Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.
Vistos:
En estos autos RIT 0-10-2020, RUC 2040260760-3, seguido ante el
Juzgado de Letras de Río Bueno, por sentencia de veinticinco de julio de dos mil
veintidós, acogió la demanda de despido injustificado, nulidad de despido y cobro
de prestaciones laborales interpuesta por don Eliel García Garrido en contra de la
empresa Constructora Carlos René García Gross Limitada, y, solidariamente, en
contra del Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de empresa mandante,
condenándolas al pago de las remuneraciones adeudadas que indica; a la
solución de las cotizaciones previsionales adeudadas, así como de todas aquellas
remuneraciones y prestaciones derivadas del contrato de trabajo, desde la fecha
del despido hasta su convalidación, sobre la base de la remuneración mensual
que indica, con los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo.
El Fisco de Chile interpuso recurso de nulidad en contra del referido fallo y
una sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por sentencia de veinte de
septiembre de dos mil veintidós, lo acogió y, en sentencia de reemplazo, rechazó
la demanda de nulidad de despido respecto de la demandada solidaria, Ministerio
de Obras Públicas, manteniendo en lo demás las decisiones contenidas en el fallo
de primer grado.
En relación a esta última decisión, el actor interpuso recurso de unificación
de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la de reemplazo que
describe.
Se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A
del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede
cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas
interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los
tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada,
incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones
respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que
hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe
acompañar copia fidedigna del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como
fundamento.
Segundo: Que la materia de derecho que el recurrentes solicita unificar se
refiere a la procedencia de aplicar la sanción de nulidad del despido, regulada en
el inciso quinto y séptimo del artículo 162 Código del Trabajo, a la empresa
principal, conforme el tenor de lo dispuesto por el artículo 183 B del mismo cuerpo
legal, refiriendo, en síntesis, que la sanción de nulidad de despido es aplicable a la
empresa principal, sin que sea óbice el límite previsto a favor de las empresas
contratistas en el artículo 183 B del estatuto laboral, porque como el hecho que
genera la sanción se presenta durante la vigencia del régimen de subcontratación,
se debe concluir que la causa que provoca su aplicación, esto es, el no pago de
cotizaciones previsionales, se originó en el ámbito que debe controlar y en el que
la ley le asignó responsabilidad, tal como ha sido resuelto en las sentencias de
contraste que cita y acompaña.
Para los efectos de fundar el recurso cita las sentencias dictadas por esta
Corte en los autos roles N° 102.864-2020, N° 41.062-2016 y N° 8.513-2018, las
que llamadas a pronunciarse sobre la misma materia de derecho refieren, en
síntesis, que el artículo 183-B del estatuto laboral, imputa responsabilidad solidaria
a la empresa principal de las obligaciones laborales y previsionales de dar que
afecten a sus contratistas y subcontratistas, en su caso, en favor de sus
trabajadores, la que incluye a las eventuales indemnizaciones legales que
corresponda, de manera que, como consecuencia de lo anterior, la empresa
principal debe responder, ya sea de manera solidaria o subsidiaria, del pago de las
remuneraciones de los trabajadores, y también del entero, en el órgano pertinente,
de las cotizaciones previsionales, además de las indemnizaciones que proceda.
Esta responsabilidad tendrá el carácter de solidaria en la medida que no
haya ejercido el derecho de información y retención, pues de otro modo se torna
subsidiaria.
Agrega que, además, y conforme se previene en el artículo 162 del Código
del Trabajo, el despido de un trabajador respecto del cual el empleador no está al
día en el pago de las cotizaciones previsionales, no produce el efecto de extinguir
la relación laboral, contemplando nuestro sistema una sanción, coloquialmente
conocida como “Ley Bustos”, consistente en la obligación de hacer pago de las
remuneraciones y demás prestaciones desde la fecha del despido y hasta su
convalidación, lo que se incluye dentro del concepto de “obligaciones laborales y
previsionales” que señala el artículo 183-B del cuerpo legal en comento, de lo que
debe responder la empresa principal. Finalmente, concluye que, no obsta a lo anterior, la circunstancia que la
responsabilidad solidaria de la empresa principal esté limitada al tiempo o período
durante el cual los trabajadores prestaron servicios en régimen de
subcontratación, porque como el hecho que genera la sanción que establece el
artículo 162 del Código del Trabajo se presenta durante la vigencia de dicho
régimen, se debe concluir que la causa que provoca su aplicación -no pago de las
cotizaciones previsionales- se originó en el ámbito que aquélla debe controlar.
En efecto, la ley le asignó responsabilidad, debido a la utilidad que obtiene
del trabajo prestado por los dependientes de un tercero y por la necesidad de
cautelar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Ello
resulta acorde con los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de
subcontratación, en la medida que establece un sistema de protección para los
trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones ya que, como se indicó,
instituyó respecto de la empresa principal una responsabilidad solidaria y
subsidiaria en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que debe asumir el contratista respecto de su dependiente, para, en
definitiva, estimular y velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de dichas
obligaciones.
Tercero: Que de la lectura de la sentencia impugnada se observa, en
cambio, que resuelve la controversia con un criterio diferente, desde que al
pronunciarse sobre el recurso de nulidad entablado por la demandada solidaria,
Ministerio de Obras Públicas, señala, en síntesis que , las normas citadas deben
interpretarse a la luz de la institución contenida en el artículo 162 del Código del
Trabajo y de las normas legales de derecho público al amparo de las cuales opera
el Fisco de Chile en la vida jurídica, pues no pueden perderse de vista las
particulares condiciones a las que se encuentra sujeto el Fisco en el desarrollo de
actividades económica. Asimismo, agrega que la Corte Suprema ha sostenido que
los Órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el
despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren,
por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en
forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria
adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las
indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad
del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la
Administración del Estado, citando jurisprudencia en dicho sentido. Agrega que “…así las cosas, imputándose responsabilidad por
subcontratación, los deberes de la empresa principal se extienden sólo hasta el
momento de permanencia de su condición de mandante o empresa principal, la
que cesa al terminar el contrato adjudicado a la empleadora, o de facto cuando el
contratista pone término al contrato de trabajo del trabajador, como sucede en la
especie”, agregando que “…la particularidad del Fisco de Chile, a diferencia de
otros terceros, está en que su actuación queda sometida estrictamente a la ley y,
por ello, no puede pagar por mera voluntad. Así, ni aun la mejor interpretación pro
operario puede construirse sobre la base de transgredir el derecho, y obligar a un
ente público a actuar fuera del principio constitucional de legalidad”.
Cuarto: Que, como se observa, concurren dos interpretaciones sobre una
idéntica materia de derecho, presupuesto necesario del recurso de unificación de
jurisprudencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 del Código del
Trabajo, por lo que se debe establecer cuál es la correcta.
Quinto: Que esta Corte, a partir de la sentencia dictada en el ingreso
número 1.618-2014, de 30 de julio de 2014, y seguida posteriormente por la
emitida en el rol N° 20.400-2015 de 28 de junio de 2016, hasta la actualidad, ha
sostenido que la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es
aplicable a la empresa principal, sin que sea óbice el límite previsto a favor de las
empresas contratistas en el artículo 183-B del mismo código, pues como el hecho
que genera la sanción que establece el referido artículo 162 se presenta durante la
vigencia del régimen de subcontratación, se debe concluir que la causa que
provoca su aplicación, esto es, el no pago de las cotizaciones previsionales, se
originó en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó
responsabilidad, debido a la utilidad que obtiene del trabajo prestado por los
dependientes de un tercero y por la necesidad de cautelar el fiel cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales.
Tal como se ha señalado, la referida conclusión se encuentra acorde con
los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la
medida que establece un sistema de protección a los trabajadores que se
desempeñan en dichas condiciones, ya que, como se indicó, instituyó respecto de
la empresa principal una responsabilidad solidaria y subsidiaria en lo concerniente
a las obligaciones laborales y previsionales que debe asumir el contratista
respecto de su dependiente, para, en definitiva, estimular y velar por el
cumplimiento efectivo y oportuno de dichas obligaciones, teniendo presente que la nueva normativa que regula el trabajo en régimen de subcontratación no excluye a
la empresa principal de la aplicación de la ineficacia del despido que trata el
artículo 162 del Código del Trabajo y, como se ha señalado, tampoco fue materia
de discusión o indicación durante la tramitación de la Ley N° 20.123, que la
contiene, lo que se puede apreciar del examen de la discusión parlamentaria
llevada a cabo.
El criterio jurisprudencial aludido ha sido ratificado, además, en las
sentencias dictadas por esta Corte en los roles N° 15.516-2018, 31.633-2018, N°
16.703-2019, N° 18.668-2019, y últimamente en los fallos dictados en autos roles
N° 149-2021, N° 39.080-2021 y N°49.533-2021.
Sexto: Que, en consecuencia, yerra la Corte de Apelaciones de Valdivia al
decidir excluir de los efectos de la nulidad del despido a la empresa mandante,
esto es, al Ministerio de Obras Públicas.
En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, el recurso de
nulidad interpuesto fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo,
por infracción los artículos 162 y 183-B del Estatuto Laboral, debió ser
desestimado.
Séptimo: Que, por las consideraciones antes dichas, y habiendo
determinado la interpretación que esta Corte estima acertada respecto de la
materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de
jurisprudencia será acogido en los términos que se indicarán.
Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de
unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en relación a la
sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de
Apelaciones de Valdivia, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por la
demandada solidaria, Ministerio de Obras Públicas, contra la sentencia veinticinco
de julio de dos mil veintidós, emanada del Juzgado de Letras de Río Bueno en los
autos RIT 0-10-2020, RUC 2040260760-3 y, en su lugar, se declara que se
rechaza el referido recurso de nulidad, manteniéndose la decisión adoptada por la
sentencia del Juzgado de Letras de Río Bueno.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 121.783-2022.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H. y señor Diego Simpértigue L. No firman los ministros
señor Blanco y señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo
de la causa, por estar con licencia médica el primero y por estar en comisión de
servicios la segunda. Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.
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MARIO AGUILA, editor.
