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lunes, 21 de noviembre de 2022

No procede la imputación del aporte del seguro de cesantía que realiza el empleador al pago de indemnizaciones legales.

Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós. 

Vistos: 

En autos Rit O-69-2020, RUC 2040285911-4, del Segundo Juzgado de Letras de Quilpué, caratulados “Retamales con Transportes Aéreos S.A.”, por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se acogió la demanda por despido improcedente, ordenando a la demandada el pago del incremento del artículo 168 a) del Código del Trabajo y la restitución del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía. La parte demandada dedujo en contra de dicho fallo recurso de nulidad, el que, fue desestimado por una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. En cuanto a esta decisión, la misma parte, dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte la de reemplazo que indica. Se ordenó traer estos autos a relación. 

Considerando: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483- A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento. 

Segundo: Que la impugnante propone como materia para efectos de su unificación, si es procedente o no la imputación del aporte del seguro de cesantía que realiza el empleador al pago de indemnizaciones legales, conforme el artículo 13 de la Ley 19.728, cuando la causal de despido invocada por necesidades de la empresa, fue declarada improcedente. Reclama que la correcta interpretación es la que se contiene en los fallos que se acompañan al presente recurso, en cuanto a que declarada que sea indebida y/o injustificada la causal de necesidades de la empresa invocada por la empresa para el término de la relación laboral, de igual forma procede el descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía, de la indemnización por años de servicios que se pague al ex trabajador. Es decir, por aplicación del ya referido artículo 13 y 52 de la Ley 19.728, que no hacen distingo alguno. Solicita se acoja su recurso y acto continúo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un fallo de reemplazo en los términos señalados. 

Tercero: Que la decisión impugnada resolvió la controversia argumentando, en síntesis, que el descuento efectuado por el empleador de los montos enterados por concepto de seguro de cesantía, solo se justifica cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando se declara que el despido es improcedente, no es posible que se autorice al empleador a imputar a la indemnización por años de servicio lo aportado por dicho concepto. 

Cuarto: Que las sentencias que acompaña para la comparación de la materia de derecho propuesta, son la dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el rol N° 2.013-2017 y las pronunciadas por esta Corte en los antecedentes N° 23.348-2018 y N° 26.030-2019, las que expresan una tesis jurídica diversa, que, en síntesis, resuelve que procede el aludido descuento, aun cuando se haya declarado injustificado el despido, en atención a que la sanción para el empleador es el aumento del treinta por ciento en la indemnización por años de servicios, lo que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto y proceder a uniformar la jurisprudencia en el sentido correcto. 

 Quinto: Que las sentencias reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada desde hace algún tiempo por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N° 92.645-2021, de tres de agosto de dos mil veintidós, sosteniéndose sin variación que una condición sine qua non para que opere el descuento de que se trata, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por su artículo 168, letra a), de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728. De esta manera, no aparece que el tema cuya línea jurisprudencial se procura unificar requiera de la aplicación del mecanismo unificador que importa el arbitrio intentado, por lo que será desestimado. 

Sexto: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser rechazado el recurso interpuesto por la parte demandada, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia de derecho propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierten concurrentes en este caso. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada respecto de la sentencia de diecinueve de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La ministra señora Chevesich y el abogado integrante señor Águila, si bien tienen una postura diferente sobre la materia de derecho cuya unificación se solicita, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que se refieren a la misma cuestión, declinan incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada. 

Regístrese y devuélvase. 

Rol 4.233-2022.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y los abogados integrantes señores Pedro Águila Y., y Ricardo Abuauad D. No firman los Abogados Integrantes señores Águila y Abuauad, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos ausentes. Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós. 

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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Procedencia de recurso de apelación y solicitud de abandono en procedimiento en juicio de cobro ejecutivo de obligación tributaria.

Antofagasta, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

VISTOS: La comparecencia de Romina Cabello Valladares, abogada, quien en representación de Soledad del Carmen Ávalos Aranda, demandada en autos administrativos de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, expediente administrativo N°11.458-2011, seguido ante Juez Sustanciador, dedujo recurso de hecho en contra de la resolución de fecha veinte de septiembre del presente, que no concedió la apelación subsidiaria deducida, debiendo haberla declarado admisible, solicitando que así se declare, ordenando la remisión del fallo, con costas. Informó la Tesorería Regional de Antofagasta, al tenor del recurso. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la recurrente de hecho fundó su recurso en que la resolución recurrida no dio lugar al recurso de apelación subsidiario deducido, en contra de la resolución que rechazó la solicitud de abandono del procedimiento, no obstante ser esta procedente, por haber sido deducida en contra de una resolución que alteró la sustanciación regular del juicio. Hizo presente que el fundamento del rechazo de la apelación consistió en que esta no se encuentra prevista en el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias. Sin embargo, el Tesorero Regional ejerce una actividad jurisdiccional, carácter que comparte la resolución impugnada, por lo que resultan aplicables de forma supletoria las normas contempladas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, tal como dispone el artículo 2 del Código Tributario. 

SEGUNDO: Que informó la abogada Violeta Muñoz Vargas, en presentación de la Tesorería Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso. Señaló que en el expediente administrativo 11.458-2011, se procedió a la ejecución de la contribuyente, por deudas de carácter tributario. En este contexto de cobro, se dedujo incidencia de abandono del procedimiento por la deudora, la que – atendido el carácter especial del cobro ejecutivo tributario– resulta improcedente, por lo que la solicitud fue rechazada. En contra de la referida resolución, se dedujo recurso de apelación, el que se denegó, por no encontrarse consagrado el recurso en el procedimiento especial. Al respecto, indicó que las normas del Código de Procedimiento Civil no resultan aplicables al procedimiento especial que se está tramitando. Además, la resolución que se pretendió impugnar no reviste la naturaleza de auto o sentencia interlocutoria, según la clasificación del artículo 158 del Código en comento, ya que esta se aplica únicamente a las resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia y no a las resoluciones de carácter administrativo. En consecuencia, la apelación no tiene cabida en la sustanciación de un proceso de cobro administrativo, según se desprende del artículo 170 inciso 2° del Código Tributario, el cual dispone que el mandamiento de ejecución y embargo no es susceptible de recurso alguno. Por el contrario, el artículo 182 refiere que una vez falladas las excepciones, las partes podrán interponer todos los recursos que procedan en contra de aquella, de conformidad al Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, alude a que las excepciones pasan a ser de conocimiento de los Tribunales ordinarios de justicia. Así, interpretando sistemáticamente las normas, resultaría indubitado que el recurso de apelación no tiene cabida en sede administrativa, ya que además constituye una acción procesal que procede contra resoluciones judiciales. 

TERCERO: Que consta en el proceso administrativo seguido, que la parte demandada dedujo recurso de apelación en contra de la resolución de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, que no dio lugar a la solicitud de abandono del procedimiento, la que no fue concedida por el Juez, por resolución de fecha veinte del mismo mes y año. Esta resolución se fundó en que el recurso no se encuentra contemplado expresamente en la fase de cobranza judicial ante el Juez Sustanciador – Tesorero Regional. 

CUARTO: Que la acertada resolución se circunscribe a determinar la procedencia del recurso de apelación en el procedimiento especial de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, que se encuentra regulado en el Título V del Código Tributario, en sus artículos 168 y siguientes. 

QUINTO: Que analizados los artículos citados precedentemente, se desprende que en ellos se regula de forma expresa la tramitación del recurso de apelación en el contexto de la oposición de excepciones a la ejecución, y no respecto de los recursos que se pueden deducir en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre aspectos accesorios de la misma. No obstante, el Código en comento, en su artículo 190 dispone lo siguiente: “Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial con informe del Abogado del Servicio de Tesorerías el que será obligatorio para aquél. En lo que fuere compatible con el carácter administrativo de este procedimiento se aplicarán las normas contempladas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.” Dicha norma debe relacionarse con el artículo 2 del mismo Código, el cual dispone que “En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales.” Por lo anterior, necesariamente debe concluirse que respecto de los incidentes que se suscitan durante la tramitación del procedimiento ejecutivo, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil, incluidas aquellas referidas a los recursos cuya interposición resulta procedente. 

SEXTO: Que en consecuencia, siendo la resolución atacada mediante el recurso de apelación, aquella que rechazó el incidente de abandono del procedimiento, apelable de conformidad al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, correspondía que el mismo fuera concedido de conformidad a la Ley, motivo suficiente para acoger el recurso de hecho deducido. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE ACOGE el recurso de hecho interpuesto por la abogada Romina Cabello Valladares, en representación de Soledad del Carmen Ávalos Aranda, en contra de la resolución de fecha veinte de septiembre del presente dictada en expediente administrativo N°11.458-2011, seguidos ante Juez Sustanciador, y en su lugar, se declara que la apelación resulta procedente, la que se concede en el sólo efecto devolutivo, debiendo el Juez remitir los antecedentes necesarios para la vista del recurso de apelación. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. ROL 1186–2022 (CIV-HECHO)



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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Vulneración a garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental. Demanda de precario.

C.A. de Rancagua Rancagua, siete de noviembre de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Con fecha 15 de junio del año en curso, comparece doña HERMOSINA DE LAS NIEVES TORRES ESCOBAR, cédula de identidad N° 8.182.681-1, chilena, dueña de casa, domiciliada en La Capilla S/N, Paredones, Bucalemu, Región de O´Higgins, quien interpone recurso de protección en contra de JUAN ROGELIO CORNEJO PASTENE, chileno, , cédula de identidad N° 6.401.338-6, domiciliado en El Sector La Capilla S/N, Comuna Paredones, Bucalemu, y doña ROGELIA DE LA CRUZ CORNEJO PASTENE, chilena, cédula de identidad N° 8.248.640-2, domiciliada en Balneario de Bucalemu s/n, Paredones. Refiere que tal como consta en causa C-10-2015 del Juzgado de Letras de Peralillo, inició causa de precario en contra de los ahora recurridos, fundada en su calidad de dueña del inmueble ubicado en La Capilla s/n, comuna de Paredones, de una superficie de 1,30 hectáreas, cuyos deslindes particulares son AL NORTE, Sucesión Manuel Pastenes, separado por cerco, camino de acceso, y Hermosina Torres en línea quebrada, separado por cerco; AL SUR, Julio Ahumada Cuevas e línea quebrada de 3 parcialidades, separada por cerco; AL ORIENTE, Elena Lizana en línea quebrada de 2 parcialidades, separada por cerco; y AL PONIENTE, Estero sin nombre que lo separa de Javier Pastenes Quiñones. Lo anterior según consta en copia vigente de inscripción de fojas 1174, número 1011, correspondiente al Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Peralillo; propiedad señalada con Rol de Avalúos de la Comuna de Peralillo bajo el número 34-101. En dicha causa se dictó sentencia acogiendo su demanda, con fecha 23 de diciembre de 2016, la que se encuentra firme y ejecutoriada. Agrega que en sentencia de fecha 24 de abril de 2015 del Juzgado de Policía Local de Paredones, Rol N° 7041-2015, la requerida fue condenada al pago de una multa por haber realizado tala de bosques sin la debida autorización, efectuada la denuncia por la requirente siendo informado aquello por el funcionario fiscalizador de la Corporación Nacional Forestal. Hace presente que luego que se decretara el lanzamiento de los recurridos, efectivamente hicieron abandono del terreno, sin embargo, continúan invadiendo su propiedad y dejando maquinarias en el lugar, transitando por el terreno y destruyendo la cerca medianera, la que se ha vuelto a levantar, pero cada vez la destruyen nuevamente. Agrega que ha intentado emplazar a los recurridos, sin embargo, ellos responden con insultos y amenazas afectando su tranquilidad. Indica que por el miedo que siente decidió hacer abandono de la propiedad, buscando refugio en otro domicilio, cuestión que ha afectado notoriamente su salud. Considera que lo anterior constituye una vulneración a sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental, incumpliéndose, además, una sentencia dictada por un tribunal. Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se declare que la conducta de la parte recurrida en autos  es ilegal y arbitraria por privar, perturbar y amenazar las Garantías Constitucionales ya señaladas, adoptando las medidas tendientes a restablecer el imperio del Derecho, con costas. A folio 13, comparecen los recurridos, quienes evacúan el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección con costas. En primer lugar, en cuanto al recurrido Juan Cornejo Pastene, refieren que existe un error o incluso un actuar de mala fe por parte de la recurrente, toda vez que si bien ella posee un título de dominio inscrito a fojas 1174 número 1011 correspondiente al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Peralillo del año 2014, cuyos deslindes indica, el recurrido también tiene una propiedad emplazada en el mismo sector que la de doña Hermosina Torres, sin embargo dicha propiedad no podría ser en ningún caso la de la recurrente, ya que la propiedad del recurrido fue adquirida por cesión de derechos de los señores Elisa del Carmen Ahumada Pastene, Julio Enrique Ahumada Cuevas y doña Rogelia de la Cruz Cornejo Pastene, inscritos a fojas 464 número 365 del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Peralillo. Agrega que la recurrente realizo el trámite para regularizar su título de dominio acogiéndose al Decreto Ley 2695 que regula la pequeña Propiedad Raíz, sin embargo, no es posible que la propiedad que reclama la recurrente sea la misma de don Juan Cornejo, toda vez que el trámite de saneamiento exige la posesión de la propiedad, la cual siempre ha estado en manos del recurrido y de su familia desde tiempos inmemoriales. En cuanto a la recurrida Rogelia Cornejo Pastene, refieren que nada tiene que ver en los hechos que se le imputan mediante la presente acción, ya que al ser una persona de avanzada edad vive junto a su hija en el sector de Bucalemu y en ningún caso en la propiedad señalada por la recurrente de autos, por lo que la recurrente ha presentado esta acción sólo con la intención de denostarla, toda vez que la recurrida en el año 2013 cedió los derechos que le correspondían como heredera en la propiedad materia de autos al recurrido don Juan Rogelio Cornejo Pastene. Por lo anterior, consideran que el reproche que se les imputa no existe y solicitan el rechazo de la acción, con costas. Se trajeron los autos en relación. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 

2° Que, el acto que se reprocha de ilegal y arbitrario corresponde a que pese a haberse acogido una demanda de precario en contra de los recurridos, ellos continúan ingresando al terreno que la actora indica es de su propiedad, vulnerando con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental. 

 3° Que, los recurridos al informar, refieren que existe mala fe por parte de la recurrente toda vez que don Juan Rogelio Cornejo Pastene, es dueño de una propiedad ubicada en el mismo sector que el predio de la recurrente y en el caso de doña Rogelia Cornejo Pastene, ni siquiera vive en el lugar, toda vez que cedió sus derechos al recurrido Juan Cornejo, por lo que estiman no existen los actos que se les imputan. 

4° Que de la revisión de los antecedentes aportados, consta que efectivamente con fecha 23 de diciembre de 2016, el Juzgado de Letras de Peralillo, acogió demanda de precario interpuesta por la recurrente, en relación al mismo predio objeto de esta acción, pero aquélla sólo se dirigía en contra de la recurrida Rogelia Cornejo Pastene, ordenándose a la demandada restituir a la actora el inmueble de dominio de ésta, consistente en la propiedad que se encuentra inscrita a fojas 1174, número 1011, del Registro de Propiedad del Conservador de Bines Ra ces de í Peralillo del año 2014, correspondiente a una casa habitación ubicada en el sector La Capilla, de la comuna de Paredones. 

5° Que, a su vez, de las declaraciones juradas acompañadas por la recurrente, es posible establecer que existen antecedentes que permiten a lo menos presumir fundadamente que los recurridos, al menos han efectuado un acto de ocupación del predio de la actora, antecedentes, que conjuntamente con la sentencia antes señalada, permite acreditar la existencia de una vulneración por parte de los recurridos a la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental de la actora. Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña HERMOSINA DE LAS NIEVES TORRES ESCOBAR en contra de don JUAN ROGELIO CORNEJO PASTENE y doña ROGELIA DE LA CRUZ CORNEJO PASTENE, sólo en cuanto los recurridos deben abstenerse en lo sucesivo, de ingresar a los límites de la propiedad de que ha sido reconocida como titular la actora en el juicio precario Rol C-10-2015, tramitado ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peralillo. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. 

Rol Corte 9595-2022-Protección. 

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.