Síndrome de Down, derecho de igualdad ante la ley y compañía de seguros.

Santiago, doce de junio de dos mil veinte. Al escrito folio N° 76.995-2020: estése a lo que se resolverá. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos sexto a undécimo, que se eliminan. Y se tiene, en su lugar y además, presente: 

Primero: Se ha deducido recurso de protección en favor de un padre y su hijo menor de edad, en contra de Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A., por cuanto ésta última rechazó indemnizarle los gastos en que incurrió con motivo de las prestaciones médicas brindadas al niño señalando: “Sin cobertura. Malformaciones y/o patologías congénitas diagnosticada o conocida por el asegurado antes de la contratación de la póliza”. Se indica que el niño es una persona normal con síndrome de Down, que se define como una condición irregular en su composición cromosómica, la que no puede ser cambiada por ningún tipo de terapia y de la que puede derivar o no una serie de enfermedades asociadas. Precisa que el formulario de afiliación del que disponen los interesados en adscribir a las prestaciones que ofrece la recurrida no contempla en ninguna de sus partes la posibilidad de declarar o considerar el referido síndrome como una enfermedad, malformación o patología congénita, toda vez que corresponde a una condición distinta a otros síndromes que pueden ser adquiridos a lo largo de la vida. Solicita se ordene a la recurrida otorgar la cobertura requerida teniendo siempre en consideración que el síndrome de Down no corresponde a una enfermedad en sí misma. 

Derecho de propiedad por sobre el de seguridad social.

Antofagasta, diecisiete de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece María Angélica Ojeda González, cédula nacional de identidad N°7.134.567-K, profesora, con domicilio en calle Caracoles 3235, casa C, Villa Parinacota, comuna de Antofagasta, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., rol único tributario N°76.240.079-0, representada legalmente por Martín Mujica Ossandón, ambos con domicilio en calle Bandera 236, por estimar vulnerado el derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política solicitando el restablecimiento del imperio del derecho, la entrega o restitución por parte de la recurrida de sus ahorros existentes en su cuenta de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales, cuyo monto asciende a $46.569.000, más incrementos legales a la fecha de su devolución efectiva, con costas. Informó la recurrida - AFP Cuprum S.A.- alegando en primer término la caducidad de la acción de protección y en subsidio, solicitando el rechazo. Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones, a requerimiento de esta Corte, al estimarse indispensable para la acertada resolución; instando ambas instituciones por el rechazo del recurso según se expresará. Posteriormente, a solicitud también de esta Corte, el Excmo. Tribunal Constitucional determinó en sentencia agregada a la presente causa, que la aplicación del Decreto Ley 3.500, cumple con los requisitos exigidos en la Constitución Política en relación a la decisión propuesta por la recurrida y la Superintendencia de Pensiones. Como medida para mejor resolver, debido al tiempo transcurrido y la naturaleza cautelar de esta  vía, se solicitó a la recurrente que informara sobre la situación actual del crédito hipotecario que mantiene, vinculado a su pretensión, indicando textualmente que: “no ha celebrado a la fecha convenio de pago con la entidad crediticia y según consta de los documentos acompañados, adeuda a la fecha un “Total General” de $25.171.452, encontrándose al día en el pago de los dividendos hipotecarios.” Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Situación de emergencia sanitaria y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

La Serena, cuatro de junio dos mil veinte. 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, con fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, comparece don Eduardo Rodríguez Pérez, abogado, en representación de Comercializadora S.A. sociedad del Giro de la Grandes Tiendas, Rut N° 81.675.600-6, ambos domiciliados para estos efectos en calle Gregorio Cordovez N° 435, comuna y ciudad de La Serena, interponiendo recurso de protección en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena, don Roberto Jacob Jure, por el acto ilegal y arbitrario cometido mediante la dictación del Decreto Alcaldicio N° 439, de fecha 20 de marzo de 2020, en virtud del cual dicha autoridad decretó la suspensión transitoria total del funcionamiento del establecimiento comercial Hites, ubicado en calle Gregorio Cordovez N° 435, La Serena, lugar donde ejerce su giro su representada. Suspensión que rige a partir del 21 de marzo a las 00.00 horas y que se extenderá mientras subsista la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Sostiene, en lo pertinente, que el Sr. Alcalde carece de facultades para decretar la clausura, cierre o “suspensión transitoria total del funcionamiento” de un establecimiento comercial que ejerce legalmente y que mantiene su patente municipal al día. Ninguna de las normas citadas en el Decreto Alcaldicio le otorga la facultad de clausurar, cerrar o suspender transitoriamente al establecimiento con motivo de la existencia de una enfermedad transmisible. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por los artículo 41 y 43 del Constitución Política de la República de Chile, declarado el Estado de Catástrofe, es el Presidente de la República quien podrá restringir las libertades de reunión, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Por su parte, y de conformidad a lo dispuesto en el Código Sanitario, artículo 24, tratándose de enfermedades transmisibles, el Servicio Nacional de Salud es la autoridad con facultades para clausurar un establecimiento público o particular que albergue a un grupo de personas. Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del mismo Código, es la misma autoridad quien como medida sanitaria puede ordenar en casos justificados la clausura o prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos.

Adicionalmente, señala, ninguno de los Jefes Regionales de Defensa designados con motivo del estado de excepción constitucional de catástrofe ha prohibido el funcionamiento de establecimientos comerciales como el de su representada. Agrega que el decreto alcaldicio impugnado en autos, constituye además un acto arbitrario, carente de toda proporcionalidad, y va más allá de las recomendaciones e instrucciones que el Presidente de la República y la autoridad sanitaria han entregado con respecto a cómo prevenir el COVID-19. En este punto, destaca que su representada ha tomado todos los resguardos recomendados por la autoridad sanitaria para prevenir la propagación de la enfermedad; tanto es así, que la suspensión de funcionamiento de un establecimiento comercial como Tiendas Hites no ha estado presente en ninguna de las Resoluciones emanadas del Ministerio de Salud en las que ha dispuesto medidas sanitarias en relación al brote del virus. Indica que en el caso de marras, la actuación arbitraria e ilegal del Alcalde la Ilustre Municipalidad de La Serena, ha privado y perturbado el ejercicio de las garantías y derechos constitucionales de su representada, establecidos en el artículo 19 Nº 21 y 24 de la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la citada resolución o decreto, y se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los referidos derechos garantizados constitucionalmente de su representada. Acompaña los siguientes documentos: 1.- Decreto Alcaldicio Nº 439, de fecha 20 de marzo de 2020; 2.- Decreto Alcaldicio Nº 418, de fecha 17 de marzo de 2020; 3.- Decreto Alcaldicio N° 445 de fecha 24 de marzo de 2020; 4.- Dictamen de la Contraloría General de la República N° 6785N20 de fecha 24 de marzo de 2020; 5.- Copia del Comprobante de Pago de la Patente Comercial Rol 213824; 6.- Impresión de Cadena de Correos para la implementación de Carteles Informativos sobre Prevención; 7.- Impresión del sitio https://www.gob.cl/coronavirus/#preguntasfrecuentes 

Fuero maternal y termino de la relación laboral.

 Santiago, diez de junio de dos mil veinte. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento sexto, que se elimina. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

 Primero: Que la abogada Carolina Azúa García, dedujo recurso de protección en favor de Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores, en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, por haber emitido las Resoluciones N°s. 4160 y 4168, ambas de fecha 14 de octubre de 2019, que desestiman las reconsideraciones presentadas por las recurrentes respecto de los Oficios N°s. 3343 y 3345, de 8 de agosto de 2019, alegando que los actos impugnados constituyen una vulneración a los derechos y garantías establecidos en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los motivos que desarrolla extensamente en el libelo. Pide, en definitiva, acoger el recurso y que, previo reconocimiento del derecho al fuero maternal que les asistía a las recurrentes al vencimiento de la relación laboral, se ordene su reincorporación al servicio y el pago de todas las remuneraciones desde la fecha de la separación hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Unificación de Jurisprudencia: Inadmisibilidad de éste por accidente laboral

Santiago, cuatro de junio de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que con fecha cinco de noviembre último, rechazó el recurso de nulidad que interpuso en contra de la de base que acogió parcialmente la demanda, condenando a la demandada al pago de la indemnización de perjuicios que señala, pero sólo respecto el daño moral reclamado, rechazándola en lo demás. 

Segundo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarará inadmisible el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y el de acompañar copia de las sentencias respectivas. 

Despido Injustificado: Corte de Santiago ordena el pago por prestaciones adeudadas

Santiago, diez de junio de dos mil veinte. 

Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento sexto, que se elimina. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que la abogada Carolina Azúa García, dedujo recurso de protección en favor de Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores, en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, por haber emitido las Resoluciones N°s. 4160 y 4168, ambas de fecha 14 de octubre de 2019, que desestiman las reconsideraciones presentadas por las recurrentes respecto de los Oficios N°s. 3343 y 3345, de 8 de agosto de 2019, alegando que los actos impugnados constituyen una vulneración a los derechos y garantías establecidos en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los motivos que desarrolla extensamente en el libelo. Pide, en definitiva, acoger el recurso y que, previo reconocimiento del derecho al fuero maternal que les asistía a las recurrentes al vencimiento de la relación laboral, se ordene su reincorporación al servicio y el pago de todas las remuneraciones desde la fecha de la separación hasta su efectiva reincorporación, con costas.