Frases exactas, use comillas. Ejemplo "Jurisprudencia de Chile". Más consejos aquí

viernes, 14 de febrero de 2020

Indemnización del Estado por negligencia médica

 Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

En estos autos Rol N° 20.528-2018, iniciados ante el 12° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, caratulados “López con Servicio de Salud Metropolitano Norte”, el demandado dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia de fecha 20 de junio de 2018, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la sentencia de primera instancia de 13 de octubre de 2016, acogiendo la demanda deducida y condenando en consecuencia a dicho servicio de salud a la suma de
$25.000.000 de pesos por concepto de daño moral, con reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor o por el mecanismo que le reemplace, en virtud de haber incurrido en la falta de servicio alegada.
Cabe señalar que, en contra de la sentencia de primera instancia, en su oportunidad el demandante dedujo recurso de casación en la forma, apelando de manera conjunta.
Fundó dichos recursos en la falta de fundamentación de la sentencia. A mayor abundamiento, sostuvo que la sentencia no realizó el debido análisis de la prueba rendida, limitándose sólo a señalar los medios de prueba ofrecidos y el estudio de ellos en 4 párrafos. Dicha causal se encuentra comprendida en el numeral 5° del artículo 768 en relación con el número 4 del artículo 170, ambos del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, dicho recurso

de casación en la forma fue rechazado por no haber acreditado ni por constar en los autos la infracción acusada.
No obstante, el recurso de apelación sí fue acogido, por lo que el rechazo del recurso de casación en la forma no generó perjuicio en contra del demandante. Así las cosas, el tribunal de alzada determinó que existe agravio en la sentencia de primera instancia, toda vez que la prueba rendida permite tener por acreditada la relación de causalidad entre la falta de servicio del hospital y el daño moral sufrido por la actora avaluado en la suma de
$25.000.000 de pesos.

En contra de dicha sentencia emanada de la Corte de Apelaciones, el Consejo de Defensa del Estado dedujo el ya mencionado recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.


CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente señala que es necesario tener presente que la decisión de los jueces de segunda instancia, al acoger el daño moral, declarando la existencia de una negligencia médica, es contraria a la correcta aplicación del régimen especial de responsabilidad civil establecido en el artículo 38 de la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud, incurriendo en errores de derecho que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, conforme a lo que señala más
adelante en su escrito. De esta manera, la falta de servicio sería inexistente, toda vez que la omisión de la práctica de los exámenes que acusa el demandante como negligencia y el posterior desarrollo de colangitis, eventualmente podría haber sido diagnosticado pero no se trataría de un pronóstico objetivo y previsible, que es el estándar correspondiente a un médico diligente.
Agrega que las disposiciones legales infringidas por el fallo son las que se detallan a continuación: (i) el artículo 38 de la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud en relación a los artículo 19 y 22 del Código Civil, desde que se extendió indebidamente el alcance de dichas disposiciones al considerar que un funcionario del Hospital San José incurrió en una omisión calificada por los sentenciadores como negligencia médica;
  1. el artículo 38 de la ley ya mencionada en relación al artículo 19 del Código Civil, toda vez que establece que concurre un vínculo causal entre la omisión de un funcionario del hospital y el daño a la víctima, e (iii) infracción a las leyes reguladoras de la prueba, de acuerdo a lo señalado en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. De esta forma, se configura la infracción a la ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, conforme lo requiere el último precepto citado.
SEGUNDO: Que el recurrente, luego de señalar las normas infringidas, indica que se hace responsable al Servicio de Salud respectivo por una defectuosa atención brindada por un funcionario suyo, por lo que la responsabilidad emana exclusivamente de la actuación personal del médico y que el fallo no lo individualiza, de modo que es indispensable precisar el concepto de la lex artis médica transgredido. De esta manera, incurre en un error de derecho al realizar esta calificación jurídica. Concluye señalando, en este acápite de su recurso, que ha existido una equivocación por parte de los sentenciadores, al subsumir los hechos establecidos a la hipótesis de falta de servicio del artículo 38; ya que éstos han sido calificados erróneamente al concluir que a, partir de ellos, en la especie se ha configurado la responsabilidad en materia sanitaria del Servicio de Salud demandado, toda vez que tales hechos, por sí mismos, conducen a descartar que la conducta del funcionario del demandado configura una hipótesis de falta de servicio, que para el caso de marras corresponde al error de diagnóstico.

TERCERO: Luego señala que el particular debe probar

todos los elementos que configuren la responsabilidad civil en materia sanitaria, conforme a las normas sectoriales, esto es, el daño, la falta de servicio y la relación de causalidad entre el daño y la falta de servicio. Siendo del caso, según el recurrente, que la causalidad no fue probada
por la demandante. A su turno, el sentenciador de segunda instancia, a juicio del recurrente, omite igualmente analizar dicho nexo causal en su sentencia. Lo anterior en contravención del artículo 38 de la Ley N° 19.966.

CUARTO: Finalmente, sostiene como tercer y último capítulo de su recurso, que las normas reguladoras de la prueba resultan vulneradas, a saber, los artículos 1.698 y 1.702, en relación con el artículo 19, todos del Código Civil, por cuanto el tribunal de alzada tuvo por acreditados hechos que legalmente no pudieron tenerse por probados, como es que la demandante experimentó daño moral. Igualmente, y reiterando lo señalado por los considerandos anteriores, señala que no probó el vínculo de causalidad. Del mismo modo, no logró acreditar el daño moral sufrido y los jueces del fondo valoran de manera errónea un instrumento privado, al darle el valor correspondiente al de un instrumento público.
QUINTO: Que, al referirse a la influencia que tales vicios habrían tenido en lo dispositivo del fallo, la recurrente afirma que, de no haberse incurrido en ellos, la sentencia de primera instancia debió ser confirmada y la demanda íntegramente rechazada.

SEXTO: Que, del texto del recurso impetrado, queda de manifiesto que lo solicitado por dicha parte es una nueva valoración de los medios probatorios, así como también el
establecimiento de hechos distintos que, a su vez, impidan calificar lo sucedido como una falta de servicio.
Es del caso señalar que se tuvieron por probados los siguientes hechos, conforme se detalla a continuación:
    1. Que la demandante fue derivada el 13 de julio de 2012 al Hospital San José para su atención y tratamiento desde el Centro de Urgencia de Salud Familiar Cristo Vive, con diagnóstico de pielonefritis aguda, y atendida por esa urgencia de su salud en el hospital San José por sus facultativos, durante los días 14, 15 y 16 de julio de 2012, siendo dada de alta el 17 del mismo mes.
    2. La demandante fue atendida, tratada y dada de alta por el Hospital San José, bajo el diagnóstico de “pielonefritis aguda”, sin determinarse ni efectuar exámenes, por dicha demandada, de la posible existencia de una “colangitis”, debiendo el médico tratante haber ordenado los exámenes de imagenología para confirmar o descartar dicha dolencia.
    3. La demandante fue dada de alta el 17 de julio por primera vez, después de su ingreso y tres días después fue atendida también en el Hospital San José, manteniendo las dolencias propias de la colangitis y con un cuadro de bronquitis aguda.
    4. Estaban extraviadas en el Hospital San José las fichas clínicas de la demandante al momento de su tratamiento y alta, lo que significó que la Sra. López

fuera tratada en un inicio por una enfermedad que no era la correspondiente, para luego, ser tratada por la afección correcta.
    1. Por la prueba documental se tuvo por probado que la demandante fue derivada desde el centro de salud primario con un diagnóstico de pielonefritis, el cual fue refrendado por el Hospital San José, así como también que al momento de la derivación presentaba escleras con tinte ictérico. Igualmente, constan los diagnósticos correctos de colangitis aguda, operada y resuelta por parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a la cual ingresó el 2 de agosto de 2012 y fue dada de alta el día 21 de septiembre del mismo año.
    2. Finalmente, se acompañó informe de la Psicóloga del Centro de Salud Familiar Cristo Vive, el cual a juicio de los jueces del fondo, puede considerarse como un indicio o presunción indiciaria, que da cuenta del estado psicológico de la Sra. López, que redunda en el daño moral alegado como consecuencia de la negligencia médica.
SÉPTIMO: Que, conforme a la prueba rendida y a la valoración de la misma realizada por los jueces del fondo, fue posible concluir la falta de servicio del establecimiento sanitario debido al actuar negligente del personal médico. Ello en atención a que conforme al estado de la paciente, no fueron realizadas de manera oportuna las acciones tendientes a investigar el real estado de salud de
la paciente, teniendo en consideración los resultados de los exámenes y los antecedentes físicos de la Sra. López López. A mayor abundamiento, tuvieron que transcurrir 11 días y la necesidad de concurrir a un tercer facultativo, esta vez en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para obtener el diagnóstico y tratamiento debido.

OCTAVO: Que, continuando el análisis del recurso, cabe destacar que, de su sola lectura, deja en evidencia las falencias de que adolece. En efecto, el examen del libelo permite concluir que lo verdaderamente reprochado por el recurrente, al denunciar la infracción de normas reguladoras de la prueba, es una errada ponderación de la misma.
En efecto, y como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, se entienden vulneradas las disposiciones de esta clase, fundamentalmente, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Asimismo, se ha resuelto que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego los jueces del fondo son soberanos para apreciar las

probanzas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes.
Ninguno de los aspectos señalados en el párrafo precedente ha sido denunciado a través del presente arbitrio. Por el contrario, la sola lectura del mismo deja en evidencia que el recurrente se limita a criticar las apreciaciones de los sentenciadores expresando, a modo meramente ejemplar, que la sentencia no efectuó una adecuada valoración de la prueba instrumental y pericial. Conforme a lo expuesto resulta evidente que el propósito de la recurrente consiste en que se lleve a cabo por esta Corte una nueva valoración de la prueba, para que en virtud de tal labor se establezca que la carencia de vínculo causal y efectividad del daño moral sufrido. Tal actividad de ponderación resulta extraña a los fines de la casación en el fondo, siendo ella exclusiva de los jueces del grado, tal como consta en la sentencia de segunda instancia.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, debe concluirse que, en la especie, no se ha verificado la denunciada infracción de normas reguladoras de la prueba por los sentenciadores del grado, circunstancia que impide revisar la actividad desarrollada por ellos en relación con aquélla y variar, por este tribunal de casación, los supuestos fácticos determinados y sobre los cuales recayó la aplicación del derecho sustantivo.


DÉCIMO: Que, de los antecedentes relacionados, se advierte que el recurso de casación en el fondo se construye contra los hechos del proceso establecidos por los sentenciadores del mérito e intenta variarlos, proponiendo otros que, a juicio del recurrente, como aquello que dice referencia con la imposibilidad de demostrar el nexo causal.

UNDÉCIMO: Que dicha finalidad, por cierto, es ajena a un recurso de esta especie destinado a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley, esto es, en la casación se analiza la legalidad de una sentencia, aspecto que significa verificar un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero a los hechos tal y como los han dado por probados los magistrados a cargo de la instancia, de modo que no pueden ser modificados por esta Corte, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, cuyo no es el caso de autos.
DUODÉCIMO: Que, por todo lo antes expresado, habiéndose descartado la concurrencia de las infracciones esgrimidas por el recurrente, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y debe ser desestimado.
En conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en

el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 460, en contra de la sentencia de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco. Rol N° 20.528-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Antonio Barra R. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Barra por estar ausente. Santiago, 21 de enero de 2020.

APORTES: Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.

jueves, 13 de febrero de 2020

CORTE DE COYHAIQUE RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN POR INCAUTACIÓN DE CELULAR DE CARABINERO IMPUTADO POR OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

 Coyhaique, a nueve de enero de dos mil veinte.

Vistos:
En lo principal de la presentación de fecha 27 de noviembre de 2019, doña Leyla Soledad Vargas Becerra, abogada, por sí y en representación de su hija Sofía Javiera Capetillo Vargas, deduce recurso de protección en contra de don Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén y don Luis González Aracena, Fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Aysén, ambos con domicilio en calle Simón Bolivar 126, de la ciudad de Coyhaique y de don Rolando Irribarra Barahona, Subprefecto de la BRIDEC Coyhaique, con domicilio en Av. Gral. Baquedano N° 511, ciudad de Coyhaique, pidiendo en definitiva se acoja la presente acción en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho que le ha sido conculcado y declarando la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, con condenación al pago de las costas correspondientes, por lo que pide: a) se solicite a los recurridos informar amplia y detalladamente de qué manera era relevante y fundamental para el proceso investigativo instruido caratulado “obstrucción a la investigación” el revisar una conversación privada entre cónyuges y como ésta podría tener alguna relación con el delito investigado por esa Fiscalía, específicamente con la revisión de videos existentes en el celular de su cónyuge con material infantil extremadamente sensible, ya que ni siquiera existe un vínculo de subordinación o dependencia laboral entre nosotros; b) Se ordene a los recurridos a no hacer un uso malicioso con las conversaciones privadas y fotografías intimas de carácter extremadamente sensible y delicadas de su hija; y c) Adopte y disponga las medidas necesarias e idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a esta mujer y madre con 33 semanas de embarazo y su hija menor de edad, sin perjuicio de las restantes acciones judiciales que le puedan asistir y reclamos pertinentes.

Funda su recurso en que a su cónyuge el Coronel Pablo Capetillo Contreras, el día 19 de noviembre de 2019, se le informó que se le tomaría declaración como imputado en una causa por “obstrucción a la investigación” y en ese contexto se le incautó, en cumplimiento de un mandato judicial, su celular personal número 987130601, el que debería ser enviado a la ciudad de Santiago mediante cadena de custodia para verificar los videos relativos al procedimiento en cuestión. Agrega que el mismo día, la recurrente le envió mensajes de whatsapp al teléfono celular particular de su cónyuge para informarle de una situación de salud de su hija en común, mensajes que no fueron leídos por el único destinatario, toda vez que su equipo celular había sido incautado por los recurridos en autos, llamando poderosamente la atención de esta recurrente que el día jueves 21 de noviembre del año 2019 a las 11:30 horas fue entregado dicho mensaje y posteriormente leído a las 12:13 horas cuando se encendió el celular estando en custodia de la Fiscalía y PDI.
Indica que dicha situación produjo gran inquietud, preocupación, intimidación y miedo, pues, en ese whatsapp existen muchas fotografías de carácter extremadamente sensible y privadas de las partes púbicas intimas de su hija en diversos ángulos, debido a una enfermedad grave de la infante, además de existir un álbum completo con dichas fotos, cuyo único fin son de registrar éstas para ser impresas y exhibidas a su médico tratante. Agrega la recurrente que teme por un mal uso de ellas por parte de quienes han ordenado tal incautación y quienes se encuentran haciendo pericia a dicho equipo móvil con los fines ya descritos latamente en los hechos que no guarda relación alguna con las conversaciones privadas que mantiene con su cónyuge y que maliciosa e intencionadamente han sido vulneradas.
En cuanto al derecho, estima que los recurridos han ejecutado un acto arbitrario e ilegal al haber abierto una conversación de whatsapp privada sin su consentimiento ni de su cónyuge, leerlas y ver imágenes de alto contenido de su hija, que infringe normas constitucionales y legales, afectando y lesionando, consecuencialmente, la garantía constitucional que protege la vida privada y la honra de la persona y su familia.
Señala que el referido acto vulnera la garantía establecida en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, que reconoce el respeto y protección de la honra e intimidad de la persona y su familia.
Con fecha 04 de diciembre de 2019, don Rolando Irribarra Barahona, recurrido, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace, por encontrarse ajustado a derecho el actuar de la recurrida.
Fundamenta que el Ministerio Público se encuentra haciendo una investigación por “obstrucción a la investigación”, en la cual uno de los imputados corresponde al cónyuge de la recurrente. Agrega que según certificación de autorización verbal, de 19 de noviembre de 2019, del Fiscal Luis González Aracena, se solicitó verbalmente al Juez de garantía de Coyhaique, don Mario Devaud Ojeda la incautación del celular del señor Capetillo, todo conforme al artículops 9 y 217 del Código Procesal Penal.
Agrega que la referida incautación se encuentra amparada en la legalidad vigente y este es objeto de pericias propias de la investigación dispuestas por el Ministerio Publico, razón por lo cual no se vislumbra de qué modo pueda afectarse algún derechos de los garantizados por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile, por cuanto el requisito esencial en todos ellos es que se realice una conducta arbitraria o ilegal, cuestión que no ha ocurrido en este caso concreto. Añade que el artículo 79 del Código Procesal Penal, señala que la Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en ese Código.
Finalmente expuso que ante esta Corte se tramita la causa penal 148-2019, relativa a la incautación del teléfono. Habiendo constancia que el actuar del recurrente, como Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, se encuentra ajustada a la legalidad vigente y con pleno respeto a derecho.
Con fecha 05 de diciembre de 2019, don Luis Ernesto González Aracena, Fiscal Adjunto, recurrido, informa el recurso de protección, señalando que desde el día 12 de Noviembre de 2019, se encuentro investigando la causa RUC 1901222109-9, por el delito de obstrucción a la investigación. Agrega que en el marco de dichas diligencias se citó en carácter de imputado a fin de prestar declaración de don Pablo Javier Capetillo Contreras para el día 19 de Noviembre de 2019 a las 15.00 horas.
Indica que con fecha 19 de Noviembre de 2019 a las 14:20 horas y luego de informadas las diligencias del caso, el señor Juez de Garantía Don Mario Enrique Devaud Ojeda, autorizó verbalmente la incautación y análisis conforme el artículo 9 y 217 del Código Procesal Penal del teléfono celular del imputado don Pablo Capetillo Contreras a las 14.30 horas de aquel día.

Precisa que en audiencia de Cautela de Garantías el Juez de Garantía don Mario Enrique Devaud Ojeda indicó todo lo anterior, haciendo la mención que la Fiscalía debía hacer especial protección del contenido del teléfono incautado a fin de no vulnerar los derechos personales del imputado en cuanto a contenidos que pudieren no tener relación con el hecho investigado.
Finalmente expuso que tanto el recurrente como los funcionarios policiales, han actuado dentro de sus obligaciones y facultades establecidas en la ley, en virtud de orden judicial otorgada de acuerdo a los requisitos legales y procurando mantener reserva de la diligencia tanto al momento de su ejecución como con posterioridad a la misma.
Con fecha 05 de diciembre de 2019, don Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén, recurrido, informa el recurso de protección, agregando que la incautación y análisis del equipo celular se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217 del Código Procesal Penal en atención a que por el tipo de delito investigado cual es la obstrucción a la investigación, previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, dicho elemento es de aquellos que el legislador describe como objetos o documentos relacionados al hecho investigado y que pudieren servir como medios de prueba, los cuales serán incautados, previa orden del Juez de Garantía competente, librada a petición del Fiscal, lo cual en la especie se dio, y cuando se estimare que la petición voluntaria pudiere poner en peligro el éxito de la investigación.
Con fecha 24 de diciembre del año 2019, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 7 de enero del año 2020, se procedió a la vista de la causa; por la recurrida, se anunció y alegó en esta causa el abogado don Alejandro Castro Leiva.

         con lo relacionado y considerando:

                    PRIMERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Ilustrísima Corte, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.
Y que, por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho o más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

TERCERO: Que, la recurrente estima que el acto ilegal o arbitrario, consistiría en que los recurridos habrían permitido que se abriera la aplicación de whatsapp privado desde el teléfono celular de don Pablo Capetillo Contreras, incautado por orden judicial en el contexto de una causa por “obstrucción a la investigación”, en la que éste último figura como imputado, aplicación aquella que tenía fotografías extremadamente sensibles y privadas de las partes púbicas íntimas de Sofía Javiera Capetillo Vargas, hija de la recurrente y su cónyuge el señor Capetillo, como también conversaciones entre ambos, temiendo por el mal uso por parte de quienes han ordenado la incautación y han ejecutado la pericia, considerando que tal contenido no guarda relación con la investigación penal antes referida, lo que, en su opinión, vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, que reconoce el respeto y protección de la honra e intimidad de la persona y su familia.

                   CUARTO: Que, a juicio de estos sentenciadores, no se advierte un actuar ilegal o arbitrario de los recurridos, desde que la conducta consistente en la intromisión por parte de los recurridos en la mensajería privada del titular del celular incautado, se ajusta a la legalidad vigente, ya que fue ejecutada en virtud de una resolución judicial, fundada en los artículos 9 y 217 del Código Procesal Penal, disposiciones que autorizan la incautación del celular aludido en el contexto de una investigación criminal, resultando, por ende, lógico y razonable que en tal escenario se puedan revisar los mensajes que se encuentran en formato digital en el aparato incautado, a fin de velar por el éxito de la investigación del delito obstrucción a la investigación por el cual fue formalizado el imputado Capetillo; autorización judicial aquella que por cierto importa la intromisión en toda la información que contiene el dispositivo celular incautado, sin que se pueda descartar, en forma previa, el acceso a alguna cuenta, dado que solo una vez ingresada a ella se podrá analizar su contenido y determinar la relevancia o no de éste para la investigación, por lo que la conducta de la recurrida no resulta tampoco arbitraria, desde que aparece fundada y razonada.

                         QUINTO: Que, igualmente no se advierte que con tal actuar, esto es, con al acceso a la cuenta privada del celular incautado, se haya hecho mal uso de su contenido como lo señala la

recurrente, porque no existe indicio alguno en tal sentido, sin perjuicio que el Juez de Garantía de Coyhaique, con fecha 22 de noviembre de 2019, rechazando la cautela de garantías formulada por la defensa del imputado Capetillo, ordenó que la Fiscalía debía proteger la información contenida en el teléfono móvil incautado, a fin de no vulnerar los derechos personales del encartado, respecto de aquellos datos que no tengan relación con el hecho investigado; como tampoco consta que se hubiese vulnerado el deber de secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y las Policías respecto a terceros ajenos al procedimiento, lo que incluso constituiría el delito previsto en el artículo 246 del Código Penal; de tal modo que ni siquiera aparece amenazada la garantía alegada por la recurrente, esto es, el respeto y protección de la vida privada y de la honra e intimidad de la persona y su familia, siendo una mera especulación de su parte.

                 SEXTO: Que, en consecuencia, no existiendo un acto arbitrario e ilegal que haya afectado la garantía invocada por la recurrente, deberá desestimarse el presente recurso de protección.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña Leyla Soledad Vargas Becerra, por sí y en representación de su hija Sofía Javiera Capetillo Vargas, en contra de don Carlos Palma Guerra, don Luis González Aracena, y de don Rolando Irribarra Barahona, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°: 1035-2019.-
APORTES: Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.

CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE NULIDAD DEL SII Y RECHAZA RECLAMO TRIBUTARIO DE EMPRESA DE TURISMO

Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

     VISTOS:

En estos autos Rol Nº 1021-2018, se ha tramitado un procedimiento de reclamación tributaria en el que la parte reclamada del Servicio de Impuestos Internos (en lo sucesivo S.I.I.), en lo principal de fojas 531, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, que se lee a fojas 527, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado, de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, escrita a fojas 471, pronunciada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Valparaíso, que acogió el reclamo deducido por Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. (En adelante “Rosa Agustina”), y dejó sin efecto la partida N°2 de la Resolución Exenta N°6994/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, emitida por la V Dirección Regional del S.I.I., por la que se eliminó la pérdida tributaria declarada por la sociedad contribuyente para el año tributario 2012, por un monto de $1.607 millones, y se determinó una utilidad tributaria para dicho período por la suma de $ 1.268 millones.
A fojas 554, y con fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se dispuso traer los autos en relación.

    CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de nulidad sustantivo deducido por el Servicio de Impuestos Internos estima que los sentenciadores han infringido lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1°, y numeral 3, inciso 2°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 97 del mismo cuerpo normativo y 21 del Código Tributario.
Señala el impugnante que la fiscalización de que fue objeto la sociedad contribuyente culminó con la denegación del monto solicitado por concepto de



pago provisional por utilidades absorbidas, ante la falta de acreditación fehaciente de la pérdida tributaria y de los requisitos para obtenerla, toda vez que debió acreditarse por ésta que las partidas que componen la pérdida tributaria, cumplían con todos y cada uno de los requisitos para que dichos desembolsos pudieran ser rebajados de la renta líquida imponible, en específico, que éstos eran necesarios para producir la renta, lo que en autos no ocurrió.
Refiere que en el fallo recurrido no se aprecia que la pérdida que declara la contribuyente por la venta del activo en cuestión -y, consecuencialmente, el desembolso incurrido por la misma, con ocasión del pago o abono de deudas que tenía una tercera sociedad. Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Resort & Spa Ltda. con una entidad bancaria-, pueda ser considerada como inevitable, obligatoria e imprescindible para que Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. hubiese generado su renta, por cuanto no existía ninguna obligación contraída por parte de la reclamante con la sociedad antes aludida o con sus socios y, menos aún, con los bancos acreedores.
Expone que se conculca, por los sentenciadores del grado, el artículo 21 del Código Tributario, por cuanto liberan a la reclamante de la obligación de acreditar los presupuestos del artículo 31, inciso primero y N° 3, incisos primero y segundo, de la Ley de Impuesto a la Renta, además de dejar de aplicar el artículo 97 del mismo cuerpo de normas, atendido que, al haber percibido devoluciones de impuestos en forma improcedente en el año tributario fiscalizado -cuya fuente se encuentra en la rebaja excesiva del gasto que en la resolución impugnada se le imputa-, es procedente el reintegro del mencionado impuesto.
Finaliza solicitando que se invalide el fallo recurrido, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo por la que se revoque la de primera


instancia y se declare que se rechaza la reclamación deducida por la contribuyente.
SEGUNDO: Que, de acuerdo al tenor del recurso referido en los motivos que preceden, éste se estructura sobre la base de no haberse acreditado fehacientemente por la sociedad reclamante la pérdida tributaria declarada para el año tributario 2012, en particular, todas y cada una de las partidas que la componen, lo que implica que la misma no pudo ser considerada como un gasto necesario –inevitable o imprescindible- para generar la renta y, por ende, no pudo ser rebajado de la renta líquida imponible.
TERCERO: Que los hechos que han sido asentados por los sentenciadores del grado y sobre los que se han efectuado las decisiones que se atacan por medio del arbitrio en estudio, son los siguientes:
1.- Que durante el año comercial 2011, doña Karin Kruger Reischi (al efecto accionista tanto de Rosa Agustina como de Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Spa Ltda.) y la contribuyente Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda., vendieron, cedieron y transfirieron al Banco del Estado de Chile el Fundo El Calco, Lo Narváez, comuna de Olmué –de propiedad de doña Karin Kruger Reischi-, así como todo lo edificado, plantado y sembrado en el mismo, respectivamente, todo lo cual se compró, aceptó y adquirió por dicha entidad bancaria con el único y exclusivo objeto de entregarlos en arrendamiento con opción de compra a los mismos vendedores -figura denominada Leaseback-..
2.- Que las plantaciones, construcciones y edificaciones vendidas al Banco Estado, estaban registradas en la contabilidad de la sociedad reclamante como un activo fijo inmovilizado denominado “Hotelería” por un monto de $6.497.175.235 y, que fue vendido en la suma neta de $3.667.091.328, generándose una perdida por
$2.830.083.907.


3.- Que el monto obtenido de la venta al Banco del Estado -según refiere la escritura de Compraventa-, Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. lo destinó al pago de préstamos bancarios obtenidos por un tercero, Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Resort & SpA Ltda.
En efecto, la cláusula séptima de la escritura de compraventa, dispuso que los comparecientes otorgan mandato mercantil al Banco del Estado de Chile para que “el precio de la compraventa, la suma de $3.200.000.000 sea entregada a Scotiabank Chile, para ser destinada al pago o abono de deudas directas e indirectas que pueda tener Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Resort & SpA Ltda., como así también, la suma equivalente a UF 18.708,5784, sea destinada a pagar deudas directas o indirectas que tengan los vendedores con el Banco del Estado de Chile”.
4.- Que durante los años comerciales 2009 y 2010, una tercera sociedad, esto es, Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Resort & SpA Ltda. solicitó diversos préstamos bancarios por la suma de $3.515.877.174, los cuales, una vez ingresados a la caja de esta sociedad, eran retirados por uno de sus socios y reinvertidos en Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda., destinándose dichas sumas a la construcción de instalaciones hoteleras de esta última.
5.- Que, para garantizar el pago de dichos préstamos, una de las socias de ambas sociedades -doña Karin Kruger Reischi-, constituyó hipotecas con cláusula de garantía general, sobre el inmueble de su propiedad correspondiente al Fundo El Calco, Lo Narváez, comuna de Olmué, comprendiéndose en dicha hipoteca las edificaciones, plantaciones y construcciones, de propiedad de Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda., las cuales se encuentran adheridas a dicho bien


CUARTO: Que, considerando los hechos antes reseñados, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó lo resuelto por el tribunal de primera instancia el cual, para acoger el reclamo deducido por la empresa contribuyente, tuvo en consideración, en su motivo vigésimo quinto, que: “(…) es posible concluir que la reclamante tuvo motivos suficientes y necesarios para la realización del ‘Leaseback’ aludido, los que consisten en la necesidad de contar con flujos de dinero para su posterior retiro por cuenta de uno de sus socios, a fin de reinvertirlos en Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference SPA Ltda., con el objeto de pagar los préstamos bancarios que ésta había contraído durante dos años con instituciones bancarias, préstamos que habían originado que se constituyera sobre el bien raíz de propiedad de doña Karin Kruger y sobre todo lo construido, plantado y sembrado en ese terreno, una garantía general hipotecaria la que fue alzada al momento de pagarse las deudas aludidas, concluyéndose también por esta razón la necesidad de la operación cuestionada por el Servicio en la fiscalización de autos”.
QUINTO: Que, para determinar la suerte del arbitrio en estudio, debe advertirse previamente que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal propósito, el recurrente debe señalar pormenorizadamente los yerros jurídicos que se han cometido en la decisión de lo resuelto, los que deben tener influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada.


Del mismo modo, es necesario también tener en cuenta que esta Corte ya ha señalado reiteradamente (entre otros en el pronunciamiento Rol N° 31.777- 2017, de fecha 26 de septiembre de 2019) que, al no constituir esta sede una instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio, o el establecimiento de unos otros diversos de los fijados, y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.
SEXTO: Que tomando en consideración que lo impugnado en el recurso radica en la determinación de si las pérdidas declaradas por la sociedad contribuyente corresponden a gastos necesarios para producir renta, corresponde analizar su pertinencia.
Al efecto, resulta necesario tener en cuenta, en primer término, que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, prescribe que: “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.
Dicho precepto desarrolla luego una serie de casos excepcionales, en que los gastos no son aceptados por la ley, o bien se admiten cumpliendo con ciertas condiciones adicionales a las que contempla la regla general.
De la disposición que precede, entonces, y como ha sostenido previamente esta Corte, es posible colegir los siguientes requisitos para la determinación de la


renta líquida en casos como el que se analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: a) que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; b) que se encuentren respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) que correspondan al período en que se está determinando la renta; d) que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y f) que no se encuentren rebajados como costo directo, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta (Sentencia Corte Suprema Nº 14.771-14, de 19 de mayo de 2015, entre otras).
SÉPTIMO: Que siguiendo en esta línea, el entendimiento del vocablo “necesario” se corresponde, entonces, con la significación que le ha atribuido esta Corte, conforme su tenor gramatical, cual es la de aquellos desembolsos en los que inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social. (Sentencia Corte Suprema 11.359-2014, de 30 de diciembre de 2014).
Esto implica que aun cuando un determinado gasto no genere de modo directo utilidades o excedentes constitutivos de renta, como es el caso de las pérdidas de ejercicios anteriores o el castigo de deudas incobrables, en la medida que diga relación con las operaciones que debe llevar adelante un contribuyente, ha de calificarse como necesario para producir la renta. En esas condiciones, es menester dejar constancia que no ha sido discutida la efectividad de los gastos, ni que corresponden al período en que se están determinando las diferencias impositivas, su conexión con el giro del contribuyente y que no han sido rebajados como costo directo, de modo que la controversia se radicó exclusivamente en la


necesidad del gasto, lo que implica que el contribuyente haya debido incurrir inevitablemente en esas sumas para solventar los gastos que le permitan generar la renta bruta global que se pretende determinar, desde que se trata de una compensación establecida expresamente en la ley.
OCTAVO: Que, como se consignara en los motivos que preceden, el tribunal del grado zanjó tal aspecto, determinando la necesidad del desembolso efectuado por la reclamante, considerando la exigencia de contar con flujos de dinero a fin de reinvertirlos en un sociedad diversa (Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Spa Ltda.), para el pago de deudas contraídas por esta última, con el objeto de alzar una garantía general hipotecaria que afectaba a la totalidad de las instalaciones de propiedad de Rosa Agustina.
NOVENO: Que, no obstante lo anteriormente expuesto, del mérito de los antecedentes se desprende que la sociedad Rosa Agustina no había contraído obligación alguna con Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Spa Ltda. o con sus socios, ni con ninguna otra sociedad, en orden a pagar deudas de cualquier naturaleza.
En el mismo sentido, es necesario precisar que no se encuentra acreditado en autos que la reclamante mantuviese deuda alguna con el Banco Scotiabank, institución financiera a la que se destinaron gran parte de los fondos del contrato de leaseback suscrito entre Rosa Agustina y doña Karin Kruger con el Banco del Estado.
DÉCIMO: Que, así las cosas, resulta evidente que la operación de leaseback antes aludida, tuvo por único objeto la generación de flujos de dinero, que no estaban destinados al giro o a generar ingresos propios para la reclamante, sino que fueron directamente dirigidos a pagar una deuda contraída por una persona jurídica distinta de quien rebajó la pérdida de la venta, como un


gasto tributario, motivo por el cual no es posible colegir que dicha operación y el posterior pago de la deuda contraída por una tercera sociedad con el Banco Scotiabank- pueda ser considerada como obligatoria o imprescindible para generar su renta.
UNDÉCIMO: Que en esas circunstancias, aparece claro que los jueces del grado han incurrido en un error de derecho al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento, toda vez que al determinar que las pérdidas declaradas por la reclamante corresponden a gastos necesarios, pese a que no se estableció en autos que los gastos hechos valer por la contribuyente fueren necesarios para producir la renta, esto es, que puedan calificarse de inevitables u obligatorios, han infringido lo dispuesto expresamente por el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
El yerro detectado tuvo influencia sustancial en lo resolutivo del fallo, desde que llevó a que se acogiese una reclamación tributaria sin cumplir con las condiciones que para ello se requerían, dejando sin efecto las liquidaciones que determinaron el pago del impuesto a la renta por parte de la sociedad contribuyente, de manera que corresponde acoger el recurso de casación en el fondo, tal como se dirá en lo resolutivo.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario y los artículos 764, 767, 774 y 785 del Código de Procedimiento Civil, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido por el Servicio de Impuestos Internos en lo principal de fojas 531, en contra la sentencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, que rola a fojas 527, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin previa vista.


Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama, quienes estuvieron por rechazar el recurso de nulidad sustancial, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos:
1.- Que los sentenciadores del grado acogieron el reclamo, teniendo presente para ello, en el motivo vigésimo quinto del fallo de primer grado – confirmado íntegramente por la sentencia impugnada-, que la necesidad del gasto, constituido por el desembolso efectuado por la sociedad reclamante, está dada por la exigencia de contar con flujos de dinero a fin de reinvertirlos en un sociedad diversa (Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Spa Ltda.), con el objeto de pagar las deudas contraídas por esta última y así alzar una garantía general hipotecaria que afectaba a la totalidad de las instalaciones de propiedad de Rosa Agustina.
2.- Que las antedichas circunstancias constituyen hechos de la causa, por lo que –como la ha sostenido con anterioridad esta Corte, entre otros, en los autos Rol N° 12.165-2017, por sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve- para desvirtuarlos e instalar la premisa fáctica favorable a las pretensiones de la recurrente, es necesario que el fallo recurrido en sus fundamentaciones hubiese incurrido en violación de las leyes reguladoras de la prueba, lo que se produce cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Huelga recordar que, a este respecto, la recurrente funda su arbitrio únicamente en la supuesta infracción del artículo 21 del Código Tributario, en cuanto sostiene que el fallo en revisión alteró el onus probando al liberar a la contribuyente de la obligación de acreditar los


presupuestos fácticos de la pérdida declarada. Sin embargo, tal alegación se centra más bien en denunciar la existencia de una valoración inadecuada de la prueba rendida en autos, no logrando apreciarse el yerro denunciado, ni menos que éste revista el carácter de esencial.
3.- Que conforme lo antes expuesto y razonado, no habiéndose acreditado por la recurrente la vulneración de la leyes reguladoras de la prueba denunciada en su libelo –artículo 21 del Código Tributario-, las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores del grado deben tenerse como hechos inamovibles por esta Corte, lo que implica necesariamente desestimar las pretensiones de la parte reclamante en orden a tener por establecida la necesidad de los gastos que componen la pérdida declarada por la contribuyente, descartándose, en consecuencia, que en la sentencia en estudio se haya infringido o aplicado erróneamente lo preceptuado en el artículo 31, inciso 1°, y numeral 3, inciso 2°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 97 del mismo cuerpo normativo.
Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas y de la disidencia, sus autores

Nº 1.021-2018



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuauad D. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.


CARLOS GUILLERMO JORGE KUNSEMULLER LOEBENFELDER MINISTRO
Fecha: 30/12/2019 13:01:20
LAMBERTO ANTONIO CISTERNAS ROCHA
MINISTRO
Fecha: 30/12/2019 13:01:21





MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 30/12/2019 13:01:21
Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema



JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN MINISTRO DE FE
Fecha: 30/12/2019 13:07:34


En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:


Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus fundamentos décimo séptimo a trigésimo tercero, además de la frase del motivo trigésimo cuarto que va desde la expresión “pero” hasta el punto final, que se eliminan.
De la sentencia de casación se reproducen sus motivos sexto, séptimo, noveno y décimo.

Y se tiene en su lugar y además presente:


1.- Que la controversia radica en la determinación de si las pérdidas declaradas por la sociedad contribuyente corresponden a gastos necesarios para producir renta, corresponde analizar su pertinencia.
Al efecto, resulta necesario tener en cuenta, en primer término, que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, prescribe que: “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.
Dicho precepto desarrolla luego una serie de casos excepcionales, en que los gastos no son aceptados por la ley, o bien se admiten cumpliendo con ciertas condiciones adicionales a las que contempla la regla general.
De la disposición que precede, entonces, es posible colegir los siguientes requisitos para la determinación de la renta líquida en casos como el que se

2




analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: a) que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; b) que se encuentren respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) que correspondan al período en que se está determinando la renta; d) que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y f) que no se encuentren rebajados como costo directo, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta (Sentencia Corte Suprema Nº 14.771-14, de 19 de mayo de 2015, entre otras).
2.- Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la sociedad Rosa Agustina no había contraído obligación alguna con Administradora de Turismo Rosa Agustina Conference Spa Ltda. o con sus socios, ni con ninguna otra sociedad, en orden a pagar deudas de cualquier naturaleza.
3.- Que, en el mismo sentido, es necesario precisar que no se encuentra acreditado en autos que la reclamante mantuviese deuda alguna con el Banco Scotiabank, institución financiera a la que se destinaron gran parte de los fondos del contrato de leaseback suscrito entre Rosa Agustina y doña Karin Kruger con el Banco del Estado.
4.- Que, así las cosas, resulta evidente que la operación de leaseback antes aludida, tuvo por único objeto la generación de flujos de dinero, que no estaban destinados al giro o a generar ingresos propios para la reclamante, sino que fueron directamente dirigidos a pagar una deuda contraída por una persona jurídica distinta de quien rebajó la pérdida de la venta, como un gasto tributario, motivo por el cual no es posible colegir que dicha operación –y el posterior pago de la deuda contraída por una tercera sociedad con el Banco Scotiabank - pueda ser considerada como obligatoria o imprescindible para generar su renta, motivo
3




por el cual la reclamación deducida por Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. será desestimada en todas sus partes.
Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en los artículos 132 inciso 14° y 139 del Código Tributario, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se revoca la sentencia apelada de siete de agosto de dos mil diecisiete, escrita a fojas 471 y siguientes, y en su lugar se declara que se rechaza el reclamo deducido por Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda., en contra de la Resolución Exenta N°6994/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, emitida por la V Dirección Regional del S.I.I., dejando a firme lo decidido por la autoridad fiscalizadora.
Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama, quienes estuvieron por confirmar el fallo en alzada en virtud de sus propios fundamentos, y teniendo además en cuenta los razonamientos vertidos en su voto disidente del fallo de casación.
Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas y de la disidencia, sus autores

Rol Nº 1.021-2018



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuauad D. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.
APORTES: Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.