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10 may. 2017

Amparo Rol 90/2016

Puerto Montt, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
Vistos: Con fecha 4 de noviembre de 2016, comparece don Alejandro Tenorio Ojeda, defensor Penal Público, domiciliado en calle O’Higgins Edificio Plaza 602 de esta ciudad, quien actuando por los condenados RAFAEL ANDRÉS DÍAZ CANTILLANA y ANGEL CALIXTO IBARRA, en causa RIT 7608-2016, actualmente privados de libertad en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, interpone recurso de amparo en contra de la resolución pronunciada el pasado 29 de septiembre, mediante la que el Juez de Garantía de Puerto Montt, don Juan Carlos Orellana Venegas, rechaza la petición de traslado efectuada por su parte, por falta de competencia, pretendiendo por esta vía se acceda a la mencionada petición. Consigna respecto de Díaz Cantillana que éste se trasladó voluntariamente al Complejo Penitenciario de Puerto Montt mediante resolución de 5 de febrero del presente año, pues quería acceder a las actividades de reinserción social en el Complejo indicado, para así obtener un trabajo y percibir ingresos para palear sus gastos y los de su familia, teniendo además con ello mayores posibilidades de acceder a beneficios intrapenitenciarios, es decir, quería finalmente postular al Centro de Educación y Trabajo de Osorno. Refiere que su defendido tenía al momento de concederse su traslado buena y muy conducta, ello desde el bimestre marzo-abril de 2014 a enero-febrero del presente año. Sostiene que sus expectativas laborales y promesas señaladas en el Complejo de Rancagua no se cumplieron, puesto que al ser trasladado a un módulo de alto compromiso delictual no pudo desempeñar su oficio respectivo, en tanto que se conducta cambió luego de reclamar por esta falta de actividades, añadiendo a su vez que en el mes de mayo un funcionario de Gendarmería le entregó un celular por el cual el amparado debía entregar una cantidad de dinero y no obstante el no quería el teléfono, ante la situación de vulnerabilidad y subordinación en la que se encuentra, debió aceptarlo, no obstante no pago el dinero pedido, lo que motivó hostigamiento por parte del funcionario. Refiere que su representado denunció estos hechos, relativos a la venta de celulares al interior del recinto, lo que se encuentra en investigación administrativa, cuestión que ha repercutido en las sanciones recibidas en los bimestres de mayojunio y julio-agosto. Sostiene que tras haber efectuado esta denuncia, su defendido fue tildado de “sapo”, teniendo problemas de convivencia con sus pares y con los 01241514982657 funcionarios de gendarmería, temiendo ser objeto de atentados en contra de su vida e integridad física y psíquica, temor que mantiene en la actualidad. Manifiesta que en idéntica situación se encuentra Angel Calizto Ibarra, por haber sido testigo de esta “venta” de celular, también tildado de “sapo”, quien también se trasladó voluntariamente al Complejo Penitenciario de Puerto Montt, con las mismas expectativas que tenía Rafael Díaz. Sostiene que en consecuencia, es pertinente esta acción constitucional, a favor de los condenados antes singularizados, primero porque por resolución de 29 de septiembre pasado, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt no dio lugar al traslado por la falta de competencia sobre la primera alegación de la defensa, lo que a juicio del recurrente infringe el principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 76 de la Constitución, al no haberse resuelto el asunto sometido a su decisión, en contradicción a su vez a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, entendiendo que la judicatura se encuentra obligada a realizar el control jurisdiccional de las actividades realizadas por Gendarmería. En segundo lugar, refiere que el mismo tribunal alude a la inexistencia de plausibilidad o razonabilidad suficiente en los planteamientos indicados por la defensa para dar lugar a la medida excepcional de ingresar a un imputado a un Complejo Penitenciario diverso. Sostiene al efecto que no nos encontramos ante una persona imputada sino ante un condenado, careciendo de aplicación el auto acordado 1303-2007 de la Excma. Corte Suprema, sin perjuicio de que este mismo señala que este tipo de decisión e debe reservar para casos excepcionales y por motivos fundados, cual es la situación de los amparados de autos, considerando también que ellos tienen arraigo familiar en Rancagua y Peñalolén. Hace presente que sus defendidos, junto con otros internos del módulo 12 del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, a mediados de marzo realizaron una protesta para acceder a las actividades de reinserción social, situación que motivo a su vez la presentación de un amparo, conforme al artículo 95 del Código Procesal Penal en la causa 1934-2016, habiendo dispuesto el tribunal por resolución de 24 de marzo, que se accedía a la petición de la defensa, debiendo la Dirección Regional de Gendarmería disponer las medidas necesarias para que en el plazo de 48 horas se informara en forma oficial a cada uno de los sentenciados del indicado módulo, las razones de su traslado y en 10 días, poner a su disposición oferta programática, no obstante a la fecha, sus representados no han tenido acceso a ella. 01241514982657 Refieren que a raíz de lo anterior, realizaron una huelga de hambre en el mes de septiembre pasado, con el objeto de solicitar su traslado desde esta ciudad a otros centros penitenciarios del país. Afirman que el lugar se reclusión no es irrelevante para los condenados y que directamente relacionado con el traslado se encuentra el derecho a visitas, pilar fundamental de todo proceso de reinserción social. En cuanto a la competencia del tribunal para conocer la petición de traslado, hace presente que durante el debate que generó la implementación de la reforma procesal penal, se renunció a la creación de los tribunales de justicia dedicados exclusivamente a conocer la ejecución de las sentencias en materia penal, pero que ello no derivó en que los asuntos que deriven o guarden relación con la fase ejecutiva del proceso penal no se encuentren regulados, citando al efecto lo dispuesto en el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales,, en tanto que el artículo 466 inciso segundo del Código Procesal Penal establece que el condenado podrá ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgare, y además, el Decreto Supremo 518 establece en su artículo 6 inciso final, que es deber de la Administración Penitenciaria velar por la integridad de los condenados privados de libertad, norma que guarda relación con el artículo 28 del mismo Reglamento, cual permite adoptar la medida de traslado para garantizar la integridad física o psíquica de un interno, lo que debe ser controlado jurisdiccionalmente, debido a que la actividad penitenciaria tiene como límite las sentencias judiciales emanadas de los tribunales de justicia. Refiere que teniendo en cuenta que sus defendidos solicitaron su traslado al Complejo de Puerto Montt para realizar actividades de reinserción social que nunca se han llevado a efecto, es lógico entonces que soliciten su traslado a su lugar habitual de residencia, por régimen de extrema seguridad y adicionalmente, por arraigo familiar. Con fecha 5 de noviembre en curso, informa don JUAN CARLOS ORELLANA VENEGAS, Juez de Garantía de esta ciudad, señalando que se busca por esta vía sobrepasar los conductos regulares establecidos por la ley y Reglamento, cuyos artículos 12 y 28, respectivamente, disponen que las decisiones de traslado de las personas condenadas es de resorte exclusivo de la autoridad penitenciaria, respetando con ello los principios de juridicidad y legalidad constitucional. Sostiene que, si bien una decisión judicial puede ordenar a una autoridad administrativa una cuestión distinta a lo ya decidido, esto es, determinar el traslado de un condenado a un recinto diferente al que se haya dispuesto, tal decisión debe 01241514982657 ser adoptada con conocimiento de todos los antecedentes de que se dispone para efectos de considerar que efectivamente se hace del todo necesario e indispensable algo distinto de lo que dispuso quien estaba llamado por ley a resolver. Señala que el recurrente, que ya había solicitado la intervención del Juez de Garantía en el mes de marzo de este año, por el condenado Díaz Cantillana, utiliza como argumento que no se está cumpliendo con un plan anual de reinserción social, para luego sostener que estaría en riesgo la integridad física y psíquica de sus representados, pero cuando se le consultó si había hecho la denuncia correspondiente indicó que no. Recuerda que los condenados se encuentran en este Complejo Penitenciario por solicitud de traslado voluntario, lo que es demostrativo de que su motivación real es que no les gustó el sistema de vida penitenciario de Puerto Montt, pretendiendo ahora retrotraer la decisión adoptada por la autoridad competente. En cuanto al contenido de la decisión de hacer ver la falta de competencia para resolver el traslado de los condenados, sostiene que se fundamenta en el hecho de que en Chile no hay tribunales de ejecución de la pena, y la normativa que entrega competencia al juzgador de garantía para la ejecución de una condena, dice relación con aquella obligación que se impone al sentenciador de hacer ejecutar lo juzgado, así para el caso de una pena privativa de libertad, la obligación del juez es verificar que la persona ha ingresado a cumplir a un recinto penitenciario, más no velar por el funcionamiento del sistema carcelario, tarea que es encomendada por ley a la autoridad administrativa, lo que se estaba dando cumplimiento en este caso pues la autoridad penitenciaria estaba evaluando la solicitud de traslado requerida. En complementación a su informe, con fecha 7 de noviembre en curso, don Juan Carlos Orellana Venegas hace presente que las solicitudes de informe de 4 de noviembre, sólo decían relación con la persona de los otros dos imputados en esta causa, no de Calixto Ibarra, sin perjuicio de remitirse a su respecto, a lo expresado sobre el condenado Díaz Cantillana. Con fecha 5 de abril del año en curso, informa don Luciano Chávez Soto, Teniente Coronel, JEFE DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE Puerto Montt, quien con relación al condenado Díaz Cantilla, sostiene que cumple condenas por los delitos de homicidio, robo con violencia, lesiones graves y robo con intimidación, cuyo inicio se verifica el 20 de noviembre de 2005 en tanto que tiene como fecha de cumplimiento el 2 de febrero de 2010. 01241514982657 Sostiene que es de alto compromiso delictual, actualmente recluido en el Complejo Penitenciario de, módulo 41, Altos Condenados, y Angel Calixto Ibarra, cumple condena por el delito de robo con intimidación , desde el 18 de noviembre de 2001 al 18 de noviembre de 2022, interno también de alto compromiso delictual, actualmente recluido en el módulo 32, máxima condenados. Refiere que ambos ingresan al Complejo de esta ciudad por traslado voluntario desde el C.P. Rancagua, en el mes de febrero del presente año, Díaz es clasificado a su ingreso en el módulo 12, habiendo realizado en abril siguiente plan de intervención individual, firmado por el interno en el mes de junio, siendo propuesto para diversos talleres, sin embargo a la fecha su conducta es calificada de pésima, tras haber sido sancionado por diversas faltas graves al régimen interno, justificándose su habitación actual en el módulo 41 por estrictas medidas de seguridad tomadas hacia el interno dada la refractariedad que presenta durante la visa penitenciaria. Consigna que el 7 de septiembre, eleva solicitud de traslado al C.P. Rancagua, y que siendo remitidos los antecedentes a Nivel Central, fue denegada por el Departamento de Control Penitenciario, atenida la conducta mala y pésima en las últimas evaluaciones bimestrales. En cuanto a Calixto Ibarra, su conducta también es pésima, motivo por el cual habita en la actualidad el módulo 32 máxima condenados, habiendo también presentado solicitud de traslado, estando a la espera de su resolución. Hace presente que si bien ambos amparados ingresan al Código Penal de Puerto Montt mediante solicitud voluntaria, el traslado es una facultad de Gendarmería, de acuerdo al artículo 6 N° 12 de la Ley Orgánica Constitucional de dicha institución. Sobre la investigación aludida en el recurso, consigna que en ésta se concluyó que el reclamo carecía de todo fundamento, no existiendo pruebas fehacientes ni contundentes que pudieran comprobar los hechos denunciados, quedando en evidencia que Díaz Cantillana estaba tratando se manipular la información para obtener su traslado al C.P. Rancagua. Encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación. Con lo relacionado y considerando: Primero.- Que el recurso de amparo se ha establecido respecto de todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes o respecto de la persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, debiéndose adoptar las medidas que se estime 01241514982657 conducentes para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Segundo.- Que en el presente caso la acción aparece motivada por la negativa del Juez de Garantía de esta ciudad, don Juan Carlos Orellana Venegas, a conceder el traslado de los condenados Díaz Cantillana y Calixto Ibarra, desde el Centro Penitenciario de Puerto Montt al de Rancagua, cuestión que estima el recurrente, infringe al principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, teniendo presente que la decisión del tribunal se ha fundamentado en la falta de competencia del órgano jurisdiccional para conocer la materia. A juicio del actor, el tribunal sí es competente para conocer el asunto, desde que, si bien la normativa legal permite a la autoridad administrativa adoptar la medida de traslado para garantizar la integridad física o psíquica de un interno, aquello debe ser controlado jurisdiccionalmente, considerando que la actividad penitenciaria tiene como límite las sentencias judiciales emanadas de los tribunales de justicia. Consigna que en el presente caso, dado que sus defendidos solicitaron en su oportunidad su traslado al Complejo Penitenciario de Puerto Montt para realizar actividades de reinserción social, las que nunca se han llevado a cabo, es lógico que soliciten nuevamente su traslado, por régimen de extrema seguridad y por arraigo familiar. En mérito de lo anterior, se solicita que acogiéndose el presente recurso, se acceda la petición de traslado efectuada a favor de los condenados a cuyo favor recurre. Tercero.- Que, al informar, el tribunal recurrido manifiesta que por esta vía se pretenden sobrepasar los conductos regulares establecidos por la ley y Reglamento, cuales disponen que las decisiones de traslado de las personas condenadas es de resorte exclusivo de la autoridad penitenciaria, respetando con ello los principios de juridicidad y legalidad constitucional. Reconociendo que en todo caso, a través de una decisión judicial se puede ordenar a una autoridad administrativa el traslado de un condenado a un recinto diferente al que se haya dispuesto, tal decisión debe ser adoptada con conocimiento de todos los antecedentes de que se dispone para efectos de considerar que efectivamente se hace del todo necesario e indispensable algo distinto de lo que dispuso quien estaba llamado por ley a resolver. Refiere que a su juicio, la motivación real de los condenados al formular su petición de traslado se reduce a la circunstancia de que no les gustó el sistema de vida penitenciario de Puerto Montt, pretendiendo ahora retrotraer una decisión adoptada por la autoridad competente. Consigna que es obligación del juez verificar que la persona ha ingresado a cumplir una condena a un recinto penitenciario, más no velar por el funcionamiento del sistema carcelario, tarea que es encomendada por ley a la 01241514982657 autoridad administrativa, cuestión que se estaba cumpliendo en este caso pues la autoridad penitenciaria estaba evaluando la solicitud de traslado de ambos amparados a la fecha de la audiencia. Cuarto.- Que, conforme a lo informado por Gendarmería de Chile y documentos adjuntos, aparece que efectivamente los amparados ingresaron al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, a consecuencia de su traslado voluntario desde el Centro Penitenciario de Rancagua, lo anterior, en el mes de febrero de 2016. Mientras Diaz Cantillana, de 36 años, se encuentra actualmente recluido en el módulo 41 Alta Condenados, Calixto Ibarra, de 32 años, permanece en el módulo 32 máxima condenados, registrando ambos conductas que, durante el presente año, han sido calificadas como pésima, regular y mala. Quinto.- Que, en lo que interesa al recurso interpuesto, en particular, en lo relativo a la petición de revocación por esta vía constitucional, del rechazo a la petición de traslado de ambos condenados por parte del tribunal recurrido, surge de los antecedentes acompañados que ambos condenados habían formulado idéntica petición ante Gendarmería, organismo que a la data de la audiencia de 29 de septiembre pasado, había remitido los antecedentes a Nivel Central, siendo denegada la solicitud del sentenciado Díaz en fecha posterior, esto es, el 7 de octubre siguiente, atendida su conducta mala y pésima en las últimas evaluaciones bimestrales. En cuanto a Calixto Ibarra, también había presentado a esa fecha solicitud de traslado, estando pendiente su resolución. Sexto.- Que, sobre el asunto planteado, es menester señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 N° 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, entre otras obligaciones y atribuciones, el Director Nacional de dicha institución debe determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente. En armonía con la norma previamente transcrita, el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, prescribe que los Directores Regionales de Gendarmería, previamente facultados por el Director Nacional, podrán disponer el ingreso o traslado a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, de los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto. Añade que estas medidas podrán adoptarse en razón de la reincidencia, tipo de delito, de reiteradas infracciones al régimen normal de los establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros antecedentes de carácter técnico que las hagan necesarias. 01241514982657 Señala esta norma que este régimen de extrema seguridad no tendrá otro objetivo que la preservación de la seguridad de los internos, sus compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de los funcionarios, y de las tareas impuestas a la administración y en su cumplimiento se observarán todas las normas de trato humanitario. Séptimo.- Que en este contexto descrito, la decisión del tribunal recurrido encuentra sustento en las normas precedentemente referidas, cuestión que permite descartar la existencia de las ilegalidades o arbitrariedades que denuncia la recurrente, apareciendo además que en el caso de marras, el tribunal denegó la petición de traslado no sólo aduciendo su falta de competencia, sino también por la ausencia de plausibilidad y razonabilidad de los argumentos planteados en audiencia por la defensa. Octavo.- Que, en efecto, en la especie, con fecha 23 de septiembre pasado, el Defensor Penal Penitenciario solicita se fije audiencia de cautela de garantías a favor de tres condenados, entre ellos, los amparados de autos, señalando que éstos se encuentran en huelga de hambre, pues estaban solicitando su traslado. Con fecha 29 de septiembre siguiente, se realiza la mentada audiencia, en la que el abogado defensor reitera la circunstancia de encontrarse en huelga de hambre sus representados, solicitando al tribunal disponga el traslado de éstos al Centro Penitenciario de Rancagua, por motivos de arraigo familiar, por no haberse dado cumplimiento a las promesas de actividades laborales, por la mala relación existente con pares y gendarmes, pretendiendo subsidiariamente el traslado de sus defendidos a módulos donde puedan realizar actividades de reinserción social, señalando al efecto la abogado de Gendarmería
de Chile, presente en dicha oportunidad, que a esa fecha se encontraban pendientes de resolución las solicitudes de traslado formuladas por ambos sentenciados. Noveno.- Que, conforme a tales antecedentes, el tribunal decide desestimar la petición planteada, estimando no sólo que el asunto no es de competencia de la autoridad jurisdiccional sino que de la autoridad administrativa, atribución que había sido ejercida al decretar, a petición de los amparados, su traslado desde el C.P. de Rancagua, sino estimando también que el traslado no puede operar por la mera voluntad de los condenados, estando además pendiente a esa fecha, la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, de las solicitudes efectuadas por ambos condenados con este preciso objeto, y por la falta de plausibilidad y razonabilidad de los fundamentos de la petición. 01241514982657 Décimo.- Que, en razón de lo expuesto, la acción de amparo habrá de ser rechazada por entenderse que la decisión adoptada fue ajustada a derecho, no observándose los defectos que indica la recurrente. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el recurso de amparo deducido por don Alejandro Tenorio Ojeda, defensor Penal Público, a favor de los condenados RAFAEL ANDRÉS DÍAZ CANTILLANA y ANGEL CALIXTO IBARRA, en contra del Juez de Garantía de Puerto Montt, don Juan Carlos Orellana Venegas. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Redacción de la Presidenta doña Teresa Mora Torres. Rol 90-2016 01241514982657 Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Presidenta Teresa Ines Mora T., Ministra Suplente Patricia Irene Miranda A. y Abogado Integrante Pedro Campos L. Puerto Montt, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. En Puerto Montt, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 01241514982657