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lunes, 28 de noviembre de 2022

Recurso de amparo y beneficios intrapenitenciario.

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

Visto y teniendo presente: 

Primero: Que con fecha 27 de octubre de 2022, se dedujo acción de amparo en favor de Marcelo Ariel Sandoval Durán actualmente privado de libertad en el CCP de Punta Peuco, quien recurre contra Gendarmería de Chile, por la decisión de no postularlo al beneficio de libertad condicional, estimando que con ello se vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 7° de la Constitución Política, solicita se acoja el recurso y en definitiva se ordene la realización de una sesión extraordinaria de la Comisión de Libertad Condicional para que evalúe la concesión de la libertad condicional al amparado. Expone que el amparado se encuentra cumpliendo una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, al ser condenado como autor del delito de secuestro en la víctima de Eugenio Berrios Sagredo, en causa Rol N° 7.981-OP, dictada por el Sr. Ministro de Fuero don Alejandro Madrid Crohare. El amparado cuenta con un certificado suscrito por el señor Marco Marihuán Garrido, secretario del señor Ministro de Fuero, en que certifica expresamente que “en la causa rol Nº7.981-OP, por secuestro con homicidio de Eugenio Berrios Sagredo, tramitada por el Ministro en Visita extraordinaria Sr. ALEJANDRO MADRID CROHARE, que se encuentra con sentencia de término y en etapa de cumplimiento, Marcelo Ariel SANDOVAL DURÁN, prestó una colaboración sustancial en la investigación que se llevó a cabo en los citados antecedentes, en su declaraciones que rolan en autos,reconociendo su participación en los hechos y aportando antecedentes que resultaron determinantes para esclarecer los ilícitos investigados.” El sentenciado no cuenta con otros procesos pendientes y ya cumple con el tiempo mínimo para optar al beneficio de libertad condicional desde el año 2020. Desde la fecha que se encuentra privado de libertad ha sido calificado con una conducta sobresaliente en todas las evaluaciones. Sin embargo, con fecha 11 de octubre de 2022 el Sr. Alcaide del CCP Punta Peuco notificó al amparado la decisión de no postularlo a la libertad condicional, porque a juicio de la Dirección Regional de Gendarmería, no cumpliría con el requisito del artículo 3 bis del Decreto Ley Nº 321. 

Segundo: Que al evacuar su informe, la recurrida solicitó el rechazo de la acción. Expuso que el amparado no cumplía los requisitos contenidos en el artículo 3° bis del DL 321 para ser postulado al beneficio de libertad condicional, toda vez que tal como lo exige el Reglamento, era carga del interesado el acreditar el cumplimiento de los requisitos especiales para la postulación de los condenados por los delitos señalados en la norma referida, para luego ser analizados por Gendarmería de Chile. En el caso particular del amparado, en ninguna de las condenas impuestas se le reconoció la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, sin que el certificado acompañado permita tener por cumplido el requisito exigido en la ley, ya que el documento se refiere a la misma causa en la que no le fue reconocida la atenuante señalada. Estima que a la luz de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del D.L. 321, el certificado a que se refiere el artículo 3° bis no puede vincularse a la misma causa donde al postulante no se le haya reconocido la atenuante de colaboración sustancial, sino que debe referirse a otro proceso de características similares donde él haya hecho aportes significativos a la investigación y no esté condenado por aquello. Pensarlo de otra manera, como lo plantea el recurrente, haría inoficioso el tramitar y alegar las atenuantes en el proceso penal, pues bastaría un certificado posterior para acreditar dicha circunstancia. 

Tercero: Que el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar, de índole constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a privaciones de libertad ambulatoria, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, frente a amenazas ilegales al ejercicio de dicha libertad y frente a privaciones, perturbaciones o amenazas a la seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de tales atentados. 

Cuarto: Que el recurso debe acogerse por cuanto Gendarmería de Chile no tiene la autoridad para exigir otra cosa que no sea el cumplimiento de los requisitos objetivos establecidos en el inciso segundo del artículo 3° bis del D.L. 321 del año 1925. En la especie, está en cuestión el mérito del certificado expedido por el ministro de fe del “Tribunal competente”, asunto que no le corresponde dilucidar a la autoridad carcelaria. 

Quinto: Que, en todo caso, la interpretación de la norma citada que hace Gendarmería exceda su tenor, por cuanto parece exigirse que en la causa le hayan sido reconocidas las circunstancias atenuantes de los números 8° o 9° del artículo 11 del Código Penal, requisito que no contempla la norma, y basta entonces, de acuerdo a lo que literalmente se exige, el respectivo certificado que, como sucede en la especie, demuestra que el amparado confesó su participación en el delito por el cual fue condenado y que, además, colaboró sustancialmente en la investigación, “aportando antecedentes que resultaron determinantes para esclarecer los ilícitos investigados”. 

Sexto: Que, finalmente, ninguna decisión de la autoridad puede basarse en un reglamento que tiene un rango inferior a la ley que regula la libertad condicional, sin que aquél pueda agregar más requisitos que lo que ésta prevé. 

Séptimo Que en consecuencia, Gendarmería de Chile se ha excedido de sus atribuciones y ha incurrido en una ilegalidad, amenazando la libertad individual del amparado, al no proponerlo para la revisión de los antecedentes en la Comisión de Libertad Condicional. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 21, ambos de la Constitución Política de la República, se acoge el recurso de amparo deducido en favor de Marcelo Ariel Sandoval Durán, en contra de Gendarmería de Chile, y se ordena que la recurrida elabore la carpeta con todos los antecedentes necesarios para postular al amparado al beneficio de Libertad Condicional, la que deberá, en sesión extraordinaria, conocer de dichos antecedentes. Decisión acordada con el voto en contra de la Ministra (s) señora Soledad Jorquera, quien estuvo por rechazar el recurso de amparo, en consideración a que no puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la decisión de la Gendarmería, por cuanto ha actuado dentro de sus atribuciones, establecidas en el artículo 16 del Reglamento del D.L. 321, al considerar que el amparado no reúne los requisitos que establece el artículo 3° bis del citado decreto. En efecto, el certificado presentado por el amparado no procede para acreditar la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo, por cuanto la ley establece que dicha circunstancia debe ser probada con la sentencia, no siendo procedente como prueba lo expuesto en un certificado. Así, la exigencia de este último a que alude la norma en estudio, corresponde para acreditar la hipótesis de haber aportado antecedentes en otra causa, lo que no es el caso de autos. 

Regístrese y archívese en su oportunidad N°Amparo-3923-2022.

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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Medida de seguridad para evitar fraude bancario y exposición imprudente al daño.

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus motivos 10º al 28º que se suprimen. Y se tiene en su lugar, y, además presente: 

Primero: Que se ha deducido apelación por la parte denunciada y demandada del Banco de Chile, en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, que en lo infraccional, lo condenó al pago de una multa de 25 Unidades Tributarias Menusales por la contravención al literal d) del artículo 3º y 23 de la Ley Nº 19.496 y artículo 1 Nº 2 y 24 inciso final del mismo texto; y, en lo civil, sólo en cuanto lo condenó al pago de la suma de $3.000.000 por concepto de daño emergente, a favor de don Elías Eduardo Arueste Sabah, solicitando la revocación de dichos capítulos. Sustenta su arbitrio, señalando, en síntesis, que el fallo erradamente concluye que el banco demandado no proveyó de sistemas seguros para la realización de operaciones bancarias por internet, y ello, a pesar de que el propio demandante reconoció su actuar negligente al entregar sus claves por un correo electrónico que resultó fraudulento, quedando demostrado que no hubo transgresión a su sistema computacional, sino que la actora, mediante el método denominado “phishing” fue engañada, entregando a terceros sus claves, de manera que no se le puede imputar responsabilidad a su parte, añadiendo que, además, la sentencia impugnada no realiza ningún tipo de consideración acerca de si las redes informáticas del banco fueron vulneradas, incluyendo la comunicación con el cliente, asignándole responsabilidad contravencional y civil, y sólo reconociendo la actitud del cliente, como un elemento de exposición imprudente al daño, para efectos de rebajar la indemnización. Añade que tal razonamiento es arbitrario, pues, por un lado, soslaya que el demandante reconoció en su querella su negligencia al ingresar a una página web fraudulenta, entregando su clave secreta, y posiblemente su digipass; por otro lado, omite la prueba rendida que demuestra el cumplimiento de su parte de las normas relativas a la seguridad en las transacciones. En lo relativo a lo infraccional: 

Segundo: Que al respecto, es conveniente recordar que conforme lo establece el artículo 3, letra d) de la ley N° 19.496, son derechos del consumidor: “La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles”, norma, que juicio de esta Corte, configura un deber para el proveedor, desde que se trata de un precepto que contiene una prerrogativa que le asiste al consumidor a su respecto, lo que se vincula con el tenor expreso del artículo 23 del mismo texto legal, que señala en su inciso primero que “Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”, como también, con el inciso primero del artículo 50 de dicho compendio, al consagrar que “Las denuncias y acciones que derivan de esta ley se ejercerán frente a actos, omisiones o conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores”, añadiendo su inciso segundo, que el incumplimiento de tales deberes, da lugar a las acciones pertinentes para perseguir la responsabilidad tanto infraccional como civil. De su tenor, fluye, por lo tanto, que al proveedor le corresponde un deber o deuda amplia de otorgar seguridad en el consumo, lo que significa la adopción de todas las medidas necesarias para impedir situaciones que alteren dicho estado de normalidad que la normativa referida, viene a consagrar, lo que acarrea como consecuencia procesal evidente, su obligación de acreditar la diligencia en la toma de medidas que tiendan a evitar situaciones inseguras, correspondiéndole el onus probatorio en dicho sentido. 

Tercero: Que en tal contexto, en la especie no se discute que el día 14 de febrero de 2019, el actor recibió un correo electrónico proveniente de un dominio que no corresponde al del Banco demandado, pero imitando su logo, publicidad y fuente, en el cual se le solicitaba acceder a un link que se ponía a su disposición, a fin de verificar sus últimas transacciones, mensaje del cual tomó conocimiento al día siguiente, misma data en la cual, ingresó a dicho link y digitó su clave de cuatro dígitos de acceso a la página del banco –aunque expresa que no se le solicitó clave para transferencias o digipass. Por lo demás así consta de la documentación aparejada en autos, en especial de aquella de fojas 1, que corresponde a la impresión del correo fraudulento, que proviene de la dirección boletin@econexpresscargo.com. Tampoco se discute que ese día se realizaron diversos pagos a instituciones comerciales, bancarias, universitarias y de servicios, mediante la plataforma “Servipag”. Con posterioridad a ellas, dio aviso al banco. Por su parte, el mismo actor reconoce haber sido víctima de “phishing”, en cuanto fraude por el cual el estafador intenta conseguir información confidencial mediante la suplantación electrónica de una persona o empresa, para que en ese contexto, facilite datos privados. 

Cuarto: Que para determinar la responsabilidad del banco apelante, es necesario, entonces, considerar la manera en que se verificó el acto fraudulento denunciado, a fin de establecer si durante su iter, el banco incumplió las normas antes referidas, y si la defraudación sufrida por el denunciante, se produjo por una insuficiencia de las medidas con las que busca garantizar su cumplimiento, y que en suma, si existió vulneración de sus sistemas de seguridad, supuesto en el cual, cabría concluir su obligación de hacerse cargo de los perjuicios producidos. 

Quinto: Que conforme se indicó, fue el demandante quien, omitiendo las recomendaciones de seguridad que las instituciones financieras realizan, accedió a un link que recibió de un correo de remitente cuyo dominio no coincide con el del banco denunciado, simulando provenir del mismo, y en el cual, ingresó su clave secreta, pudiéndose presumir, de dicho hecho, que mediante dicha acción, terceros lograron obtener sus datos, para luego realizar la actividad engañosa. De esta forma, conforme la manera en que se concretó el fraude referido, es posible concluir que el ardid utilizado, y la actividad poco cuidadosa del demandante, sobrepasó la esfera de cuidado que debió otorgar el banco, pues como se refirió, es el propio actor quien reconoce haber caído en el “phishing” realizado, y aunque intenta eludir su responsabilidad, señalando que sólo habría digitado su clave de acceso de cuatro números, más no la clave de seguridad o digipass; sin embargo, del mérito del informe de la demandada de 1 de abril de 2019, acompañado a fojas 9, aparece que consultado “Servipag”, en cuya plataforma se realizaron los pagos cuestionados, éste señaló que para ello, se realizaron tres transacciones, que abarcan las distintas operaciones, donde el Banco de Chile, sólo actuó como medio de pago, por lo que era necesario contar, no sólo con la clave secreta de seguridad, sino también con la clave digipass, con la que los terceros que realizarn el fraude, debieron haber contado, no verificándose alguna brecha de seguridad, por lo que la responsabilidad del cuidado de dichos datos, recaía en el cliente. En efecto, es posible tener por acreditado, que el fraude se realizó mediante el ardid denominado “phishing”, por el cual, el cliente, descuidadamente, accedió a una página web que simulaba ser del banco demandado, donde digitó sus claves de seguridad, y obteniendo dichos datos, realizó las transferencias de autos, las que se realizaron utilizando las claves que el banco otorga a sus clientes. 

Sexto: Que, de esta manera, concordante con las reglas de la sana crítica, en especial la de la lógica, correspondientes a los subprincipios de coherencia, razón suficiente y no contradicción, aparece que la actividad fraudulenta y la conducta descuidada del propio cliente, excedió los límites de los protocolos y controles a que está obligado el Banco, condiciones en las cuales, no es posible hacer responsable al banco de la falta de diligencia que se le imputa, puesto que con los medios probatorios mencionados, la actividad de cuidado debida, se encuentra acreditada, por lo que corresponde absolver a la denunciada de la acusación de vulneración de lo preceptuado en los artículos 3 d), 12 y 23 de la Ley Nº 19.496. 

Respecto la demanda civil 

Séptimo: Que atendida la conclusión precedente, corresponde desestimar la demanda civil impetrada, por no haberse acreditado la responsabilidad contravencional de la cual se hace derivar. Y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones citadas y lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley Nº 18.287, artículos 3º letra b), 14, 23, 50 y siguientes de la Ley Nº 19.496, se resuelve: Se revoca la sentencia apelada de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes, en cuanto condenó a la demandada a la multa que se indica, por su responsabilidad por la infracción de los artículos 3 d) y 23 de la Ley Nº 19.496, y se declara que se le absuelve de dichos cargos, asimismo, se la revoca en cuanto concedió la demanda civil de indemnización de perjuicios, y en su lugar se declara que se rechaza dicha pretensión en todas sus partes, sin costas, por haber tenido motivo plausible para litigar. 

Regístrese y devuélvase. 

N° 783-2020-Policía Local. 

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Carolina Vásquez Acevedo, Patricio Martínez Benavides y Fiscal Judicial Ana María Hernández Medina. No firma la Fiscal Judicial Ana María Hernández Medina por encontrarse ausente

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Vulneración del derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Concepción, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

VISTO: 

En estos antecedentes, comparece don Remberto Valdés Hueche abogado, domiciliado en Florida N°970, comuna de Concepción, en favor de doña Eduarda Vargas Bustamante y doña Carolina Andrade Vargas, interponiendo recurso de protección en contra de Catalina Alejandra Carte Ale, domiciliada en calle Villarrica 145, Villa Alegre, Penco, a fin de que se acoja el recurso y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se indicará, por los graves hechos que han vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente. Señala que durante el mes de abril doña Catalina Alejandra Cartes Ale llevó al local administrado por la recurrente Eduarda Vargas Bustamante, ConceGAME, una consola Nintendo Switch para su reparación. Al momento de entregar la consola, los trabajadores del local y la propia recurrente se percatan que se encontraba en un estado regular, tendiendo a malo, con un defecto posiblemente en la entrada de puerto de carga o en sus componentes internos, ya que no podía alimentarse una vez conectada a la red eléctrica. Se recibe su consola para arreglarla, sin realizar ningún cobro ni abono inicial para proceder a la reparación. Sin embargo, y en presencia de doña Eduarda Vargas, cuando uno de los técnicos abre la consola para proceder a diagnosticar el problema, se percata que el estado de la consola era deplorable y se escapaba de lo que cualquiera de los trabajadores o técnicos podían hacer en el local. Debido a eso, se toma la decisión de llevar la consola a la ciudad de Santiago para que realizara la reparación un servicio técnico especializado. Se informó esta circunstancia doña Catalina Carte ese mismo día y se retiró la consola del local para llevarla a Santiago. Como la consola ya había sido manipulada previamente por el local, no podría hacerse efectiva la garantía en el servicio especializado, circunstancia que también fue informada.
Por temas de logística del local, se reúne un número determinado de consolas para que sean enviadas a Santiago a reparación, por lo que el envío de la consola de la recurrida no se iba a realizar sino transcurrido cierto tiempo y una vez que se contara con un número de consolas razonable para realizar el envío. Sin perjuicio del tiempo transcurrido y de habérsele informado de aquello a la dueña de la consola, ésta deja el aparato en custodia de nuestro local y sin pronunciarse respecto a ella por meses, por lo que las recurrentes asumieron que doña Catalina Carte estaba de acuerdo con el tiempo de espera. Luego de casi tres meses sin contacto con doña Catalina Carte, esta se apersona en el local ConceGAME para retirar su consola y realizar ella misma el envío a Santiago; se le hace entrega de la misma y le recordaron que no se podría hacer efectiva la garantía por haber sido manipulada en el local. Es por lo anterior que, recibida la consola en el servicio técnico especializado, no le realizan las reparaciones. Ante esto, doña Catalina Carte procede a publicar en la red social Facebook, particularmente a los grupos “Feria de las Penco-Lirquen” y “Compra y Venta Portal San Pedro” “funando” al local de doña Eduarda Vargas, a ella como persona y a su hija, Carolina Andrade Vargas, tratándolas de ladronas, mentirosas, estafadoras y de inmorales. No bastando la publicación de la “funa”, llama a quienes visitan la página a compartir “viralizar” la publicación, a que nadie más se atienda en el local de las recurridas y a que se continúen las “denuncias públicas” de otros “afectados” en la misma publicación. Así, de manera injustificada y por vía de autotutela, la recurrida procede a acusar a doña Eduarda Vargas y Carolina Andrade del robo de su consola, señalando primero que habían robado todo el equipo, luego los tornillos del aparato y luego denunciando el corte de cables del mismo, además de una serie de incumplimientos a la Ley del Consumidor; esto lo hace mediante las publicaciones realizadas en los grupos de Facebook señalados, pero además a través de los comentarios de dichas publicaciones, donde insta y apoya a otras personas a continuar con sus propios relatos y epítetos injustos hacia las recurrentes, todo esto sin mediar en ningún momento una acción legítima

La publicación y comentarios, realizados de manera pública, en un foro público por el cual cualquier persona puede enterarse de la opinión subjetiva de una persona respecto al local y sus administradoras, retrata una realidad que no es tal, dejando a las recurrentes, madre e hija, así como el resto de su familia quienes están relacionados con el negocio como unos estafadores y ladrones sumamente irresponsables, lo que no podría estar más alejado de la realidad. A través de su actuar, el recurrente se ha premunido de facultades que no le corresponden, y vocifera a todo quien pase a leer la publicación apreciaciones subjetivas del carácter de la recurrente y su familia y las extrapola a un nivel tal de sugerir una serie de delitos en su contra, además de dañar la honra, fama y buen nombre de la familia a otros miembros de la localidad con sus comentarios y respuestas. Cabe agregar que los comentarios vertidos por el recurrido en la publicación, fueron realizados sin mediar provocación alguna, meramente señalando que pretende iniciar acciones legítimas en contra de las recurrentes, sin que a la fecha se haya iniciado procedimiento alguno con el fin de esclarecer los hechos y hacer efectiva cualquier responsabilidad; resulta evidente entonces que el único propósito de las publicaciones señaladas son el de difamar, denostar y deshonrar a doña Eduarda Vargas y doña Carolina Andrade y la buena, o a lo menos neutral, imagen que tiene el público general tanto de ellas como el negocio que administran en la ciudad de Concepción. El acto de la recurrida resulta un acto arbitrario e ilegal que vulnera directamente al artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, el cual consagra el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, además de sus datos personales. Así, el actuar de la recurrida resulta arbitrario por cuanto, con el sólo propósito egoísta de denostar, difamar y desacreditar a doña Eduarda Vargas, a Carolina Andrade, y al local que administran, y sin que al día de hoy se haya interpuesto procedimiento alguno para que doña Catalina Carte pueda defender sus intereses de forma legítima, esta última extiende su derecho a la libre expresión al punto que daña, sin razón ni sustento alguno, la honra y prestigio de las recurrentes.

Así, la recurrida vulnera gravemente el artículo 19 N°4 de la Constitución, el cual garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”. Esta misma garantía se ha replicado en el ámbito internacional, particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (o destacado es nuestro), y en el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 5°. Lo realizado por la recurrida resulta un claro ataque a la honra y reputación de las recurrentes, por cuanto sin ningún propósito ni otro antecedente más que su experiencia subjetiva, y escapando de todo actuar lógico al tener -supuestamente- antecedentes suficientes como para justificar una denuncia por actuar criminal, proclama como un hecho comprobable y conocido que doña Eduarda Vargas y doña Carolina Andrade son ladronas y estafadoras, que además provocaron un daño irreparable a un menor con Trastorno del Espectro Autista; todo lo anterior acontece por algo tan banal como lo que ella ha experimentado como mala atención en un local comercial. Esto no es menor si consideramos que el derecho a la honra y la reputación han sido recogidos y amparados por nuestro Máximo Tribunal, como es en la sentencia rol 2327-2019, que en su considerando duodécimo declara: “Que sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.” Lo destacado es nuestro. Así, el derecho a la honra, la buena reputación, fama o nombre resulta un elemento de tal importancia para un individuo en la sociedad que ha de calificarse como un elemento del patrimonio moral de cada persona, el cual debe garantizarse y respetarse. Respecto a lo anterior, el Tribunal Constitucional ha señalado que el “respeto” que garantiza el artículo 19 N°4 “implica la obligación de terceras personas de no interferir en el ámbito de valor y la conducta que protege el ordenamiento jurídico a través de las garantías constitucionales”. Existiendo entonces una obligación de no intervenir, la contrapartida de estas terceras personas debe ser el preservar, o a lo menos mantener una posición neutral, a la buena imagen y fama de cada individuo, pudiendo este estado sólo ser perturbado por medio legítimos. Es en este último punto donde radica la ilegalidad del actuar del recurrido ya que pudo realizar las denuncias correspondientes y optar por los caminos racionales y lógicos que nuestro ordenamiento jurídico provee para declarar y sancionar el actuar que le imputa a las recurrentes como administradoras del local ConceGAME, sin optar por pregonar como un hecho cierto conductas de connotación delictual, viéndose impedidas la recurrentes de una oportunidad legítima para realizar sus descargos y defenderse, de un debido proceso, y arrebatadas de una presunción de inocencia para con su comunidad y clientes. De tener la recurrida información o antecedentes que le permitan acreditar lo aseverado, lo lógico, legítimo y legal sería acudir al Servicio Nacional del Consumidor, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, incluso Fiscalía, e iniciar el procedimiento civil, penal e investigaciones correspondientes. El recurrido, entonces, omite todo actuar dentro de lo que en derecho de permite, y opta por sus propios medios, desacreditar a la recurrente y su familia mediante estas deleznables acusaciones. Hay que destacar que los comentarios de la recurrida no son meras reflexiones o suposiciones, sino verdaderas imputaciones que ella presenta como hecho, identificando no solo el local que administran las recurrentes y donde supuestamente se habrían realizado los delitos sindicados, sino que además publica posteriormente los nombres y perfiles de las recurrentes, y el hecho de haber realizado esta “denuncia” de manera pública, en una publicación digital del mismo carácter, en una red social masiva como Facebook, vulnera gravemente los derechos de las recurrentes. Finalmente, la libertad de expresión de la recurrente no es una razón que justifique declaraciones de tal calibre, sobre todo considerando las implicaciones que tales contienen. Si bien el recurrente se halla libre de comentar, opinar y pensar libremente, no es menos cierto que esta libertad tiene límites, y uno de ellos es la honra de las personas a quienes se refiera. Solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida, eliminar la publicación indicada, y se abstenga en el futuro de emitir comentarios de índole similar en cualquier plataforma pública de comunicación, particularmente redes sociales y especialmente Facebook. A folio 18, se prescinde del informe de Catalina Alejandra Carte Ale. Se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.
2.- Que, el recurrente señala que las recurridas llevaron a su local una consola para ser reparada, la que contaba con garantía, advirtiéndole su parte que hecha la revisión, la garantía caducaba al haber sido manipulado el aparato, lo que aceptó, el que al ser abierto y examinado se percataron de la imposibilidad de reparación en su local, por lo que debía enviarse a un servicio especializado en Santiago, quedando por voluntad de su dueña en custodia de su negocio mientras esperaban el número suficiente de reparaciones para reenviar a la capital, consola que llegada al servicio especializado no pudo ser reparado y ante esto, al quedar sin garantía, la recurrida procedió a publicar en redes sociales, y páginas de Facebook, comentarios consistentes en funas contra su local utilizando el nombre de la empresa, de su persona y de su hija, tratándolas de delincuentes, lo que claramente convierte dichas publicaciones en un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales que indica en su recurso. 

3.- Que, se prescindió del informe de la recurrida, la que supuestamente presentó un escrito que rola en estos antecedentes señalando que las publicaciones habían sido eliminadas, pero que nunca ratificó como se la llamó a hacerlo, siendo notificada, no constando entonces dicha eliminación. 

4.- Que, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda que nuestro ordenamiento protege la vida privada de las personas y su honra. En cuanto al resguardo constitucional de la propia imagen, la doctrina y jurisprudencia lo encuadran en el artículo 19 N° 4 del texto en estudio, por encontrarse implícito en el atributo de la privacidad de la persona. 

5.- Que, el recurrente, en prueba de los hechos que denuncia, acompañó publicación que lo denosta en redes sociales según señala en el recurso, lo que lo afecta en forma directa, y a su hija por lo que el recurso sólo puede ser acogido en favor de las recurrentes funadas en redes sociales. 

6.- Que, la cuestión planteada en el recurso, dice relación con el derecho a la propia imagen y a la  honra de los recurrentes, que habrían sido vulnerados por la recurrida a través de sus publicaciones, en los que, como se puede observar, le atribuye calificativos y conducta reprochables como autor de ilícitos contra la propiedad sin mayor fundamento, y sin existir denuncia o querella en la vía penal, por lo que las publicaciones conducen a un juicio de condena previa, en una especie de tomar la justicia por su propia mano, o auto tutela, lo que no está permitido en nuestra legislación. Así, la actividad de la recurrida, resulta arbitraria e ilegal y vulnera la honra de la recurrente, vulnerando también indirectamente la honra de su familia y el prestigio de su negocio. 

7.- Que, por lo expuesto, no cabe sino acoger la presente acción, en la forma que se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta en estos antecedentes, ordenándose a la recurrida que deberá eliminar toda publicación en redes sociales realizada, por sí o por otra persona en contra de las recurrentes, incluyendo fotografías, y abstenerse en lo sucesivo, de efectuar publicaciones y referencias, en cualquier red social u otro medio de difusión que afecte la honra de dicho actor o lo desacredite, relativa a los mismos hechos denunciados en este recurso. 

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 

Redacción de la Ministro Matilde Esquerré Pavón. 

Protección N°61.955-2022


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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.