Indemnización del Estado por negligencia médica

 Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinte.

CS confirma fallo que acogió demanda de cobro de honorarios por asesoría jurídica.

Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinte.

Visto:

En autos número de rol 4.233-2016, caratulados “Lizana Castro y Cía. Limitada con Accenture Chile Asesorías y Servicios”, seguidos ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 446 y siguientes, se acogió la demanda de cobro de honorarios y se condenó a la demandada a pagar la suma equivalente a 500 unidades de fomento, más intereses legales, con costas, que fue confirmada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, según consta a fojas 569.

La parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo en contra de dicha decisión, denunciando la vulneración de lo dispuesto en diversas normas legales que menciona, solicitando que se lo acoja y se la anule, acto seguido, sin nueva vista y separadamente, se dicte la de reemplazo que haga lugar a la demanda solo en cuanto se la condene al pago de 250 unidades de fomento o al monto que prudencialmente se fije.

Se trajeron los autos en relación.

CORTE DE COYHAIQUE RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN POR INCAUTACIÓN DE CELULAR DE CARABINERO IMPUTADO POR OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

 Coyhaique, a nueve de enero de dos mil veinte.

Vistos:
En lo principal de la presentación de fecha 27 de noviembre de 2019, doña Leyla Soledad Vargas Becerra, abogada, por sí y en representación de su hija Sofía Javiera Capetillo Vargas, deduce recurso de protección en contra de don Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén y don Luis González Aracena, Fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Aysén, ambos con domicilio en calle Simón Bolivar 126, de la ciudad de Coyhaique y de don Rolando Irribarra Barahona, Subprefecto de la BRIDEC Coyhaique, con domicilio en Av. Gral. Baquedano N° 511, ciudad de Coyhaique, pidiendo en definitiva se acoja la presente acción en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho que le ha sido conculcado y declarando la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, con condenación al pago de las costas correspondientes, por lo que pide: a) se solicite a los recurridos informar amplia y detalladamente de qué manera era relevante y fundamental para el proceso investigativo instruido caratulado “obstrucción a la investigación” el revisar una conversación privada entre cónyuges y como ésta podría tener alguna relación con el delito investigado por esa Fiscalía, específicamente con la revisión de videos existentes en el celular de su cónyuge con material infantil extremadamente sensible, ya que ni siquiera existe un vínculo de subordinación o dependencia laboral entre nosotros; b) Se ordene a los recurridos a no hacer un uso malicioso con las conversaciones privadas y fotografías intimas de carácter extremadamente sensible y delicadas de su hija; y c) Adopte y disponga las medidas necesarias e idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a esta mujer y madre con 33 semanas de embarazo y su hija menor de edad, sin perjuicio de las restantes acciones judiciales que le puedan asistir y reclamos pertinentes.

CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE NULIDAD DEL SII Y RECHAZA RECLAMO TRIBUTARIO DE EMPRESA DE TURISMO

Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

     VISTOS:

En estos autos Rol Nº 1021-2018, se ha tramitado un procedimiento de reclamación tributaria en el que la parte reclamada del Servicio de Impuestos Internos (en lo sucesivo S.I.I.), en lo principal de fojas 531, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, que se lee a fojas 527, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado, de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, escrita a fojas 471, pronunciada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Valparaíso, que acogió el reclamo deducido por Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. (En adelante “Rosa Agustina”), y dejó sin efecto la partida N°2 de la Resolución Exenta N°6994/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, emitida por la V Dirección Regional del S.I.I., por la que se eliminó la pérdida tributaria declarada por la sociedad contribuyente para el año tributario 2012, por un monto de $1.607 millones, y se determinó una utilidad tributaria para dicho período por la suma de $ 1.268 millones.

A fojas 554, y con fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se dispuso traer los autos en relación.

CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A FAMILIARES DE CARABINERA FALLECIDA EN OPERATIVO POLICIAL

 Santiago, seis de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

En los autos de esta Corte Rol N° 14.899-2018, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta de servicio, caratulados “Gallardo Ruiz, Carlos Eduardo y otros con Fisco de Chile”, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, Carlos Eduardo Gallardo Ruiz y

Margarita del Rosario, María Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, José Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo Reyes, dedujeron demanda en contra del Fisco de Chile con el objeto de que se les resarzan los daños que han sufrido como consecuencia del fallecimiento de Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2° de Carabineros, hija del actor Carlos Eduardo Gallardo Ruiz y hermana de los demás demandantes.

Al respecto explican que el uno de mayo de 2011, a las

22:24, mientras un carro policial de la 14ª Comisaría de

San Bernardo intentaba bloquear el paso del camión PPU XF 4786, por la ruta 5 sur, a la altura “El Parrón”, vehículo este último que había sido sustraído desde un servicentro en San Bernardo, a fin de evitar su fuga, fue colisionado en su parte trasera por el indicado móvil mayor, resultando fallecida Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2° de Carabineros. Subrayan que Paulina viajaba en el asiento posterior del vehículo policial, mientras que adelante lo hacían otros dos funcionarios que alcanzaron a descender antes del impacto, cuestión que no pudo hacer la Cabo Gallardo debido a que la puerta trasera izquierda del vehículo policial presentaba un desperfecto que impidió que se abriera.

Sostienen que, sin perjuicio de la responsabilidad del conductor del camión, se abrió una causa en la Primera Fiscalía Militar, en la que se dio por acreditado el cuasidelito de homicidio de la Cabo Gallardo y se imputó responsabilidad al conductor del vehículo policial. Añaden que, además, se instruyó un sumario administrativo, en el que fueron sancionados tres funcionarios: el Capitán Marcelo Larraín González, el Teniente Roberto Videla Cáceres, Jefe de la Comisión de Locomoción y Bagaje de la misma Comisaría, y un tercer funcionario encargado de los vehículos de la Unidad, por cuanto tenían conocimiento del desperfecto del carro policial y no dispusieron su reparación, permitiendo que saliera al servicio. Expresan que dicho comportamiento contraviene lo establecido en el Reglamento N° 20, Decreto 339 del año 1979 del Ministerio de Defensa, en cuyo Capítulo III, letra c) se dispone que: “Al detectar algún desperfecto mecánico el vehículo debe quedar fuera de servicio hasta que sea reparada totalmente la falla”.

Al tenor de lo manifestado aseveran que el demandado incurrió en falta de servicio, que hacen consistir tanto en el comportamiento negligente y temerario del conductor del móvil policial, como en la falta de reparación de la puerta trasera del mismo vehículo, e invocan como fundamentos de derecho de su acción los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República; 4 de la Ley N°

18.575 y 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. En forma subsidiaria, invocan como sustento jurídico de su demanda lo estatuido en los artículos 2314 y 1437 del Código Civil.

En cuanto al daño moral que demandan, arguyen que radica en el sufrimiento derivado de la pérdida de su hija y hermana, contexto en el que destacan que Paulina vivía en el hogar paterno junto a su marido e hijos y a varios de sus hermanos y terminan solicitando que se condene al demandado a pagar a cada uno de los actores la suma de $100.000.000 como resarcimiento por dicho concepto, más interés, reajustes y costas.

Al contestar el Fisco solicitó el rechazo de la demanda, con costas, para lo cual, en primer lugar, controvierte los hechos en que se sustenta. Indica que la Cabo Gallardo era casada y tenía dos hijos, a quienes se pagaron todos los beneficios económicos contemplados en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, tales como pensión de retiro, desahucio, póliza de seguro bonificada en un 50%, indemnización especial del artículo 71 bis de la Ley N° 18.961, sin perjuicio de lo cual se le otorgó, además, el ascenso extraordinario a Suboficial Mayor como reconocimiento póstumo.

En segundo término alega la improcedencia del régimen de responsabilidad por falta de servicio a los accidentes en acto de servicio, pues prevalece la normativa especialísima de la Ley N° 18.961 que establece un régimen previsional especial, con prestaciones específicas en caso de muerte en acto de servicio, que se extiende incluso a los causahabientes. En tal sentido consigna que el señalado constituye un verdadero régimen de compensaciones que sustituye a las indemnizaciones civiles de perjuicios y administrativas y manifiesta que, atendida la preterición legal, estas indemnizaciones especialísimas no proceden para los hermanos de la víctima.

En tercer lugar arguye la interrupción del nexo causal por tratarse de hechos imputables a un tercero, en particular al menor que conducía el camión impactador, quien, según asevera, es el autor exclusivo del hecho ilícito. Enfatiza que la policía contaba con antecedentes acerca de que el conductor del camión portaba un arma de fuego, motivo por el que resultaba imperativa su pronta detención, a fin de evitar riesgos mayores a los usuarios de la autopista y a la población, de modo que la decisión del equipo policial no puede ser juzgada de temeraria y no constituye causa basal del daño.

A continuación aduce la existencia de una falta personalísima del conductor del radio patrulla, proceder que no configura la falta de servicio demandada.

Enseguida asevera que los montos demandados son excesivos, en tanto la indemnización tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido y no puede ser fuente de enriquecimiento o lucro.

Finalmente, en forma subsidiaria y para el caso que se estime que existe responsabilidad del Fisco, alega la concausalidad, toda vez que el hecho dañoso se origina en distintas causas, independientes entre sí, que influyen en mayor o menor medida en el resultado. Expone que, a juicio de esa defensa, la causa basal, eficiente, preponderante es la conducta del tercero que conduce el camión, por el cual el Estado no responde, sin embargo hay otros factores que inciden en el resultado, uno de ellos hipotéticamente podría ser la maniobra del conductor del vehículo policial, en cuyo caso se está en presencia de una responsabilidad parcial en función del grado de probabilidad causal, por lo que la Administración no podría ser obligada a pagar la totalidad de los daños.

El fallo de primer grado acogió la demanda teniendo presente que, al tenor de la jurisprudencia de esta Corte, la responsabilidad por falta de servicio es plenamente aplicable a Carabineros. En ese entendido tiene por demostrado que la cabo Paulina Gallardo falleció en acto de servicio mientras participaba en un procedimiento policial y, además, que en la sentencia dictada por el 2° Juzgado Militar de Santiago quedó establecido que el conductor detuvo el vehículo policial en la tercera pista de circulación de la ruta cinco Sur a fin de obstaculizar la marcha del camión mencionado más arriba, maniobra que no informó a los otros dos tripulantes del móvil, con lo que aumentó el riesgo intrínseco a la labor realizada, destacando que en su calidad de jefe se encontraba en una posición de garante frente a la seguridad de los otros funcionarios que lo acompañaban.

A partir de tales circunstancias la juez de primer grado concluyó los referidos antecedentes demuestran la ocurrencia de la falta de servicio que sirve de base a la demanda, en tanto se comprobó el actuar defectuoso de un órgano del Estado.

Más adelante, y en lo que atañe a la segunda hipótesis de falta de servicio alegada por los actores, consistente en la falta de adecuada mantención del vehículo policial, en especial que las manillas de sus puertas traseras, destaca que en el proceso seguido ante el juzgado militar se encuentra acreditado que la puerta trasera izquierda presentaba anomalías en el mecanismo de apertura interior y que se pudo determinar que desde el año 2010 el referido vehículo presentaba desperfectos, tales como puertas en malas condiciones, pastillas de freno mal estado, vehículo en regular estado, siendo la más concurrente la de la puerta del costado izquierdo; más aun, destaca que la última observación en este sentido es de abril del año 2011 y que el referido móvil se encontraba entre aquellos que debían ser dados de baja.

En ese contexto, y establecido que el móvil en que circulaba la víctima se detuvo para obstaculizar el paso del camión, la magistrada estima relevante que tanto el funcionario que lo conducía como la copiloto lograron bajar segundos antes del impacto, lo que no pudo hacer la cabo Gallardo que se encontraba en la parte posterior, antecedentes que en conjunto con los demás presupuestos fácticos y con la prueba rendida la convencen de que esta última funcionaria no pudo descender del móvil porque las puertas se encontraban en mal estado, quedando atrapada en su interior.

Para terminar este apartado explica que la circulación de un vehículo policial en mal estado infringe lo estatuido en el artículo 56 de la Ley N° 18.290, así como el Manual de Conducción para Carabineros y su normativa

reglamentaria, concretamente el Reglamento de vehículo para Carabineros de Chile Número 20.

Conforme a lo razonado concluye indicando que ha quedado establecida la concurrencia de los supuestos de la falta de servicio.

Enseguida tiene por acreditada la existencia del daño demandado, destacando sobre el particular la edad de la fallecida y las condiciones trágicas y evitables de su fallecimiento.

Tiene por demostrada la relación causal entre la falta de servicio comprobada y el daño asentado, pues si se suprime el actuar desplegado por el conductor del vehículo y la falta de mantención del mismo, el resultado de muerte no se hubiera producido, de modo que la causa necesaria preponderante de la muerte de la funcionaria es la falta de servicio anotada.

A continuación rechaza la alegación de preferencia del régimen especial de la Ley N° 18.691, por cuanto dicha normativa se refiere a la relación entre el funcionario y la institución, de manera que los terceros ajenos a la misma pueden demandar la indemnización de perjuicios conforme a las reglas generales.

En definitiva, el fallo acogió la demanda y condenó al demandado a pagar al actor Carlos Gallardo Ruiz la suma de $10.000.000 y la de $5.000.000 para cada uno de los demás actores, como indemnización por el daño moral causado.

En contra de dicha determinación las partes dedujeron sendos recursos de apelación, a propósito de cuyo conocimiento la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió revocar el fallo de primer grado y desestimar la demanda.

Para llegar a dicha conclusión los falladores tuvieron presente que la sentencia dictada por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, citada en el fallo apelado, fue revocada por la Corte Marcial absolviendo al cabo acusado, y eliminó casi todos sus fundamentos, circunstancia que estiman relevante, desde que para establecer la falta de servicio el fallo de primer grado se valió de las probanzas contenidas en la referida sentencia del juzgado militar.

Destacan, además, que el tribunal de juicio oral en lo penal de San Bernardo condenó al menor MBMM como autor del homicidio de un carabinero en ejercicio de sus funciones.

En ese contexto dejan asentado que no ha existido falta de servicio por parte de Carabineros; así, consignan que la misma no puede estar constituida por la culpa del conductor del vehículo policial, desde que no existe un vínculo directo de causalidad entre esa acción y el daño producido, pues en sede penal se determinó que fue la actuación dolosa del menor que conducía el camión la que provocó la colisión entre el móvil que guiaba y el radio patrulla, al que embistió deliberadamente.

Enseguida subrayan que, para que haya reparación, debe existir una relación de causalidad entre la acción u omisión del agente estatal y el daño producido, elemento que, en la especie, sin embargo, no concurre, más aun si en sede penal el conductor del móvil de Carabineros fue absuelto, a lo que adicionan que la sentencia de primera instancia dio por establecida la falta de servicio con antecedentes extraídos de la sentencia del tribunal militar que fue revocada y dejada prácticamente sin fundamentos por la Corte Marcial.

Respecto de la señalada sentencia la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que en el recurso se sostiene que el fallo impugnado incurre en la causal prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo Código, esto es, en haber sido pronunciado con omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Al respecto el recurrente explica que la sentencia impugnada sólo valora los fallos de la Corte Marcial y del Tribunal Oral en lo Penal San Bernardo, y omite ponderar toda la demás prueba rendida, en especial, el dictamen con el que concluyó el sumario administrativo que estableció responsabilidad de tres funcionarios policiales, así como el mérito de distintas piezas del sumario que dan cuenta de las anomalías presentadas por el carro policial.

Agrega que la revocación del fallo del Juzgado Militar no hace desaparecer los antecedentes recabados en dicha investigación, destacando, además, que los juzgadores no se hacen cargo de la segunda hipótesis de falta de servicio esgrimida por su parte, esto es, aquella relativa al mal estado de la puerta trasera del vehículo policial, circunstancia que determinaba, de acuerdo a los manuales de Carabineros, que dicho vehículo no debía estar en servicio.

Acusa que el fallo tampoco pondera los informes policiales que dan cuenta del mal estado de las puertas traseras del vehículo policial y que dicho móvil no debía estar en circulación, informes que, a su juicio, cobran relevancia a la luz de la declaración de una de las testigos del demandado, la perito del Laboratorio de Criminalística de Carabineros Carla Martínez, quien realizó un trabajo pericial en el vehículo policial siniestrado, constatando que la cerradura de la puerta del lado derecho estaba dañada, que en el habitáculo del conductor había un destornillador, que realizó un ejercicio teórico práctico con el destornillador y las señas que se encontraban en las cerraduras dañadas, coincidiendo éstas. El recurrente subraya que esa declaración permite, al menos, sospechar que las cerraduras del vehículo eran manipuladas con un destornillador, lo que explica que Paulina Gallardo no haya podido salir.

Por último, denuncia que el fallo impugnado tampoco se refiere a las copias de las declaraciones de los funcionarios de Carabineros, que dan cuenta de la dinámica del accidente y del incumplimiento de funciones de quienes estaban a cargo de la mantención del vehículo policial.

SEGUNDO: Que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales –categoría esta última a la que pertenece aquella objeto de la impugnación en análisis-; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran –en lo que atañe al presente recurso- en su numeral 4 las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

TERCERO: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias

definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquellos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción de los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y de los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales.

Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida –prosigue el referido Auto Acordado- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente.

Prescribe, enseguida: establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

CUARTO: Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la

claridad, congruencia, armonía y lógica en los

razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias, cuestión que arranca desde la época de don Andrés Bello, según nos recuerda en su artículo sobre la materia publicado en el Monitor Araucano “Publicidad de los juicios o necesidad de fundamentar las sentencias” (citado por Agustín Squella Narducci, en “Andrés Bello, escritos jurídicos, políticos y universitarios”. Thomson Reuters, año 2015), no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial.

QUINTO: Que al iniciar el examen del recurso resulta imprescindible apuntar que la falta de consideraciones acusada por el recurrente deriva de la ausencia de fundamentos en cuanto el fallo impugnado se limita a valorar las sentencias dictadas por la Corte Marcial y por el Tribunal Oral en lo Penal San Bernardo, omitiendo ponderar el resto de la prueba rendida, en especial, el sumario administrativo que estableció responsabilidad respecto de tres funcionarios y que, además, da cuenta de las anomalías que presentaba el carro policial. Señala que tampoco pondera los informes policiales que dan cuenta del mal estado de las puertas traseras del vehículo policial, antecedente que estima de relevancia a la luz de lo declarado por la perito del Laboratorio de Criminalística de Carabineros Carla Martínez, conforme a la cual cabe al menos sospechar que las cerraduras del vehículo eran manipuladas con un destornillador. Añade que, además, los falladores no se hacen cargo de la segunda hipótesis de falta de servicio relativa al mal estado de la puerta trasera del vehículo policial, estado que determinaba que el mismo no debía hallarse en servicio.

SEXTO: Que al respecto se debe precisar que el fallo impugnado concluye que en la especie no medió falta de servicio por parte de Carabineros. Para arribar a dicha convicción los sentenciadores destacan que no existe vínculo de causalidad entre la acción del chofer del vehículo policial y el daño producido, toda vez que en sede penal se determinó que fue la actuación dolosa del menor que conducía el camión la que provocó la colisión entre el móvil que guiaba y el radio patrulla; más aun, subrayan que la citada relación de causalidad entre la acción u omisión del agente estatal y el daño producido no concurre en la especie si se considera que en sede penal el conductor del móvil de Carabineros no sólo fue absuelto, sino que, todavía más, al revocar la sentencia del Tribunal Militar que lo había condenado, la Corte Marcial eliminó diversas consideraciones de ese fallo, dejándolo virtualmente sin fundamentos, proceder que estiman de la mayor

trascendencia, pues la sentencia de primer grado dio por establecida la falta de servicio a partir de los

antecedentes contenidos en el fallo de la justicia militar.

Como se advierte de lo expuesto en el párrafo que precede, los juzgadores de segunda instancia se limitaron a rebatir lo razonado por la juez de primer grado, descartando, por las razones que citan, los antecedentes que sirvieron de asiento a la determinación apelada; sin embargo, al examinar la conformidad del fallo del a quo con la ley y con el mérito de los antecedentes agregados al proceso los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel dejaron de analizar las demás probanzas aparejadas por las partes, en particular las piezas del sumario administrativo acompañadas por la parte demandante, entre las que figuran, especialmente, las declaraciones de los funcionarios Dagoberto Fuentes Ansaldo, Cristián Mauricio Rodríguez

Valdés, Felipe Andrés Marchant Aguilar, Marcelo Javier

Larraín González y José Demesio Morales Garrido y el Ordinario N° 618, de 18 de marzo de 2011, antecedentes en los que se hace referencia al mal estado de la puerta trasera del vehículo policial en el que se desplazaba la Cabo 2° de Carabineros Paulina Aurora Gallardo Reyes el día en que falleció.

Asimismo, soslayaron también el estudio y valoración del Dictamen N° 02075/2011/2, de 4 de enero de 2013, que aprobó el sumario administrativo seguido por los hechos de que se trata y en el que se sanciona a dos oficiales debido a que no adoptaron las medidas necesarias, oportunas y eficaces para reparar el desperfecto que presentaba la puerta trasera izquierda del radio patrulla RP-1847, en cuya parte posterior quedó atrapada la citada funcionaria policial en el momento en que su conductor decidió bloquear el paso del camión robado al que precedían; además, fueron castigados porque no realizaron acción alguna para que el citado móvil quedara fuera de servicio. En el mismo instrumento se aplican 15 días de arresto con servicios al Cabo 1° Pablo García Jerez, conductor del móvil policial en el que acaecieron los hechos de que se trata, por haber actuado de manera temeraria y sin adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar su integridad física y la de sus acompañantes.

SÉPTIMO: Que en esas condiciones, y como resulta evidente, la sentencia de segundo grado no entrega mayores ni justificados argumentos para sustentar su decisión, limitándose a descartar ciertos medios probatorios, sin examinar, empero, las restantes probanzas existentes en autos y, en particular, las piezas del sumario

administrativo, que constituye un instrumento público cuya valoración, en los términos previstos por la ley, no ha podido ser soslayada por los falladores al decidir acerca del asunto sometido a su conocimiento.

En otras palabras, si bien los juzgadores de segunda instancia se hallaban obligados, al adoptar una decisión en torno a los recursos de apelación presentados por las partes, a examinar los antecedentes que sirvieron de fundamento a la determinación de la juez de primer grado, dicha labor no podía limitarse a un simple análisis sólo de aquéllos, sino que, por la inversa, debían considerar todos los elementos de juicio agregados a la causa, sea que los condujeran a la confirmación del fallo apelado o que los convencieran de rechazar la demanda.

El análisis de los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada demuestra que, no obstante lo asentado precedentemente, el tribunal de segundo grado omitió la ponderación de todos los antecedentes probatorios agregados a la causa, habiéndose limitado a señalar las objeciones que permitían, a su juicio, desconocer mérito probatorio a los que fueran citados en la sentencia de primera instancia, sin dejar constancia, sin embargo, de las disquisiciones y razonamientos pertinentes en relación al resto de la prueba rendida, de manera que el asunto de mayor relevancia en el juicio, cual es la decisión de las pretensiones planteadas por los actores, ha quedado sin sustento ni explicación suficiente, no siendo posible comprender, entonces, cuáles son las reflexiones y consideraciones en cuya virtud decidieron desechar la acción indemnizatoria intentada.

OCTAVO: Que, en otras palabras, el tribunal no justifica debidamente el rechazo de la demanda intentada en autos, omisión que resulta todavía más relevante si se tiene presente que existe una decisión de la autoridad competente de Carabineros de Chile que ha sancionado, por una parte, a dos funcionarios de esa institución como consecuencia del mal estado de la puerta del vehículo policial en el que quedó atrapada la Cabo 2° Paulina Aurora Gallardo Reyes momentos antes de recibir el impacto del camión que impactó al radio patrulla en su parte trasera, mientras que, por otro lado, ha castigado a un tercer funcionario por haber actuado de manera temeraria e insegura en la conducción del automóvil en el que se movilizaba la citada suboficial.

NOVENO: Que, como se observa, la sentencia impugnada efectivamente carece del estándar de fundamentación mínimo exigible en conformidad a lo establecido en el referido artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, en relación a las razones conforme a las cuales decide desestimar la demanda intentada en autos, desde que ha omitido el examen y debida ponderación de todos los elementos de juicio aparejados al proceso.

DÉCIMO: Que la aludida conclusión aparece así desprovista de la adecuada fundamentación que debe contener una sentencia, pues no encuentra su correlato en los basamentos del fallo, de lo que se sigue que no ha existido, en la especie, un cabal razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y resolución de los juzgadores del mérito, omitiéndose de este modo las consideraciones de hecho y de derecho que debían servirle de sustento, desentendiéndose así los magistrados de la obligación de efectuar las reflexiones que permitan apoyar su determinación, al prescindir del estudio que deben efectuar de la totalidad de los medios probatorios rendidos por las partes, que en este caso se encuentra ausente en relación a un aspecto tan relevante como el identificado precedentemente.

DÉCIMO PRIMERO: Que lo razonado demuestra que los sentenciadores incurrieron en el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones que han de servir de fundamento al fallo, en lo que se refiere, específicamente, a las razones conforme a las cuales decidieron desestimar la demanda, razón por la que el arbitrio en estudio será acogido.

DÉCIMO SEGUNDO: Que atento a lo expuesto y a lo prescrito en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, se tendrá como no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante.

Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 768 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 304 en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 294, la que por consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación.

Se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido en el primer otrosí de fojas 304.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora

Gajardo.

Rol Nº 14.899-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y los

Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sra. María Cristina Gajardo H. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar con feriado legal y el Abogado Integrante señor Pierry por estar ausente. Santiago, 06 de enero de 2020.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO CARLOS RAMON ARANGUIZ ZUÑIGA

MINISTRO MINISTRO

Fecha: 06/01/2020 11:01:11 Fecha: 06/01/2020 11:58:39

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE

ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 06/01/2020 12:19:17 Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

MINISTRO DE FE

Fecha: 06/01/2020 12:39:45

En Santiago, a seis de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

MINISTRO DE FE

Fecha: 06/01/2020 12:39:45

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

Santiago, seis de enero de dos mil veinte.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce el fallo en alzada y se tiene, además, presente:

1° Que esta Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio “se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575” (Corte Suprema, Rol 95542012, 10 de junio de 2013, considerando undécimo). En este sentido, habrá de resaltarse que la omisión o abstención de un deber jurídico de la Administración generará

responsabilidad para aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, cuando se constate la ausencia de actividad del órgano del Estado debiendo aquella actividad haber existido, disponiendo de los medios para ello.

2° Que la falta de servicio que los demandantes imputan al Fisco de Chile radica, por un lado, en que el conductor del vehículo policial realizó una maniobra negligente y temeraria al detener su vehículo obstruyendo el paso al camión robado, el que colisionó a la patrulla policial en su parte trasera; por otro lado, señalan que la falta de servicio también consiste en que la puerta trasera izquierda del vehículo policial presentaba un desperfecto que impidió que se abriera, dejando a la Cabo 2° Paulina Aurora Gallardo Reyes atrapada en su interior.

3° Que aun cuando al contestar la acción deducida el Fisco controvirtió los hechos en que ésta se asienta, reconoció expresamente que la Cabo 2° Gallardo Reyes quedó atrapada en el interior del vehículo policial en el momento en que el conductor de este último detuvo el móvil fiscal con el objeto de bloquear el paso del camión robado.

4° Que, en este contexto, y conforme lo dio por establecido el fallo de primer grado, es posible concluir que, efectivamente, la actuación del personal dependiente de Carabineros en el caso en examen fue deficiente y negligente, configurándose de este modo la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda intentada, toda vez que, por una parte, la cabo Gallardo no logró descender del móvil policial debido a que, al menos, una de las puertas traseras se encontraba en mal estado, circunstancia que supuso que quedara atrapada en su interior y recibiera toda la fuerza del impacto del camión que era objeto de la persecución; asimismo, y por otro lado, también se comprobó que el conductor del móvil policial actuó de manera negligente e insegura al detener el móvil en la pista por la que avanzaba el camión robado, sin adoptar las medidas de seguridad precisas para salvaguardar la vida e integridad física de las funcionarias que viajaban con él, verificando previamente que todas sus ocupantes pudieran descender del móvil, todo lo contrario, existen antecedentes respecto del mal estado del vehículo y respecto del cual no se había dispuesto su reparación.

En otras palabras, la actuación indolente y descuidada del personal de Carabineros que configura la falta de servicio alegada por los actores está constituida por la falta de reparación de los mecanismos que permitían abrir las puertas traseras de la patrulla policial RP-1847, pues, empleado dicho móvil en las tareas propias del servicio de esa institución, esto es, en labores peligrosas y expuestas a toda clase de eventos inesperados, dicho defecto impidió la oportuna salida del mismo de una funcionaria quien, al quedar atrapada en su interior, sufrió graves lesiones que, posteriormente, le causaron la muerte.

Dicho factor de atribución está configurado, además, por el proceder negligente y temerario del conductor del móvil fiscal, quien expuso de manera imprudente la seguridad de sus acompañantes al detener de manera intempestiva el automóvil en la línea de marcha de un vehículo de mucho mayor tamaño, sin adoptar las acciones de seguridad requeridas.

5° Que, además, ha quedado debidamente establecida la existencia de los daños cuyo resarcimiento exigen los demandantes.

En efecto, la documental y testimonial rendida resulta bastante para demostrar, como quedó asentado en primer grado, que los actores efectivamente padecieron el daño moral cuyo resarcimiento demandan y que él es consecuencia directa del proceder negligente y descuidado del personal dependiente de Carabineros.

6° Que en este sentido cabe subrayar la testimonial prestada por Ana Magdalena Azócar Ríos, María Teresa Barrera Sánchez y Lidia del Carmen Duarte Farías, de cuyas deposiciones se desprende que la familia integrada por los actores era muy unida, que Paulina Gallardo vivía junto a su padre y algunos de sus hermanos y que, debido a la muerte de Paulina, los demandantes sufrieron un cambio abrupto en su vida familiar; asimismo, añaden que uno de los hermanos que más ha sufrido es Felipe, a quien Paulina cuidaba y apoyaba, dado que es el menor; también subrayan que Carlos Gallardo, padre de la fallecida, ha requerido ayuda profesional, debiendo asistir a un psicólogo. Por último, subrayan el intenso dolor y la gran tristeza que han padecido los actores, considerando que se trata de una familia cercana y unida y la edad de Paulina al morir (de 27 años a esa fecha).

7° Que, en consecuencia, y resultando procedente condenar al demandado a indemnizar a los actores los daños padecidos por estos como consecuencia de la falta de servicio de que se trata, sólo resta examinar lo vinculado con el quantum de dicho resarcimiento.

En este sentido es preciso destacar que en la especie quedó demostrado que Paulina Aurora Gallardo Reyes, de sólo 27 años de edad, falleció mientras participaba en un acto de servicio como Cabo 2° de Carabineros, obedeciendo su muerte, al menos en parte, al mal estado de los mecanismos de apertura de las puertas traseras del vehículo policial en el que se desplazaba, pues, dada su inoperancia, se vio imposibilitada de escapar del móvil, resultando gravemente lesionada debido al impacto causado por un camión al que perseguía el personal de Carabineros.

Como se observa, el señalado defecto, que configura una de las dos hipótesis de falta de servicio alegadas por los actores, no corresponde a un problema de una gran entidad, sino que, por la inversa, se trata de un desperfecto menor que pudo ser fácilmente subsanado sometiendo al vehículo oportunamente a las mantenciones que fueran precisas y necesarias.

Empero, ello no ocurrió y, todavía más, se autorizó su empleo en esas condiciones sin advertir que la labor policial, por su propia naturaleza, está expuesta de manera constante a toda clase de peligros y eventos riesgosos que pueden derivar en la necesidad de utilizar todas y cada una de las características del vehículo a su máxima capacidad, sin que objeción alguna pueda justificar la falta de reparación de aquellos defectos que, como quedó demostrado en autos, eran conocidos por el personal encargado de estas materias en la unidad policial respectiva.

En consecuencia, al regular el monto de la indemnización que se otorgará se ha de considerar, especialmente, la grave negligencia que los hechos expuestos suponen, así como la circunstancia de que la víctima formaba parte de una familia muy unida, cuyos vínculos resultaban especialmente intensos dado que Paulina y su propia familia vivía con su padre y con varios de sus hermanos, a lo que se debe añadir que de los antecedentes no aparece que la madre de Paulina y cónyuge de Carlos Gallardo esté presente en el grupo familiar, ausencia que torna aun más dolorosa la pérdida de la citada hija y hermana para el resto de los actores.

8° Que dicho conjunto de antecedentes da cuenta de la complejidad de los eventos adversos a que se han visto enfrentados los demandantes y a los que continuarán expuestos por un largo tiempo, a la vez que refleja la profundidad del daño y del dolor que éstos les han provocado, condiciones que, en consecuencia, exigen la regulación de un monto indemnizatorio verdaderamente condigno, esto es, proporcionado y adecuado a la magnitud y gravedad de los perjuicios materia de autos.

Conforme a ese criterio rector y dado que los

demandantes son el padre y los hermanos de Paulina Gallardo Reyes, forzoso es concluir que el único medio de alcanzar una determinación imparcial y equilibrada pasa por aumentar el quantum de las indemnizaciones otorgadas a cada uno de los demandantes, aunque manteniendo la distinción efectuada por la señora juez de primer grado entre la situación del padre y de los hermanos de Paulina, pues, como salta a la vista, el dolor y la aflicción padecidos por aquél no pueden ser igualados, y tampoco se acercan, a los que afectaron a los últimos.

9° Que por dichos motivos estos sentenciadores estiman prudencialmente que el perjuicio moral sufrido por el demandante Carlos Eduardo Gallardo Ruiz resulta resarcido con la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), en tanto que el daño de esta clase padecido por los actores Margarita del Rosario, María Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, José Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo Reyes, sólo podrá ser reparado con la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno.

10° Que no existiendo mérito alguno para desechar la demanda intentada en autos y, por la inversa, concurriendo antecedentes bastantes para confirmar la sentencia de primer grado aumentando el monto de las indemnizaciones otorgadas a los actores, se desestima el recurso de apelación intentado por la defensa fiscal.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 202, con declaración de que el monto que el Fisco de Chile deberá pagar al actor Carlos Eduardo

Gallardo Ruiz, por concepto de daño moral, se eleva a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), mientras que las sumas que deberá solucionar a los demandantes Margarita del Rosario, María Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, José

Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo

Reyes, por el mismo concepto, se incrementan a $20.000.000

(veinte millones de pesos) para cada uno.

Se confirma en lo demás apelado el fallo en alzada.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora

Gajardo.

Rol N° 14.899-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y los

Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sra. María Cristina Gajardo H. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar con feriado legal y el Abogado Integrante señor Pierry por estar ausente. Santiago, 06 de enero de 2020. 

APORTES: Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.

CORTE DE SANTIAGO FIJA EN 40 UTM MULTA A EMPRESA IMPORTADORA POR INFRACCIONES SANITARIAS

 C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo a fojas 215 y 216: a todo, téngase presente.

Resolviendo al Ingreso N° 5445-2018:

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos decimoquinto a decimoséptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Que el mérito de los antecedentes permite concluir que, en virtud del principio de proporcionalidad de la sanción, la multa impuesta resulta excesiva, por lo que se acogerá la reclamación en aquella parte que se pretende su rebaja.

Y visto, además lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, escrita de fojas 184 a 205, y se decide en su lugar que la reclamación de fojas 83 queda acogida sólo en cuanto se rebaja la multa impuesta a 40 unidades tributarias mensuales, sin costas por haber tenido, el demandado, motivos plausibles para litigar.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Gray, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Resolviendo al Ingreso N° 16332-2018:

Vistos:

Se confirma la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, escrita a fojas 119.

Regístrese y devuélvase.

N°Civil-5445-2018. (acumulada con Ingreso N° 16332-2018)

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo.

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CORTE SUPREMA CONFIRMA FALLO QUE ORDENÓ A EMPRESA DE REVESTIMIENTOS PAGAR INDEMNIZACIÓN POR MAL INSTALACIÓN DE PISO

 Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento ordinario tramitado digitalmente ante el Vig simo Cuarto Juzgado Civil de Santiago bajo el rolé C-27727-2017, caratulado Correa con F brica de Pavimentos y“ á Revestimientos Budnik Hnos. S.A. , se ha ordenado dar cuenta de la” admisibilidad del recurso de casaci n en el fondo deducido por la parteó demandada contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, de fecha diecis is de agosto del a o en curso, que confirm el fallo deé ñ ó primer grado pronunciado el diez de agosto de dos mil dieciocho, por el cual se acogi parcialmente la demanda indemnizatoria, condenando a laó demandada a pagar la suma de $5.921.175 por concepto de da oñ emergente y $3.000.000 como indemnizaci n por el da o moral causado.ó ñ

Segundo: Que el recurrente funda su solicitud de nulidad expresando que en el fallo cuestionado se infringe el art culo 1713 del C digo Civil ení ó relaci n al art culo 399 del C digo de Procedimiento Civil; el art culo 426 deó í ó í la codificaci n procesal civil en relaci n al art culo 1712 del c digo sustantivo;ó ó í ó y el art culo 1702 del citado C digo Civil en relaci n al 1700 del mismoí ó ó cuerpo legal. En primer t rmino, afirma que no existe discusi n acerca de laé ó existencia de un informe de fugas encargado por los demandantes, a cuyo respecto los jueces de fondo han cometido el error de valorar como si fuera anterior a la instalaci n del piso flotante, en circunstancias que es de dataó posterior, seg n qued asentado por medio de la confesional prestada por elú ó actor Ezequiel Camus. En segundo lugar y en lo que concierne al conocimiento de la demandada acerca del problema previo de fugas, sostiene que no se valoraron las copias de los correos de 9 y 17 de marzo de 2017, los que acreditan que no exist a tal conocimiento ya que lo medido fueron losí porcentajes de humedad residual existente en el inmueble de los demandantes, pero no las causas de dicha humedad ya que esta tarea deb a realizarla laí empresa que estaba a cargo de la remodelaci n, la que se al que no hab aó ñ ó í problemas de filtraciones.

A continuaci n se sostiene que de no haberse cometido los yerrosó denunciados, la sentencia hubiera tenido por acreditado que la obligaci n deó la demandada consist a en entregar correctamente instalado el pisoí fotolaminado, para lo cual deb a sacar el piso previamente instalado, secar laí humedad, impermeabilizar e instalar el nuevo piso, obligaciones todas que fueron cumplidas, desconociendo las causas de la humedad, de manera que resulta un hecho probado que el origen del levantamiento no fue la instalaci n sino que un vicio en el inmueble.ó

Finaliza solicitando que se invalide la sentencia recurrida y se dicte la de reemplazo que corresponda, por la cual se rechace la demanda en todas sus partes.

Tercero: Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito indispensable para suó admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone exprese , es decir,“ ” explicite en qu consiste -c mo se ha producido- el o los errores, siempre queé ó estos sean de derecho .“ ”

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, esta Corte ha dicho en forma reiterada que las normas infringidas en el fallo cuya anulaci n se pretende,ó para que pueda prosperar un recurso de casaci n en el fondo, han de seró tanto las que el fallador invoc en su sentencia para resolver la cuesti nó ó controvertida, como aqu llas que dej de aplicar y que tienen el car cter deé ó á normas decisorias de la litis, puesto que en caso contrario esta Corte no podr a dictar sentencia de reemplazo, dado el hecho que se trata de uní recurso de derecho estricto.

Quinto: Que versando la contienda sobre una acci n indemnizatoriaó por responsabilidad contractual, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a explicar los contenidos jur dicos delí instituto que hizo valer en juicio. Concretamente, las relativas a la responsabilidad contractual, contenidas en los art culos 1545 y siguientes delí C digo Civil, teniendo en consideraci n que fueron precisamente ó ó estos preceptos aquellos que se invocaron como sustento de la demanda y que los jueces de fondo aplicaron para resolver la controversia. Al no hacerlo se genera un vac o que la Corte no puede subsanar, desde que ha deí entenderse que dicha normativa ha sido correctamente aplicada.

Estas graves falencias impiden que el arbitrio pueda superar el umbral de admisibilidad formal.

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas legales citadas, se declara inadmisible el recurso de casaci n en el fondoó interpuesto por la abogada Mar a Francisca Valenzuela, en representaci n deí ó la parte demandada, contra la sentencia de diecis is de agosto del a o ené ñ curso.

Reg strese y devu lvase por interconexi n.í é ó

N 27.637-2019º

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentesí

B., Sr. Arturo Prado P. y Abogado Integrante Sr. Daniel Pe ailillo A. ñ No firman la Ministra Sra. Maggi y el Abogado Integrante Sr. Pe ailillo, noñ obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal la primera y ausente el segundo.

APORTES: Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.

CORTE SUPREMA ACOGE DEMANDA DE AUTODESPIDO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL

 Santiago, tres de enero de dos mil veinte.

Visto:

En estos autos RIT O-971-2018, RUC 1840140827-0, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, por sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se rechazó la demanda interpuesta por doña Paola Beatriz Maldonado Roco en contra de la Municipalidad de La Pintana.

En relación con ese fallo la demandante interpuso recurso de nulidad, que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve.

Respecto de esta sentencia la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, pidiendo que se dicte la de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones sobre el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar la copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la unificación de jurisprudencia pretendida, en lo que se refiere a la materia de derecho objeto del juicio, dice relación con determinar “acerca de cuál es el régimen jurídico aplicable a la demandante en su relación contractual con la Ilustre Municipalidad de La Pintana, la demandada, esto es, si ese vínculo jurídico es de índole laboral, regido por el artículo 7 del Código del Trabajo y demás normas legales pertinentes al caso concreto, al contrario, debe estar sujeto a las normas de derecho común que regulan el contrato de honorarios, en los términos que plantea el artículo 4 de la Ley 18.883”.

Tercero: Que, para los efectos de fundar el recurso de unificación de jurisprudencia, cita, en primer término, la sentencia dictada por esta Corte, en los autos Rol N° 4.5912018, la que señaló “es un hecho probado que la demandante prestó servicios para la demandada desde el 1 de marzo de 2009 para dos programas cuya ejecución le correspondió a la demandante, mediante sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 4º de la Ley Nº 18.883, que se prolongaron hasta el 1 de mayo de 2017. En cumplimiento de tal vinculación, se estableció que la demandada debía cumplir con una jornada y confeccionar informes de sus labores. Por lo demás, así quedó establecido en la sentencia de base en aquello no invalidado por la de unificación de jurisprudencia”, agregando que “del mérito de la prueba rendida, en especial de los múltiples contratos celebrados entre las partes, se lee que las funciones que debía realizar debían ejecutarse en una jornada de 44 horas semanales, con una última contraprestación mensual de dinero ascendente a $1.200.000, contra entrega de una boleta de honorarios y un informe mensual, con obligación de asistencia y supervigilancia de la jefatura. Además, se le reconocen beneficios como permisos, feriado legal y descanso por licencias médicas”, concluyendo que “más allá de lo planteado en los instrumentos escritos, en especial de los contratos celebrados por las partes, aportados por la propia demandada, y de los respectivos decretos administrativos que los autorizan y demás documentación aparejada, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir en la práctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el artículo 7º del Código del Trabajo”.

En segundo lugar trae a colación otro fallo de este tribunal, dictado en los autos Rol N° 42.636-2017, que pronunciándose sobre idéntica materia de derecho señaló que “ … son hechos que se encuentran establecidos en la sentencia de base, los siguientes: a) El demandante se desempeñó para la demandada desde el 1 de agosto de 2009 y hasta el 30 de diciembre de 2016, en virtud de sucesivos contratos de servicio a honorarios mediante los cuales debía ejecutar labores en programas de apoyo sicosocial financiados por Fosis; b) Los servicios se sujetaron a obligación de asistencia y cumplimiento de horario, sometido a la dependencia e instrucciones de jefaturas, por cuanto obedecía a un superior jerárquico, a quien debía acatar y obedecer; y como contraprestación por dichos servicios, recibía mensualmente una suma de dinero previa emisión de boleta de honorarios e informe de labores”, concluyendo que “tales fundamentos fácticos constituyen un expresión clara de laboralidad que denota dicha naturaleza en el desarrollo práctico que tuvo el vínculo que ligó a las partes; en efecto, son indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, desde que configuran una evidente prestación de servicios personales, bajo dependencia y subordinación y por la cual el actor recibe cambio una remuneración”.

Por último sindica una sentencia de esta Corte, pronunciada en los autos Rol N° 16.346-2016, que precisó que “se debe tener en consideración que es un hecho reconocido por el municipio en su contestación que la actora prestó servicios de manera continua para la demandada en el “Programa Puente” desde el 1° de octubre de 2002 y que desde el 1° de enero de 2008 al 31 de marzo de 2015, el Municipio, directamente, pagaba sus honorarios, conforme al vínculo que los unía y que, según fue decidido en el fallo de unificación, su naturaleza debe estimarse como una de carácter laboral sujeta a los artículos 1°, 7° y 8° del Código del Trabajo, y no al artículo 4° de la Ley N° 18.883”, concluyendo que “con ajuste a lo elucubrado en los considerandos anteriores se yergue como conclusión indiscutible la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por lo tanto, regida por el Código del ramo y descrita en su artículo 8°”.

Cuarto: Que, en contrario, la sentencia impugnada dirimió la controversia expresando que “ … el artículo 4 de la Ley 18.883, permite que las Municipalidades contraten a honorarios a profesionales y técnicos de educación o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de las municipalidades, mediante decreto del Alcalde. En el inciso segundo, se contempla la facultad de contratar a honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Por último, se dispone que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establece el respectivo contrato”, concluyendo que “ … dados los hechos establecidos, no se advierte infracción alguna de los artículos 7 del Código del Trabajo, 4 de la ley N°18.883 y 19 al 22 del Código Civil, en cuanto a su interpretación ni aplicación; por el contrario, la primera no es la regla aplicable en la especie, pues como se ha explicado, los hechos establecidos en la instancia y las conclusiones extraídas a partir de ellos llevan a estimar que la naturaleza de la relación contractual de marras no es laboral, por lo que tal norma no es aplicable en este caso. Y, a la inversa, la segunda norma que se denuncia como infringida es precisamente la norma aplicable a los hechos establecidos en el fallo”.

Quinto: Que, por lo tanto, concurren dos interpretaciones sobre una idéntica materia de derecho, presupuesto necesario del recurso de unificación de jurisprudencia, por lo que se debe establecer cuál es la correcta, lo que se traduce en determinar qué estatuto jurídico regula la vinculación que se genera entre una persona natural y la entidad perteneciente a la Administración del Estado donde se desempeña, cuando no se encuadra a los términos de la normativa conforme a la cual se incorporó a su dotación.

Sexto: Que, a los efectos de asentar la recta exégesis en el negocio, es menester traer a colación el artículo 1 del Código del Trabajo, que prescribe: “Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

Séptimo: Que, asimismo, conviene recordar que el artículo 4 de la Ley N° 18.883, preceptúa: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Octavo: Que, acorde con la normativa hasta ahora reproducida, la premisa está constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, y se entienden por tal, en general, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial, determinante y distintivo de una relación de este tipo.

Noveno: Que el artículo 1 del Código del Trabajo consigna, además de la ya indicada premisa genérica, una excepción a la aplicación de su compilación al personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a éstos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del

Estado no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico.

Décimo: Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

Undécimo: Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.

Duodécimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan la presencia de subordinación o dependencia clásica, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con los artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal y el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

Decimocuarto: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4 de la Ley N° 18.883, por la que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4 siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en los términos señalados en el motivo undécimo.

Decimoquinto: Que es justamente la determinación de los tópicos de especificidad u ocasionalidad los que deben ser esclarecidos para decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar que son “labores accidentales y no habituales”, aquéllas que, no obstante ser propias del ente, son ocasionales, circunstanciales, y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.

Decimosexto: Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si la demandante desplegó un quehacer como lo ordena el citado artículo 4 de la Ley N° 18.883-, o si, por el contrario, lo desarrolló bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, la magistratura estableció que desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2018 se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios para realizar funciones de psicóloga en la oficina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes dependiente de la Municipalidad de la Pintana, en el marco de convenios celebrados con el Servicio Nacional de Menores.

Se dio por asentado, además, que debía registrar su asistencia a través de un reloj control y que dependía jerárquicamente de la coordinadora general de la oficina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En otro orden de consideración, se dio por establecido que tenía derecho al pago de sumas de dinero por concepto y reajustes y sobretiempo, descanso maternal, licencias médicas, permisos y feriado.

Decimoséptimo: Que, del análisis conjunto de las normas reproducidas, del carácter de los contratos de honorarios suscritos entre la demandada y la demandante y hechos establecidos, aparece que se trata de una modalidad a través de la cual la primera cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, con un claro propósito de promoción social que, en este caso, se ejecuta en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883.

Decimoctavo: Que es útil tener en consideración que la

Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia de La

Pintana fue una de las primeras en ser creadas en el año 2001, y ha venido ejecutando un trabajo permanente tendiente a desarrollar el Sistema Local de Protección de Derechos, articulando la participación de los actores relevantes de la comuna, en la evaluación y reformulación participativa de la política local de infancia. Por otra parte ha impulsado una atención personalizada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, fortaleciendo sus factores protectores, sus familias y la comunidad en que habitan, gracias a un trabajo colaborativo con las redes presentes en la comuna. Su funcionamiento continuado y consistente en el tiempo no sólo ha permitido articular, mantener y fortalecer una red de infancia destinada a generar un efecto sinérgico en torno a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención e interrupción de vulneraciones, sino además desarrollar una función de liderazgo en la comprensión de la ejecución de las políticas públicas como una manifestación de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en el territorio.

Decimonoveno: Que por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y, en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que la a relación contractual está amparada por la norma aludida, sino, más bien, se trata de una que, dado los caracteres que tuvo, está sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que, así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho cuerpo legal.

Vigésimo: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las normas del referido estatuto a todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe entenderse por tal aquellos que reúnen las características que surgen de la definición que de contrato de trabajo consigna el artículo 7 del Código del ramo, o sea, que se trate de servicios personales, intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una remuneración.

Vigésimo primero: Que, en estas condiciones, yerra la Corte de Apelaciones de San Miguel al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante, fundado en las causales de los artículos 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo, calificando la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando, consecuentemente, inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta uqe desplegó en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige.

Vigésimo segundo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el recurso de nulidad que dedujo en contra de la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa comuna en autos RIT O-172-2018 y RUC 1840140827-0, se declara que esta es nula, y acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la correspondiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Regístrese.

Rol N° 15.615-19.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor. Mauricio Silva C., y señora. María Angélica Cecilia Repetto G. No firman los ministros señora Muñoz y señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con feriado legal. Santiago, tres de enero de dos mil veinte.

RICARDO LUIS HERNAN BLANCO GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ

HERRERA MINISTRA

MINISTRO Fecha: 03/01/2020 12:34:06

Fecha: 03/01/2020 12:34:06

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO

GARCIA

MINISTRA

Fecha: 03/01/2020 12:34:07

En Santiago, a tres de enero de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

Santiago, tres de enero de dos mil veinte.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 483 C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Visto:

Se mantienen los fundamentos primero a octavo de la sentencia de base de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel. Asimismo, se reproducen los motivos sexto a vigésimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1º.- Que en relación con la manifestación del ejercicio de la subordinación y dependencia, la prestación de servicios en forma permanente durante más de seis años de manera continua para el municipio en labores que le corresponden, la existencia de beneficios propios de un contrato de trabajo como licencias médicas y permisos especiales, y de indicios de que las funciones se prestaron en horarios fijados previamente, son antecedentes suficientes para concluir que la actora se desempeñó en tal calidad.

2°.- Que, atendida la presencia de los supuestos fácticos establecidos, se concluye de manera inconcusa que la demandante desarrolló para la demandada una labor de manera dependiente, por cuenta ajena y por la cual recibió mensualmente una retribución monetaria, es decir, en las condiciones señaladas en el Código del Trabajo, puesto que sus funciones se extendieron en el tiempo y bajo las órdenes de aquélla, de manera que, en esas circunstancias, la naturaleza de la relación contractual es de carácter laboral, al cumplirse los requisitos que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo y, por lo tanto, no se circunscribe a la descrita en el artículo 4 de la Ley N° 18.883.

3º.- Que, sobre la base de los hechos asentados y su calificación jurídica, resulta evidente que la falta de escrituración del contrato de trabajo, pago de cotizaciones previsionales y demás prestaciones propias de una relación laboral, a juicio de este tribunal, configuran la causal establecida en el numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, que habilita a la actora a poner término a la relación laboral, debiendo accederse a las indemnizaciones y compensaciones reclamadas en la forma que se indicará.

Especialmente en lo que respecta al pago de las cotizaciones previsionales, cuando el empleador no las entera en las respectivas instituciones previsionales, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato; cotizaciones que son parte de la remuneración del trabajador, que el empleador está obligado a retener por mandato legal. Por otra parte, tener consecuencias negativas para el trabajador, tanto en el acceso a prestaciones previsionales como en la rentabilidad de la capitalización de su fondo para pensiones.

4º.- Que en cuanto a lo pretendido por la demandante por concepto de nulidad del despido, considerando que el fallo sólo constató una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral.

No obstante lo expuesto, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575–, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

En otra línea argumentativa, la aplicación –en estos casos–, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.

5°.- Que, para los efectos de fijar las indemnizaciones a que haya lugar, se tendrá como base de cálculo la cantidad percibida mensualmente por la actora, esto es, la suma de $ 949.954.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 41, 162, 163, 168, 171, 420, 425 y 459 el Código del Trabajo, se decide que:

Se acoge la demanda interpuesta por doña Paola Beatriz Maldonado Roco en contra de la Municipalidad de la Pintana:

I.- Se declara que la relación contractual que los vinculó fue de carácter laboral, y se extendió desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2018, y que el auto despido es justificado. En consecuencia se condena a la demandada a pagar las cantidades que se indican por los conceptos que se señalan:

a).- $ 949.954, correspondiente a indemnización

sustitutiva del aviso previo.

b).- $ 6.649.678, por concepto de indemnización por años

de servicios.

c).- $ 3.324.839, por recargo legal del 50 % de conformidad con el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

d).- Cotizaciones previsionales por todo el período

trabajado, debiendo oficiarse a las entidades pertinentes para los fines a que haya lugar.

II.- Las sumas señaladas deberán pagarse con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Cada parte soportará sus costas.

Se previene que la ministra señora Chevesich fue de opinión de acoger, además, la demanda de nulidad del despido, teniendo en consideración lo siguiente:

1º.- Que la controversia se centra en determinar la procedencia de aplicar la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, al caso de autos, en que la relación habida entre los litigantes ha sido calificada de naturaleza laboral sólo en el fallo del grado. Al respecto, cabe señalar que con la modificación introducida por la Ley N° 19.631, de 1999, al artículo 162 del Código del Trabajo, se impuso al empleador una obligación adicional, esto es, que para proceder al despido de un trabajador, deben encontrarse íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario dicho despido carece de efectos, es nulo.

2º.- Que, en este contexto, conforme a lo razonado en la sentencia de base, el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, desde que el fallo de unificación, que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente –relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia.

Regístrese y devuélvase con sus documentos.

Rol N° 15.615-19.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor. Mauricio Silva C., y señora. María Angélica Cecilia Repetto G. No firman los ministros señora Muñoz y señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con feriado legal. Santiago, tres de enero de dos mil veinte.  

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