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lunes, 23 de mayo de 2022

Procedimiento administrativo y garantías del debido proceso.

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 

VISTOS: Se reproduce la sentencia apelada, a excepción de sus considerandos quinto y séptimo, que se eliminan, Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: 

PRIMERO: Que, como se observa de los antecedentes acompañados a este proceso, la recurrente, señora Adriana Román Tapia, fue sujeta a la medida de suspensión transitoria de su inscripción en el Rol de Prestadores de la Modalidad de Libre Elección del Fondo Nacional de Salud, por un plazo de 180 días o hasta el término del proceso administrativo respectivo, a contar del 14 de junio de 2020. Este último quedó afinado por la Resolución Exenta 3E Nº 17110-2020, de 25 de noviembre de 2020, que aplicó la sanción de suspensión por 180 días de la inscripción de la recurrente en el Rol de la Modalidad de Libre Elección. Ello ocurrió una vez efectuado el recurso de protección y antes del informe que emitiere la repartición pública recurrida. 

SEGUNDO: Que, en la imposición de la sanción de suspensión por ciento ochenta días, no se efectuó la imputación de ninguno de los ciento sesenta y cuatro días que corrieron mientras duró la medida provisional impuesta por el Fondo Nacional de Salud. 

TERCERO: Que el recurso de protección intentado en la causa reclama contra la existencia de lo que estima como diversas infracciones al artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, en torno a la aplicación de la medida de suspensión temporal y la marcha del proceso administrativo, solicitando en definitiva que se arbitren medidas para el cese de aquella y cualquier otra que se estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho y el amparo de las garantías constitucionales de la recurrente. 

CUARTO: Que en este sentido, el análisis que debe efectuar la Corte no puede ser estrictamente formalista, en consideración a la relevancia que tiene este medio procesal para la defensa de los derechos fundamentales de la persona. En particular, no puede señalarse que el recurso de protección haya perdido oportunidad por la dictación de la resolución de término que aplica una sanción administrativa, ya que ello no obsta a la revisión de la legalidad y razonabilidad de lo resuelto en las fases previas del procedimiento respectivo. 

QUINTO: Que esto tiene especial relevancia en el presente caso, en el que se reclama la infracción del debido proceso en la imposición de la sanción de suspensión, lo que se complementa con la decisión definitiva adoptada por el Fondo Nacional de Salud, que no da lugar al abono del tiempo en que se ejecutó la medida provisional. La pérdida de oportunidad para el recurso se refiere, en último término, a la imposibilidad  de arbitrar medidas que restablezcan el imperio del derecho, por la consolidación de una situación jurídica o por la solución del conflicto en el tiempo intermedio entre su interposición y fallo; ninguna de estas dos situaciones se da en la especie, en consideración a que debía analizarse si correspondía o no la imputación del tiempo a la sanción definitiva, como se alegó en estrados. 

SEXTO: Que la garantía del debido proceso incorpora, entre de todos sus elementos, la obligación de fundamentación respecto de la decisión que se adopte. La omisión de aspectos esenciales para la justificación de lo resuelto infringe gravemente dicha garantía constitucional, especialmente cuando de ello se sigue la inaplicación de principios fundamentales respecto de la aplicación del poder punitivo del Estado. 

SÉPTIMO: Que para elucidar si existe una infracción al debido proceso en la imposición de la sanción cabe señalar que los principios que inspiran y moldean el derecho penal se aplican en materia administrativa sancionatoria; ambas son manifestaciones del poder punitivo del Estado y como tales, participan de limitaciones y garantías similares. Sin embargo, no se trata de una identidad completa: antes bien, se reconoce que para el caso de los castigos administrativos la aplicación es matizada, producto de la naturaleza de los castigos que impone la Administración. Dentro de estos principios aplicables se encuentra el non bis in idem, la prohibición al Estado de considerar los mismos hechos para imponer una nueva sanción de la misma naturaleza, evitando la duplicidad de castigo. A nivel material, la aplicación de este principio implica la imposibilidad de la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento (Gómez González, Rosa, «El non bis in idem en el Derecho Administrativo Sancionador, Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, t. XLIX, 2017, p. 114). Este principio justifica, además, que las medidas cautelares o provisionales que se impongan en el proceso sancionatorio se abonen a la sanción definitiva, en la medida que ello sea posible por tratarse de aquellas que tengan la misma naturaleza. Para el caso concreto, a la recurrente se le impone una primera sanción de 164 días de sanción, de carácter provisorio, que tiene exactamente los mismos efectos que la que se le aplica, en definitiva, de 180 días. Esto deviene una doble sanción que excede de la que determina el órgano administrativo, sin que haya una justificación o razonamiento para ello. 

OCTAVO: Que lo anterior implica la existencia de una actuación arbitraria que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, lo que vuelve procedente la actuación de esta Corte, en el sentido de restablecer el imperio del Derecho, ordenando la imputación de la sanción provisoria de 164 días de suspensión a los 180 que se le impusieron por la Resolución Exenta 3E Nº 17110-2020, de 25 de noviembre de 2020. Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19880, se resuelve: que se revoca la sentencia apelada de veintiséis de abril del dos mil veintiuno dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en su lugar se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Adriana Román Tapia en contra del Fondo Nacional de Salud, y se ordena a este último que compute los 164 días de suspensión provisoria como parte de la sanción que le impusiere por Resolución Exenta 3E Nº 17110-2020, de 25 de noviembre de 2020. 

Regístrese y devuélvase. Redactó el Abogado Integrante Diego Munita Luco. Rol N° 34.750-2021. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y por los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sra. María  Angélica Benavides C. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Munita por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma. 

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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

jueves, 19 de mayo de 2022

Indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Santiago, dos de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante y de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Ltda., en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó con declaración la de primera instancia que acogió la demanda formulada en los términos a que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, rebajando el monto de indemnización por daño moral. En cuanto al recurso de casación en la forma de la demandante. 

Segundo: Que la parte recurrente denuncia que la sentencia incurrió en la causal de invalidación formal a que se refiere el artículo 768 número 5 en relación con lo dispuesto en el artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sentencia carece de consideraciones de hecho y de derecho al tener fundamentos contradictorios los que se anulan mutuamente, quedando privado de motivación que lo sustente. Además, indica que no se señalan las razones que se tuvieron en consideración para rebajar el monto de la indemnización por daño moral, no haciéndose cargo de la prueba rendida, de la que se da cuenta que el departamento presentó fallas, las que han persistido durante años, pese a lo cual la sentencia modificó el monto otorgado por daño moral con una enunciación de los medios de prueba que no puede ser considerado una fundamentación válida, ya que solo expresa hechos que contienen los peritajes pero no razona para establecer conclusiones al respecto. Solicita que se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo que revoque la sentencia impugnada y confirme la de primer grado. 

Tercero: Que, procede tener en consideración que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, el vicio alegado sólo concurre cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, mas no tiene lugar cuando aquellos existen, pero no se ajustan a la tesis postulada por la reclamante. En efecto, en el caso bajo examen la parte recurrente hace descansar esta aparente omisión, específicamente, en la falta de fundamentación de la decisión de rebajar el monto de la indemnización por daño moral. Luego, examinada la sentencia impugnada cabe advertir que en el razonamiento undécimo entrega los fundamentos que la recurrente echa de menos, para los  efectos de resolver una rebaja en el quantum de la indemnización por daño moral, en virtud de los elementos de juicio que se aportaron, esto es, el informe pericial que constata los defectos en la construcción, la inspección personal que los corrobora, y por otra parte la pericia psicológica, de todo lo cual, en este ámbito que requiere de ponderación sobre circunstancias fácticas, concluye que debe rebajarse el monto de la indemnización en análisis. De este modo, del estudio de la sentencia que se censura se comprueba que reúne todas y cada una de las exigencias que menciona el artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil, especialmente aquellas signadas en el número 4 de la disposición aludida y que la recurrente estima que faltan, de manera que, no obstante que no comparta los razonamientos y conclusiones expresados en el fallo, no existe la omisión denunciada, motivo por el que el recurso de nulidad formal debe ser desestimado en esta etapa de tramitación. En cuanto al recurso de casación en el fondo de la demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Ltda. 

Cuarto: Que denuncia vulnerado el artículo 2518 del Código Civil, en lo que dice relación con la interrupción natural de la prescripción, excepción que fue rechazada al sostener que se efectuaron algunos arreglos en la propiedad que implican que tuvo conocimiento de los defectos, los que solventó, lo que supone un reconocimiento de la obligación, operando la interrupción natural de la prescripción, en circunstancias que para que haya reconocimiento de parte del deudor de la obligación incumplida debe tratarse de un acto consciente, que el deudor sepa que el acreedor podrá usar el reconocimiento en su contra, lo que por el hecho que haya prestado un servicio de postventa dentro del plazo de prescripción de la acción que se exige por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de Protección de los Derechos de los Consumidores, en ningún caso puede calificarse como un reconocimiento voluntario y consciente, por lo que no se está frente a un reconocimiento de la obligación de responsabilidad, sino que su voluntad como vendedor de responder y adecuar su actuar a la obligación legal de garantía, por lo que la sentencia le dio un sentido diverso a la expresión “reconocer” que utiliza la norma infringida, distinto a la voluntad del legislador, atribuyéndole al deber de garantía un acto de reconocimiento, cuando realmente se trata de un servicio de postventa que se enmarca dentro de la conducta y obligación legal que regula la actividad inmobiliaria que desarrolla, de manera que no debió aplicarse la institución de la interrupción natural de la prescripción; razones por las que pide la invalidación del fallo y se dicte uno de reemplazo que acoja la excepción de prescripción extintiva. 

Quinto: Que en la sentencia se establecieron los siguientes hechos: 1.- Que el actor con fecha 31 de marzo de 2014, adquirió el departamento ubicado en calle Quito, número 205, #3B, Las Colinas, condominio edificio Alto Ecuador, comuna de Viña del Mar, el que presentó una serie de fallas que en su mayoría fueron reparadas por la demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Ltda., manteniéndose en la actualidad problemas en relación a las ventanas de la propiedad, producto de fallas en su diseño que no permitieron una adecuada operación de las mismas. 2.- La recepción definitiva del edificio donde se ubica el departamento, fue otorgada por el Certificado 376/2013 de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección de obras Municipales de Viña del Mar. 3.- La demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Limitada, frente a reclamos del actor ante el SERNAC, el 20 de octubre de 2017, concurrió al departamento el día 26 del mismo mes y año, identificando los desperfectos y gestionando su reparación. Seguidamente, fue notificada de la demanda con fecha 14 de enero de 2019. Sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo acogió la demanda de indemnización de perjuicios, para lo cual, tuvo en consideración, primero, que al haber aceptado y gestionado la demandada la reparación de los defectos constructivos, reconoció su obligación que le asistía respecto a los daños que afectaban su construcción, interrumpiendo naturalmente la prescripción extintiva por tal actividad voluntaria, antes que se cumpliera el plazo de prescripción extintiva de 5 años que establece el artículo 18 inciso 9º número 2 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al tratarse de una falla en los elementos constructivos o de las instalaciones, y en cuanto al fondo, se concluyó que habiéndose acreditado los defectos de construcción del departamento, en los términos del artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, era procedente acoger la demanda. 

Sexto: Que, parece pertinente tener en cuenta que sólo la judicatura del fondo se encuentra facultada para determinar los hechos del litigio y que efectuada correctamente dicha labor, esto es, con sujeción a las denominadas normas reguladoras de la prueba atinentes al caso en estudio, se tornan inalterables para este tribunal de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. En la especie, el recurrente no acusó la conculcación de alguna de las normas que tienen la calidad de reguladoras de la prueba, por lo que los hechos establecidos resultan inamovibles para esta Corte. Séptimo: Que se acusa la vulneración del artículo 2518 del Código Civil que establece “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente”, y dado el marco fáctico que sirve de fundamento a la decisión, debe concluirse que los tribunales del fondo efectuaron una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes al caso, en particular, la que dice relación con la interrupción de la prescripción, con la actividad verificada de la demandada; razón por la que el arbitrio debe ser desestimado en esta etapa de su tramitación, por adolecer de manifiesta falta de fundamento. Por estas consideraciones y de conformidad con las disposiciones citadas, se declara que se rechazan el recurso de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno. 

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°53.100-2021 Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., Mario Gómez M., y Roberto Contreras O. No firman los ministros suplentes señores Gómez y Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado ambos su periodo de suplencia. Santiago, dos de mayo de dos mil veintidós.

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Contrato colectivo vigente, forman parte del piso de la nueva negociación.

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós. 

De oficio, con el objeto de corregir el orden correlativo de los considerandos, en el segundo motivo sexto del fallo, debe decir séptimo, por lo que se elimina en esa parte el término sexto por séptimo. 

Vistos: 

Por sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos I-205-2021, se rechazó la reclamación judicial interpuesta por Empresa de Transportes Rurales Tur Bus SpA, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente; con costas. Contra ese fallo la parte reclamante, dedujo recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo. Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes. Considerando: 

Primero: Que, la recurrente deduce como causal de su recurso de nulidad, la contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Sostiene que, la juzgadora yerra en el proceso de calificación realizado al limitar el concepto de “beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo” a aquellas prestaciones otorgadas con el objetivo de incentivar u obtener la firma del instrumento y excluye la hipótesis sostenida tanto por su parte como por la Dirección del Trabajo, que considera también a aquellas prestaciones que las partes acordaron entregar de forma única, característica de la que gozan ambas prestaciones objeto del reclamo judicial presentado. Precisa que en el caso del “Bono de Antigüedad”, se trata de una suma de dinero, entregada por única vez, a un grupo de trabajadores específicos, que cumplieran 20 o 25 años de servicio en un determinado espacio de tiempo, y en el caso del “Aporte al  Sindicato”, también es una suma única, y cuyo pago se dividió en cuotas y no es una forma de subsidio permanente a la actividad sindical. Afirma que la infracción denunciada ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues ha llevado al tribunal a rechazar el reclamo judicial planteado en circunstancias que nos encontramos ante beneficios que se otorgaron por única vez, por lo que de haber interpretado correctamente la disposición, habría concluido que las prestaciones “Bono de Antigüedad Conductores y Asistentes de buses” y “Aporte al Sindicato” no constituyen piso de negociación. 

Segundo: Que en cuanto a la causal esgrimida, contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, para cuya resolución, esto es, determinar si la sentencia definitiva ha incurrido en yerros jurídicos en relación a los hechos, cabe señalar para su acertado análisis aquellos beneficios que el Tribunal de base advierte en el Contrato Colectivo de fecha 7 de junio de 2018, como piso de negociación, aludidos en el motivo quinto del fallo en revisión, a saber: a) En el capítulo III.2 “Bono de antigüedad de conductores y asistentes de buses de servicios interurbanos” establecido para aquellos trabajadores que en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y 1 de julio de 2019 cumplan 15 y 20 años de antigüedad en la empresa, quienes percibirán “por única vez durante la vigencia del presente instrumento colectivo” el bono de antigüedad que se indica. b) En el capítulo XII el “Aporte al Sindicato” correspondiente a la suma de $12.000.000 que “la empresa pagará por única vez, con el objeto de contribuir con los gastos originados por la actividad sindical de éste, tales como gastos de arriendo de la sede sindical, gastos de asesoría, capacitación, etc.” Cabe destacar que a este respecto la reclamante no acompañó antecedentes a fin de acreditar que este aporte haya sido pagado en su totalidad. 

Tercero: Que de la sentencia censurada, en su motivo sexto se advierte cómo el Tribunal de base comienza efectuando un despeje normativo en virtud del cual indica en primer término el contexto sobre el cual descansa la figura en análisis, refiriendo al efecto que al existir un Contrato Colectivo, sus estipulaciones son aquellas que constituyen un piso de negociación respecto del nuevo Contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 336 del Código del Trabajo. A renglón seguido, el Tribunal señala las situaciones que quedan excluidas del piso de negociación por expresa disposición de la norma que se comenta, esto es, “la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo”. Luego, y continuando con la revisión de que se trata, aclara con precisión el fallo de base que los beneficios -objeto de discusión, consignados en las letras a) y b) del motivo precedente-, no se verifican en el marco de excepción a que se ha hecho referencia, pues se trata de pactos que no fueron acordados sólo por motivo de la firma del contrato colectivo, siendo independiente la circunstancia que su pago se verifique sólo una vez mientras se encuentre vigente el contrato. Al efecto, para mayor claridad e ilustración del régimen de excepción del artículo 336 del Código del ramo, la profesora Gabriela Lanata Fuenzalida, señala que la norma indica que se entienden excluidos, entre otros: “Los beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo. Si bien no puede entenderse limitado a éstos, un ejemplo claro de este tipo de beneficio lo constituye el bono conocido como de término de conflicto, cuya causa está constituida precisamente por tal circunstancia”.(Lanata Gabriela. Sindicatos y Negociación Colectiva. Monografías, pág. 160). En consecuencia, ha de advertirse que el denominado bono por cierre de conflicto queda circunscrito únicamente a la firma del contrato, y su objetivo es obtener el término o cierre de la negociación, formando parte de la situación excepcional que se comenta. Sin embargo, en el asunto en revisión, los bonos y beneficios discutidos no obstante concederse sólo por una vez, obedecen a una naturaleza distinta y han sido pactados sin sujeción expresa a la terminación de un contrato, por lo que efectivamente, como sostiene el Tribunal de base, no pueden ser comprendidos en el régimen de excepción del artículo 336, debiendo por lo tanto ser considerados en el piso de la negociación. 

Cuarto: Que a mayor abundamiento, el Tribunal de base efectúa una comparación con la exclusión que analiza, refiriéndose a la vulneración de derechos fundamentales en que incurre el empleador en el ejercicio de sus facultades, que dispone el artículo 489 inciso primero del Código del Trabajo, analizando al efecto la infracción a los derechos de los trabajadores con ocasión del despido, debiendo entenderse por tal -según sostiene el fallo censurado- la causa o motivo, aduciendo, acto seguido, que la expresión “sólo por motivo” del artículo 336 que interesa, refiere la ocasión o sólo por causa de la firma del contrato colectivo, haciendo alusión a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (N° 871-2013), coincidente con un Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 3016/80, de 6 de julio de 2017. 

Quinto: Que de la revisión del Dictamen a que se hace referencia en la parte final del motivo precedente, dicha jurisprudencia administrativa sostiene que la expresión “los beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo”, apuntan a bonos por término de negociación o por cierre de conflicto, o bien a otras denominaciones similares cuyo objetivo es obtener un acuerdo o establecer un precio para el cierre de la negociación, quedando por lo tanto comprendidos en el régimen de excepción del artículo 336 del Código del ramo, mientras que aquellos beneficios pactados por una sola vez, cuya naturaleza jurídica es distinta o provienen de un pacto de las partes con un objetivo distinto, no forman parte de los mismos. Así es como debe entenderse que los bonos, objeto de revisión, forman parte del piso de negociación. De ahí, que la norma deba interpretarse restrictivamente dada su naturaleza excepcional, y que el Tribunal de base haya concluido  que los beneficios en cuestión no forma parte del referido régimen excepcional, y por el contrario deben ser considerados en el piso de negociación, no obstante concederse por una sola vez. 

Sexto: Que del análisis efectuado al fallo censurado, se advierte la correcta aplicación normativa por parte del Tribunal de base, contenida en el artículo 336 inciso primero del Código del Trabajo, al concluir que los bonos y beneficios pactados en el Contrato Colectivo de 7 de junio de 2018, de “antigüedad de Conductores y asistentes de buses de servicios interurbanos” y “aporte al Sindicato”, no se encuentran excluidos de la condición de piso de la negociación, por lo que no es posible afirmar que se haya producido la errónea calificación que se atribuye a la sentencia, lo que conlleva el rechazo de la causal invocada. Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se rechaza, el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante, contra la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-205-2021, sentencia que, en consecuencia, no es nula. 

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (S) Carlos Hidalgo Herrera. Laboral-Cobranza Nº 2680-2021. Pronunciada ´por la Novena Sala, presidida por la Ministra señora María Paula Merino Verdugo, e integrada además, por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y el Ministro (S) señor Carlos Hidalgo Herrera, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia. 

En Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.