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martes, 12 de marzo de 2019

Contrato a honorarios no se ajusta a los requisitos exigidos por la ley 18.834.

La Unión, a uno de marzo de dos mil diecinueve
VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:
PRIMEROIndividualización de las partesQue, ante este Juzgado de Letras y Trabajo de La Unión se sigue la causa RIT O-35-2018, iniciada por demanda de Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones, en procedimiento laboral de aplicación general interpuesta por don Javier Ignacio Santibañez Báez, abogado, mandatario Judicial de la actora doña LISSETTE ARIELA MENDEZ YAEGER, de profesión P., C.I. N° 15.270.482-8, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Maipú N° 251, Sector B, of. 601, Comuna de V., en contra de su ex empleador, el FISCO DE CHILE, Persona Jurídica de derecho público, representada para estos efectos por el procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, don  Natalio Vodanovic Schnake, Abogado, ambos con domicilio en calle Independencia 630, Oficina N° 301, de la ciudad de Valdivia.

SEGUNDO: Demanda. Que la actora antes individualizada interpuso demanda por nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, fundada en la presunta ocurrencia de los siguientes hechos: que comenzó a desempeñarse laboralmente en la Subsecretaría de Prevención del Delito, a partir del día 08 de Mayo de 2017, según consta en el contrato, de fecha 03 de Mayo de 2017, suscrito entre ella y el representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Sr. Subsecretario Oscar  Carrasco Carrasco; que las funciones para la cuales fue contratada su representada, de conformidad lo establecen sus contratos de trabajo fueron las de Coordinadora y Psicóloga del Centro de Apoyo a Victimas, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la Región de Los Ríos, con asiento en la ciudad de La Unión, a contar del 08 de Mayo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 y luego su contratación fue renovada en la misma función para todo el año 2018; que las principales labores de la actora  Lissette Méndez Yaeger, a la luz de sus contratos eran: Supervisar la atención en el Centro de Apoyos a Víctimas de Delitos Violentos de la ciudad de La Unión, asegurando la calidad del servicio entregado y el cumplimiento de las tareas asignadas; I. y monitorear el modelo de atención a víctimas de delitos violentos (incluidos en el catálogo) en su centro, para realizar mejoras continuas e informar potenciales desviaciones al modelo; Analizar, supervisar y controlar el registro de los ingresos y egresos al centro, para asegurar que los casos recibidos se encuentran dentro del catálogo del programa y que las altas son de acuerdo a los lineamientos del mismo; Analizar y gestionar las metas y productos del Plan GIOP de su zona, gestionando las actividades asociadas a dicho plan; Identificar las necesidades de capacitación y gestionar instancias de formación internas y/o externas de su equipo de trabajo, centrándose en el cuidado del mismo; Entregar información oportuna a la Subsecretaría de Prevención del Delito y al Programa sobre los casos atendidos y registros del Centro; Coordinar y supervisar todas las tareas administrativas del Centro, para asegurar los recursos tanto materiales como humanos, para el óptimo funcionamiento del mismo; Coordinar acciones intersectoriales, con Organismos Públicos y Privados, que permitan fortalecer el trabajo en Red; Desarrollar acciones que permitan la difusión del Programa de Apoyo a Víctimas, entre las Instituciones Públicas, Privadas y la Comunidad en general; Coordinar intervenciones en terreno, de los profesionales del CAVD u Oficina, dependiendo de las necesidades del Programa; Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en la normativa interna de esta Subsecretaría. Advierte que desde que comenzó a trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito, su representada fue contratada bajo sucesivos Contratos de Prestación de Servicios, los cuales en la realidad fueron contratos de trabajo encubiertos, según se acreditará; que durante el periodo de la relación de trabajo, la Señorita Lissette Méndez Yaeger, suscribió su primer contrato de trabajo desde el día 03 de Mayo de 2017, hasta el día 31 de Diciembre de 2017, siendo renovado su contrato para todo el año 2018, ambos contratos indicados mantuvieron vigente el vínculo laboral, y dan cuenta de asignación de funciones propias del servicio, ello hasta el despido del cual injustamente fue objeto; que, desde que fue contratada, desempeñó las labores permanentes anteriormente señaladas, sujeto a subordinación y dependencia de su empleador la Subsecretaría de Prevención del Delito, atendida las funciones ordenadas por su jefatura directa, que se expresan en el contrato mismo, y el horario bajo el cual debía permanecer bajo dependencia y subordinación, lo anterior estipulado en la cláusula “DECIMA” de su contrato, que expresa su obligación de asistencia, de 44 horas semanales y en las mismas condiciones que los funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es decir en jornadas de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs y los días viernes de 08:30 a 16;30 horas, registradas mediante sistema de control de asistencia, vía marcación con huella dactilar; que siempre gozó de los derechos laborales contemplados en todos sus contratos, siendo estos similares a los que contemplan las leyes laborales para todos los trabajadores, tales como: como feriado anual, licencias médicas, permisos pagados, entre otros, y también obligaciones, como el deber de justificar su inasistencia al lugar de trabajo y la posibilidad por parte del empleador de aplicar los correspondientes descuentos en sus remuneraciones en caso de no cumplir con aquella exigencia; que durante el periodo, que va desde el día 08 de mayo del año 2017 al día 10 de Octubre del año 2018, las labores que desempeñó su representada inclusive se fueron ampliando, pues en la práctica sumado a las labores que menciona su contrato, las que son genéricas, debió asumir importantes tareas de coordinación y apoyo con los profesionales y funcionarios vinculados al servicio y pertenecientes a otros servicios públicos; que la remuneración pactada entre su representada y su empleador, correspondía a la suma de $17.220.000.- anuales, la cual se dividía en 12 pagos mensuales de $ 1.435.000.- pesos; que el lugar de desempeño era en la oficina del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos, en la Ciudad de La Unión; que con fecha 10 de Octubre del año 2018, mediante carta dirigida a su representada por don Juan García Mc-Vicar. de la División de Administración, Finanzas y Personas de la Subsecretaria de Prevención del Delito, se le comunica el término de sus funciones, sin indicar motivos justificados y válidos que respalden debidamente aquella decisión. Afirma que la relación de trabajo desarrollada por L.M.Y. en la práctica lo fue al margen de la normativa estatutaria, que regula la relación de trabajo entre una persona natural y el estado, es decir, no ejerció cargo de planta, contrata, ni una suplencia, ni de otra denominación que pudiera estar afecta a otro estatuto especial aplicable al personal de la administración del estado; que a pesar de las características y funciones de las que ha dado cuenta, su contratación pretendió formalmente enmarcarse en lo dispuesto en el artículo N° 11 del Estatuto Administrativo (Ley.18.834), que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales o técnicos, o expertos en determinadas materias, debiendo además cumplir las siguientes exigencias, a) labores accidentales, b) que no sean las habituales de la institución y además c) para ejecutar cometidos específicos; que en el caso concreto no se cumplieron las exigencias o condiciones señaladas, pues las labores que desarrolló mi representado fueron permanentes, propias de la institución, desarrolladas por 1 año y 5 meses, prestando servicios bajo las características propias y esenciales de un contrato de trabajo, con funciones o cometidos genéricos, permanentes en el tiempo e inclusive con prestaciones propias de una relación de trabajo, gozando de licencias médicas, feriado legal (bajo rótulo de días libres, días de descanso y permisos), inclusive confiriéndosele vestuario institucional, entre otros, cuestión que se ve reafirmada por el hecho de que de forma inmediata a la desvinculación de mi representado se procede a contratar un profesional con la finalidad de desarrollar las mismas labores.
En cuanto al despido, refiere que con fecha 10 de Octubre del año 2018, su empleador se limita a la entrega de una comunicación vía carta, sin dar cuenta ni de las razones o argumentos fundados de su despido, como tampoco dio cuenta del estado del pago de las cotizaciones previsionales. Así las cosas, el ex empleador, no dio cumplimiento a la exigencia que para el caso del despido, prescribe el artículo N° 162 inciso 5° y 6°, del Código del Trabajo, en consecuencia su inobservancia habilita para pedir en favor de su representada, que se haga efectiva la denominada nulidad del despido, desplegando sus efectos. Al no expresar motivos, hechos o causas fundadas, que originen el despido, como se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia laboral, su representada quedó en la más absoluta indefensión, como así mismo torna su despido como injustificado, habilitando a solicitar a su favor su declaración e incrementos legalmente fijados, como las indemnizaciones pertinentes. La no entrega de información respecto del pago de las obligaciones previsionales se ha debido a que durante todo el periodo de trabajo, su empleador omitió el pago de las cotizaciones previsionales del fondo de salud, de pensiones y de cesantía, debiendo declararse dicha deuda y condenarse al pago de las cotizaciones respectivas, oficiando al efecto a las instituciones pertinentes, con el objeto de que sean iniciados sus cobros judiciales.
Previas citas de Derecho y Jurisprudencia, sus peticiones concretas son:
La declaración de existencia de relación laboral;
La declaración de nulidad del despido;
La declaración de despido carente de causal;
Que se condene a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones: Indemnización Sustitutiva del aviso previo (Articulo 162 inc4, del Código del Trabajo), equivalente a $1.435.000.-; Indemnización por Años de Servicios (artículo 163 inc. 2del Código del Trabajo), equivalentes a $1.435.000.-; 50% de Recargo de Indemnizaciones por años de servicios, (artículo 168 letra b), equivalente a $717.500.-.
Que de condene a la demandada al pago de cotizaciones previsionales de la actora durante todo el período trabajado.
TERCERO: Excepción de incompetencia y contestación de la demanda. Que, en tiempo y forma, la demandada dedujo en primer término excepción de incompetencia jamás existió una relación laboral, por cuanto dicha circunstancia se opone abiertamente a una relación de prestación de servicios en base a honorarios a suma alzada, entre una persona y un Órgano de la Administración Pública, que es la vinculación que se verificó en la especie entre las partes. Añade que la relación contractual entre la demandante y el organismo demandando, se ciñó expresa y taxativamente a las prescripciones de la Ley de Bases de la Administración del Estado; que en la especie la relación contractual que se verificó es la regulada en el artículo 11 del Estatuto Administrativo; que así las cosas el Tribunal es incompetente para conocer del asunto en sede laboral, conforme lo prescrito en los artículos  y 420 del Código del Trabajo. Refiere además que la existencia de una relación laboral en los términos demandados es imposible en la especie, por aplicación del principio constitucional de legalidad y por impedirlo normas presupuestarias.
Seguidamente, plantea la falta de legitimación activa y pasiva, atendida la existencia de la relación laboral, reproduciendo los argumentos ya referidos precedentemente, haciendo presente que tanto la demandante carece de legitimación activa, por no poder considerársele “trabajadora”, cómo también carece de legitimación la demandada, quien no se configura en la especie como “empleadora”, a su juicio.
Luego, controvierte expresa y formalmente los hechos de la demanda, en particular en cuanto a la existencia de relación laboral, toda vez que la demandante fue contratada para labores específicas, en el marco de la ejecución de un Programa, tal como aquélla lo afirma en su libelo, y en cuanto a la existencia de un despido y la procedencia de las indemnizaciones demandadas, pues no es efectivo que la cesación de los servicios profesionales se haya producido por “despido”, como afirma la contraria, ya que los mismos cesaron atendido lo estipulado en cada contrato de honorarios suscrito por la demandante. Asimismo controvierte la existencia de una obligación previsional y la procedencia de la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo.
Hace presente que en la especie la demanda es también improcedente pues contradice la teoría de los actos propios, aprovechándose la actora de sus propios actos.
En su petitorio solicita se haga lugar a la excepción de incompetencia o, en subsidio, se acoja la excepción de falta de legitimación y, en subsidio de lo anterior, se rechace la demanda, todo con costas.
CUARTO: Contestación a las excepciones. Que, en audiencia preparatoria, se confirió traslado al demandante para contestar las excepciones opuestas por la demandada, el que se evacuó haciendo presente que sólo después de analizada la prueba se podría determinar la competencia del Tribunal y que la determinación de la relación laboral es de competencia de los tribunales laborales.
QUINTO: Audiencia preparatoria.Que, en audiencia preparatoria el Tribunal efectuó el llamado a conciliación, la que no se produjo, y acto seguido, se fijaron los siguientes hechos a probar en la causa: a) Existencia de relación laboral entre las partes; b) Fecha de inicio y termino de la relación laboral; c) Causal de término de la relación laboral y hechos que la constituyen; d) Ultima remuneración mensual del demandante; y e) Efectividad de encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales de la actora.
SEXTO: Prueba de la parte demandante. Que, como sustento de sus alegaciones, la demandante vino en incorporar la siguiente prueba:
Documental:
Copia de Contrato de fecha 03 de Mayo de 2017.
Copia del Contrato de fecha 29 de diciembre de 2017.
Copia de la Carta de Comunicación emitida el mes de octubre del año 2018, por el Sr. Juan García Mc-Vicar.
Copia certificado de antigüedad de la Demandante emitido por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Copia del Registro de Asistencia de la Demandante, correspondiente al mes de Octubre del año 2018.
Copia del Resumen de Feriado legal de la demandante, extraído de la Plataforma de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Copia del Registro de Permisos Administrativos con Goce de Remuneración, de la demandante.
Copia de la Lista de Asistencia al Consejo Comunal de Seguridad Pública de la Comuna de Rio Bueno, de fecha 02 de Febrero del año 2018.
Testimonial:
Declaración de Denny Johanna Jaramillo Márquez , quien vertiese haberse desempeñado como abogada del Subsecretaría de Prevención del Delito y que la demandante trabajaba para dicha repartición en el Centro de Apoyo a Víctimas de La Unión; que la demandante cumplía horario de trabajo, controlado; que la demandante cumplía funciones recibiendo instrucciones a nivel central; que la demandante hizo uso de feriado legal y permiso con goce de remuneración de días administrativos y además sus funciones eran controladas diariamente por su jefatura; que el programa de apoyo a víctima de delito no puede funcionar sin una psicóloga, pues la estructura de los centros y el modelo de intervención es en equipo -coordinador, psicólogo, abogado, asistente social y personal administrativo- y la demandante era coordinadora y además psicóloga; que luego de la desvinculación de la demandante, que trabajó desde mayo de 2017 a octubre de 2018, ingresó un nuevo equipo completo que ejecuta la misma función del centro, las que son permanentes y no accidentales, controladas y que incluso van más allá del horario de trabajo.
Refiere haber trabajado en el Centro de Apoyo a Víctimas de La Unión hasta el 27 de octubre de 2018, dejando de trabajar por el término de su relación laboral de forma irregular. Señala haber trabajado con régimen de honorarios pero que aquel encubre las características del contrato de trabajo, principalmente un vínculo de subordinación y dependencia, de forma supervisada. El programa constituye un eje fundamental del programa del gobierno en materia de seguridad pública. Estima que de acuerdo a los elementos que se configuran sus funciones no son accidentales, temporales ni transitorias. Asumía estar contratada bajo contrato de trabajo y ser abogado, pero no haber reclamado de ello, aduciendo la precariedad laboral.
Señala haber demandado al fisco ante este mismo Tribunal y su juicio está en etapa de audiencia de juicio pendiente, en procedimiento ordinaria para que se reconozca relación laboral.
Aclara haber trabajado en el Centro de Apoyo a Víctimas de La Unión desde julio de 2014 a octubre de 2018, el cual ya existía como oficina en la comuna desde 2010, pero el programa tiene una génesis desde el año 2009. Refiere que el programa de apoyo a víctima se dedica a otorgar atención reparatoria a personas víctimas de delito, buscando evitar re-victimización o victimización secundaria, y los usuarios pueden ser derivados desde Fiscalía u otros Servicios o ingresar como demanda espontánea. El programa se encuentra implementado en todo el país y depende de la subsecretaría de prevención del delito e interviene a los usuarios mediante un modelo de intervención con lineamiento técnico, atendiendo víctimas de delitos graves y cuasidelitos, según un catálogo de los mismos. Señala que en la práctica los modelos de intervención eran perfeccionados en el tiempo y los funcionarios recibían capacitación, sirviendo el centro como apoyo a las víctimas y a la Fiscalía. Añade que se cumplía horario de trabajo, con obligación de registro, y le parece que en el caso de la demandante era de 8:30 a 17:30; que el registro de asistencia era obligatorio y diario, y en el caso de que alguien no registrara su asistencia se descontaba remuneración previamente notificación por el departamento de gestión de Personal, salvo casos justificados de ausencia. Indica que además se ejercía un control diario sobre la ejecución de funciones. Indica que los funcionarios tenían además el deber de acudir a los llamados de redes y de la Gobernación, se participaba de todos los Gobiernos en Terreno, y en casos de conmoción pública se debía comparecer y presentar la oferta programática a las víctimas aun cuando el hecho ocurriese en sábado o domingo.
Exhibición de Documentos :
Previa exhibición por la parte demandada, la demandante vino en incorporar Registro de Asistencia de la demandante la Srta.  Lissette Méndez Yaeger, desde el mes de mayo del año 2017 al mes de octubre del año 2018.
SÉPTIMO: Ausencia de prueba de la parte demandada. Que la parte demandada no incorporó prueba alguna como sustento de sus alegaciones.
OCTAVO: Observaciones a la prueba y conclusiones de las partes. Que, rendida que fuese toda la prueba descrita precedentemente, la demandanteargumentó que los contratos incorporados establecen derechos y obligaciones comunes al contrato de trabajo, los que ejemplifica; que la carta que da término de la relación laboral, no da cuenta de razón imputable a la demandante; que la documental da cuenta de inicio y término de funciones clara y precisa; que los registros de control de asistencia dan cuenta de la obligación de asistencia; que la lista de asistencia a Consejo de Seguridad Pública da cuenta que la demandante incluso ejercía representación del Programa ante otros estamentos. La testimonial reafirma que la demandante cumplía horario controlado e hizo uso de feriado legal y permiso con goce de remuneración. La testimonial dio cuenta de la continuidad y permanencia del Programa, incluso traspasando límites temporales de gobiernos presidenciales. La testigo además dio cuenta de la contratación de profesional posterior a la desvinculación de la demandante, lo que refrenda lo permanente de las labores ejecutadas, haciendo presente incluso que había usuarios bajo intervención que tuvieron que ser derivados a los nuevos profesionales.
Alega que la demandada no incorporó prueba alguna y el Estatuto Administrativo establece la facultad de contratar a honorarios para realizar labores accidentales, puntuales y no permanentes, pero en la especie se verificó que aquellos requisitos no se cumplen, como si se cumplen los requisitos del Contrato de Trabajo.
Por su parte la parte demandadaexpuso que la prueba de la demandante es básicamente documental. Hace presente que no existe prohibición de que en un contrato de honorarios se pacte horario, pero la relación de subordinación y dependencia es una cuestión de hecho que debe ser acreditada por testigos y la única que compareció por la demandante se encuentra afecta a contaminación, por tener litigio pendiente con el estado por la misma causal que la actora. En cuanto a las cotizaciones, no hay constancia de incumplimiento, salvo el contrato de honorarios que refiere que es obligación de la demandante. En cuanto a la nulidad del despido demandada, la jurisprudencia reciente es uniforme en cuanto a la improcedencia de dicha sanción.
NOVENO: Valoración de la prueba y hechos acreditados. Que, en la especie la única alegación en cuanto a la prueba incorporada dice relación con la presunta falta de credibilidad de la testigo de la parte demandante, quien mantendría litigio pendiente con el estado de las misas características, no formulando la demandada alegación alguna en cuanto a valoración de la prueba documental incorporada, cuya existencia y contenido no controvierte. La documental incorporada ha sido suscrita y/o emana de la propia parte demandada, ha sido legalmente incorporada en juicio y a su respecto no se han deducido en la especie objeciones documentales, de forma tal que nada orienta hacia la falsedad de los mismos, motivo por el cual se estará a su contenido para efectos del establecimiento de hechos. Ahora bien, en cuanto a la testigo de la parte demandante, es efectivo que su deposición puede presumirse “contaminada”, como refiriese la demandada, habida cuenta de que mantiene un litigio de idénticas características con el estado. Sin embargo, en el entendido que en el procedimiento laboral no existen los testigos inhábiles, cabe preguntarse si contamos con siquiera algún antecedente probatorio concreto que oriente hacia una verdad distinta de la expuesta por la testigo, y a juicio de quien suscribe ello no es así, por cuanto lo depuesto por ésta halla corroboración en la documental incorporada, que da cuenta de la existencia del cumplimiento de funciones y horarios por parte de la demandante, con obligación de registro de asistencia y descuento de honorarios en caso de incumplimiento, así como también de control de las funciones desarrolladas. Distinto sería el escenario si la demandada hubiese incorporado prueba alguna que controvierta en todo o parte lo depuesto por la testigo, pero aquello no se verificó en juicio oral, de forma tal que el Tribunal concluye que la declaración de la testigo D.J. es válida y creíble, de forma tal que se estará a sus dichos para el establecimiento de hechos.
Así, el Tribunal ha arribado a las siguientes conclusiones en lo probatorio.
Respecto de la “Existencia de relación laboral entre las partes”, aquel presupuesto fáctico de la acción intentada dice relación con si se configuran en la especie los elementos de la esencia de un contrato de trabajo, conforme lo regulado en el artículo 7° del Código del Ramo, de forma tal que este hecho a probar tiene un fuerte contenido jurídico. Lo que el Tribunal habrá de verificar entonces es si entre las partes se acordó una convención por la cual la demandante y la Subsecretaría de Prevención del Delito se obligaron recíprocamente, la primera a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación de la segunda, y ésta a pagar a aquella por estos servicios una remuneración determinada. Los contratos de honorarios incorporados dan cuenta que efectivamente la actora se obligó a prestar servicios personales y la demandada a pagar una suma de dinero como contraprestación, la cual si bien es cuidadosamente denominada “honorario” en la cláusula tercera, en la cual se pacta su monto y forma de pago mensual, es de igual forma denominada “remuneración” en la cláusula quinta, lo que orienta hacia la efectividad de que las partes lo que contrataron en la especie es un contrato de trabajo. Lo que resta determinar es si en la especie existió un vínculo de subordinación y dependencia entre las partes, cuyos presupuestos se tienen por acreditados con el mérito de la prueba documental y testimonial rendida, toda la cual dio cuenta de que en los hechos se verificaron los siguientes elementos: A) Existencia de la obligación del trabajador de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es la “jornada de trabajo” pactada en la cláusula décimo del contrato “de honorarios” incorporado, refrendada por la testimonial referida, de “44 horas semanales, debiendo cumplirla en las mismas condiciones que los Funcionarios Públicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cumplidas en las distribuidas en de lunes a viernes. Así, se verifica también que la prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena contratada, se expresó en un horario diario y semanal, que es obligatorio y continuado en el tiempo, y de ello da cuenta la testimonial, que refiere un horario laboral diario de 8:30 a 17:30 horas, y los contratos incorporados, que imponen la obligación de la actora de registrar su asistencia, ingreso y salida, mediante los medios habilitados para tal efecto (electrónico y de huella digital, conforme lo relatado por la testigo), facultándose incluso a la demandada a descontar “mensualmente las horas no trabajadas”. B) Existencia de la obligación de la demandante de asumir, dentro del marco de las actividades convenidas, la carga de trabajo diaria que se presente, sin que le sea lícito rechazar determinadas tareas o labores, y efectividad de que el trabajo se realizó según las pautas de organización y dirección impartidas por el empleador, estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y administrativa, de todo lo cual dio cuenta la testigo de la demandante, quien refirió, sin prueba alguna en contrario, que la demandante cumplía funciones recibiendo instrucciones a nivel central y además sus funciones eran controladas diariamente por su jefatura. Ello se ve refrendado por los contratos incorporados, en el que, luego de estipularse las funciones a realizar por la actora, se establece que aquella deberá, “en general, ejercer las responsabilidades que le asigne su jefatura”. C) Existencia de un lugar de trabajo, conforme la cláusula primera del contrato, cual es el CAVD LA UNIÓN. D) Existencia de derechos inherentes a la labor funcionaria, puesto que en el contrato se pactan diversos derechos de naturaleza laboral, tales como la no obligación de trabajar en las tardes de los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, en las mismas condiciones que dispone el Estatuto Administrativo; la compensación de gastos de traslado fuera de la localidad establecida en el contrato; posibilidad de participar de actividades de capacitación y perfeccionamiento; la concesión de permisos “administrativos” según lo refiriese la testigo y se estipulase en la cláusula décimo cuarta del contrato; derecho a permiso sin goce de remuneraciones en las mismas condiciones que los funcionarios públicos de la repartición; derecho a permiso en caso de fallecimiento de parientes y otros, en las mismas condiciones que los funcionarios públicos; derecho a permiso de 5 días en caso de contraer matrimonio, en las mismas condiciones que los funcionarios públicos; derecho a hora de alimentación a hijo menor de dos años; y a mayor abundamiento, derecho a 15 días hábiles de feriado legal anual, equivalentes al descanso de los funcionarios públicos, no compensables en dinero, con derecho incluso a la acumulación de feriado, feriado progresivo, uso fraccionado del feriado y aumento de 5 días para quienes laboren en zonas extremas; horas extraordinarias compensadas con descanso, en las mismas condiciones que los funcionarios públicos y en ningún caso compensables en dinero (cláusula décimo novena); posibilidad de ejercer labores de docencia, en las mismas condiciones que los funcionarios públicos (cláusula vigésima); derecho a justificar ausencias con licencias médicas y permiso pos natal (cláusula vigésimo primera); derecho a contar con elementos especiales de seguridad (cláusula vigésimo segunda). Por cierto que además se establecen en el contrato diversas obligaciones asumidas por la actora, inherentes a las de cualquier funcionario de la administración, y qué más decidor de ello que obligación de dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa (cláusula vigésimo quinta), y a las normas de seguridad de la información vigentes en la Subsecretaría (cláusula vigésimo octava), e incluso la demandante hubo de declarar en el contrato que no se encuentra afecta a las inhabilidades que establece el artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado (cláusula vigésimo sexta). En definitiva, claramente la relación entre la actora y la demandada dista mucho de una prestación de servicios a honorarios, en la que el prestador se limita a entregar el servicio pactado, sin otra obligación que el cumplimiento del mismo en la forma convenida. Así las cosas, tenemos que el contrato “de honorarios” pactado entre la demandante y la demandada contiene cada uno de los elementos del contrato de trabajo, y por más que en el mismo se evite, con mayor o menor éxito, usar denominaciones propias de un vínculo contractual de naturaleza laboral, y que incluso en el las partes declaran que la demandante únicamente tendría la calidad de “agente público”, estipulando además la inexistencia de un vínculo de subordinación o dependencia, dicha “inexistencia” aparece como meramente nominal, toda vez que en la especie todas las estipulaciones orientan hacia la existencia de aquel. La prueba en la especie habrá de valorarse en atención a los principios de irrelevancia del nomen iuris y de primacía de la realidad, y todo lo anteriormente expuesto orienta hacia la existencia de una convención por la cual la demandada, actuando naturalmente como empleador, y la actora, actuando naturalmente como trabajadora, se obligan recíprocamente, ésta a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquella a pagar por estos servicios una remuneración determinada, de forma tal que quien suscribe tiene por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes.
Luego, haciéndome cargo de las alegaciones de la demandada en cuanto a la imposibilidad de que entre las partes se haya convenido un contrato de trabajo, por aplicación del principio de legalidad dual y normas presupuestarias, me basta señalar que la experiencia de quien suscribe orienta hacia que no siempre el estado chileno y sus agentes se ciñen estrictamente a los principios y obligaciones que lo rigen, de forma tal que malamente puede estimarse que cada vez que el estado interviene en un asunto o negocio lo hace necesariamente con apego estricto a la ley. Evitaré dar ejemplos concretos de actos ilegales del estado y de sus agentes a fin de no poner a la parte demandada en una situación indecorosa, pero aquellos existen, se dan con cierta frecuencia y pueden ir desde meras faltas de prolijidad hasta actos derechamente de corrupción, siendo todo lo anterior de público conocimiento.
Ahora bien, la teoría del caso de la demandada dice relación con que la relación contractual con la actora se enmarca en lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, de forma tal que para hacerse cargo de su alegación se habrá de verificar si en la especie se dan los presupuestos contemplados en dicha norma, a saber: que la persona contratada sea un profesional, técnico de educación superior o expertos en determinadas materias; que la labor a ejecutar sea de carácter accidental y no habituales de la institución; que la contratación se materialice mediante resolución de la autoridad correspondiente. Las demás modalidades contempladas en la norma (contratación de extranjeros y contratación para cometidos específicos) no resultan aplicables en la especie. En cuanto a los presupuestos referidos precedente, no existe controversia de que la actora mantiene título profesional de psicóloga, de forma tal que la discusión se centra en los demás requisitos establecidos en la norma en comento. Al respecto, cabe hacer presente que la parte demandante no incorporó antecedente probatorio alguno como sostén de su teoría, nada que oriente hacia lo accidental y no habitual de labor a ejecutar y, por el contrario, tenemos que en juicio la testigo de la parte demandante fue clara y enfática en señalar que las labores ejecutadas por el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos son habituales y permanentes, mantenidas en el tiempo desde el año 2009 hasta la fecha, aunque en permanente evolución y por cierto que resultan inherentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuyas funciones y programas son de público conocimiento, así como también la existencia del Programa de Apoyo a Víctimas, que conforme a información pública proporcionada por la Subsecretaría citada, “está destinado a contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la vivencia de un delito, a través del contacto rápido, gratuito, y oportuno con las personas afectadas, entregando atención integral y especializada con profesionales de diversas áreas: abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, y médicos psiquiatras”. Ahora bien, la demandada alega que la actora fue contratada por un programa y por tanto, no existe permanencia, pero lo que se verificó en la especie con la prueba incorporada es todo lo contrario, quedando de manifiesto que las funciones realizadas por aquel son de carácter permanente y habitual, no circunscrito a una época determinada ni relativo a funciones ajenas al Servicio.
En cuanto a la “Fecha de inicio y termino de la relación laboral”, es un hecho pacífico entre las partes, y por cierto que fue acreditado con la prueba incorporada, principalmente el primer convenio “de honorarios” del año 2017 y la resolución que poner término anticipado al mismo, que la relación -laboral, como se ha concluido- existente entre las partes principió con fecha 8 de mayo de 2017 y terminó con fecha 3 de octubre de 2018.
En cuanto a la “Causal de término de la relación laboral y hechos que la constituyen”, habida cuenta que la demandada ha fundado su teoría del caso en la inexistencia de la relación laboral, deviene de ello que en la especie la relación laboral no se terminó en la forma prevista en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo, sino únicamente mediante la dictación de un acto administrativo (referido en el apartado precedente) de fecha 3 de octubre de 2018 que puso término anticipado al convenio “de honorarios” que en mera apariencia regía a las partes, de forma tal que se tiene por acreditado que en la especie no se invocó causa legal de terminación de contrato de trabajo, por lo que malamente pudo esta fundarse en hecho alguno.
En cuanto a la “U. remuneración mensual del demandante”, no existe controversia entre las partes, y así fue acreditado con los respectivos convenios “de honorarios”, (cláusula tercera del convenio correspondiente al año 2018) que por su trabajo la demandante percibió una remuneración mensual fija de $1.435.000.-.
Finalmente, en cuanto a la Efectividad de encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales de la actora”, pasa lo mismo que con la causal de término, pues, habida cuenta que la demandada ha fundado su teoría del caso en la inexistencia de la relación laboral, deviene de ello que en la especie no asumió durante el desarrollo de la misma la obligación de declarar y enterar las cotizaciones previsionales de la actora durante todo el período trabajado, cuestión que es un hecho pacífico de la causa.
DÉCIMO: En cuanto a las excepciones de incompetencia absoluta y falta de legitimación. Que, para la resolución de la excepción en comento cabe tener presente, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo, que establece: “Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.”
Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.
Asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que prevé: “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.
La premisa general que dispone el Código del Trabajo dice relación con la aplicación del mismo a todas las vinculaciones de orden laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiendo por laboral, en general, a aquellas que reúnan las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código citado, es decir, aquella relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha prestación, siendo la existencia de la subordinación y dependencia el elemento esencial y mayormente determinante y caracterizador de una relación de este tipo.
Luego, en el reproducido artículo 1° del Código del Trabajo, se consignan, además de la ya referida premisa general, una excepción y una contraexcepción. La excepción a la aplicación del Código del Trabajo la constituyen los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, pero esta situación excepcional tiene cabida únicamente en el evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Por su parte, la contraexcepción se formula abarcando a todos los trabajadores de las entidades señaladas, a quienes se vuelve a la regencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado que no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, aun contando con dicho estatuto, si éste no regula el aspecto o materia de que se trate; en este último caso, en el evento que no se oponga a su marco jurídico.
Que, por consiguiente, si se trata de una persona natural que no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa normativa establece -planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, inconcuso resulta que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo o del Código Civil, conclusión que deriva de que en el caso se invoca el artículo 11 de la Ley N° 18.834, norma que, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones ahí contempladas, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo, en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones -prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, según ya se dijo-, no sólo porque la vigencia del Código del Trabajo constituye la regla general en el campo de las relaciones laborales, sino porque no es dable admitir la informalidad laboral y suponer que por tratarse de un órgano del Estado, que debe someterse al principio de la juridicidad, recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para propiciar dicha precariedad e informalidad laboral, la que por lo demás se encuentra proscrita en un Estado de Derecho.
En consecuencia, la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 11 de la Ley N° 18.834, está dada por la vigencia de dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Subsecretaría Ministerial, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo.
Así corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 11 de la Ley N° 18.834, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente, presupuestos regulados en el artículo 7° del Código del Trabajo, los que se dan en la especie, conforme se razonase en el numeral 1° del motivo Noveno.
Dirimiendo entonces la controversia jurídica, tenemos que, tal como se ha tenido por acreditado en el motivo noveno, existió una vinculación contractual entre las partes de la presente causa, una persona natural y una Subsecretaría Ministerial, en los términos prescritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, esto es, “una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”, relación que no se ajusta al marco legal regulado en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, que posibilita la contratación, a base de honorarios, a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, cuestión que en la especie no ocurre, toda vez que tal como se razonó y concluyó, la labor ejecutada por la actora no tenía carácter accidental, sino permanente, durante todo el período que existencia del Programa de Apoyo a Víctimas, esto es, desde el año 2009 hasta la fecha, siendo además habitual dicha función en la subsecretaría respectiva, al punto que no se discutió que luego de su desvinculación se contrató a otra persona para que continuase ejecutando la misma labor.
En base a lo expuesto, se rechazará la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada.
Finalmente, y de manera muy breve, cabe indicar que la excepción de falta de legitimación opuesta por la parte demandada se sustenta en la presunta (y a estas alturas sólo aparente) inexistencia de relación laboral entre las partes, más habiéndose establecido la existencia de la misma, deviene de ello el necesario rechazo de la excepción.
DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al despido.Que, de acuerdo a los hechos que se han tenido por establecidos, y habiéndose emitido pronunciamiento respecto de la existencia de una relación laboral, determinándola, corresponde resolver acerca del despido reclamado por el demandante, para lo cual es menester hacer presente que la demandada desconoce el despido, aislándose en el carácter civil de la relación laboral de forma tal que el término de la relación laboral se produjo sin sujeción a las formalidades legales de una relación regida por el Código del Trabajo, y sin invocación de causa legal de dicho ramo.
Luego, encontrándose establecida la existencia de una relación laboral, la época y forma de conclusión de la misma y no cumpliendo aquella con las formalidades, requeridas por el artículo 162 del Código del Trabajo, se tiene que el despido que fue objeto la demandante se tendrá por injustificado, por lo que se hará lugar a las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por 1 años de servicios, así como el recargo de esta última en un 50% conforme lo dispone el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, teniendo como base de remuneración para su cálculo la suma no controvertida de $1.435.000.-.
DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a las cotizaciones de seguridad social y nulidad del despido. Que en cuanto a las cotizaciones de seguridad social no pagadas y la nulidad del despido, habrá de estarse a lo resuelto por nuestro más alto tribunal, a saber: “Que por consiguiente, la figura que contempla el artículo 162 del Estatuto Laboral debe ser aplicada en el caso de autos, toda vez que se cumple cabalmente con la situación de hecho que la hace surgir, a saber, que se adeudan cotizaciones previsionales y de salud al término de la relación laboral, unido a la circunstancia que la sentencia que califica de laboral el vínculo que une a las partes no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, pues solo constata una situación preexistente, de la cual surge la obligación de enterar las referidas cotizaciones desde su inicio” (Rol 35.232-2016 Excma. Corte Suprema, sobre Recurso de Unificación de Jurisprudencia).
De tal modo se ordenará el pago de las cotizaciones adeudadas por todo el período de duración de la relación laboral, esto es desde el 8 de mayo de 2017 al 3 de octubre de 2018.
Luego, se declarará, asimismo, la nulidad del despido, de conformidad a lo establecido en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, por lo que se condenará a la demandada al pago de remuneraciones íntegras, esto es, con sus correspondientes cotizaciones previsionales, de salud y cesantía (las que se deberán descontar y enterar en AFP, Institución de Salud y AFC que corresponda a la actora), desde la fecha del despido (3 de octubre de 2018) hasta la convalidación, que se producirá en la fecha que se notifique el íntegro de las cotizaciones de seguridad social, sobre la base de una remuneración mensual de $1.435.000.-.
DÉCIMO TERCERO: Que, habiendo resultado totalmente vencida la parte demandada, será ésta condenada al pago de las costas de la causa.
Y visto además, lo dispuesto en los artículos 12578963160162168173420y siguientes, 446 y siguientes del Código del Trabajo y artículos  y 11 de la Ley 18.834RESUELVO:
Que SE RECHAZAN la excepciones de incompetencia y falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la demandada; y
Que SE ACOGE, la demanda de despido injustificado y nulidad del despido interpuesta en autos por doña LISSETTE ARIELA MENDEZ YAEGER, en contra de su ex empleador, el FISCO DE CHILE, ambos ya individualizados, y en consecuencia se declara, que en virtud de la relación de carácter laboral existente entre las partes desde el 8 de mayo de 2017 al 3 de octubre de 2018, el despido de la actora fue injustificado y además nulo, no produciéndose el efecto de poner término al contrato de trabajo y, en consecuencia, la demandada deberá pagar a la actora lo siguiente:
$1.435.000.- (un millón cuatrocientos treintaicinco mil pesos) por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;
$1.435.000.- (un millón cuatrocientos treintaicinco mil pesos) por concepto de indemnización de 1 año de servicio;
$717.500.- (setecientos diecisiete mil quinientos pesos) por concepto de aumento legal de 50% sobre indemnización por años de servicio;
Cotizaciones en AFP e Institución de Salud Previsional que corresponde a la actora y AFC Chile, desde el 8 de mayo de 2017 al 3 de octubre de 2018, sobre la base de una remuneración mensual de $1.435.000.-;
Remuneraciones íntegras, esto es, con sus correspondientes cotizaciones previsionales, de salud y cesantía (las que se deberán descontar y enterar en las entidades previsionales respectivas), desde la fecha del despido, 3 de octubre de 2018, hasta la convalidación del mismo, sobre la base de una remuneración mensual de $1.435.000.-; y
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo, las sumas anteriormente señaladas deberán ser pagadas debidamente reajustadas, en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago, esto es octubre de 2018, y el precedente a aquel en que efectivamente se realice, suma que, reajustada en la forma señalada, devengará el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.
Que, se condena a la demandada al pago de las costas de la causa.
Ejecutoriado que se encuentre el presente fallo, certifíquese dicha circunstancia por Ministro de Fe del tribunal y, en caso de que no se acredite su cumplimiento dentro del término de cinco días, pasen los antecedentes a unidad de cumplimiento ejecutivo.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Las partes se entienden notificadas de la presente sentencia en el acto de su comunicación, conforme lo prescrito en el artículo 457 inciso segundo del Código del Trabajo.
RIT: O-35-2018
RUC: 18- 4-0154997-4
Dictada por don Felipe Andrés Muñoz Hermosilla, Juez Interino del Juzgado de Letras de La Unión.
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