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jueves, 14 de marzo de 2019

Contrato a honorario, despido injustificado y cumplimiento de los requisitos para encontrarse ante una relación laboral regida por el Código del Trabajo.Se rechaza recurso de unificación de jurisprudencia.

Santiago, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. 

Vistos: 

En autos Rit O-86-2017, Ruc 17-4-0011407-2, del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, don Rafael Eduardo Oteiza Soto dedujo demanda de despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones en contra del Fisco de Chile, representado por la abogada Procuradora Fiscal de Arica del Consejo de Defensa del Estado, doña Mirtha Morales Mollo (Gendarmería de Chile). Por sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, se acogió la demanda en todas sus partes, se declaró el despido sin causal y nulo, condenándose a la demandada al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio con el recargo legal del cincuenta por ciento previsto en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo; cotizaciones previsionales del fondo de pensiones, salud y cesantía devengadas durante la vigencia del contrato de trabajo, esto es, desde el 24 de noviembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, que se encuentren impagas; las remuneraciones que se han devengado y que, en lo sucesivo, se devenguen entre las fechas del despido y la de convalidación; más reajustes e intereses; con costas. En contra del pronunciamiento de base la parte demandada dedujo recurso de nulidad, fundado en las causales de las letras a), b) y c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y en subsidio en la contemplada en el artículo 477 del mismo texto legal, en relación con los artículos 1 y 11 de la Ley N° 18.834, 2 y 15 de la Ley N° 18.575, 1545 y 1546 del Código Civil; 1, 3 letras a) y b), 7, 8, 9, 162, 163 y 168 del Código del Trabajo, 6 y 7 de la Constitución Política de la República, 4 inciso segundo y 9 inciso tercero del Decreto Ley N° 1.263, 1 de la Ley de Presupuesto de 2015 y 2016. La Corte de Apelaciones de Arica, mediante fallo de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, acogió el recurso de nulidad en cuanto se fundó en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y, en el de reemplazo, rechazó la demanda de despido injustificado y nulidad del mismo, con costas. En contra de dicha resolución el demandante deduce el presente recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja, se la deje sin efecto, declarando que se hace lugar a la demanda en todas sus partes, con costas, dictando acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva sentencia de reemplazo. Se ordenó traer los autos en relación. Considerando: 


Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento. 

Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que propone la parte demandante, dice relación “con la contratación de personas a honorarios por el Estado, y en particular, si cuando los servicios que éstos prestan se desarrollan, en los hechos, bajo características propias de una relación laboral, que denota la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, es procedente considerar que quedan regidos por el Código del Trabajo”. 

Tercero: Que el recurrente basa su arbitrio en que la sentencia impugnada yerra al determinar que los servicios profesionales que prestó, en su calidad de trabajador social, se enmarcan dentro de un programa específico y temporal de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia, y, en consecuencia, dentro del artículo 11 de la Ley N° 18.834. Afirma que la interpretación se aparta de la sostenida en las sentencias que invoca como términos de referencia y cotejo, dictadas por esta Corte, en los roles números 11.584-2014, 8.002-2015 y 31.160-2016, de las cuales transcribe las motivaciones pertinentes que contienen el criterio jurisprudencial que considera correcto, esto es, aquel que le da vigencia a las normas del Código del Trabajo respecto de las personas contratadas por la Administración del Estado que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante (órgano de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada), en el caso sub-lite, Gendarmería de Chile, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del Trabajo y no en los términos del Derecho Civil (arrendamiento de servicios personales). 

Cuarto: Que de la lectura de los fallos presentados para su comparación con el que se impugna, surge que el presupuesto fáctico común y esencial  consiste en que los demandantes desempeñaron funciones para órganos públicos mediante contratos a honorarios. En efecto, de la lectura de la sentencia Rol N° 11.584-2014, de 1 de abril de 2015, se advierte que se estableció que el demandante desempeñó al interior de la municipalidad demandada actividades y funciones variadas en género y número, que le eran asignadas por sus superiores, siempre vinculadas a la Secretaría de la Juventud, unidad que aparece con el carácter de permanente en la corporación demandada. Del mismo modo, se asentó que esas labores eran propias de la entidad edilicia, habituales de su giro de corporación autónoma, y que carecen de la naturaleza de cometido específico. Además, se determinó que cada una de las convenciones acompañadas precisan la labor a desempeñar y la obligación del actor de rendir cuenta de su gestión, sin que surja algún matiz de especialización que escape a la subordinación y que conduzca a concluir la inexistencia de la dependencia; la existencia de subordinación y dependencia, aunque no aparezca el cumplimiento de horario específico; el pago de remuneración mensual contra el recibo firmado por el trabajador, en contraprestación a los servicios cumplidos; y, por último, la realización íntegra de la labor para la que fuera contratado, que se mantuvo por más de cuatro años de manera ininterrumpida. Asentándose, la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por lo tanto, regida por el código del ramo y descrita en su artículo 8. Por su parte, del análisis de la sentencia Rol N° 8.002-2015, de 19 de abril de 2016, se advierte que se estableció que el demandante fue contratado a honorarios por el Serviu Región de Los Ríos el 25 de abril de 2011, contrato que fue renovado sucesivamente para los años 2012 y 2013, hasta que el 1 de junio de este último año, se lo incorporó al servicio en calidad de “empleado a contrata”, asimilado al grado 10 EUS, estatuto que se mantuvo hasta el 29 de agosto de 2014, en que suscribió un nuevo contrato a honorarios, al que se le puso término en el mes de octubre de ese año. En ese sentido, se precisó que se pronunciaría respecto a los períodos en que el demandante desempeñó funciones con “contrato a honorarios”, estableciéndose que fue contratado como “abogado en el proyecto de Mejoramiento prolongación Costanera y Mejoramiento Avenida Argentina y Avenida Ecuador de la ciudad de Valdivia”; que los contratos a honorarios suscritos detallan una serie de funciones específicas relativas al mencionado proyecto, sin embargo, destaca una cláusula en los últimos celebrados, que regula las funciones, señalando que “debe realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio”; y que al no ser taxativa la enumeración de sus labores, redacta escrituras y resoluciones, atiende público y realiza otras actividades. En consecuencia, se determinó que sus funciones excedían el marco del proyecto para el que fue contratado, lo que no resulta compatible con una prestación de servicios a honorarios; asentándose que realizó las labores bajo subordinación y dependencia, con obligación de asistencia diaria, cumpliendo horario, y toda otra para el correcto funcionamiento del Servicio, por el pago de una remuneración determinada; tenía derecho a feriado, permisos y dependencia de la Jefa del Departamento Jurídico. Por último, se coligió que, no obstante la existencia de los contratos a honorarios que formalmente vinculaban al actor con el Servicio, existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo, desde que poseía los rasgos propios y característicos de un contrato de trabajo. Por último, de la lectura de la sentencia Rol N° 31.160-2016, de 10 de noviembre de 2016, se advierte que se estableció que la actora se desempeñó desde marzo de 2013, mediante contratos a honorarios como educadora de párvulos Apoyo CECI, que corresponde al Programa Educativo Cultural de la Infancia en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social y que es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social; pactándose un honorario total que se pagaba dividido en la cantidad de cuotas correspondientes a los meses durante los cuales estaría vigente el contrato, previa entrega de un informe que daba cuenta de la labor realizada mensualmente, fijándose, asimismo, en cada contrato, una jornada dentro de la cual debían desempeñarse las actividades. En ese contexto, se tuvo presente la Ley N° 17.301, que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la Ley N° 20.379, que creó el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionalizó el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud, y que el Programa Presencial del Centro Educativo Cultural de la Infancia -CECI-, para el cual fue contratada la demandante, tiene como objetivo específico y prioritario, satisfacer las obligaciones que legalmente corresponden a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, esto es, “crear y planificar, coordinar, promover y estimular la organización y funcionamiento de sus jardines infantiles”, y en especial, “brindar apoyo a la formación, crianza, cuidado y educación de niños y niñas menores de 6 años de edad de todo el país, que no acceden a educación  formal, dando acceso preferente a los pertenecientes a familias ingresadas al Sistema Intersectorial de Protección Social”, según se lee de las resoluciones exentas que aprobaron los convenios a honorarios por medio de los cuales se contrató a la actora. A continuación, del análisis de las normas señaladas y del carácter del convenio suscrito por la entidad demandada, se razonó que se trata de una modalidad a través de la cual la Junta Nacional de Jardines Infantiles cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que, cumpliendo la exigencia del convenio, sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve y, en particular, a uno de los sectores más vulnerables de la población, utilizando para ello planes y recursos ajenos, provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, todos órganos de la Administración del Estado, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente con la demandada se enmarca dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 11 de la ley N° 18.834. Del mismo modo, se discurrió que por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino más bien, una que, dado los caracteres no controvertidos que tuvo, está sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que, así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho Código. Por otra parte, en el caso en estudio, los hechos determinados por el sentenciador del grado dan cuenta que el demandante fue contratado en virtud de diversos instrumentos para prestar servicios profesionales a honorarios en calidad de trabajador social, por Gendarmería de Chile, estableciéndose un precio a suma alzada pagadero en diversas cuotas, estipulándose que debía desempeñar sus funciones preferentemente entre las 08.30 horas y 17.18 horas en el Complejo Penitenciario de ACHA, quedando sujeto a control horario; con derecho a quince días de feriado, permisos con goce de remuneraciones por seis días cada año,  debiendo entregar informes de gestión, visados por el superior jerárquico y quedó sometido a calificación anual; también se estipuló que podía desplazarse fuera del territorio en que se prestaban los servicios, a costo de la demandada. Además, se asentó que debía justificar inasistencia, siendo la licencia médica suficiente al efecto; que el término anticipado del contrato sería por mutuo acuerdo, por no haber concurrido más de tres días sin justificación, por incumplimiento de horas semanales contratados y por evaluación trimestral deficiente; y que el 7 de diciembre de 2016 recibió una notificación en que se le comunicaba que sus servicios no serían renovados para el año 2017, cesando el 31 de diciembre de 2016. Del mismo modo, se estableció que los distintos contratos de trabajo celebrados entre las partes, semejantes unos de otros, dicen relación con la prestación de servicios profesionales por el demandante, en su calidad de trabajador social, dentro de un programa específico y temporal de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia, conforme al cual, y previa capacitación, debía aplicar un test a los internos en relación con el otorgamiento de beneficios extra penitenciarios. Además, se razonó que no desnaturaliza el contrato a honorarios o de prestación de servicios profesionales el hecho de pactarse cláusulas accesorias como es el feriado por quince días o permisos con goce de sueldo, particularmente cuando tales derechos son transversales a los trabajadores del sector privado como público, y el último propio del Estatuto Administrativo, por lo que aquello no puede ser decidor de una relación de tipo laboral, ni aun la exigencia de justificación de inasistencia, más aun cuando comprende convenios lícitos, que no se encuentran prohibidos y que benefician al actor, y que, por lo mismo, resulta absurdo interpretarlas en contra del demandado; sin que la supervisión respecto de un programa específico orientado a un objetivo concreto y de carácter temporal sea concluyente para definir que, en la especie, existió una relación de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo. 

Quinto: Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada. 

Sexto: Que para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se  requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente comparables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste. Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia. 

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados precedentemente, tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que la situación planteada no es posible de equiparar con las de los fallos que han servido de sustento al recurso en análisis, pues, como se advierte, en el presente caso, el actor fue contratado a honorarios para la prestación de servicios profesionales, en su calidad de trabajador social, para un cometido particular, dentro de un programa específico y temporal de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia. En cambio, en las de contraste, se trata de trabajadores contratados a honorarios que, en la práctica, desarrollaron labores propias, habituales y permanentes de los respectivos órganos públicos en que prestaron servicios, no accidentales o ajenas a ellos. En efecto, según ya se consignó, en la primera sentencia se estableció que el trabajador no desempeñó un cometido específico, sino labores habituales de la municipalidad demandada, vinculadas a la Secretaría de la Juventud; en la segunda, se asentó que el actor no desarrolló funciones específicas, porque excedían el marco del proyecto para el que fue contratado; y, en la tercera, que la demandante no fue contratada para un cometido específico, sino para las tareas permanentes y habituales que la ley encomienda a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Octavo: Que, de lo expuesto, queda de manifiesto que los fallos acompañados no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelven sobre la base de circunstancias fácticas diversas a aquéllas planteadas y establecidas en la resolución aquí impugnada, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia. Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada con fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de Arica

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 37.773-2017. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Hugo Dolmestch U., Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., y los abogados integrantes señores Antonio Barra R., y Iñigo De la Maza G. No firma el ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. 

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
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