos que deberían haber servido de fundamento a la decisión que arriba la sentencia recurrida para desechar la demanda, ni menos a los que habría tenido que hacer la sentenciadora sobre el establecimiento de los hechos invocados en ella, considerando que la recurrente rectificó dicha demanda y retiró la acción principal de nulidad de marca, nulidad absoluta, inoponibilidad, declaración de derecho preexistente y de indemnización de perjuicios y nulidad absoluta, dejándola subsistente la únicamente en lo que se refiere a la acción reivindicatoria más indemnización de perjuicios en contra de DVN Jeans Spa, según consta de la presentación de fojas 30 del escrito de fecha 22 de septiembre de 2016, cuyo efecto o consecuencia jurídica es que, la omisión denunciada no resulta eficaz para promover y conducir a la invalidación del fallo que se ataca, si se razona que éste contiene las motivaciones en sus considerandos 5º a 8º, que llevan a la sentenciadora, desembarazada de las apreciaciones ajenas a la acción de reivindicación con indemnización que se trata, a considerar que el artículo 889 del Código Civil, al referirse a la acción reivindicatoria lo hace señalando, que “la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela” ( considerando 5º). Agregando que, no obstante lo expuesto por el demandado en su libelo, es del caso que la acción impetrada en autos es aquella la cual ejerce el dueño no poseedor de una cosa reivindicable, en contra del poseedor no dueño de ésta. Por lo que la prueba, en primer término, debe estar dirigida a acreditar el dominio de la cosa cuya reivindicación se pretende (considerando 6º). Infiriendo que, de acuerdo con el documento aparejado a fojas 131, no objetado, consistente en certificado de registro de marcas comerciales del Instituto de Propiedad Industrial, solicitud 888457, Registro 878306, Renueva a 557813, aparece que, desde el 5 de enero de 2021 y por 10 años, el registro y uso exclusivo en su totalidad de la marca DIVINO pertenece a DVN Jeans Spa, todo conforme a la ley 19.039 (considerando 7º) . Y que, atendido lo antes analizado, apareciendo que el actor no detenta la calidad de dueño de la marca que reclama, no cabe sino rechazar la demanda de fojas 3, rectificada a fojas 30 y 71, (considerando 8º). Por lo que cabe admitir que la sentencia impugnada contiene en general los razonamientos antes citados, los que contienen las consideraciones de hecho y jurídicas suficientes, las que llevaron a la sentenciadora a ocuparse de la supuesta calidad de dueño que el demandante se atribuía del 40% de la marca comercial, en especial, en lo que importa cumplir con la fundamentación de la sentencia definitiva, y en observancia de tal obligación el tribunal de la primera instancia se encargó de hacer en ella las consideraciones que guardan relación jurídica con la acción de reivindicación deducida en la demanda y que podían desprenderse de los antecedentes el proceso. Determinadamente, que la titularidad del dominio de un derecho de propiedad intelectual que se vea lesionado, en este caso, en lo relativo al 40% de la marca comercial, de conformidad al artículo 106 de la ley 19.039, sobre Propiedad Intelectual, tal contenido que permite al titular del goce y ejercicio ser protegido debe ser acreditado por quien alega el dominio en conformidad a aquella ley y a su reglamento, es decir, mediante un título debidamente registrado que acredita la adquisición del dominio y la posesión como imagen fáctica del primero y que se encuentra comprometida, cuya ponderación y examen lo hizo el tribunal del grado, sin que haya sido determinante en su decisión, por lo expresado en su raciocinio, la omisión denunciada en el recurso, pues, dicha fundamentación y valoración que realiza la sentenciadora, permite que las partes puedan apreciar con certeza la conformidad a derecho de su determinación. En consecuencia, las omisión referida en el recurso no resulta eficaz para promover y conducir a la invalidación de la sentencia que se ataca, si por su propia naturaleza, carece de influencia en lo dispositivo de ésta. 

Cuarto: Que en lo que dice relación con la causal de nulidad formal del artículo 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la sentencia se dictó habiéndose faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad, en relación al artículo 795 Nº 4, de ese mismo cuerpo legal, determinadamente, “la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión”, ésta también se rechaza, pues, cabe tener presente que la sentencia solamente incurrirá en esta causal de casación en la forma si el tribunal hubiese denegado o entorpecido arbitrariamente cualquiera diligencia probatoria y de los antecedentes de autos consta que la confesional, cuya práctica el tribunal la habría imposibilitado al decretar citar para oír sentencia no obstante estar todavía pendiente la audiencia de confesión de parte en primera citación, fue solicitada por la actora con fecha 8 de enero de 2019, a fojas 157, luego, la resolución que citó a absolver es de fecha a11 de enero de de 2019, la que fue notificada recién con fecha 27 de marzo de 2019, por otra parte el término probatorio rigió a contar del 14 de diciembre de 2018, según consta de la resolución de fojas 107, y se citó a las partes mediante resolución de 29 de marzo de 2019, resolución notificada ese mismo día por el estado diario, por lo que, la omisión de la práctica de esa diligencia probatoria no puede ser atribuida a un entorpecimiento arbitrario del tribunal, sino se debió a culpa o negligencia de la parte recurrente, por no haber ejecutado las gestiones necesarias y oportunas para la práctica de la diligencia probatoria, máxime si, como el mismo arbitrio lo reconoce, según el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal citará a oír sentencia, hayan o no diligencias pendientes. Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 768 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante de Roberto Andrés Morel González, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 10 de abril de 2019, escrita a fojas 196 y siguientes, con costas. En cuanto al recurso de apelación. 

Vistos: Se reproduce la sentencia apelada. Y teniendo, además, presente: 

Primero: Que la parte demandante de don Roberto Andrés Morel Gutiérrez a fin de acreditar los fundamentos de la demanda interpuesta de reivindicación de marca comercial, en conformidad al artículo 889 del Código Civil, que "es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restiuírsela", con indemnización de perjuicios, que deduce en contra de DVN Jeans Spa, por cuanto, sostiene, que esta última no es la dueña exclusiva de la marca DIVINO no obstante que se encuentra inscrita a su nombre en el Registro de marcas, pues la obtuvo mediante conductas ilícitas, al efecto rindió la prueba documental consistente en la resciliación de compraventa de marca comercial, entre Morel González, Roberto Andrés con Pacheco González, Gilberto Antonio, de fecha 17 de enero de 2012, suscrita ante la notario público de la 20 Notaría de Santiago Linda Scarlett Bosch Jiménez, por medio de la cual las partes rescilian la compraventa de marca comercial, 40% de la marca DIVINO, de fecha 17 de enero de 2012. Adjunta asimismo, la protocolización de dicho documento con fecha 20 de junio de 2016, ante notario público de Curacaví Gilda Elizabeth Miranda Córdova. Además, la demandante adjunta la escritura consistente en el contrato de compraventa de fecha 17 de octubre de 2011, de derechos sobre marca comercial suscrita entre Morel González, Roberto Andrés a Pacheco González, Gilberto Antonio, firmada ante el notario público de la 1 Notaría de Santiago, Hernán Cuadra Gasmuri, a que se refiere la resciliación anterior. Además, acompaña contrato de compraventa de derechos sobre marca comercial DIVINO, de Pacheco González, Gilberto Antonio a Domain S.A. de fecha 26 de enero de 2012, el que acompañado a fojas 137, al examen "ad visu" carece de integridad - falta hoja 2 del documento - , y  que según el actor se refiere a la compraventa del 40% de la marca DIVINO. Adjunta además la parte demandante contrato de compraventa de derechos entre la vendedora Domain S.A. y DVN Jean Spa, sobre marca comercial DIVINO, 40%, autorizada la firma ante notario público de Santiago María Gloria Acharán Toledo, con fecha 15 de agosto de 2013. Cabe razonar de los citados documentos, según lo que con ellos pretende acreditar la actora, solo permiten interpretar que se trata de obligaciones asumidas entre las personas naturales y las jurídicas que se singularizan, pero no permiten demostrar a partir de dichas operaciones una base fáctica suficiente con apoyo legal, en relación con la supuesta propiedad que tendría la parte demandante sobre la marca comercial DIVINO, que se reclama en la demanda, careciendo de peso probatorio lo aseverado por la actora de que, a partir de un supuesto incumplimiento contractual, se puede descubrir determinadamente el dominio del actor sobre el 40% de esa marca comercial, ni menos que haya sido éste objeto de supuestas maniobras dolosas imputables al demandado. 

Segundo: Que, en efecto, en cuanto al dominio del actor como primer elemento que se debe acreditar para acoger la acción de reivindicación, de acuerdo al primer hecho sustancial y controvertido de la interlocutora de prueba de fojas 107, "1.-Efectividad de ser el actor dueño del 40% de la Marca Divino", debe estar comprobado suficientemente cuáles son sus fundamentos. Determinadamente, tal como se ha expuesto, respecto de la propiedad reclamada por el actor en un 40% de la marca comercial DIVINO, por lo que, en consecuencia, además de lo razonado en la sentencia de primera instancia apelada en relación con la inscripción actualmente vigente en el Registro de Dominio de Marcas Comerciales, que da fe de que la referida marca comercial pertenece al titular que aparece en el Registro, los documentos antes analizados no permiten acreditar y esclarecer en autos que los tradentes y antecesores en el dominio de la marca comercial, hayan realizado conductas dolosas para hacerse ilícitamente  del dominio de ésta, por lo que, todo ello impide acoger la demanda de autos. Además, al estar el segundo hecho sustancial y controvertido del referido auto de prueba de fojas 107, “2.- En la afirmativa del punto anterior, efectividad de encontrarse privado de la posesión de aquel 40% de dicha marca”, íntimamente ligado a la condición de haberse probado el hecho, “1.-“, este segundo hecho controvertido en la causa tampoco ha sido acreditado en autos. Que, asimismo, se colige en forma inequívoca que la restante prueba documental, consistente en el contrato de compraventa de derechos de marcas comerciales entre Manzur Saca, Jesús Elías Carlos a Morel González, Roberto Andrés, de fecha 2 de febrero de 2007, el contrato de cesión de marcas entre Manzur Saca Jesús Elías y Patricia Emilia Manzur Saca Patricia Emilia, de fecha 1 de octubre de 2010, la solicitud de transferencia ante INAPI y el contrato de compraventa de marcas comerciales de Manzur Saca, Patricia Emilia a la demandada DVN Jeans Spa, de fecha 19 de agosto de 2013, estimados no en función a probar en si los actos jurídicos de que dan cuenta sino como presunciones, ellos no permiten, desde pronto, acreditar el dominio de los derechos de la marca comercial que el demandante reclama. Ni tampoco por medio de la prueba de presunciones, esto es, de modo circunstancial e indirecto, a partir del hecho conocido de la existencia de tales actos, ellos además permitan constituir plena prueba de otro hecho desconocido, es decir, la existencia de una cadena de traspasos de mala fe de los derechos de la marca comercial DIVINO, con el fin de perjudicar a la parte demandante. A la vez, los testigos Carlos Andrés Moreno Capra, Sergio Enrique Maldonado Ayancan y Omar Hugo Garay Flores, están contestes en afirmar que son efectivos y les consta los hechos que se señalan en la demanda, esto es, que efectivamente el actor es el dueño del 40% de la marca DIVINO, pues con anterioridad era dueño del 100% de ésta, la cual vendió en un 60% a Jesús Manzur. Que el primero realizó una compraventa del 40% restante de los derechos que había mantenido en su poder, al necesitar dinero ante un apremio económico. Que el actor  rescilió posteriormente la venta, no obstante el comprador volvió a vender dicho 40%, lo que devino en la cadena de venta de esos derechos, lo que permitió a la demandada hacerse del 100% de éstos. Que de esa forma les consta que el actor se encuentra privado de la posesión de los derechos de la marca comercial, sin poder explotarla, lo que sí hace la demandada DVN Jeans Spa, que ocupa el 40% de ésta. Lo que DVN Jeans Spa realiza de mala fe, pues resulta de la maquinación de los propietarios de la demandada, al haber adquirido de Domain S.A., la que a su vez había adquirido los derechos de Gilberto Antonio Pacheco Morales, con quien el actor había resciliado la compraventa de derechos de la marca DIVINO. Precisando los referidos testigos que existió perjuicio para el demandante Roberto Morel González, al haber sido afectada la distribución de los productos con los clientes, además haber importado las maniobras un severo desprestigio para la marca, al utilizar la demandada insumos de mala calidad y arbitrar los precios de los productos, precisando los testigos, además, el monto de los perjuicios. Tales testimonios, al igual que la documental recién analizada, solo pueden ser considerados como puntos discutidos que quedan sujetos a la evidencia que resulta del proceso, pues dichos atestados solo pueden ser admitidos como presunciones, al estar desvirtuadas las declaraciones con la documental analizada por la sentenciadora de primera instancia, que permitió desestimar que el actor es el dueño del 40 % de los derechos de la marca comercial DIVINO, sino que lo es la demandada, “hecho 1".- de la interlocutoria de prueba, por lo que al no reunir los testimonios estimados como presunciones los requisitos de gravedad, precisión y multiplicidad suficiente, no puede dárseles el valor probatorio que estima la recurrente. Y, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: Que se confirma la sentencia definitiva de primera instancia apelada de fecha 10 de abril de 2019, con costas del recurso.  Que, además, se confirma la resolución en su parte apelada de fecha 16 de septiembre de 2019, escrita a fojas 77, del cuaderno de medida precautoria (Ingreso Civil 14271-2019, acumulado al Ingreso Civil Corte 8692-2019). 

Regístrese y devuélvanse. 

Redacción del Ministro señor Zepeda. 

N°Civil-8692-2019 y acum. 14271-2019 

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y por el Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva. 

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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.