La Serena, dos de octubre de dos mil veintitrés.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña Rosa Rojas Cabello, abogada, en favor de doña ----, cédula
de identidad N°---- interponiendo recurso de protección en contra del COMITÉ DE AGUA POTABLE
RURAL -----,
RUT N°65.038.577-2, representado legalmente por doña -----, cédula de identidad Nº-----, por el acto
ilegal y arbitrario consistente en la expulsión de la recurrida del referido comité, lo cual provocaría
lesión de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 números 1, 9 y 24 de la
Constitución Política de la República.
Expone que, la recurrente adquirió el terreno ubicado en calle Amadeo Freizer Parcela 34 F, El Sauce
de Miramar, en el mes de mayo de 2010, época en que ya se había conformado el Comité de Agua
recurrido, por lo que, adicionalmente, para formar parte del mismo, debió comprar los derechos y pagar
por aquellos una suma ascendente a $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), lo que le permitió
ser una socia más de ese Comité y tener derecho al abastecimiento de agua potable para su domicilio.
Agrega que, con posterioridad, ya en el año 2012, y luego de construirse una casa, se mudó a vivir a
dicho inmueble, en el cual, en la actualidad, vive junto a su familia, conformada por su pareja don
-----, quien a la fecha tiene 80 años de edad, por su hija doña ----, y por su nieto el menor de 9 años de
edad -----, quien ha sido diagnosticado con TEA, por lo que requiere vivir en un ambiente seguro y con
las condiciones básicas para ello. Manifiesta que, desde que se trasladó a vivir en el inmueble antes individualizado y hasta la fecha, la
Sra. ---- ha cumplido íntegra y oportunamente con el pago correspondiente al consumo de agua
potable de su domicilio, sin que exista reclamo alguno al respecto.
Refiere que, el 08 de agosto de 2023, la recurrente recibe una notificación en que la directiva del
comité recurrido le comunica lo siguiente: “Notificación. Comité de Agua Rural “-----le comunica a UD.
Sra. ----, que a partir del día 09 de agosto de 2023, UD deja de pertenecer a Nuestro Comité por las
siguientes causales de Nuestro Estatuto: Artículo 10 letra B y C. Y por la votación unánime de la
Asamblea de la reuniones (sic) efectuadas el 15 de abril y 06 de agosto del 2023. Sin otro Particular,
La Directiva.”
Expresa que, de la simple lectura del documento se advierte que en sesiones llevadas a cabo los días
15 de abril y 06 de agosto del presente año, se habría decidido “por unanimidad” expulsar a la
recurrente del comité. Sin embargo, destaca que, tanto al recurrente como su hermano, que también se
encuentra afiliado, asistieron a las referidas asambleas como suelen hacerlo cada vez que las mismas
se realizan, sin que ellos hayan presenciado que uno de los puntos de la tabla haya correspondido a la
“Expulsión del Comité de la Socia Sra. ----”, ni mucho menos que se haya efectuado votación alguna al
respecto, lo que queda en evidencia pues de haberse efectuado la votación, que la comunicación
indica que se efectuó, ellos particularmente no habrían votado a favor de tal decisión. Aclara que, en
la asamblea del día 06 de agosto, la directiva del comité se refirió a la expulsión de doña -----, y la
presidenta preguntó a algunos de los asistentes a la misma, acerca de su voluntad en orden a expulsar
a mi representada del referido comité, pero no es efectivo que se haya realizado una votación de todos
los asistentes, ni a viva voz ni a mano alzada o por cualquier otro medio comprobable.
Sostiene que, lo más grave en el presente caso es que aun cuando se hubiere efectuado tal votación,
no se han configurado ninguna de las causales que se invocan. Refiere el artículo 10 del respectivo
estatuto, el cual señala que la calidad de afiliado terminara, según su letra b), por renuncia escrita,
aceptada por el directorio, y según su letra c), por muerte. Afirma que ninguna de las situaciones
fácticas descritas se ha dado, así como cualquier otra causal que habilitaría la pérdida de la calidad de
Centro afiliada del comité.
Agrega que, no fue posible para la recurrente contar con copia de las actas respectivas, por cuanto la
presidenta del comité le señaló que, al no formar parte de éste, ya no tenía derecho a una copia de las
mismas. Sostiene que ello ejemplifica la conducta abusiva de la directiva, que priva a la recurrente de
su derecho a impugnar con todos los fundamentos legales y por los medios que le franquea el
ordenamiento jurídico, la citada decisión de expulsarla del Comité de Agua Potable Rural.
Recalca que, la citada decisión significa que doña -----, quien tiene más de 60 años a la fecha, su pareja
don ---- de 80 años, la hija de ambos de 28 años de edad y que trabaja de “tens” en el Hospital
Regional de Coquimbo, por lo que resulta esencial que cuente con un óptimo estado de salud y
óptimas condiciones de higiene y salubridad en su vida diaria de modo tal de poder cumplir
adecuadamente las labores que realiza atendiendo personas enfermas, y su pequeño hijo de 9 años
que padece de un TEA, se encuentran privados de acceder a agua potable, con las inminentes
consecuencias en su vida y salud que la ausencia del vital elemento les representa, no solo a ellos, sino
a cualquier persona.
Cita normas contenidas en el estatuto del Comité de Agua Potable Rural ya indicado, y afirma que la
decisión de expulsión que se aplicó no encuentra fundamento alguno en dicho instrumento.
Alega vulneración al artículo 19 N°1 de la Constitución, el cual relaciona al numeral 9° del mismo
artículo, entendiéndose como el derecho que tendrían las personas a alcanzar una plenitud física y
psíquica, y que involucra toda acción que sin ser directamente propia de la “salud”, igualmente se
refiere al acceso de determinados bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un alto
nivel de “salud”, por ejemplo, el acceso al agua potable. Afirma que, el recurrido se encuentra en una
posición activa y fundamental al entregar un servicio de vital necesidad como lo es el suministro de
agua potable, estando para el caso particular, técnicamente habilitado para ejecutar las acciones
tendientes a asegurar a las viviendas la conexión a la red de agua potable, no obstante, ejecuta
precisamente la acción contraria, esto es, desconectar la vivienda de una de sus afiliadas de esa red, que es la única red de agua potable del sector en el que reside, y ello pese a que la Sra. ---- no ha
incurrido en ninguna de las causales que eventualmente habilitarían al referido Comité para adoptar
una medida de esa naturaleza, todo lo cual provoca consecuencias negativas como lo es la afectación
evidente, actual y permanente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente y
de su familia.
Asimismo alega vulneración al derecho contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta
Magna, en atención a que la recurrida ha conculcado el derecho de propiedad sobre el derecho de la
recurrente a tener el servicio de agua potable activo en la medida que se cumplen los requisitos que
exige la ley y el estatuto, por lo que su actuar debe ser calificado al tenor del artículo 20 de la Carta
Fundamental, como arbitrario e ilegal, perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la
Sra. ---- quien para ser parte del referido Comité debió pagar una cuota ascendente a $250.000.- en el
año 2010, lo que le permitió adquirir la calidad de afiliada del mismo, por lo que la expulsión que se ha
aplicado por ese Comité afecta en forma directa su patrimonio, al privársela de ese derecho.
Finalmente, refiere jurisprudencia nacional e internacional que reconoce el derecho de acceso al agua.
Solicita, por tanto, se acoja el recurso interpuesto, y, en definitiva, se ordene que se deje sin efecto el
acto arbitrario e ilegal consistentes en expulsar a doña ---- del Comité de Agua Potable Rural, y se le
restituya a la vivienda en que reside junto a su familia, el acceso al agua potable a través de la red de
agua potable que administra el referido Comité, con costas.
Acompaña al recurso: 1. Copia de estatutos Comité de Agua Potable Rural -----. Copias de
comunicación notificada a la Sra. ----- de 8 de agosto de 2023.
A folio 13 acompaña: 1. Copias de las Actas de las Asambleas del Comité de Agua Potable Rural ----,
de fechas 15 y 27 de abril, 6 y 30 de agosto y 1 de septiembre, todas del año 2023. 2. Copia del
Estatuto del Comité de Agua Potable Rural -----, incluida la Certificación Aprobación Modificación Estatutos, extendida por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo
con fecha 21 de enero de 2013. 3. Copia del Ebook correspondiente a la denuncia R.U.C.:
2300607193-7. 4. Copia del documento “PREGUNTAS FRECUENTES Ley N°21.545 Establece la
Promoción de la Inclusión, la Atención Integral, y la Protección de los Derechos de las Personas con
Trastorno del Espectro Autista en el Ámbito Social, de Salud y Educación”. 5. Certificado Médico
extendido por la Neuróloga Dra. Loreto Vilches Arratia, con fecha 22 de marzo de 2023. 6. Copia de
transferencia bancaria de fecha 13 de agosto de 2023.
SEGUNDO: Que, a folio 10 evacúa informe el abogado Kenneth Romero Quiroz, en representación del
recurrido.
En primer lugar, refiere antecedentes respecto a la constitución y finalidad del comité de agua potable
rural recurrido, indicando que se formó a partir de la necesidad de 15 vecinos que gestionaron ante
Aguas del Valle la instalación de la red de agua a través de una matriz de tubería de 50 mm., que fue
costeada de forma particular por estos 15 socios. Agrega que, con la llegada de nuevos residentes
(como lo es la recurrente -----), el Comité permitió en forma solidaria la ampliación de la red para
entregar suministros a estos, dejando en claro que el recurso hídrico es sólo para el consumo humano
y doméstico como lo establece tanto el estatuto del Comité como el contrato de suministro acordado
con Aguas del Valle en su oportunidad; y que este consumo debe ser restringido para no causar baja
de presión en la entrega del insumo a los demás socios del Comité.
En cuanto a lo señalado por la recurrente de protección por una supuesta acción ilegal y arbitraria al
ser expulsada del Comité al cual represento, sostiene, es del todo equivocada, ya que en un primer
recurso se acusó la amenaza de ser expulsada y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena fue
enfática en señalar que dicha decisión se encuadra dentro de la autonomía que se le reconoce a la
organización recurrida en el artículo primero de nuestra Constitución, y que comprende la necesaria e
indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos y
decidir sus propios actos, incluido el poder sancionatorio sobre sus miembros en el ámbito funcional
que le es propio, debiendo descartarse la ilegalidad que se le atribuye en el libelo de autos. Agrega que, la recurrente trata de fundamentar el presente recurso en un supuesto error de mención
del articulado de los estatutos del Comité, en la notificación de la decisión de la organización en
asamblea extraordinaria. Dicho supuesto error, se debe a que la recurrida maneja unos estatutos que
acompaña incompletos, faltando desde el artículo 26 al 29 inclusive. Y la notificación menciona el
artículo 10 letras b) y c) del originario estatuto de constitución, y al que alude la recurrente es el
estatuto tipo que se facilitó la Municipalidad de Coquimbo el año 2013 para regularizar las
organizaciones comunitarias al amparo de la Ley 19.418. Que en todo caso son casi idénticos y
obviamente cambia la numeración del articulado.
Afirma que, la decisión de expulsión se basa en la persistente conducta de la recurrente en vulnerar
tanto el reglamento del Comité, como la normativa atingente a la regulación del agua rural y de las
organizaciones que administran la adquisición, distribución y cobro de dicho recurso en localidades
donde no existe el agua potable domiciliaria. Indica que, desde el mes de febrero del presente año, se
le viene notificando a la actora por parte del Comité que debe adquirir agua potable de los camiones
aljibes para la distribución de dicho recurso hacia los departamentos interiores que construyó la
recurrente junto a su pareja, destinados al arrendamiento de ellos. Vulnerando el principio de
adquisición, distribución y uso del agua potable rural sin fines de lucro, tal como señala la normativa y
refuerza dicho argumento la sentencia de esta ilustrísima Corte en fallo de 24 de mayo de 2023, Rol
372-2023, considerando sexto. También como está establecido en el Estatuto, se debe salvaguardar
que no haya sobre consumo a partir de realizar mal uso o negocio por parte de algún socio del
suministro de agua, como fue y es el caso de los recurrentes que tal y como ellos señalan construyeron
cabañas para dar en arriendo. Vulnerando tanto el espíritu del Comité, sus estatutos y como el contrato
especial de abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado, celebrado con Aguas del
Valle S.A.
Manifiesta que, en la asamblea del Comité de APR, del día 23 de febrero del presente año, se recalcó
el carácter de Organización sin fines de lucro y que el contrato de suministro de agua es para 35
viviendas Unifamiliares (cláusula primera del contrato); y que también es para el consumo humano y
del tipo doméstico (cláusula tercera inciso 3 del mismo contrato); luego se les pide a los socios que tengan cabañas en arriendo que respecto de ellas tendrán que suministrar su propia agua, a través de
estanques y compra de agua a los camiones aljibes; y se les da un plazo hasta el 28 de abril de 2023
para ello. Lo anterior se sustenta tanto en lo señalado en el punto anterior respecto del Contrato
Especial con Aguas del Valle, como lo estipulado en los estatutos del Comité recurrido. Ya que en su
artículo 3° señala que: El Comité no podrá perseguir fines de lucro. Luego el artículo 11° del mismo
cuerpo normativo señala: Son causales de exclusión de un socio: letra d) Infracción al artículo 3 de
estos estatutos. Es decir, que el mismo socio persiga fines de lucro con el suministro de agua potable
rural. Como lo son los presentes hechos que sustentan a juicio de la recurrente el presente recurso de
protección por vulneración de derechos.
Sostiene que, el verdadero problema que existe en este conflicto no es el tener o no el recurso hídrico,
sino es un problema de dinero, ya que, al no contar con el agua potable rural distribuida por el comité,
la recurrente se ve en la obligación de comprar agua a los camiones aljibes que transitan todo el día
por dicha localidad de la comuna de Coquimbo y que la gran mayoría de los residentes de El Sauce y
Rinconada, de la comuna antes señalada, tienen que hacerlo. Por ende, el problema, es el mayor costo
monetario en que la actora tiene que recurrir para adquirir este recurso hídrico. Además, refiere que
otros socios del comité se encontraban en la misma situación que la recurrida, quienes comprendieron
la situación y realizaron las obras correctivas necesarias para ocupar el Agua Potable Rural, distribuido
por el Comité, sólo para sus viviendas unifamiliares y los estanques que instalaron para la adquisición
de agua potable de los camiones aljibes para distribuir a las viviendas adicionales construidas en sus
respectivos predios.
Indica que, respecto a lo señalado por la recurrente en orden a tratar de invalidar las asambleas del 15
de abril y 06 de agosto, ambas de este año 2023, ello sólo refleja el actuar malintencionado y
desesperado de la actora; ya que no sólo esas asambleas, sino que las notificaciones y
conversaciones sostenidas entre la directiva del Comité y ----, han insistido y otorgado la posibilidad a
ella, de que enmiende su actuar y realice las modificaciones necesarias para que el agua potable rural
suministrada por el Comité bajo el amparo del Estatuto interno de dicho Organismo y la normativa
vigente, sea usada y consumida correctamente y no se vea vulnerada por parte de su actuar consciente de estar usando dicho recurso hídrico con fines netamente de lucro. Y además
ambas asambleas están correctamente transcritas en el libro de actas respectiva, que se acompañara
al presente proceso.
Finalmente, hace presente que la familia de la recurrente ha sido hostil con los miembros de la
directiva, realizando agresiones y amenazas en la vía pública, las cuales han sido denunciadas y se
encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía de Coquimbo, con los RUC 2300607193-7,
respecto de la secretaria doña Claudia Tapia Guerra; y RUC 2300866300-9, respecto de la Presidenta
del Comité doña Virginia Álvarez Belmar.
En cuanto a las garantías invocadas, indica que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica
de la persona no ha sido transgredido en ninguna forma ni especie, ya que se aplicó la sanción
señalada tanto por la normativa interna, es decir el estatuto vigente de la Organización, como la
normativa jurídica atingente que faculta incluso sin tener que realizar una asamblea extraordinaria a
suspender el suministro a los usuarios de un servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un
fin distinto al uso doméstico. Por otro lado, descarta que la recurrida se quede sin suministro de agua
potable pues aún queda una variedad de ofertas de suministro para su estanque por parte de los
distintos camiones aljibes que circulan por el sector.
En cuanto a la garantía contemplada en el artículo 19 N°9 de la Constitución, advierte que el recurso
de protección solo procede respecto de su inciso final, en cuanto al derecho a elegir el sistema de
salud al cual cada persona desea acogerse, razón por la cual sería del todo improcedente accionar de
protección contra su representada.
Luego, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, indica que lo argumentado sería del todo
falso y erróneo, ya que ningún socio del Comité tiene un derecho adquirido sobre el servicio de agua
potable suministrado por Aguas del Valle, lo único sobre lo que hay derecho es respecto de las
propiedades inmuebles de cada uno y de la matriz y arranques domiciliarios que fueron instalados por
el Comité y cada socio fundador de dicho organismo. Reitera que la recurrente fue notificada formalmente de su exclusión el día 8 de agosto de 2023, y siendo así, al no ser socia deja de tener
acceso a la distribución del agua potable rural que administra y distribuye el Comité que represento, lo
cual se establece claramente en los estatutos del comité en su artículo 2, en consecuencia, no se
estaría privando del derecho de propiedad a la Sra. ---puesto que en los estatutos lo que se establece
es el acceso de distribución del agua para los socios del comité, dicho esto, no se estaría mermando
su patrimonio al no ser la Sra. ----- dueña del agua que se usa para la distribución de los socios.
En conclusión, aduce que el recurso no tiene ningún fundamento ni fáctico ni jurídico, establece
situaciones u hechos falaces que no existieron de la forma que los señala la recurrente o simplemente
no existieron. Cita las normas estatutarias y legales que fundan su actuar, y finalmente destaca que es
el segundo recurso interpuesto por la recurrida para tratar de salvaguardar sus intereses empresariales
y no la vulneración a una garantía constitucional, realizando un ejercicio abusivo de la acción
interpuesta, por lo que es necesaria la condena con costas.
Solicita, por tanto, el rechazo de la acción de protección interpuesta, con costas.
Acompaña a su informe: 1. Certificado de Vigencia Persona Jurídica, de fecha 12 de septiembre de
2023, emitido por el Servicio de Registro Civil, del Comité de Agua Potable Rural ---. Inscripción
123282 de fecha 09.07.2013. 2. Certificado de Directorio de Persona Jurídica Son Fines de Lucro, de
fecha 12 de septiembre 2023, emitido por el Servicio de Registro Civil, del Comité de Agua Potable
Rural ----. Inscripción 123282 de fecha 09.07.2013. 3. Copia del Libro Registro de socios Comité APR.
4. Copia del Libro de actas, Asamblea de fecha 06 de agosto de 2023. 5. Copia Estatutos originarios
de fecha 18 de mayo de 2007,Secretario Municipal, Coquimbo.
Que, el recurso fue declarado admisible y se procedió a su vista en la audiencia del veintiocho de
septiembre de último, oportunidad en que se anunciaron para alegar y lo hicieron ambas partes, doña
Rosa Rojas Cabello, por el recurso, y don Kenneth Romero Quiroz, en contra del recurso, por 30 minutos cada uno, respectivamente, antecedentes que quedaron registrados en el sistema de audio.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de
la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a
amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se
enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio
del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que
prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción
cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario,
producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.
Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de
razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de
ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que
fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A
su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o
cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.
CUARTO: Que, la parte recurrente pretende mediante el presente arbitrio que se deje sin efecto la
decisión adoptada por la recurrida en torno a decretar su expulsión del Comité de Agua Potable Rural
al cual pertenecía, en razón a que dicha medida constituye un acto arbitrario e ilegal no amparándose
en ninguna norma legal ni estatutaria, disponiendo, por tanto, la restitución del suministro de agua a su
inmueble.
Por su parte, la recurrida sostiene que su actuar se encuentra debidamente fundado en las normas
estatutarias y legales pertinentes, además de no verse afectadas las garantías constitucionales
invocadas en el libelo recursivo.
QUINTO: Que, conforme lo expuesto por las partes, el quid de estos antecedentes se reduce o se
centra en establecer la existencia de un acto arbitrario o ilegal por la recurrida y si este afectaría los derechos fundamentales denunciados por la recurrente.
En este orden de ideas, el acto ilegal y arbitrario denunciado consiste o se centra en la exclusión de la
recurrente del Comité de Agua Potable Rural ----. Que, al respecto no hay controversia entre las partes
de la efectividad de tal hecho efectuado por la recurrida, así lo señala la recurrente y lo reconoce la
recurrida. En este evento entonces, deberá determinarse si tal actuar fue arbitrario e ilegal.
Que, conforme a los estatutos que regulan el actuar del comité, respecto a sus asociados, si bien cada
una de las partes acompañó copias de estatutos, correspondientes a fechas distintas, lo cierto es que
examinados estos, aun cuando no concuerdan en su articulado, se contemplan los procedimientos que
deben observarse para adoptar la decisión que se controvierte en este recurso.
En efecto, conforme a tales documentos para proceder a la exclusión de un asociado, que es uno de
los motivos para perder la calidad de tal, es menester que dicha decisión deba ser acordada en
asamblea extraordinaria, por los dos tercios de los miembros presentes, en votación secreta, fundada
en infracción grave de las normas de la Ley Nº19.418, de los estatutos o de sus obligaciones como
afiliado del comité (artículo 10 d) y 19 d) de los estatutos).
Que, en lo que respecta al procedimiento para proceder a adoptar tal medida de exclusión, se requiere
que dicha decisión debe ser precedida de una investigación correspondiente y requerirá una audiencia
previa del afectado donde se reciban sus descargos; verificados estos o sin ellos, en caso de rebeldía,
la asamblea extraordinaria adoptará la decisión (artículo 12 de los estatutos).
Que, conforme al artículo 18 de los estatutos, la asamblea extraordinaria, debe ser citada por el
presidente a iniciativa del directorio o por requerimiento de a lo menos el veinticinco por ciento de los
afiliados, con una anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha de su realización.
SEXTO: Que, del examen de los documentos agregados a la carpeta digital de estos antecedentes,
tanto por la recurrente como por la recurrida- estatutos, actas de asamblea abril y agosto de 2023- se puede inferir, en especial de las actas de asamblea, que la medida de exclusión fue adoptada por la
recurrida sin respetar ni ceñirse a los procedimientos regulados por el propio estatuto de dicho comité
para tal fin, a los cuales estaba obligada. En efecto, no consta que la asamblea extraordinaria haya
sido citada, con la antelación de cinco días hábiles que exige el estatuto, que está haya sido requerida
por el directorio o el veinticinco por ciento de los asociados -artículo 18-; tampoco consta que dicha
asamblea haya sido citada con el fin u objetivo de conocer de la exclusión de la recurrente.
Por otra parte fluye de las actas referidas que dicha decisión fue adoptada sin efectuar previamente
una investigación de los hechos que motivaron, en definitiva, la exclusión de la recurrente, ni menos
aún que se le haya permitido a la recurrente formular sus descargos; tampoco consta que la decisión
haya sido adoptada en votación secreta -artículo 19 c).
Que, en base a estas omisiones la decisión de exclusión deviene o se torna en una acto del todo ilegal,
al contravenir las normas estatutarias que el comité estaba llamado a cumplir, máxime para adoptar
una decisión tan gravosa para la recurrente como lo es su exclusión de dicha organización, perdiendo
su calidad de asociada y como consecuencia privándola de un bien tan preciado como el agua.
Que, adicionalmente, dicha medida de exclusión deviene, además, en arbitraria, desde que si bien
dicha medida es una facultad que puede ejercer el comité, como lo señala sus propios estatutos, no es
menos cierto que tal medida fue aplicada y/o adoptada, sólo respecto de la recurrente, mas no
respecto de otros asociados que se encontraban en una situación similar a ésta, a los cuales se les dio
un plazo, para desconectar el suministro de agua para los departamentos interiores, hasta el 30 de
agosto de 2023, según consta de copia de acta de asamblea de 6 de agosto de 2023, lo que no
sucedió con la recurrente, desde que dicho suministro fue cortado, tanto para la vivienda unifamiliar
como para los departamentos interiores, a partir del 8 de agosto de 2023, en razón o como
consecuencia de haber sido aplicada la sanción de exclusión y haber perdido la calidad de asociada
del comité.
Que, resulta patente al tenor de lo consignado en las acta de abril y agosto de 2023 que dicha medida fue adoptada desde el momento de haber recurrido de protección en causa ROL Nº372-2023 de esta
misma Corte de Apelación aunque por motivo diverso al que se ventila en estos antecedentes ya que
así lo expresan los asociados, todo lo cual refuerza aún más la arbitrariedad del acto de exclusión
denunciado.
Que, en base a lo expuesto, la forma en que se efectuó el acto de exclusión trasgredió y afectó,
flagrantemente, las garantías alegadas por la recurrente, razón por lo cual se hace necesario acoger el
presente arbitrio constitucional de protección.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y
en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección
de Garantías Constitucionales, se decide:
I.- Que se ACOGE, el recurso de protección interpuesto por la abogada Rosa Rojas Cabello, abogada,
en favor de doña -----, en contra del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL -----, y en consecuencia, se
ordena dejar sin efecto la medida de exclusión de la recurrente del Comité de Agua Potable Rural ----,
debiéndose restablecer su calidad de miembro, con todos los derechos y obligaciones que en dicho
carácter le corresponde.
II.- Que no se condena en costas a la recurrida por así requerirlo la recurrente en su alegado en
estrados, durante la vista del recurso, no obstante pedirlo en su recurso.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante señor Gabriel Gallardo Verdugo.
Rol N°1995-2023 Protección.-
TELEGRAM
Reciba en su Telegram los últimos fallos que publicamos: AQUÍ
ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
MARIO AGUILA, editor.
