Responsabilidad solidaria por falta de servicio y la correspondiente indemnización de perjuicios,

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que en estos autos Rol Nº 300-2019 se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado don Álvaro Ríos Poblete en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que revocó el fallo ´sólo en cuanto rechazó la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios en contra de don Álvaro Ríos Poblete y, en su lugar, se declara que se acoge la misma, quedando ambos demandados- Servicio de Salud O’Higgins y Álvaro Ríos Poblete- obligados al pago indicado a continuación, la que deberá ser satisfecha en forma solidaria hasta el pago total de lo debido y se confirma en lo demás la sentencia con declaración que se aumenta la suma a pagar por concepto de daño moral a la cantidad de $7.000.000. 

Falta de servicio e indemnización de perjuicio por concepto de daño moral.

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y casación en el fondo deducidos por ambas partes en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que revocó en fallo de primer grado en cuanto condenó en costas y confirmó en lo demás apelado, con declaración que la indemnización que, por daño moral, deberá pagar el Hospital demandado a los demandantes se rebaja a la suma total de $100.000.000 (cien millones de pesos), que deberán enterarse en razón de $45.000.000 para cada progenitor y de $10.000.000 para el hermano de la víctima, con los reajustes e intereses dispuestos en la sentencia en alzada. 

Reclamación de ilegalidad y Ley de Sociedades anónimas.

Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 

Primero: Que comparece don Alejandro Quintana Hurtado, abogado, en su calidad de director de Clínica las Condes S.A., en adelante también CLC, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del D.L. N° 3.538, interpone recurso de reclamación de ilegalidad en contra del Oficio Ordinario N° 26.953, de 9 de octubre de 2018, pronunciado por la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante también CMF o la Comisión, representado por su presidente don Joaquín Cortez Huerta, confirmado por dicho órgano público mediante Oficio N° 28.080, de 19 de octubre de 2018, que a su turno rechazó el recurso de reposición interpuesto, en aquella parte en que dicho órgano fiscalizador estimó carecer de facultades para (i) instruir al Directorio de Clínica Las Condes S.A., a dejar sin efecto acuerdos adoptados en la sesión de Directorio de 20 de septiembre de 2018, (ii) omitió emitir pronunciamiento respecto de la solicitud promovida por el director compareciente, en orden a instruir al Directorio de la Clínica Las Condes, para citar a una sesión extraordinaria de Directorio a efectos que éste delibere si las peticiones efectuadas por la accionista Inversiones Santa Filomena Ltda., con fechas 1 de agosto de 2018 y 30 de agosto de 2018, atañen al interés social. 

Responsabilidad extracontractual y acción indemnizatoria.

Santiago, dos de mayo de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del acápite segundo del motivo décimo noveno y los fundamentos vigésimo a vigésimo tercero, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: La parte demandante recurre de apelación señalando que la decisión impugnada resulta agraviante a los intereses de su parte por lo siguiente: a) el certificado de ejecutoria de la sentencia penal condenatoria dictada contra el demandado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, es de 21 de marzo de 2017, por lo que correspondiendo aplicar en la especie la regla del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, resulta que el fallo quedó ejecutoriado con la data de la actuación del ministro de fe y no el 8 de marzo del citado año, como lo entendió la sentenciadora; b) por cuanto es improcedente hacer aplicación en materia civil de la norma del artículo 14 del Código Procesal Penal; c) por ser contrario a la ley hacer extensiva a la acción civil la contabilización de plazos que la ley señala respecto del procedimiento penal y, por consiguiente, la acción no se encuentra prescrita; y d) por estimar que este tribunal debe pronunciarse sobre los aspectos no resueltos por la sentenciadora, acogiendo la demanda en todas sus partes. 

Nulidad de despido, pago de cotizaciones previsionales e indemnizaciones.

Santiago, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

En este estos autos, RIT M – 1047  – 2018, RUC 18 –  4  – 0102121 – K provenientes del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de  Santiago en procedimiento monitorio sobre nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones caratulado “MUÑOZ CARVAJAL, CAROLINA LETICIA con INMOBILIARIA E INVERSIONES TERRANOVA LTDA.” , se ha dictado sentencia definitiva con fecha doce de junio de dos mil dieciocho por don Eduardo Ramírez Urquiza, Juez Titular, declarando lo siguiente: “I. Que se acoge la demanda interpuesta por doña Carolina Leticia Muñoz Carvajal, cédula nacional de identidad Nº 14.139.359-6 en contra de Inmobiliaria E Inversiones Terranova Ltda. Rut Nº 76152970-6, solo en cuanto: 1. Se declara que el despido sufrido con fecha 19 de enero de 2018, es improcedente y por lo tanto la demandada deber pagar las siguientes prestaciones, o mejor dicho, diferencias de prestaciones, en relación con las indemnizaciones por término de contrato: a) Diferencias por indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $163.400. b) Diferencias por indemnización por años de servicios por la suma de $326.799. c) Recargo legal por la suma de $400.290, correspondientes al 30%. II. Que además la demanda deberá pagar la suma total de $94.133 por concepto de diferencias de remuneraciones por el periodo comprendido entre enero de 2017 y enero de 2018. III. Que además deberán pagarse conforme lo establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo, cotizaciones previsionales respecto de AFP Hábitat, AFC Chile II y FONASA sobre la cantidad $94.133, es decir a estos $94.133 hay que hacerle las deducciones que establece el artículo 58 del Código del Trabajo. IV. Que en todo lo demás se rechaza la demanda. V. Que no se condena en costas la demandada por no haber sido completamente vencida. Las sumas ordenadas pagar más arriba devengar los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo y 22 de la Ley 17.322.” 

En contra de dicha sentencia, la parte demandante dedujo recurso de nulidad fundado únicamente en el artículo 477 del Código del Trabajo. Declarado admisible el recurso por resolución dictada en ésta Corte de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se procedió a su vista, oportunidad en que se escuchó alegato sólo del apoderado de la parte recurrente. 

CONSIDERANDO: 

Principio de inexcusabilidad.Reclamación judicial en contra de una resolución administrativa. Derecho a huelga y equipo de emergencia.

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve. 

Visto y teniendo presente: 

Primero: Que don Joaquín Rodríguez Soza, abogado, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa Banco Ripley S.A., reclamante en los autos Rit M-1806-2017 y Ruc 1740041985-K, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, ministras señoras Mireya López Miranda y Viviana Toro Ojeda y abogado señor Juan Carlos Cárdenas Gueudinot, por haber dictado con grave falta o abuso la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, por medio de la cual confirmaron la que declaró la incompetencia absoluta del tribunal laboral para conocer de la reclamación deducida en contra del Director Nacional del Trabajo. Explica que dedujo reclamación judicial en contra de la resolución administrativa dictada por el Director Nacional del Trabajo, que acogió parcialmente el recurso interpuesto respecto de aquélla que se pronunció sobre la solicitud de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Señala que el tribunal de base acogió, de oficio, la excepción de incompetencia, resolución que fue confirmada por los sentenciadores recurridos con falta y abuso grave según lo estima, al considerar que la decisión administrativa cuestionada sólo es reclamable ante el Director Nacional del Trabajo.