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jueves, 23 de junio de 2022

Autotutela y ejercicio de actividad económica licita.

Santiago, uno de junio de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero a quinto, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que el abogado don Matías Rivera Olivos, compareció en representación de don Moneeb Shehzad Sandho, factor de comercio, y en representación de las empresas Import Export M.Z. Enterprises Ltda. e Import Export Surays Traders Ltda., por quienes dedujo recurso de protección en contra de ZOFRI S.A. por haber sido objeto del bloqueo informático de visación remota que les impide desarrollar su actividad económica legítima dentro de la aludida zona franca, acusando que ello vulnera las garantías constitucionales de los actores contempladas en el artículo 19 numerales 3, 21, 22, 23 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que piden que se ordene que la recurrida se abstenga de bloquear en el sistema de Visación Remota a las empresas recurrentes, sin perjuicio de las acciones que cada uno pueda ejercer en los procedimientos ordinarios que correspondan; dictar toda otra medida que considere necesaria y razonable para restablecer el imperio del derecho, con costas. Por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el  recurso de protección, alzándose los recurrentes por medio del respectivo recurso de apelación. 

Segundo: Que, en su informe, la recurrida sostuvo, en síntesis, que las recurrentes no han sido bloqueadas para operar en el sistema de visación electrónica (SVE) como erradamente sostienen, sino lo que se ha bloqueado por deuda es la ubicación, en este caso, Sitio 60 HManzana F del Barrio Industrial, así como todas las ubicaciones asignadas a la empresa usuaria con instalaciones propias y deudora Importadora Cannon Center Ltda., conforme a las facultades contractuales y legales que la facultan para ello. Aseveró que no existe acto arbitrario ni ilegal pues el bloqueo de ubicación no le impide a los recurrentes efectuar operaciones en Zona Franca, ni mucho menos perder la calidad de usuario, sino que le permite efectuar operaciones en Zona Franca en una ubicación habilitada, por cuanto en su calidad de usuario de almacén público, sólo puede y debe hacerlo en un Almacén o Patio Público, en un lugar habilitado por un contrato de depósito vigente con otro usuario. En cuanto al bloqueo de la ubicación, invoca la aplicación del artículo 75 del Reglamento Interno Operacional de la Zona Franca de Iquique, advirtiendo que si bien fue registrado el contrato de depósito en el área de fiscalización dependiente de la Gerencia de Operaciones,  ello en ningún caso significa una aprobación de los términos pactados en el contrato. 

Tercero: Que, de los antecedentes expuestos por las partes y elementos de convicción allegados a la presente causa, es posible asentar los siguientes hechos: 1.- Que entre Cannon Center y la recurrida se celebró un contrato denominado “Contrato de Usuario” el 26 de febrero de 1991, con instalaciones propias bajo el N°2969 para el desarrollo de sus actividades comerciales en Zona Franca de Iquique. 2.- Que, Cannon Center mantiene una deuda por incumplimiento de pago de tarifas para con la Zona Franca de Iquique, la cual se está cobrando judicialmente en auto Rol C-1136-2021 del Segundo Juzgado Civil de esa misma ciudad. 3.- Que, la empresa importadora Cannon Center Ltda. mantiene un contrato de depósito con las actoras, que les permite la concesión del sitio 60h de la manzana F. 4.- Que dicho contrato de depósito fue debidamente registrado ante la Administración de la recurrida, respecto del sitio 60h de la manzana F de la Zona Franca de Iquique. 

Cuarto: Que, conforme con la Resolución N°2854 Exenta del Director Nacional de Aduanas que “Establece Instrucciones para la Aplicación De "Servicios De Visación Electrónica" a Operaciones que efectúen Usuarios  De Zona Franca De Iquique, el sistema de visación electrónica (SVE) es una plataforma Web que permite a los usuarios de Zona Franca de Iquique la tramitación de las operaciones ante la Aduana, relacionadas al movimiento de mercancías, que opera en las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota. El Sistema de Visación Remota (hoy electrónica) verifica la existencia de las mercancías a ser trasladadas, las ubicaciones desde donde se despacharán y el lugar de destino, como asimismo, la exactitud de los datos consignados en el documento en cuanto a: N° del ítem del documento de Ingreso, Unidad de Medida, Valor CIF unitario, etc. 

Quinto: Que, para resolver la cuestión sometida a la cautela de esta Corte, por medio de la presente acción constitucional, es indispensable traer a colación la normativa interna de la recurrida sobre la materia. El artículo 75 del Reglamento Interno Operacional de la Zona Franca de Iquique, establece que: “La existencia de deudas con la Administración, de usuarios o personas que hubieran contratado con ella, así como el no cumplimiento oportuno a instrucciones impartidas por escrito por la Sociedad Administradora, a estipulaciones de su contrato o del presente Reglamento, constituye incumplimiento a sus obligaciones, y en estas circunstancias la Sociedad no otorgará servicios, certificados o visación documental alguna.” Por su parte, la Circular N°41 de la Gerencia General de la Zofri S.A. – invocada por la misma recurrida - que informa a los usuarios de la Zona Franca los tipos y causas de los bloqueos al Sistema de Visación Remota (hoy sistema de visación electrónica), señalando en lo que importa al presente recurso: “Existen 4 tipos de bloqueos, a saber: -Bloqueo dispuesto por Aduana, Tribunales o autoridad competente -Bloqueos Automáticos -Bloqueos por Morosidad -Bloqueos Operacionales o ubicaciones…” Ahora bien corresponde detenerse en este último tipo de bloqueo, que es el que ha sido invocado por la recurrida: El bloqueo de ubicaciones –según indica la Circular en referencia- “son necesarios para regular las operaciones de depósitos de las mercancías de los usuarios en lugar habilitado. En consecuencia, se genera, en casos tales como que el usuario no tiene contrato de depósito registrado o vigente; contrato de asignación vencido; falta de capacidad de almacenamiento. En estos casos, el bloqueo será avisado al usuario con 7 días de anticipación vía notificación que será enviada por correo electrónico o carta al domicilio registrado.”  

Sexto: Que la recurrida, al informar, ha reconocido en la página 6 de su presentación, que exigió el pago de las facturas adeudadas a la empresa usuaria con instalaciones propias (Cannon Center) la que no pagó, por lo que aquello “faculta a Zofri S.A. para proceder a bloquear al usuario, y con ello obtener el pago de lo adeudado.” Por otro lado, de los hechos asentados, se desprende que Zofri S.A. tiene cabal conocimiento que el sitio 60h, manzana F, no es ocupado por la usuaria que mantiene la deuda con ella, sino por las recurrentes, de modo que es evidente que el bloqueo afecta a éstas y no a la deudora de Zofri S.A. 

Séptimo: Que, por otro lado, de la simple lectura de las disposiciones transcritas en el motivo cuarto, aparece que el bloqueo de ubicación no se sostiene, entonces, en ninguna de las causales mencionadas, pues el contrato de depósito de las recurrentes fue registrado y está vigente, sin que se haya acreditado ninguna otra circunstancia descrita en la reglamentación aludida. 

Octavo: Que, en consecuencia, el bloqueo que se reprocha, se transforma en una medida arbitraria pues no se apoya en ninguna causal reglamentaria que afecte o sea oponible a las actoras, quienes son las verdaderamente afectadas por aquél, sino que aparece aplicado como una forma indirecta de obtener el pago de acreencias, por  parte de Cannon Center quien es, en definitiva, la deudora de la recurrida. En tales circunstancias, cabe concluir que dicha medida arbitraria constituye un acto de autotutela de Zofri S.A., proscrito por el ordenamiento jurídico, de modo que la recurrida se ha erigido en una comisión especial al aplicar una verdadera sanción para un caso no contemplado dentro de aquellas hipótesis para las cuales la regulación interna previene el bloqueo de ubicación, y al mismo tiempo, se impide a las actoras ejercer una actividad económica lícita, y que no resulta contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, todo lo cual transgrede las garantías constitucionales del artículo 19 N°3 y 21 de la Constitución Política de la República. 

Noveno: Que, a mayor abundamiento, la recurrida ha señalado que las recurrentes pueden ejercer su actividad económica en otro lugar habilitado, sin haber demostrado que existan tales lugares disponibles en la Zona Franca de Iquique a la fecha. 

Décimo: Que, atendido a lo antes razonado, la decisión en alzada deberá ser revocada y el recurso de protección habrá de ser acogido de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia. Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la  Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del recurso de protección, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge el recurso de protección deducido, ordenándose a la recurrida Zofri S.A. que ponga término inmediato al bloqueo de ubicación que afecta a las actoras respecto del sitio 60h, manzana F del barrio industrial de la Zona Franca de Iquique, de modo que puedan realizar sus operaciones de mercancías dentro de dicho sistema, en el marco del ejercicio de su actividad económica.

 Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza. 

Rol Nº 97-2022.

 Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus A. 

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Acción reivindicatoria de una cuota determinada proindiviso de una cosa singular.

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintidós. 

Visto: 

En estos autos Rol 873-2014, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, por sentencia de once de julio de dos mil dieciocho, se rechazó la demanda intentada por doña Sonia Berríos Muñoz. Se alzó la demandante, y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la confirmó. En contra de este último fallo la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Considerando: 

Primero: Que la recurrente denuncia la infracción de los artículos 892 del Código Civil y 26 del Decreto Ley N° 2.695. Señala que la magistratura rechazó la demanda argumentando que solo era dueña de acciones y derechos sobre el inmueble en circunstancias que de conformidad con la primera de las normas denunciadas “Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular”, y que se acreditó que adquirió derechos y acciones sobre trescientos metros cuadrados del bien raíz materia de la litis. Explica que se probó que por escritura pública de 18 de abril de 1942, don Tomás Fuentes Atabales y don Félix Fuentes Fuentes compraron el sitio materia de autos. Por su parte se acreditó que por escritura pública de 31 de octubre de 1953, don Félix Fuentes Fuentes adquirió los derechos al otro co propietario quedando como dueño exclusivo de la propiedad. A su vez, se asentó que al fallecer el señor Fuentes Fuentes se concedió su posesión efectiva por resolución de 25 de marzo de 1965 a sus doce hijos, sin perjuicio de los derechos de su cónyuge sobreviviente doña Gricelda Jeria Velásquez. Agrega, por otra parte, que es un hecho cierto que la demandante adquirió los derechos de la cónyuge y de seis de los doce hijos del matrimonio habido con don Félix Fuentes Fuentes, en consecuencia, considerando la superficie total  del inmueble -400 metros cuadrados- se puede concluir que adquirió derechos y acciones sobre 300 metros cuadrados. Indica que los demandados, que corresponden a los seis restantes herederos de Félix Fuentes Fuentes, que no transfirieron sus derechos, y, que por ende, sólo les corresponde un 25 % del total de la superficie del bien raíz, es decir, 100 metros cuadrados aproximadamente, regularizaron ante el Ministerio de Bienes Nacionales por una superficie superior, a saber, 266,50 metros cuadrados, excediendo 166,50 metros cuadrados de sus derechos. Afirma que se cumplen los presupuestos que establece el artículo 892 del Código Civil, en relación con el artículo 26 del Decreto Ley N° 2.695, para reivindicar una cuota determinada pro indiviso, atendido que se está frente a un solo bien raíz del cual la demandante adquirió el 75 % de los derechos, la cosa a reivindicar está determinada y se identifica según el informe pericial, sin que exista duda que es la misma que los demandados poseen. Solicita que se acoja el recurso de casación en el fondo y se dicte un fallo de reemplazo que haga lugar en su totalidad a las pretensiones de la demandante, esto es, se condene a los demandados a restituir el inmueble. 

Segundo: Que, para los efectos de una debida inteligencia de las cuestiones planteadas en el recurso, es necesario consignar lo que surge del proceso: a.- Compareció doña Sonia Berríos Muñoz solicitando se declare, en lo pertinente, que los demandados deben restituir la parte del inmueble que ocupan materialmente por ser de su dominio exclusivo. Argumentó que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 686, 728, 889 y 924 del Código Civil, en relación con el artículo 26 del Decreto Ley N° 2.695, “los demandados, pretendiéndose dueños y poseedores de parte de mis derechos en la propiedad, han ejercido actos que importan desconocimiento del derecho de mi dominio sobre el 75 % de dicho bien raíz y que me han privado de la posesión material  de derechos en dicho inmueble, por un total de 166,50 metros cuadrados, en el sector oriente del mismo … ”. b.- Por sentencia de 11 de julio de 2018 se rechazó la demanda reivindicatoria, teniendo en consideración que “no cabe duda que la demandante solicita la reivindicación de una cosa singular, la que especifica en metros cuadrados, sin embargo, la demandante confunde poseer acciones y derechos, con la posesión material de un inmueble”, concluyendo que “es dueña de acciones y derechos sobre un inmueble, pero no es dueña de una especie singular, y no cabe duda que de lo señalado en la demanda, la reivindicación que pretende es improcedente, por cuanto lo que solicita la demandante es la recuperación de una parte específica del inmueble sobre el que recaen los derechos que posee, sin embargo, como es sabido, la posesión de derechos sobre un inmueble, no permite de ninguna forma, la materialización de esos derechos en alguna parte específica el inmueble sobre el que recaen”. d.- Por fallo de 27 de marzo de 2019, el tribunal de segundo grado confirmó la sentencia referida. 

Tercero: Que el recurso de casación en el fondo, según lo dispone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, procede en contra de sentencias que se hayan pronunciado mediando infracción de ley con influencia substancial en su parte dispositiva. Pues bien, para que un error de derecho genere dicho efecto, debe consistir en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida. Además, conforme a lo que previene el artículo 772 del código mencionado, el escrito en que se deduzca el recurso debe expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y de qué modo influyeron substancialmente en su parte dispositiva. De lo señalado se debe inferir, entonces, que la sentencia, necesariamente, tiene que haber emitido pronunciamiento en torno a las cuestiones de derecho que el recurso afirma que se dirimieron incurriendo en yerro jurídico, en los términos ya señalados. Por lo mismo, los litigantes debieron plantearlas en los escritos principales del pleito, a título de alegación o defensa. 

Cuarto: Que es pertinente tener en consideración que la impugnación sobre inobservancia de las disposiciones normativas que se acusa existir encierra una serie de alegaciones nuevas y, como tales, es menester recordar la improcedencia de hacer valer una causal de casación fundada en la infracción de preceptos legales que discurren sobre materias distintas de las discutidas en la litis, esto es, que no fueron promovidas por la solicitante en la etapa pertinente, como es la reivindicación de “cuota determinada proindiviso de una cosa singular”. Como se señaló, la pretensión de la actora expresada en la demanda tenía por objeto la restitución material de una cosa singular, en cambio, al fundar el recurso de casación en el fondo ahora persigue ejercer la acción que emana del artículo 892 del Código Civil, que ni siquiera fue mencionado en la demanda ni menos desarrollado en su aplicación y alcance. 

 Quinto: Que en virtud de lo razonado el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y deberá ser desestimado. De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Al escrito folio 39214: estése a lo resuelto. 

Regístrese y devuélvase. 

Nº 11.557-2019. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., los Ministros Suplentes Sres. Mario Gómez M., Roberto  Contreras O., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C. 

No firman los ministros suplentes señores Gómez y Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber ambos terminado su periodo de suplencia. Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintidós. 

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Mario Aguila
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Recurso de unificación de jurisprudencia, despido indirecto y responsabilidad solidaria.

Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidós. 

Vistos: 

En estos autos RIT O-128-2019, RUC 1940175663-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por sentencia de ocho de julio de dos mil diecinueve, se acogió la demanda por despido indirecto, nulo y de cobro de prestaciones laborales, condenando solidariamente a las demandadas Constructora Alcarraz Limitada, en su calidad de empleadora directa, y a la Comunidad Habitacional “Sol del Norte” y Comando de Bienestar del Ejército, como dueñas de la obra o faena, al pago de las prestaciones que indica. El Comando de Bienestar del Ejército interpuso recurso de nulidad que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Arica, mediante sentencia de diecinueve de agosto del mismo año y, en la de reemplazo, desestimó la demanda dirigida en su contra, manteniendo el fallo de la instancia en lo demás. En contra de esta resolución, la parte demandante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando, que previa invalidación de la impugnada, se dicte sentencia de reemplazo que mantenga la decisión de base. Se ordenó traer estos autos en relación. Considerando:

 Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia. 

Segundo: Que la materia de derecho que los demandantes solicitan unificar, consiste en “determinar si a la demandada solidaria Comando de Bienestar del Ejército, se le puede atribuir la calidad de dueño o mandante de la obra, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 183-A y siguientes, y a los efectos del artículo 162 del Código del Trabajo”. Sostienen que es errada la conclusión que se contiene en el fallo recurrido, puesto que el Comando de Bienestar del Ejército es dueño de la obra y no sólo un mandatario de la empresa principal Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, puesto que aquél pagó a la contratista, Constructora Alcarraz Limitada, diversas facturas emitidas por los avances en la obra denominada “Proyecto Habitacional  Sol del Norte de Arica”, por lo que la decisión impugnada es producto de una errada interpretación del artículo 183-A del Código del Trabajo, que, además, desconoce los principios de protección del trabajador y de primacía de la realidad, obviando que el demandado financió y encomendó la obra ejecutada en beneficio del personal del Ejército, razón por la que se debe colegir su calidad de dueña de la obra, condenándola al pago solidario de las prestaciones impuestas en el fallo de la instancia. 

Tercero: Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada. En tal sentido, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos contenidos en las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste. Así, la labor que corresponde a esta Corte, se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia. 

Cuarto: Que, por lo anterior, en lo pertinente, se deben precisar en forma previa los hechos establecidos en la instancia: 1.- Los demandantes, Dany Edison Quilodrán Hernández, Camilo Eduardo Ruz Blas y Antonio Martino Quezada, prestaron servicios para la empresa Constructora Alcarraz Limitada, mediante contrato indefinido, desempeñándose en diversas áreas y labores en la construcción de la Villa “Sol del Norte” de Arica, etapas I y II, ubicada en Avenida Antártica, Lote N°4, sector Chinchorro de esa ciudad; a la que pusieron término por despido indirecto, cumpliendo las formalidades exigidas en los artículos 162 y 171 del Código del Trabajo, que fundaron en el hecho de mantenerse impagas o atrasadas sus remuneraciones,  por no haberse enterado las cotizaciones previsionales en las instituciones respectivas y no otorgar el trabajo convenido. 2.- El 8 de enero de 2016, Constructora Alcarraz Limitada celebró con la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, un contrato de construcción a suma alzada de 200 viviendas destinadas a la habitación del personal dependiente del Ejército de Chile, que se construyen en un inmueble perteneciente a esa organización, que compró, según se indica en la respectiva escritura, con un vale vista tomado a nombre del Comando de Bienestar del Ejército. 3.- Los demandantes, trabajadores de la empresa constructora, prestaron sus servicios bajo régimen de subcontratación para la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”. 4.- En el contrato de construcción a suma alzada celebrado entre la Agrupación Habitacional “Sol del Norte,” la Constructora Alcarraz Limitada y el Comando de Bienestar del Ejército, las demandadas acordaron las siguientes estipulaciones: i) Al Comando de Bienestar del Ejército se otorgó la calidad de mandatario; a la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, la de mandante; y, a la empresa Constructora Alcarraz Limitada, la de contratista. ii) En sus cláusulas, se precisó que el Comando de Bienestar del Ejército financia y coordina un plan de construcción de 200 viviendas para el personal de planta del Ejército, perteneciente a la Agrupación Habitacional. iii) Durante la ejecución del contrato de construcción, el mandatario podrá sustituir al inspector técnico de la obra, que deberá comunicar con la debida antelación a la contratista. iv) Si la contratista incurre en incumplimientos, por causas que le sean imputables, el Comando de Bienestar del Ejército estará facultado para cobrar multas. v) El financiamiento de la obra lo revisará el Comando de Bienestar del Ejército, a través de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda de Ejército con cargo a futuros créditos hipotecarios y habrá un anticipo de hasta un diez por ciento, que se pagará por medio de dos cheques tomados por el mandatario en favor del contratista, previa presentación de las facturas correspondientes, debiendo el contratista constituir una garantía y restituirlo al mandatario. vi) La Agrupación Habitacional “Sol del Norte” confiere mandato mercantil, gratuito y revocable al Comando de Bienestar del Ejército para que pague a la Constructora los valores estipulados en el contrato. 5.- Se acreditó que no fueron pagadas oportunamente las remuneraciones y el feriado de los trabajadores, adeudándose, además, sus cotizaciones previsionales. Sobre la base de estos hechos, el tribunal de nulidad, conociendo la causal de invalidación a que se refiere el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, concluyó que del tenor de las cláusulas del contrato de construcción y teniendo presente que la judicatura de base no ponderó la prueba conforme lo dispone el artículo 456 del Código del Trabajo, determinó que la Agrupación Habitacional “Sol del Norte” es la dueña de la obra y Constructora Alcarraz Limitada, la contratista, sosteniendo, en lo que interesa, que el Comando de Bienestar del Ejército fue el mandatario de aquélla, por lo que, quien asume las consecuencias de los actos que este último ejecute como apoderado, será la agrupación comitente. 

Quinto: Que la parte recurrente acompañó cinco sentencias para ser contrastadas con la decisión recurrida, dictadas por esta Corte en la causa Rol Nº30.292-2017, de 22 de febrero de 2018; por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Rol Nº2.730-18, de 17 de junio de 2018; y, por la Corte de Apelaciones de Arica, en causas Rol Nºs 13-2019, 29-2019 y 57-2019, de 15 de marzo, 26 de abril y 4 de junio de 2019, respectivamente. 

Sexto: Que el primer fallo acompañado, no cumple con las exigencias requeridas para servir de contraste, por cuanto resuelve un caso en el que se discutió la legitimidad pasiva y atribución a una Gobernación Provincial, de la calidad de dueña de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del Trabajo. Sin embargo, sus razonamientos se apartan del asunto que aquí se controvierte, puesto que precisó que debía ser resuelto “desde la perspectiva del trabajador y sobre la base de la aplicación del principio de realidad, por lo que acreditada la existencia de un vínculo por el cual la empresa principal encarga la ejecución de parte de su proceso productivo a otra, que a su vez subcontrata trabajadores para ese fin, se consolida el régimen de subcontratación, sin importar la designación que tenga el acto jurídico que une a las dos primeras o la naturaleza jurídica de las empresas, instituciones u organizaciones contratantes”, por lo que es indiferente la calidad pública de la entidad, en la medida que se  verifiquen los supuestos que hacen procedente el régimen de subcontratación; decisión disímil a la que se analiza, en la que se tuvo en consideración para rechazar la demanda, que el Comando de Bienestar del Ejército sólo cumplía una función financiera y de coordinación de las obras, de acuerdo con su calidad de mandatario de la empresa principal, divergencia que impide su homologación. Mismo defecto se advierte en el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de esta ciudad en los autos Rol N°2.730-18, en el que se declaró que las normas del Código del Trabajo, son plenamente aplicables a los órganos de la Administración del Estado, en particular, las que rigen la subcontratación, considerando los hechos establecidos en la instancia, relacionados con el contenido del contrato de adjudicación de una obra pública que se encargó al empleador directo de los trabajadores demandantes, caso en el que se decidió que concurrían los supuestos previstos en el artículo 183-A del Código del Trabajo, por lo que se declaró la existencia de un régimen de “subcontratación entre el Fisco de Chile y la empresa Astaldi Sucursal Chile, del giro construcción, ya que la propietaria de la obra ‘Construcción Nuevo Hospital Félix Bulnes’, es el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas”; constatándose que no concurre la necesaria similitud fáctica para efectuar la labor de contraste, por diferir la materia de derecho a la que se sujetó la decisión. La tercera y quinta sentencia acompañada a modo de contraste, dictadas en las causas Rol N°13-2019 y Nº57-2019, ambas, de la Corte de Apelaciones de Arica, no serán consideradas, puesto que carecen de pronunciamiento sobre el objeto de la discusión, tras desestimarse el recurso de nulidad deducido por el Comando de Bienestar del Ejército, por la deficiente deducción de la causal invocada.

 Séptimo: Que, a diferencia de las anteriores decisiones, la Rol N°29-2019 de la Corte de Apelaciones de Arica, cumple los elementos para ser confrontada, desde que contienen similar contexto fáctico que la impugnada, puesto que resuelve recursos de nulidad deducidos en procesos iniciados por demandas deducidas por trabajadores de Constructora Alcarraz Limitada, empleados en la misma obra encargada por la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, reclamando la responsabilidad solidaria del Comando de Bienestar del Ejército, que participó como financista en los contratos de compraventa con el que la referida organización adquirió por tradición el inmueble en el que se ejecuta la faena, y en el de construcción suscrito por las tres demandadas. En síntesis la sentencia Nº29-2019, acogió el recurso de nulidad interpuesto por los trabajadores demandantes en contra de la de la instancia, que rechazó la demanda en la parte que exigían la condena solidaria del Comando de Bienestar del Ejército, alegación que fue recogida por la Corte de Apelaciones, puesto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del Trabajo, el régimen de subcontratación se verifica cuando la demandada es dueña de la obra o faena en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras encargadas, advirtiendo, del análisis del contrato de construcción suscrito por la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, Constructora Alcarraz Limitada y el mencionado Comando, que si bien a éste correspondía la calidad de mandatario de la primera, ejerciendo un rol de financista y coordinador del proyecto, las facultades otorgadas de cobrar multas a la constructora en caso de retraso, sustituir al inspector técnico de la obra, pagar las obligaciones laborales y previsionales de la contratista en caso de incumplimiento, entre otras; consideró que excedían los términos del mandato otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2116 del Código Civil. Concluye, en consecuencia, que las funciones encomendadas al Comando de Bienestar del Ejército, constituían “signos inequívocos de que éste es el dueño de la obra, esto es, de la construcción de doscientas casas para el personal de servicio activo de la Institución, proyecto éste, que se ejecuta en terrenos de propiedad de la Agrupación Habitacional Sol del Norte”, razones por las que acogió el arbitrio, por estimar infringidos los artículos 183-A y 183-B del Código del Trabajo, de manera que en la sentencia de reemplazo, tuvo por establecida su responsabilidad y la condenó solidariamente a pagar las prestaciones adeudadas. 

Octavo: Que, en consecuencia, se advierte la existencia de interpretaciones diversas en relación a la materia de derecho propuesta, por lo que corresponde determinar cuál es la correcta. 

Noveno: Que, en este análisis, se debe considerar la definición del régimen de subcontratación, en los términos contenidos en la Ley N°20.123, que modificó las disposiciones que sobre la materia regían en el Código del Trabajo, reglamentación que tuvo por objeto abarcar las diversas fórmulas de tercerización y extender su ámbito de aplicación en los términos descritos en su artículo 183-A: "Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera  persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478". El propósito de esta legislación, fue remediar la precariedad en que se encontraban los trabajadores subcontratados, imponiendo y delimitando responsabilidades laborales, previsionales y en materia de seguridad y salud laboral, con el debido resguardo de los derechos laborales, como una respuesta a la crisis del paradigma tradicional de la relación de trabajo, derivado de las nuevas estructuras empresariales, con el objeto de transparentar la realidad en el ámbito del mercado laboral, sin que por ello las nuevas disposiciones constituyan una alteración a la forma de entender la relación jurídica entre trabajador y empleador. 

Décimo: Que de la norma transcrita, se colige que los requisitos necesarios para configurar el trabajo en régimen de subcontratación, son los siguientes: a) Existencia de una relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra –contratista–, que actúa como empleador directo del trabajador subcontratado; b) Entre la empresa principal y la contratista debe existir un acuerdo, de carácter civil o mercantil, que obligue a ésta a desarrollar para aquélla una obra o servicio; c) Las labores se deben ejecutar bajo la dirección de la empresa principal, en el entendido que es ésta la que dirige las obras subcontratadas o, en su caso, tiene el control de su operación; d) Se exige, además, que la obra o servicio encomendados, sean estables, continuos, habituales e ininterrumpidos; y, e) Finalmente, que las labores se desarrollen por cuenta y riesgo del contratista, de quien el trabajador debe ser subordinado y dependiente. 

Undécimo: Que, atendido los términos que utiliza el artículo 183-A del Código del Trabajo, debe entenderse por empresa principal a la persona natural o jurídica que siendo dueña de una obra, faena o servicio no discontinuo, externaliza su ejecución o prestación a un tercero llamado contratista que se compromete a  llevarlo a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección; por lo tanto, el concepto empresa está referido a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En ese contexto, la expresión “empresa” que está ligada a la noción de dueño de la obra, faena o servicio, no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, porque la ley no establece otra limitación que la referida a la persona natural que encarga la construcción de una edificación por un precio único prefijado, conforme lo establece el inciso final del artículo 183-B del Código del Trabajo.

Duodécimo: Que, en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa, que señaló, en lo pertinente: “estaremos en presencia de trabajo subcontratado, en tanto se trate de actividades pertenecientes a la organización de la empresa principal, aún cuando los trabajos, tareas o labores que implique la ejecución de la o las obras o servicios, se desarrollen en recintos o instalaciones ajenos a la empresa principal, dueña de la respectiva obra, empresa o faena” (Ordinario de la Dirección del Trabajo N°141/5 de 10 de enero de 2007), de esta forma, “la exigencia de que la empresa principal deba ser dueña de la obra o faena que debe realizar el personal subcontratado, significa que éstas deben corresponder a actividades que pertenezcan a la organización de la empresa principal y que estén sometidas a su dirección, debiendo por lo tanto, excluirse de tal aplicación, a aquellas que no cumplan tal exigencia”. Sobre la materia resulta ilustrativo lo decidido por la Contraloría General de la República a través del Dictamen Nº 2.594, de 21 de enero de 2008, en el sentido que es amplio el concepto de empresa principal de que se vale el legislador, dado que abarca a cualquier persona natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena en que se lleven a cabo los trabajos o se presten los servicios, sin diferenciar si son de derecho privado o público, concluyendo que “resulta forzoso colegir que deben entenderse incluidas en el concepto empresa principal, para los efectos de la preceptiva de la subcontratación de que se trata, las entidades u organismos de la Administración del Estado”, doctrina que, en todo caso, también surge de sus Dictámenes N°24.838 y 60.804, de los que además se concluye que la inexistencia de lucro no tiene incidencia para determinar si se está en presencia de un trabajo en régimen de subcontratación. 

Decimotercero: Que el análisis del asunto propuesto, se debe hacer bajo el prisma de los principios que informan el Derecho Laboral y, en particular, el de  protección, puesto que sus normas tienen una clara disposición de tutela y amparo del más débil de la relación, que es el trabajador. De esta manera, en él se dan vínculos de poder y uno de los más intensos es probablemente el de las relaciones de trabajo. Se observa así, en el contrato de esta clase, un ámbito donde la personalidad del trabajador y su interés moral y patrimonial se encuentran especialmente comprometidos y, por ello, se requiere de una intervención legislativa mayor. Es por ello que el examen del asunto debe abordarse desde la mirada del trabajador, es decir, de la regulación de la actividad observada como una organización de medios, en busca del mayor amparo del dependiente. En este mismo sentido, se ha dicho que la ley de subcontratación está construida desde el principio de protección del trabajador, por ello la responsabilidad laboral es tan amplia, que el legislador ni siquiera consideró necesario enunciar específicamente qué tipo de obligaciones laborales quedan comprendidas en ella. La ley de subcontratación expresa el carácter protector del Derecho del Trabajo, que en este caso busca como objetivo prioritario asegurar el interés del trabajador y no la situación particular de control de la empresa principal o su inexistencia. Por tanto y en lo que aquí interesa, aparece de manifiesto que la legislación define la subcontratación desde el punto de vista del trabajador que labora en tal régimen y no de las empresas que se benefician –directa o indirectamente– con su actividad. 

Decimocuarto: Que, de esta forma, para configurar un régimen de responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral, es además irrelevante el dominio del espacio físico en que se realiza la labor encomendada, puesto que la determinación de la calidad de una organización como empresa principal, se relaciona con un concepto material de sometimiento de la contratista a su mando y dirección, para disponer y controlar el cumplimiento del acuerdo, de forma tal que, en el contexto de la subcontratación, será empresa principal aquella que es jurídicamente dueña de la obra específica, en el sentido que se reserva un grado relevante de poder de dirección, que le permita fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato que contiene el encargo, en relación con el fin que persigue y en el que tiene un interés propio comprometido, aunque no sea éste de carácter patrimonial, criterio uniforme que orientó la argumentación de esta Corte, según se advierte, entre otras, en las sentencias dictadas en las causas Rol N°12.932-2013, 8.646- 2014, 31.227-2014, 23.135-2019 y 1400-2020 (esta última referida a las mismas partes y materia), en las que se tuvo presente, como un factor relevante para considerar a determinados servicios públicos como empresas principales, la circunstancia de si éstos, en la práctica, ejercían poderes de dirección, supervisión, control y fiscalización del negocio encomendado al contratista. 

Decimoquinto: Que, de acuerdo con los hechos establecidos en el fallo de la instancia, el Comando de Bienestar del Ejército, al que se asignó en el contrato de construcción la calidad de mandatario de la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, fue el que entregó un vale vista para que su mandante adquiriera el inmueble en el que se proyectó la construcción de las 200 viviendas destinadas a la ocupación del personal activo del Ejército, integrante de esa organización, y se le facultó para pagar a la contratista un anticipo y los avances de la obra, a la que podía imponer multas por incumplimientos y simples retardos, además de sustituir al inspector técnico, mandatario que también fue instituido como beneficiario de las boletas de garantía y seguros contratados por Constructora Alcarraz Limitada, pareciendo que tales gestiones, constituyen un conjunto de atribuciones que exceden a las de un simple encargo y evidencian que en esta gestión, contaba con un nivel de injerencia exorbitante en relación al desarrollo de las obras, que se demuestra en su interés en el cumplimiento oportuno de los trabajos y la correcta ejecución de la faena conforme a la disposición que podía ejercer del mencionado inspector, prescindiendo del mandante, entre otras potestades igualmente excluyentes, de lo que se debe colegir que, en la práctica, obró como empresa principal. 

Decimosexto: Que, en efecto, al tenor del referido convenio, el Comando de Bienestar del Ejército mantuvo un poder de dirección de la obra encargada, según se lee de sus propias cláusulas, por lo que no puede entenderse que la Agrupación Habitacional “Sol del Norte” haya desarrollado un negocio propio de su giro y que, por ende, aquél no sea dueño de la obra, puesto que retuvo para sí su supervisión, control y completo financiamiento, desde la adquisición del inmueble en que se ejecutaron las obras, por lo que no es posible concluir, como se pretende, que los servicios se prestaron sin encontrarse insertos en la organización de una empresa principal dual -entendida en los términos expuestosdesde que su titularidad y mayor interés correspondía sin lugar a dudas al Comando de Bienestar del Ejército, en la que colaboró Constructora Alcarraz Limitada con sus trabajadores en la obtención de la finalidad perseguida, por encontrarse en situación más adecuada y óptima de brindarla. 

 Decimoséptimo: Que, a mayor abundamiento, un mandato supone que la actividad que desarrolla el mandatario, en general, será realizada para que produzca efectos en el mandante o en éste y un tercero, incluso en el mandatario en un caso de reunión de intereses con el mandante y terceros, v. gr., si todos ellos son dueños de cuotas en una comunidad. Sin embargo y de acuerdo con lo que disponen los artículos 2119 y 2120 del Código Civil, no puede ser considerado contrato de mandato aquel que cede sólo en interés del mandatario, y si bien en este caso existe un propósito de beneficiar a quienes son socios de la agrupación habitacional –la mandante-, que dicho sea de paso son funcionarios del Ejército, el contenido de las cláusulas descritas, las facultades entregadas al financista de la obra y la injerencia que tiene en su ejecución, pudiendo incluso ordenar la sustitución del inspector técnico y del personal que se desempeña en las faenas, pareciera que obedecen, más bien, a una finalidad evidente de protección del interés directo del Comando de Bienestar del Ejército en el éxito del proyecto y en la recuperación del gasto que efectuó como verdadero inversionista en la compra del predio y en los anticipos que otorgó a la constructora, de lo que además se colige que la mandante no efectuó una provisión de fondos para que su apoderado cumpliera su cometido, como sería su obligación natural de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2158 del citado Código, motivo que lleva a entender que la administración confiada fue sólo aparente, ya que dice relación con un asunto que pertenece a los beneficiados con viviendas cuya construcción se encargó por la organización creada para este objeto, por lo que no se puede concebir racionalmente la existencia de un mandato en los términos descritos en el artículo 2116 del Código Civil, más allá de su sola denominación, si, como se advierte, el riesgo de la administración recae exclusivamente en el patrimonio del mandatario y no en quien se atribuyó la calidad de mandante, conclusión que se sostiene en las mayores injerencias que puede ejercer en todo ámbito, que carecen de proporción con las entregadas a la comitente, por lo que no se puede sostener que es a ésta a la que pertenecen los costos y el riesgo del fracaso de la gestión, si pudo materializarse sólo en razón de la inversión del Comando de Bienestar del Ejército. 

Decimoctavo: Que, en consecuencia, los hechos descritos confirman la existencia de un régimen de subcontratación y la atribución de la calidad de empresa principal al demandado Comando de Bienestar del Ejército, desde que resulta concordante con el diseño o entramado definido para el desarrollo de un proyecto destinado a dotar de viviendas a los socios de esa organización, puesto que el examen del asunto se debe abordar desde la perspectiva del trabajador, es decir, de la regulación de la actividad mirada como una organización de medios para obtener, además de un rédito para los directamente interesados, la mayor protección del dependiente y no, como pareciera haberse efectuado en el fallo impugnado, desde una mirada civilista y restringida al análisis de las cláusulas del contrato de construcción, obviando la sede en la que esta controversia se presentó, que contiene normas de orden público de protección de los derechos de los trabajadores que deben ser correcta y preferentemente atendidas. 

Decimonoveno: Que, como ya ha sido declarado en las sentencias pronunciadas en los autos Rol N°15.843-2019, 24.147-2019, 27.075-2019, 36.943- 2019 y 1.400-2020, la correcta doctrina consiste en determinar, de acuerdo con lo que ocurría en la práctica entre las partes, que el Comando de Bienestar del Ejército, se comportaba como empresa principal, razón por la que debe ser condenado solidariamente junto con la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, al pago de las prestaciones adeudadas, decisión que coincide con la propuesta en los fallos de contraste y que ha sido contrariada en la sentencia recurrida. 

Vigésimo: Que, de acuerdo a lo razonado y habiéndose determinado la acertada interpretación de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia será acogido, invalidándose, por tanto, la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Arica y manteniéndose la de la instancia, por cuanto no incurrió en la causal de nulidad contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, que fue denunciada en su oportunidad por el Comando de Bienestar del Ejército. Por estas consideraciones y normas citadas, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que acogió el recurso de nulidad deducido en contra de la de base de ocho de julio de ese año, y, en su lugar, se declara que se rechaza este medio de impugnación en todas sus partes, manteniéndose la decisión de la instancia que, en consecuencia, no es nula. 

Regístrese y devuélvase. 

N° 26.805-2019.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y el abogado integrante señor Eduardo Morales R. 

No firma el abogado integrante señor Morales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidos
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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.