Acción constitucional extraordinaria. Causa de lato conocimiento.

Puerto Montt, veinticinco de agosto de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 55 comparece don David Alfonso Sánchez Guarda, abogado del Programa de Defensa Jurídica de Conadi, domiciliado en calle Manuel Antonio Matta Nº 430, Osorno, en representación de doña Marisol de la Cruz Coñuecar Cumin, dueña de casa, domiciliada en Colonia Alerce, Parcela Nº 8 A, Kilómetro 13, comuna de Puerto Montt, e interpone recurso de protección en contra de don Rodrigo Antonio Mella Pérez, en su calidad de Juez Subrogante del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, domiciliado para estos efectos en Avenida Egaña 1141-A, cuarto piso, y de doña Herminia Karina Cabrera Maldonado, domiciliada en calle Guillermo Hollstein Nº 754, Osorno.

Se rechaza nulidad laboral. Juez ponderó hechos para verificar si ius variandi se aplicó correctamente.

PUERTO MONTT, veintiuno de agosto de dos mil quince

VISTOS:

Que se ha recurrido de nulidad en contra de contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de Junio de 2015,  recaída en la causa ROL ó RIT I-12-2015 y RUC N ° 1540008360-3, Transporte de Combustibles Chile Ltda con Inspección Provincial  del Trabajo de Puerto Montt.

Aplicación supletoria del Código del Trabajo en protección a la maternidad. Estatuto docente.

Puerto Montt, veintiuno de agosto de dos mil quince.

VISTOS:

En antecedentes  RUC 1540017548-6, RIT M-2-2015 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Muermos, materia “Otras indemnizaciones “, comparece don Carlos Alfonso Labarca Quiroz, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad De Los Muermos, en los autos caratulados “Velásquez Soffia María con Ilustre Municipalidad de Los Muermos”, e interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 24 de junio de 2015, notificada personalmente a las partes en la audiencia de igual fecha, con la finalidad  de que la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, conociendo del recurso, lo acoja e invalide la sentencia definitiva en todas sus partes, dictando sentencia de reemplazo que declare que se rechaza la demanda de nulidad del despido por infracción al fuero maternal y cobro de prestaciones laborales que se dedujo en contra de su mandante, por doña Maria Carolina Velásquez Soffia.

Daño moral por riesgo de aparecer en Boletín Comercial de manera injustificada.

Puerto Montt, treinta y uno de agosto de dos mil quince.

Vistos:

Resolviendo la objeción de documentos deducida por la demandante a fojas 489:

Primero: Que a fojas 480, la parte demandada y recurrente en estos autos, acompaña en esta instancia, copia de una carta de fecha 06 de enero de 2012, enviada por el banco a la demandante.

Accion de precario. Corte de Apelaciones revoca y acoge demanda, estimando que títulos esgrimidos por demandado son insuficientes.

Puerto Montt, treinta y uno de agosto de dos mil quince.

VISTOS: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos séptimo y octavo que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR ADEMÁS, PRESENTE: 

        Primero: Que a fojas 1 y siguientes    doña Alba Sonia Cárcamo Zurita, por sí y en representación de doña María Angélica Cárcamo Zurita, de doña Enedina Patricia Schafer; y de doña Ana María Enedina Schafer Zurita, demandaron de precario a doña Brígida Saturnina Salazar Barriga, argumentando que son dueñas en comunidad y por partes iguales de una propiedad ubicada en la ciudad de Puerto Montt, comuna del mismo nombre, calle Huasco esquina Alpatacal y que deslinda en especial: Norte, calle Huasco; Sur, Sitio de don Pedro Moreno; Este, Propiedad de don Pablo Ruíz; y Oeste, Calle Alpatacal. El título de dominio de este inmueble se encuentra inscrito a fojas 3228 vta. Nº4492 y a fojas 3604 Nº4990 ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2013.

Excepción de inoponibilidad de sentencia en causa infraccional en juzgado de policía local

Puerto Montt, treinta y uno de agosto de dos mil quince

VISTOS

Primero: Que el abogado Cristian Yáñez Rojas, por la parte demandante, dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución de fecha 19 de marzo del año en curso, en la parte que hizo lugar a la oposición al cumplimiento, acogiendo el sentenciador de la instancia una excepción de inoponibilidad de la sentencia definitiva deducida por Transportes Antares Limitada, sosteniendo el recurrente que el juez a quo interpretó erróneamente los antecedentes de la causa, alegando además que dicha incidencia es extemporánea, pues en virtud del conocimiento que hizo de la presente causa ésta Corte, en causas rol 6-2012 y 109-2014 se validó todo lo obrado en primera instancia.

Acción de precario. I. Requisitos de la acción de precario. Aplicación del procedimiento sumario a la acción de precario. II. Adquisición de la posesión regular de un inmueble inscrito cuando se alega un título traslaticio de dominio requiere inscripción. Prueba de la posesión de los derechos inscritos mediante la inscripción.

Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

En estos autos N° C-715-2013, rol del Segundo Juzgado de Letras de Vallenar,  sobre juicio sumario de precario, caratulados “Ilustre Municipalidad de Vallenar con Transportes Requena Ltda.”, doña Pamela Pérez Cavieres, abogada, encomendada por la corporación edilicia, demandó a  la empresa mencionada, representada por don Francisco Requena Núñez, asilada en su dominio sobre el inmueble ubicado en la ribera norte del Río Huasco, calle Costanera N° 2.200, inscrita a fojas 1.212, N° 1.028, del Registro del Conservador de Bienes Raíces de Vallenar del año 2008, que compone el lote N° 2, con una superficie total de 8.312 metros cuadrados, que fue tomada por la sociedad por mera tolerancia suya y solicita se la condene a restituir dicha heredad. 

Querella de amparo. I. Causal de casación en la forma de haber sido pronunciada la sentencia por juez cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada, rechazada. Perjudicado por la falta de imparcialidad que no alega la recusación dentro de plazo. Renuncia de la causal de recusación. II. Requisitos de procedencia de la querella de amparo. Ejecución de actos precisos y determinados de turbación o molestia en la posesión.

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En autos número de rol 9348-2012, caratulados “Universidad de Concepción con Inmobiliaria TV S.A.”, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, por sentencia de uno de julio de dos mil trece, escrita a fojas 203 y siguientes, se acogió la querella de amparo solo en cuanto se ordenó que la querellada deberá abstenerse de ejecutar actos de molestia, perturbación y embarazo a la posesión de la querellante en el deslinde común, y de ingresar al predio materia del juicio. Atendido lo resuelto no se emitió pronunciamiento respecto de la querella subsidiaria de restitución.

Cobro ejecutivo de patente municipal. I. Causal de casación en la forma de incumplimiento de los requisitos de la sentencia, acogida. Incumplimiento del requisito de la sentencia de contener las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. II. Domicilio de la persona jurídica está en el lugar donde tiene su asiento. Insuficiencia probatoria para acreditar el cambio de domicilio. Notificación personal subsidiaria que no ha sido objetada. Excepción de incompetencia, rechazada.

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

    VISTOS:

En estos autos N° 3.632-2012, rol del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, caratulados “Ilustre Municipalidad de Valparaíso con Inversiones SR Limitada”, juicio ejecutivo de obligación de dar, el ayuntamiento demandó el pago de la contribución de patente municipal que adeuda dicha compañía desde el segundo semestre de 2009 hasta el primero de 2012, por la cantidad total de trece millones setecientos noventa y un mil ciento sesenta y seis pesos ($ 13.791.166.-), asilada en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, en cuya virtud el Secretario Municipal subrogante de la corporación edilicia extendió el certificado de deuda N° 144, de 26 de marzo de 2012, donde  consta la mencionada carga morosa por concepto de patente municipal. Explica que la ejecutada es una sociedad inmobiliaria y de inversiones que desarrolla labores lucrativas terciarias y que la obligación sobre la cual descansa su acción es líquida, actualmente exigible y no se halla prescrita. 

Declaración de interdicción. Concepto de tercero coadyuvante. Situación procesal del tercero coadyuvante está determinada por la conducta del litigante principal. Improcedencia de admitir la comparecencia de tercero coadyuvante en un procedimiento voluntario cuando sus pretensiones son contradictorias y excluyentes con las del solicitante. Efecto extensivo de los actos procesales.

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

A fojas 213 a 217, téngase presente.

Visto:

Por sentencia de primera instancia de treinta de septiembre de dos mil trece, escrita a fojas 94 y siguientes, se acogió lo solicitado por doña Ana Cortés Benítez, y consecuencialmente, se declaró la interdicción definitiva de don Manuel Maximiliano Cortés Piñones, y se nombró a la peticionaria y a don Manuel María Cortés Callejas curadores generales, legítimos y definitivos, relevándolos de la obligación de rendir fianza y de reducir a escritura pública, ordenándoles confeccionar inventario solemne de los bienes del pupilo.

Reclamo de ilegalidad municipal. Plazo para la designación del juez de policía local por parte de la municipalidad. Prestación de juramento inmediato cuando la municipalidad no designa al juez dentro de plazo. Juramento y aceptación del cargo no requiere verificarse en la misma oportunidad que la designación.

Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil quince. 

VISTOS:

En estos autos rol N° 4532-2015, sobre reclamación de ilegalidad interpuesta por Mario Fernández Giordano en contra del Decreto Alcaldicio N° 1/868 de la Municipalidad de Vitacura, de 6 de marzo de 2014, en cuya virtud se designó a don César Patricio Ampuero Cortés como Juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Vitacura, el actor ha deducido recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la acción intentada.

Nulidad de derecho público. I. Nulidad de derecho público, concepto, finalidad y casos en que procede. Principio de conservación. II. Clases de acciones contencioso administrativas. Acciones destinadas a obtener un derecho a favor de un particular. Aplicación de las normas de prescripción del Código Civil a las acciones declarativas de derechos de contenido patrimonial.

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos N° 8659-2015 se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por las demandantes en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la de primer grado que acogió la excepción de prescripción opuesta por el Fisco y, en consecuencia, rechazó las acciones de nulidad de derecho público, de acrecimiento de la pensión de retiro y de indemnización de perjuicios intentadas por Myriam Graciela del Carmen Klein González y por María Cecilia Solorza Araneda en contra del Fisco de Chile.

Cuidado personal compartido. Únicamente los progenitores pueden establecer el cuidado personal compartido. Improcedencia que el juez establezca el cuidado personal compartido. Padres que no son aptos para llevar exitosamente adelante el cuidado personal compartido. Cuidado personal compartido y corresponsabilidad no son conceptos sinónimos.

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En autos RIT C-314-2014, RUC 14-2-0170716-2, caratulados “Zúñiga con Saez”, seguidos ante el Tribunal de Familia de Coyhaique, don Alfredo Mauricio Zúñiga Fuenzalida, dedujo demanda de cuidado personal compartido de su hijo Lorenzo Antonio Zúñiga Sáez en contra de doña Kesna Soledad Sáez Pantanelli.

Responsabilidad del Estado.Indemnización de perjuicios, acogida. I. Causal de casación en la forma de omisión de un trámite esencial, rechazada. Cumplimiento del trámite esencial de emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley. Calidad de autogestionado del hospital adquirida con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. Legitimación pasiva del Servicio de Salud. II. Responsabilidad de los Servicios de Salud por falta de servicio. Atención tardía brindada a un paciente

Santiago, catorce de diciembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol N° 11.079-2015 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la forma y en el fondo que ha deducido el demandado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, revocando el fallo de primer grado, acoge la demanda, condenando al Servicio de Salud de Reloncaví al pago de una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, sin costas. 

Despido injustificado.I. Imputación a la indemnización por años de servicio del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía tratándose de la causal de necesidades de la empresa. Improcedencia de efectuar la imputación cuando el despido por la causal de necesidades de la empresa ha sido declarado injustificado. II. Carga de la prueba no se traslada al empleador por la sola alegación del denunciante de existir una lesión de derechos fundamentales. Proximidad temporal entre el despido y el intento de incorporación a sindicato no constituye indicio en los términos del artículo 493 del Código del Trabajo

Valparaíso,  catorce de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En autos RIT T-104-2015, RUC 1540021788-k del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, don Jean Marcelo León Ramos, trabajador portuario, con domicilio para estos efectos en Avenida Libertad 63, Oficina 402, Viña del Mar interpone denuncia por práctica antisindical y vulneración de derechos fundamentales, en procedimiento de tutela laboral y cobro de prestaciones laborales, en subsidio acciona por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, en contra de su ex - empleadora, ZEAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., empresa de giro concesiones portuarias y extra portuarias, con domicilio en Camino La Pólvora S/N°, kilómetro 12.7, comuna de Valparaíso, representada legalmente por don Enrique Morales Morales, gerente general, del mismo domicilio de su representada.

Reclamación de monto de indemnización por expropiación.Indemnización corresponde al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación. Daño indemnizable está referido a aquel esencialmente patrimonial. Prueba necesaria para acoger el reclamo debe convencer al tribunal de la insuficiencia de la indemnización provisional

Santiago, catorce de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol N° 7.193-2015 sobre reclamo del monto de indemnización provisional por expropiación fijado por la comisión tasadora de acuerdo al procedimiento reglado por los artículos 12 y siguientes del Decreto Ley N°2.186, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, por sentencia de veintinueve de enero de dos mil catorce, escrita a fojas 784 se acogieron los reclamos deducidos por Enrique Suazo Obreque, estableciéndose como indemnización definitiva la cantidad de $97.638.900 por la expropiación parcial de un inmueble ubicado en la comuna de Los Alamos.

Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Improcedencia que el Director Regional de la Superintendencia de Educación formule directamente cargos al establecimiento educacional. Corresponde al fiscal formular cargos. Respeto del principio de no formalización. Vicio de procedimiento que afecta la validez del acto administrativo

Santiago, catorce de diciembre de dos mil quince.

  Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero a séptimo, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana al emitir la Resolución Exenta N° 2013/PA/13/1305 de 25 de marzo de 2013, no se ajustó al procedimiento reglado en la Ley N° 20.529, desde que junto con instruir un procedimiento sancionador y designar un fiscal instructor, formuló directamente los cargos, en circunstancias que es función del fiscal instructor o investigador la formulación de cargos administrativos en los procesos sancionadores por infracciones a la normativa educacional. 

Reclamación de multa administrativa.SEREMI de Salud forma parte de la Administración centralizada y carece de bienes y personalidad jurídica propia. Excepción de falta de legitimación pasiva, acogida. Reclamación de multa administrativa del Código Sanitario constituye un procedimiento judicial. Reclamación debe ajustarse a las normas generales del Código de Procedimiento Civil

Santiago, catorce de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol Nº10.164-2.015, juicio sumario sobre reclamación del artículo 171 del Código Sanitario, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. deduce reclamo en contra de la  Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío Bío, en razón de la multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales que le fuere impuesta por la Resolución Exenta N°11.183 de fecha 14 de septiembre del año 2009, pidiendo que ésta sea dejada sin efecto.

Responsabilidad del Estado.Indemnización de perjuicios, acogida. Reducción de la indemnización por exposición imprudente de la víctima al daño. Consideración de la relación de causalidad y de la previsibilidad del daño para la víctima. Aplicación de la teoría de la imputabilidad objetiva. Improcedencia de aplicar la regla del artículo 2330 del Código Civil cuando la única causa del daño es el hecho del demandado. Inexistencia de relación de causalidad entre la conducta de la víctima y el daño

Santiago, quince de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol N° 3294-2015 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, éste deduce recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, lo condenó a pagar por concepto de daño moral las sumas de $80.000.000 a la madre de Matías Catrileo Quezada y $50.000.000 a la hermana de este último, quien falleciera el 3 de agosto de 2008 por impacto de bala disparada por un carabinero, descartando la alegación fiscal de haber existido exposición imprudente al riesgo por parte de la víctima fallecida.

Infracción a la Ley Nº 19.496.Concepto de cobro de mantención o administración por el uso de tarjeta de crédito. Cobro de comisión de administración variable conlleva el cobro de interés por sobre el máximo convencional. Cobro de intereses por sobre el interés máximo convencional

Santiago, once de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

Y se tiene en su lugar y además presente: 

     PRIMERO: Que se alzó en apelación la denunciante en contra del fallo de primer grado  que rechazó su denuncia al no haberse acreditado en el proceso que, efectivamente, su acción habría sido motivada porque estaban comprometidos los intereses generales de los consumidores.

Despido indirecto.Nulidad de despido requiere una declaración previa de despido. Procedencia de la sanción de nulidad de despido en caso de despido indirecto. Incumplimiento de la obligación del empleador de enterar las cotizaciones previsionales configura la causal de despido de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. No pago de cotizaciones previsionales atenta contra el contrato de trabajo y provoca una merma importante en el trabajador. No pago de cotizaciones previsionales disminuye el fondo de pensiones del trabajador y lo priva de acceso al sistema de salud

Santiago, once de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

De conformidad con las reglas del procedimiento de aplicación general, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se sustanció la causa RIT O-2969-2015 caratulada “Jiménez con Publicidad José Pablo Céspedes Veloso E.I.R.L.” sobre despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Solicitud de desafuero laboral.I. Gravedad requiere de conductas de relevancia cuyas consecuencias sean serias. II. Libertad sindical involucra el derecho a su ejercicio y supone la protección de los representantes sindicales en su actuación como tales. Conductas enmarcadas en la actuación como dirigente sindical al informar, publicitar y luego participar en la huelga no revisten la gravedad necesaria para poner término a la relación laboral

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

De conformidad con las reglas del procedimiento de aplicación general, ante el Primer Juzgado de Letras de esta ciudad se sustanció esta causa RIT O-5234-2014 caratulada “Banco Scotiabank Chile con Madrid” sobre desafuero sindical.

Por sentencia de cinco de mayo del año en curso, la juez del grado acogió la demanda, autorizando a la parte demandante para poner término al contrato de trabajo del demandado por las causales del artículo 160 N°1 letra c) y N°7 del Código del Trabajo.

Responsabilidad del Estado.Indemnización de perjuicios, rechazada. Inexistencia de norma que consagre la imprescriptibilidad de la Responsabilidad del Estado. Aplicación de las normas de prescripción del Código Civil. Plazo de prescripción de cuatro años de la responsabilidad extracontractual. Cómputo del plazo de prescripción desde la producción del daño. Excepción de prescripción, acogida

Santiago, siete de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En este juicio ordinario, Rol Nº 12.979-2012, seguido ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, doña Ruby Viscay, demanda responsabilidad extracontractual del Estado. Funda su acción en que su hijo Felipe Ramírez recibía tratamiento en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar desde el año 2004, cuando tenía la edad de 15 años, por cuanto  padecía trastornos del ánimo con episodios psicóticos. El tratamiento se realizaba en este recinto porque su padre se encontraba bajo el sistema previsional CAPREDENA, siendo  diagnosticado con “Depresión en grado moderada-severa”, requiriendo de apoyo farmacológico y psicológico de forma permanente. Con el paso del tiempo, se fueron incorporando  más  medicamentos y aumentando sus dosis para apoyar el trastorno psicológico que padecía. Explica que a contar del año 2008, al haber cumplido 18 años, comienza a ser tratado por un psiquiatra para adultos, a quien se le solicitó un informe para que el paciente obtuviera el beneficio DUPLO, que tiene como objetivo mantener en el sistema previsional a un hijo que es carga, cuando éste tiene 18 años y sigue estudios superiores, condición que su hijo no cumplía, pero que tiene excepciones como la invalidez física o mental debidamente tratada, la que debe ser certificada por el médico tratante.

Despido injustificado.Contrato de honorarios con una municipalidad. Prestación de servicios bajo régimen de subordinación y dependencia. Existencia de una relación laboral. Improcedencia de aplicar el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Excepción de incompetencia, rechazada

San Miguel, cuatro de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

En estos antecedentes RUC 1540031707-8, RIT M-258-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, por sentencia definitiva de fecha seis de octubre del presente año, dictada por doña Patricia Agüero Gaete, se acogió la demanda interpuesta por José Reinaldo Muñoz Alegría en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín,  declarando que el demandante prestó servicios bajo subordinación y dependencia desde el 7 de octubre de 2014 y hasta el 5 de mayo de 2015, que el despido del actor es injustificado y en consecuencia condena a la demandada al pago de las prestaciones que señala, con reajustes e intereses y costas de la causa, reguladas en $100.000.

Cobro de pesos. Improcedencia de dar a los pagarés dos acciones ejecutivas, una especial regida por la ley pertinente y otra la común regida por la legislación procesal civil

Santiago, tres de diciembre de dos mil quince.

Vistos: 

Ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, en autos rol C-27265-2012, el abogado don Rodrigo Andrés Núñez Arenas, en representación de la Universidad Central de Chile interpone demanda de cobro de pesos en juicio sumario en contra de don Raimundo Francisco Jaramillo Rodríguez por la suma $ 4.113.076.-, más intereses pactados, desde el día del vencimiento, con costas.

Reclamación tributaria.Determinación del plazo de prescripción de la facultad fiscalizadora del SII. Carga de la prueba de acreditar la malicia recae sobre el SII. Silencio o inactividad del contribuyente respecto de la malicia que le atribuye el SII no puede perjudicarlo

Santiago, siete de diciembre de dos mil quince.

Vistos: 

En los autos Rit GR-17-00077-2013, del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano, Rol 29689-2014 de esta Corte Suprema, sobre reclamo de liquidaciones, el Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de diecisiete de octubre de dos mil catorce, escrita a fojas 130, que confirmó el fallo de primera instancia, por el que se acogió parcialmente el reclamo deducido por el contribuyente Segundo Fuentealba Gómez, declarándose prescritos los cobros contenidos en las liquidaciones Nros. 633/17500 a 637/17504, de 28 de agosto de 2013.

Cobro de prestaciones laborales.Principio de primacía de realidad y concepto de empresa. Circunstancias fácticas que acrediten que un grupo de empresas están ordenadas bajo una misma dirección o hacia la consecución de objetivos comunes, permiten estimar a estas como una misma persona o un solo empleador. Realidad que se contrapone a lo que develan las estructuras institucionales formales. Unificación de jurisprudencia en el sentido de que cuando dos o más empresas o personas jurídicas conforman una unidad económica, cada una de ellas debe responder hasta la concurrencia del total de las obligaciones, en forma indistinta

Santiago, tres de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

         En estos autos RIT O-4654-2013, RUC 1340042889-6, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “Daroch con Baldosa Atrio Ltda.”, por sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, se hizo lugar a la demanda de cobro de prestaciones deducida por don Álvaro Rodrigo Daroch Zagredo en contra de Baldosas Atrio Limitada y Constructora Pehuenche Limitada, ambas representadas en forma indistinta por don Rafael Baccelliere Moles y don Carlos Zeppelin Hermosilla, en cuanto declaró que ambas empresas constituyen una unidad económica y, en consecuencia, se las condenó a pagar en forma simplemente conjunta determinadas prestaciones, reconocidas al demandante en la carta de despido, con los reajustes e intereses a que se refieren los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

Cobro de honorarios.Limitación para demandar la nulidad absoluta respecto de quien sabía o debía saber el vicio que invalidaba el acto o contrato. Municipalidad no puede aprovecharse de la omisión de los requisitos legales necesarios para la contratación del demandante. Teoría de los Actos Propios, concepto y requisitos. Actuación de la municipalidad debe sujetarse a la Constitución, a las leyes y a las normas de orden civil, entre ellas, la proscripción del enriquecimiento sin causa

Santiago, treinta de noviembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en este juicio sumario Rol Nº 10.666-2.015, caratulado “Salas Arriagada, Sergio con Ilustre Municipalidad de Pica” se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que, confirmando el fallo de primera instancia, acogió la demanda sólo en cuanto condenó a la demandada a pagar al actor la cantidad de $3.000.000 (tres millones de pesos) por concepto de honorarios correspondientes a los meses de septiembre a noviembre del año 2012, más el valor proporcional correspondiente a cuatro días del mes de diciembre del mismo año, además de $156.168.430 (ciento cincuenta y seis millones, ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos) también por concepto de honorarios, con reajustes e intereses, sin costas.

Acción de tutela laboral.Funcionario a contrata está sometido al Estatuto Administrativo. Procedimiento de tutela laboral está previsto respecto de los trabajadores, no de los funcionarios a contrata. Incompetencia del juzgado del trabajo para conocer la acción de tutela laboral de un funcionario a contrata. Excepción de incompetencia, acogida

Santiago, treinta de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos RUC N° 1440029213-3 y RIT T-430-2014, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, doña Claudia Andrea Villalobos Pino dedujo demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra del Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, representado por la procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado doña Irma Soto Rodríguez, a fin que se declare que el despido es discriminatorio y vulneratorio de su derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, y, en caso de acogerse el despido discriminatorio se califique además de grave; se condene al pago de la indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo en su máximo de once remuneraciones, y como medidas reparatorias adicionales se condene al pago de las remuneraciones y bonos por concepto de desempeño institucional que le habrían correspondido hasta el término de la contrata, más reajustes e intereses, con costas. 

Reclamo de ilegalidad municipal.I. Vías de impugnación de los actos del Director de Obras Municipales. Vía administrativa ante el SEREMI de Vivienda y Urbanismo y vía jurisdiccional, previa etapa administrativa ante el Alcalde. Procedencia de impugnar los actos del Director de Obras Municipales simultáneamente por la vía administrativa y por la vía jurisdiccional. II. Alcance de la expresión "ilegalidad" en el reclamo de ilegalidad municipal. Concepto amplio de ilegalidad. Ilegalidad puede provenir de la infracción de normas reglamentarias

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol N° 1669-2015 sobre reclamo de ilegalidad interpuesto por la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de Castro, la reclamante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo respecto de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó por improcedente el presente reclamo dirigido en contra del permiso de edificación que autorizó la construcción del denominado Mall de Castro y, sin perjuicio de lo anterior, por estimar además que las obras ejecutadas conforme al permiso de construcción impugnado se habían ajustado a las normativas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y al Plan Regulador Comunal de la ciudad de Castro.

Infracción a la Ley de Libre Competencia.Producto "Cuenta Rut" no constituye un mercado en sí mismo. Que "Cuenta Rut" tenga una mayor presencia en el ambiente socioeconómico en que se enfoca la demandante, no puede definir los mercados relevantes de la causa. Emisión y operación de tarjetas de débito. Vínculo entre un banco y un probable prestador de servicios. Potenciales insumos en la gestión comercial de un banco. Negativa a contratar no configura un injusto anticompetitivo. BancoEstado está facultado para ofrecer en forma conjunta los servicios de afiliación o adquisición y de operación de sus tarjetas

Santiago, treinta de noviembre de dos mil quince. 

VISTOS:

En esta causa N° 1.646-2015 se trajeron los autos en relación para conocer de la reclamación interpuesta por Multicaja S.A. y su filial Multitarjeta S.A., en contra de la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que desechó con costas la demanda  promovida contra el Banco Estado, la cual se sustenta en que Multicaja S.A. es una sociedad cuyo objeto principal radica en el tráfico de tarjetas de débito y crédito, junto con otras actividades conexas. En otras palabras, desarrolla métodos de información y procesamiento de datos que abran paso a transacciones en línea en diversos puntos y para ello ha desplegado una red que comprende más de 43.800 puntos de venta instalados en distintos locales a lo largo del territorio nacional, a fin de prestar servicios en los mercados de operación o procesamiento de tarjetas de débito y crédito para gestiones de pago. 

Recurso de protección.Protección constitucional del derecho a la honra comprende a las personas jurídicas. Derecho a la honra de las personas jurídicas en lo relativo a la imagen comercial y/o a su prestigio comercial

Santiago, uno de diciembre de dos mil quince.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus motivos noveno y décimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario por la recurrente consiste en la publicación efectuada por la recurrida, a través de diversas páginas de internet de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas en descrédito de la empresa Mutitiendas Corona S.A y de determinados trabajadores de esta entidad. Refiere que tales actos han lesionado el derecho a la honra y a la vida privada de los trabajadores, así como también el derecho a la honra, a la imagen y reputación comercial de la Multitienda, consagrado y protegido en los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Reclamación tributaria. I. Facultad del SII de tasar el precio de enajenación de las cosas muebles cuando ella sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto. Facultad del SII para asignar al objeto de la enajenación un valor distinto de aquel que ha sido establecido por las partes en el acto o contrato. Facultad del SII para tasar el precio o valor en caso que el asignado sea notoriamente inferior al valor comercial

Santiago, uno de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

En los autos Rol Nº 28.574-2014 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por la contribuyente Inmobiliaria Icom Limitada, por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil trece, escrita de fs. 96 a 100, se negó ligar al reclamo manteniéndose firme la Liquidación N° 357, de 29 de julio de 2010, por Reintegro artículo 97 del Decreto Ley N° 824, del año tributario 2007.

Reclamación tributaria.Causal de casación en la forma de ultra petita, acogida. Solicitud de devolución de remanente de IVA acumulado al amparo del procedimiento general del artículo 126 Nº 3 del Código Tributario. Improcedencia de aplicar un estatuto jurídico no invocado por el reclamante e impertinente en la decisión de lo debatido. Extra petita por excederse los jueces del fondo del ámbito propio de la litis

Santiago, treinta de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

En autos Rol Nº 24.727-2014 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria, la contribuyente Sociedad Comercial Recmetal Compañía Limitada impugnó la resolución Ex. N° 1157 de 9 de julio de 2013 que denegó la devolución de remanente del Impuesto al Valor Agregado (IVA Exportador). En dicha causa se dictó sentencia de primer grado el doce de mayo de dos mil catorce, que rola a fojas 287 y siguientes, por la que se hizo lugar al reclamo interpuesto, dejando sin efecto la Resolución Ex. 1157, sin costas, por estimar que la reclamada tuvo motivo plausible para litigar.

Reclamación de la resolución que ordena una demolición.Procedencia de la autorización de ejecución de construcciones provisorias por una sola vez y por el plazo de tres años.

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil quince.

     Vistos y teniendo presente:

     Primero: Que en estos autos rol Nº 12.165-2015,  caratulados “Inmobiliaria Phonenix S.A. con I. Municipalidad Viña del Mar”, sobre Reclamación contemplada en el artículo 154 D.F.L. N° 458, se ha ordenado dar cuenta, en conformidad con lo prescrito por los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la parte demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primera instancia, confirmando la misma, y en consecuencia, rechazó el reclamo.

Procedencia de aplicar el plazo de prescripción del Código Aeronáutico únicamente cuando se persigue la responsabilidad objetiva allí consagrada.

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil quince.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 4374-2015 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, caratulados "Isapre Cruz Blanca S.A. con Carabineros de Chile y otros", sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se dictó sentencia de primera instancia que acogió la demanda de fojas 1 y la que se acumulara a ésta, de fojas 640, declarando que los demandados se encuentran obligados a pagar a la actora por concepto de indemnización la suma de $355.165.409.-

Indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.Víctimas por rebote, repercusión o contragolpe.

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

VISTOS:

En estos autos Rol N° 8235-2007, seguidos ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago,  juicio ordinario de indemnización de perjuicios caratulados “Quiñones Collet Juan Gustavo con Empresa de Transportes Rurales”, por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil trece, escrita a fojas 1739 y siguientes, el tribunal de primer grado rechazó la excepción de transacción, acogió la demanda interpuesta por doña Tamara Espinoza Anguita sólo en cuanto se condenó a la demandada al pago de una indemnización de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral, dio lugar a la demanda interpuesta por don Juan Gustavo Quiñonez Collet y doña Ismelda del Carmen Astudillo Ríos sólo en cuanto condenó a la empresa Tur Bus Limitada al pago de $ 90.000.000 (noventa millones de pesos) por concepto de daño moral a cada uno de los actores, y rechazó la demanda interpuesta por don Manuel Ítalo Fierro Ayala, doña Adriana del Carmen Oñate Cartes y doña Jessica del Carmen Fierro Oñate.

Recurso de protección.Negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de emitir cédula de identidad con nombres y apellidos completos.

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos cuarto a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el acto recurrido se hace consistir en la negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación de emitir la cédula de identidad  de la recurrente con sus nombres y apellidos completos, como así lo indicaba hasta entonces su cédula vigente-, habiéndose truncado el de la recurrente por “María Alejandra de Domperriere de Torrealba” debiendo indicar sus nombres y apellidos tal como aparecen en su respectivo Registro de Nacimiento  “María Alejandra de Domperriere de Chaufepie Torrealba.” 

Reclamo de ilegalidad en contra de los actos administrativos del Alcalde del artículo 151 letra b) de la LOC de Municipalidades

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol N° 7543-2015 sobre reclamo de ilegalidad seguido en contra del Alcalde de la Municipalidad de Copiapó, la reclamante, “Minera Lobo Marte S.A.”, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad que acogió la excepción de incompetencia absoluta promovida en estrados por el mencionado municipio, declarando que carece de competencia para conocer y resolver esta acción por estar dirigida en contra de una resolución suscrita por el alcalde, puesto que a partir de la publicación de la Ley N° 20.500 de 16 de febrero de 2011, es improcedente deducir esta acción judicial en contra de un acto del alcalde cuando es un particular el que lo hace al considerar que se le ha causado un agravio. 

Despido injustificado.Requisitos del trabajo en régimen de subcontratación. Concepto de empresa mandante o principal. Procedencia de aplicar las normas sobre subcontratación a los órganos de la Administración. Concepto de empresa principal es amplio y comprende a cualquier persona natural o jurídica. Inexistencia de lucro en la empresa principal no descarta el trabajo en régimen de subcontratación. Responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas como empresa principal

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

Por sentencia de once de octubre de dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, en relación con la demanda deducida por César Espejo Álvarez en contra de Ingeniería y Construcción ESCO Limitada, y habiéndose arribado a conciliación entre aquéllas sobre las sumas debidas por ésta al actor, por concepto de remuneraciones insolutas, indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicio y feriados pendientes; se condenó al Ministerio de Obras Públicas en forma solidaria al pago de todas las prestaciones detalladas, reajustadas e indexadas conforme se indica en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, con costas.

Indemnización de perjuicios por competencia desleal.Ley de Competencia Desleal contempla una cláusula general prohibitiva. Aspectos que definen una conducta desleal. Conducta desleal está descrita como un ilícito de peligro. Mercado del lujo tiene características especiales de exclusividad, prestigio y calidad. Estrategias de comercialización orientadas a mantener esa área de exclusividad. Conducta que puede ser calificada como de competencia desleal, puede generar distintas acciones regidas por estatutos jurídicos diferentes. Configuración de competencia desleal. Interferencia de terceros en un contrato ajeno. Vulneración al principio general de buena fe y lealtad que debe imperar entre competidores

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

En autos rol N°14.278-2008, caratulados “Parfums Christian Dior con Garmont Perfumes S.A. y García Herranz, Fernando” seguidos ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, doña Marcela Vega Moll, en representación de Parfums Christian Dior, empresa constituida de acuerdo a las leyes de Francia, dedujo, en juicio sumario, las acciones de la ley 20.169 sobre Competencia Desleal, contempladas en las letras b), c) y d) del artículo 5°, en contra de don Fernando García Herranz, por sí, y en contra de la sociedad Tais S.A., antes Garmont Perfumes S.A., representada por el mismo García Herranz, solicitando se declare que los demandados García Herranz y Tais S.A. han incurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de Parfums Christian Dior, se ordene la publicación en la prensa de la sentencia que acoja la presente demanda, en forma íntegra o en un extracto, a elección de Parfums Christian Dior, y se disponga el cese inmediato de cualquier forma de comercialización, distribución o exhibición de productos Dior, así como el uso promocional asociado a éstos, por parte de los demandados, con costas.

Cobro de pagaré.Excepción de nulidad de la obligación, rechazada. Extinción de la acción de nulidad absoluta por transcurrir más de diez años. Improcedencia de impugnar de ineficacia un acto jurídico al cual se ha dado cumplimiento voluntario por más de una década. Improcedencia de admitir una actuación contradictoria con la observada anteriormente. Limitación para demandar la nulidad absoluta respecto de quien sabía o debía saber el vicio que invalidaba el acto o contrato

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil quince. 

VISTO:

En estos autos ejecutivos Rol 15998-2012, seguidos ante el 7° Juzgado Civil de esta ciudad, caratulados “CORFO con Sociedad Inmobiliaria de Leasing Habitacional Chile S.A.” por sentencia de fecha treinta de enero de dos mil trece, rolante a fojas 365 y siguientes, la juez titular desestimó las excepciones de los numerales 2°, 3° y 7° del artículo 464 del Código de procedimiento Civil, acogiendo sin embargo la del Nro. 14 del mismo artículo, esto es la nulidad de la obligación, absolviendo a la demandada de la ejecución. Asimismo, no se pronunció sobre la excepción fundada en una eventual nulidad de derecho público, atendida la naturaleza del juicio ejecutivo, así como tampoco respecto la excepción de pago, por resultar incompatible con la nulidad acogida.

Acción de precario.Acción de precario, concepto y requisitos. Ausencia total de vínculo jurídico entre el dueño y el tenedor del bien reclamado. Alcance de la voz ¿contrato¿ el precario. Concepto de mera tolerancia. Existencia de título que justifica la ocupación del inmueble por parte del demandado. Autorización hecha por el usufructuario al demandado para ocupar el inmueble

Santiago, veinte de noviembre de dos mil quince.

VISTOS:

En estos autos rol N°819-2014, sobre juicio sumario de precario, seguidos ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, caratulados “Robles Cabrera, Julio Alberto con Terra Ramírez, Ricardo Alex”, por sentencia escrita a fojas 90, de ocho de agosto de dos mil catorce, se rechazó la demanda de lo principal de fojas 1.

Cumplimiento ejecutivo de obligación de dar.Juicio ejecutivo, finalidad y requisitos de existencia. Obligación debe ser líquida. Constituye obligación líquida aquella que puede liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con sólo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. Tasa Activa Bancaria -TAB- expresada en el contrato de mutuo cuyo cobro se persigue. Antecedente contenido en el título fundante de la ejecución que permite establecer el valor de las cuotas que forman parte de la obligación reclamada

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil quince. 

      VISTOS: 

En estos autos Rol N°7750-2013, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, juicio ejecutivo, caratulado “Scotiabank Chile con Berndt Schuhmacher Roberto Jerman”, por sentencia de primera instancia de veinticinco de octubre de dos mil catorce, escrita a fojas 72 y siguientes, se rechazaron las excepciones opuestas y se ordenó seguir adelante con la ejecución hasta obtenerse entero y cumplido pago de la suma de 2.246,5847, en su equivalente al día del pago, con intereses y costas.