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martes, 16 de agosto de 2022

Rectificación de posesión efectiva. No corresponde a la Administración declarar o no la prescripción respecto de los derechos y acciones de las personas.

Puerto Montt, cinco de agosto de dos mil veintidós. 

Vistos. 

A folio 1 comparece el abogado Guido Ríos Proschle, en favor de doña Miriam Dorila Caileo Nauto, dependiente, con domicilio en Las Camelias 436, Población Diego Portales, de la ciudad y comuna de Llanquihue, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado legalmente por su director regional don Richard Marañao Inzunza, ignora profesión u oficio, o quien haga sus veces, suceda o remplace, ambos domiciliados en calle Av. Presidente Ibáñez N°600 Edificio Institucional, de la ciudad y comuna de Puerto Montt. Afirma ser hija de don José Adolfo Caileo y nieta de doña Dorila Caileo Millán, precisando que su padre falleció el 3 de julio de 1986, en tanto que su abuela falleció con posterioridad, el 16 de septiembre de 2005. Expone que por Resolución Exenta N°2337 del 11 de agosto de 2008, inscripción nacional N°39770 del mismo año, el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación concedió la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de doña Dorila Caileo Millán, a sus hijos: Juana del Carmen, María Bernarda, Juan Heriberto, Cecilia del Carmen, Dora Elicia, todos Cárcamo Caileo; a sus nietos Sandra Sonia, Nancy Dorila, ambas Cárcamo Nahuelquín; José Nolberto, Guido Javier, Elisa Jeanette, Mónica Adelaida, Jonathan Patricio, todos Cárcamo Uribe; a su bisnieto Edison Favio Cárcamo González; y a su cónyuge José Norberto Cárcamo Navarro, respecto del inmueble inscrito a fojas 5 vuelta N°6 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 1971. Señala que tanto en la resolución que concedió la posesión efectiva sobre la herencia de doña Dorila Caileo Millán, como en la inscripción de la misma, no se la incorporó ni a ella ni a sus hermanos, en virtud del derecho de representación de su padre José Adolfo Caileo conforme al artículo 984 del Código Civil. Por tal razón, el 12 de mayo de 2022 solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la posesión efectiva, a fin de que se la incorpore a ella y a sus hermanos en ésta. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, argumentando el  Servicio el tiempo de transcurrido desde el otorgamiento de la posesión efectiva y que pueden verse afectados derechos de terceros en la herencia del causante, señalando que el inciso final del artículo 8 de la ley N°19.903 sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia, establece que una vez inscrita la resolución que se pronuncia sobre la solicitud, no podrá ser modificada sino en virtud de resolución judicial. Afirma que dicha actuación es ilegal, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 10 de la ley en comento, la que establece que el servicio corregirá los errores manifiestos que presenten las resoluciones y sus inscripciones, de oficio o mediante solicitud y, si el error manifiesto consiste en omitir la mención de un heredero, deberá procederse a una nueva publicación. En similar sentido, alega que dicha resolución administrativa es arbitraria, toda vez que el año 2017 se modificó la misma posesión efectiva, incorporándose como heredero a don Carlos Roberto Guineo Cárcamo en representación de su madre Dora Elicia Cárcamo Caileo. Luego de referirse a las garantías que estima vulneradas y argumentar en torno al plazo de interposición de su recurso, pide que se deje sin efecto la resolución exenta N°6323 de fecha 20 de mayo de 2022 y se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación rectificar la posesión efectiva de doña Dorila Caileo Millán, y se agregue como herederos a sus nietos Miriam Dorila, Antonio, Manfrit Fredy, Hernán Javier y Eliana Del Carmen, todos de apellidos Caileo Nauto, en representación de su padre don José Adolfo Caileo, con costas. Acompaña: 1. Certificados de nacimiento de don José Adolfo Caileo, de Miriam Dorila, Antonio, Manfrit Fredy, Hernán Javier y Eliana Del Carmen, todos de apellidos Caileo Nauto. 2. Certificados de defunción de don José Adolfo Caileo y doña Dorila Caileo Millán. 3. Comprobante de solicitud de rectificación de posesión efectiva intestada, de fecha 12 de mayo de 2022. 4. Copia de Resolución Exenta N°6323 de fecha 20 de mayo de 2022, emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación y firmada por don Richard Marañao Inzunza, director regional de Los Lagos. 5. Copia autorizada de inscripción de posesión efectiva de fojas 485  N°793 del año 2009, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas. A folio 3 se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida, bajo apercibimiento de prescindir del mismo. A folio 5 evacua informe el Servicio de Registro Civil e Identificación pidiendo el rechazo de la acción de protección, señalando que se deben considerar dos aspectos de suma importancia. En primer lugar, explica que, de acuerdo con las normas de filiación vigentes a la época de la inscripción de nacimiento de don José Adolfo Caileo esto es, el año 1936, no es posible establecer ningún vínculo de parentesco entre la causante, el padre de la recurrente y esta última. Ello, ya que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº10.271, el 2 de junio de 1952, el Código Civil establecía que el reconocimiento de hijos no matrimoniales se debía realizar al momento de inscribir el nacimiento, o bien en un acto posterior, mediante manifestaciones expresas de voluntad contenidas en una escritura pública o en un acto testamentario, los que debían ser subinscritos al margen de la inscripción de nacimiento, requiriéndose también que dicho reconocimiento fuera aceptado por parte el inscrito o su curador, si éste fuere menor de edad, la que debería subsinscribirse también. En el mismo sentido, el artículo sexto transitorio de la Ley N°10.271, reguló expresamente la situación de aquellas personas inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y que no habían sido objeto de reconocimiento, otorgando el derecho a su titular para interponer la acción de reconocimiento forzado en el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, desde el 2 de junio de 1952. Por tanto, de acuerdo a esta norma, la madre de don José Adolfo Caileo, que se encontraba en esta situación debió, personalmente o representada, haber ejercido la acción prescrita con el objeto de que el reconocimiento de su filiación materna quedara determinada conforme a la normativa entonces vigente. En segundo lugar, sostiene que el artículo 8 de la Ley N°19.903 dispone que una vez inscrita la resolución que se pronuncia sobre una posesión efectiva, ésta no debiera ser modificada, salvo lo dispuesto mediante una resolución judicial y las excepciones que prevén sus artículos 9 y 10. Sin embargo, atendido que la posesión efectiva se inscribió el 11 de agosto de 2008 y la solicitud de rectificación de la recurrente se interpuso el 12 de mayo de 2022, transcurrieron más de 10 años, término que extingue la acción de petición de herencia conforme al artículo 2.517 del Código Civil; por lo que se afectarían derechos adquiridos de terceros. Por ambos motivos asegura que su actuación no fue ilegal ni tampoco arbitraria, negando afectación a las garantáis de igualdad ante la ley y de propiedad invocadas por el actor. A folio 6 se trajeron los autos en relación. A folio 7 se dispuso la agregación extraordinaria de la causa, en lugar preferente. Con lo relacionado y considerando. 

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada. 

Segundo. Que, la recurrente interpone acción de protección en contra de la Resolución Exenta N°6323, de fecha 20 de mayo de 2022, emanada del Servicio de Registro Civil e Identificación que rechazó su solicitud de incorporarla a ella y a sus hermanos, en virtud del derecho de representación de su padre don José Adolfo Caileo, en la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de su abuela paterna, doña Dorila Caileo Millán, concedida por Resolución Exenta N°2337 del 11 de agosto de 2008, inscripción nacional N°39770 del mismo año. Arguye que tal resolución es ilegal y arbitraria y vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad. 

Tercero. Que, el Servicio recurrido sostuvo que su resolución no es ni ilegal ni arbitraria, puesto que a partir de las normas de filiación vigentes a la época de la inscripción de nacimiento de don José Adolfo Caileo (año 1936), no es posible establecer ningún vínculo de parentesco entre la causante, el padre de la recurrente y esta última. Por otra parte, señaló que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°19.903, una vez inscrita la resolución que se pronuncia sobre una posesión efectiva, ésta no puede ser modificada, salvo las excepciones que misma norma prevé. En el mismo sentido, habiendo transcurrido más de 10 años desde la concesión e inscripción de la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de la causante, su modificación afectaría derechos de terceros. 

Cuarto. Que, con el mérito de los antecedentes allegados a esta causa, se tiene por acreditado que, con fecha 12 de mayo de 2022, doña Miriam Dorila Caileo Nauto solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la posesión efectiva intestada de los bienes quedados al fallecimiento de doña Dorila Caileo Millán. Tal solicitud consistió en la agregación como herederos de don José Adolfo Caileo, de la propia recurrente y de sus hermanos Antoni, Manfrit Fredy, Hernán Javier y Eliana de Carmen, todos de apellidos Caileo Nauto. Con el mérito de los documentos allegado, igualmente, se ha asentado que 5 de julio de 2017, por Resolución Exenta PE N°5938, el Servicio de Registro Civil e Identificación autorizó la rectificación de la inscripción N°39770 de 2008 del Registro Nacional de Posesiones Efectivas, correspondiente a la posesión efectiva de la causante Dorila Caileo Millán, resolviendo la agregación como heredero de don Carlos Roberto Guineo Cárcamo. También se ha acreditado que el Servicio de Registro Civil e Identificación rechazó la solicitud de la recurrente de autos, según se lee de la Resolución Exenta PE N°6323, “por la(s) siguiente(s) causal(es): En atención al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la posesión efectiva correspondiente a la causante doña Dorila Caileo Millán, Run N°4.176.338-8, esto es el 12 de agosto de 2008, considerando que pudieran verse afectados derechos de terceros en la herencia del causante, y visto lo dispuesto en el inciso final del artículo 8° de la ley N°19.903 sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia, en cuanto una vez inscrita la resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá ser modificada sino en virtud de resolución judicial, no es posible acceder a lo solicitado debiendo presentar su pretensión en sede judicial”. 

Quinto. Que, la razón por la cual se rechazó la solicitud de la actora no dice relación -como informó el Servicio recurrido- con la imposibilidad de establecer un vínculo de parentesco entre la causante, el padre de la recurrente y esta última; sino, en razón de que hacer lugar a la solicitud de la recurrente pudiese afectar derechos de terceros en atención al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la posesión efectiva. Además, porque el artículo 8° de la Ley N°19.903 prohibiría modificar la resolución que concede la posesión efectiva cuando ésta ya ha sido inscrita, salvo resolución judicial en contrario. 

Sexto. Que, el inciso 4° del artículo 8 de la ley N°19.903 dispone: “Una vez inscrita, la resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9º y 10.”. De esta manera, no es exacto lo que indica el fundamento de la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación, por cuanto los artículos 9 y 10 prevén supuestos adicionales a resolución judicial que habilitaría -incluso obligarían- a su rectificación. De esta manera, el inciso 2° del artículo 10 de la ley en comento establece, en términos imperativos, que el Servicio corregirá los errores manifiestos que presenten las resoluciones y sus inscripciones, señalándose que éste puede consistir en la omisión de un heredero. Es precisamente en aplicación de dicha norma, según se acreditó, que el Servicio resolvió la agregación como heredero, en la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de doña Dorila Caileo Milián, respecto de don Carlos Roberto Guineo Cárcamo. Por tanto, se acudió a este argumento en la resolución de la petición de la actora, pero no se hizo lo propio respecto de la solicitud del año 2017 por lo que, en este punto, la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación deviene en arbitraria.  

Séptimo. Que, el otro argumento esgrimido para rechazar la solicitud de la actora dice relación con la afectación de derechos de terceros en razón del tiempo transcurrido desde la concesión de la posesión efectiva. Sobre el particular, en el informe de protección la recurrida precisó que, de acoger la solicitud de la actora, se afectarían los derechos de los otros herederos, puesto que habría operado la prescripción -extintiva por un lado y adquisitiva por el otro- respecto del derecho de petición de herencia. No obstante, no corresponde a la Administración declarar o no la prescripción respecto de los derechos y acciones de las personas; máxime cuando aquella no opera de pleno derecho, sino que requiere ser alegada y la verificación de los demás requisitos que el Código Civil prevé. 

Octavo. Que, por los argumentos que se han indicado la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación es ilegal y arbitraria y ha afectado el derecho de igualdad ante la ley y se amenaza o perturba el derecho de propiedad sobre el derecho real de herencia de la actora y sus hermanos. 

Noveno. Que, acompañados los correspondientes certificados de nacimiento y defunción de la causante, y los correspondientes certificados de nacimiento de don José Adolfo Caileo, de la recurrente y de sus hermanos, se hará lugar a la solicitud de la actora según se dirá enseguida. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Guido Ríos Proschle, en favor de doña Miriam Dorila Caileo Nauto, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación. Por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°6323 de fecha 20 de mayo de 2022 emanada del Servicio recurrido y se ordena rectificar la posesión efectiva de doña Dorila Caileo Millán, agregando como herederos a sus nietos Miriam Dorila, Antonio, Manfrit Fredy, Hernán Javier y Eliana del Carmen, todos de apellidos Caileo Nauto, en representación de los derechos de su padre don José Adolfo Caileo.  Acordado con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. Mirta Zurita Gajardo, quien estuvo por rechazar la acción de protección, por considerar que el error alegado por la actora en su solicitud al Servicio de Registro Civil e Identificación no goza de la cualidad de manifiesto, en términos tales, que habilite al Servicio recurrido corregir la resolución e inscripción de posesión efectiva conforme según lo establece el artículo 10 de la Ley N°19.903. Por el contrario, en el caso de marras se intenta ampliar la posesión efectiva mediante la incorporación de herederos cuyo vínculo filial no se encuentra determinado -conforme a la legislación vigente a la época- lo que implica que se debe aplicar la regla general del artículo 8° de la ley en comento, esto es, que no puede ser modificada la resolución que concede la posesión efectiva que ya se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Redacción a cargo de la Fiscal Judicial Sra. Mirta Zurita Gajardo. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. 

Rol Protección Nº3441-2022.

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ADVERTENCIA: Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Infracción a la ley de pesca e incompetencia de los tribunales civiles.

Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós. 

Visto: 

En autos rol C-1362-2019, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, por sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se acogió la denuncia formulada en conformidad a la Ley General de Pesca y Acuicultura, condenándose a don Luis Poblete Novoa como armador y patrón de la embarcación artesanal “Don Lucho III”, por infracción a la normativa pesquera vigente consistente en capturar especies hidrobiológicas en contravención a la fijación de cuotas anuales por especie, en un área determinada. Respecto de esa decisión, el denunciado dedujo recurso de apelación, y una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, por resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en autos N°1611-2020, de ingreso de dicha Corte, la confirmó. En contra de dicho pronunciamiento, la parte denunciada, dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que pasan a analizarse. Se trajeron los autos en relación. Considerando: 
I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo: 

PRIMERO: Que el recurrente sustenta su arbitrio, en que la sentencia impugnada infringió lo dispuesto en los artículos 55 Ñ y 55 O de la Ley General de Pesca y Acuicultura; considera vulnerado, además, el artículo 124 del mismo texto legal, pues se le otorga un alcance por los sentenciadores, que hace inoperantes los artículos 55 Ñ y 55 O antes citados, dejando sin efecto la necesaria aplicación del principio de la especialidad, como norma de interpretación y aplicación de la Ley, así como las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto los integrantes de los diversos órganos del Estado, incluyendo al Poder Judicial, deben actuar dentro de la órbita de sus competencias y atribuciones. Finalmente alega infracción al artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales en cuanto prohíbe al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes Públicos. Señala que la sentencia impugnada yerra al determinar que ambos sistemas infraccionales coexisten y se complementan, toda vez que claramente se trata de un asunto cuyo conocimiento corresponde a la Administración, en cuyo mérito debe instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Sostiene que en el presente caso los tribunales se han abocado a un asunto que corresponde conocer a la Administración, y eventualmente ante el ejercicio de los derechos de impugnación que reconoce la propia Ley de Pesca, los Tribunales Civiles podrían conocer de la respectiva reclamación en contra de lo obrado por la Administración, sustanciándose así el respectivo proceso contencioso administrativo. 

SEGUNDO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, deben considerarse los siguientes antecedentes que constan en el proceso: a) La denuncia fue presentada el 22 de abril de 2019 por don Carlos Contreras González, Inspector del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, (Sernapesca), ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, teniendo como fundamento que don Luis Poblete Novoa armador y patrón de la embarcación don Lucho III, de S.T.I. Pescadores y Armadores y Ramos Afines de La Pesca Artesanal, Siparma – Lota, capturó el recurso sardina común y anchoveta con infracción a la cuota anual del año 2018 por especie, en un área determinada, en los términos establecidos en los artículos 3 letra c) y 107, 110 letra f) y 112 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Ello, no obstante que el Servicio Nacional de Pesca comunicó mediante Ord/VIII/N.º 49.582 de 6 de noviembre de 2018 a la mencionada organización, que debía suspender las actividades extractivas sobre los recursos anchoveta y sardina común por haberse completado la cuota asignada para el año 2018. b) El denunciado, que niega haber incurrido en la transgresión, se excepciona, entre otras alegaciones, en la incompetencia absoluta de los tribunales civiles para conocer de las infracciones derivadas de hechos que supongan capturar en exceso de la asignación de cuota, puesto que la Ley General de Pesca y Acuicultura prevé que tales contravenciones deben ser objeto de eventual sanción por el mismo Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en razón del procedimiento administrativo referido para los pescadores artesanales en el artículo 55 letras Ñ y O de esa ley. c) Apelada la sentencia, ésta fue confirmada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Concepción. d) El a quo, a su vez, en los considerandos sexto y séptimo expresa que, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 inciso 1° de la Ley que rige la materia, “El conocimiento de los procesos por infracciones de la presente Ley corresponderá a los jueces civiles con jurisdicción en las comunas donde ellas se  hubieren cometido o donde hubiesen tenido principio de ejecución”, lo que le permite concluir que, sin perjuicio de lo indicado en las normas legales citadas por el denunciado, es claro que no excluye ni impide que los procesos por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura se inicien y tramiten ante los juzgados civiles, siendo éstos plenamente competentes para conocer de la infracción a la normativa pesquera vigente. Indica, finalmente, que la Ley General de Pesca y Acuicultura establece en su artículo 3 letra c) como medida de administración, la fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área determinada. A su vez el artículo 107 de la misma ley señala “Prohíbanse capturar, extraer, poseer, propagar, tener, almacenar, transformar, transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción de las normas de la presente ley y sus reglamentos o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad”. 

TERCERO: Que, de acuerdo con lo señalado, las normas medulares en aparente conflicto son los artículos 3 letra c), 55 letras Ñ, O, Q y R en sus incisos cuarto y quinto, 110 letra f), 112 y 124 de la Ley General de Pesca y Acuicultura: El artículo 3, señala: “En cada área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el Ministerio, mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría y comunicación previa al Comité Científico Técnico, correspondiente y demás informes que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, para cada uno de los casos señalados en este inciso, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas de administración de recursos hidrobiológicos:” Y su letra c) inciso primero: “un área determinada o cuotas globales de captura. Estas cuotas globales de captura se podrán determinar por períodos de hasta tres años, debiendo siempre establecerse la magnitud anual. En el evento que no se capture la totalidad en un determinado año no se podrá traspasar al año siguiente”. El artículo 55, letra Ñ indica: “Al pescador de una asignación individual artesanal o a los pescadores artesanales titulares de una asignación colectiva, cualquiera sea la forma de ésta, que sobrepasen las toneladas autorizadas a capturar para un año calendario, se les sancionará administrativamente con una multa equivalente al resultado de multiplicar el valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la fecha de la infracción, por el doble del exceso, expresado en toneladas. Asimismo, lo capturado en exceso se descontará de las toneladas  autorizadas a capturar para el año calendario siguiente. En el evento que el sancionado no cuente con una asignación artesanal que lo habilite a realizar actividades extractivas o ésta sea insuficiente, el descuento se reemplazará por una multa equivalente a lo que resulte de multiplicar el número de toneladas que debía descontarse por cuatro veces el valor de sanción de la especie respectiva. Con todo, la sanción de descuento siempre se hará efectiva en la cuota asignada, aun cuando el infractor titular, arrendatario o mero tenedor, la haya enajenado durante la secuela del procedimiento sancionatorio o de reclamación judicial, salvo que la sanción o la existencia del procedimiento sancionatorio se hayan inscrito al margen de la inscripción en el registro a que se refiere el artículo 30 con posterioridad a la enajenación, arrendamiento o cambio de tenedor. Los pescadores que sean titulares de una asignación colectiva, cualquiera sea ésta, serán solidariamente responsables de la infracción a que se refiere el inciso anterior (…)”. El artículo 55, letra O precisa: “Las sanciones administrativas a que se refieren los artículos anteriores, serán aplicadas de conformidad con el procedimiento previsto en el presente artículo, por resolución del Director Regional del Servicio que tenga competencia en el lugar donde tuvieren principio de ejecución los hechos que configuran la infracción. En los casos que, a juicio del Servicio, se configure algún hecho constitutivo de infracción, notificará esta circunstancia al presunto infractor, remitiéndole el informe de infracción y de todos los antecedentes en que ésta se funda. El procedimiento previsto en el presente artículo podrá iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada (…)”. El artículo 55 Q indica “Los sancionados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la resolución sancionatoria, para reclamar de ella ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste se ha interpuesto dentro del término legal. Admitido el reclamo, la Corte dará traslado por 15 días hábiles al Servicio. Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos en relación, agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de la sala cuando corresponda. La Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días. La resolución que expida la Corte de Apelaciones será apelable en el plazo de diez días, recurso del que conocerá en cuenta la Corte Suprema, sin esperar la comparecencia de las partes, salvo que estime conveniente traer los autos en relación. En contra de la sentencia definitiva  dictada por la Corte de Apelaciones no procederá el recurso de casación. El Servicio tendrá siempre la facultad de hacerse parte en estos procesos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.” El artículo 55 R en sus incisos cuarto y quinto, regla: “El sancionado, titular, arrendatario o mero tenedor de una licencia transable de pesca o permiso extraordinario de pesca o el armador de una asignación individual artesanal o los armadores artesanales titulares de una asignación colectiva, que no hubiere enterado la multa en tesorería dentro del término legal, como medida de apremio podrá imponérsele la suspensión de sus derechos de pesca y consecuentemente, la prohibición de zarpe de su embarcación, en tanto no haga pago íntegro de la multa impuesta. Asimismo, si el sancionado careciere de tales instrumentos o le fueren caducados, el pago de la multa será ejecutado por la Tesorería General de la República. El apremiado que incumpliere la medida impuesta de conformidad con el inciso anterior, será sancionado con la suspensión de la licencia, permiso o asignación individual o colectiva por un año. En caso de reincidencia dentro de los tres años desde el término de la suspensión se caducará la licencia, permiso o asignación individual o colectiva”. El artículo 110 determina: “Serán sancionados con multa de una a cuatro veces el resultado de la multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia, por la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico, y con el comiso de las especies hidrobiológicas y de las artes y aparejos de pesca, o equipo y traje de buceo, según corresponda, con que se hubiere cometido la infracción, los siguientes hechos:”. Letra f) “Capturar especies hidrobiológicas en contravención a lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 3º y en la letra c) del artículo 48”. El artículo 112, inciso primero, consigna: “En los casos de los artículos 110, 110 bis y 110 ter, el capitán o patrón de la nave pesquera industrial con que se hubiere cometido la infracción será sancionado personalmente con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales, y el patrón de la embarcación artesanal, con multa de 15 a 150 unidades tributarias mensuales”. A su vez, el artículo 124 dispone lo siguiente: “El conocimiento de los procesos por infracciones de la presente ley corresponderá a los jueces civiles con jurisdicción en las comunas donde ellas se hubieren cometido o donde hubiesen tenido principio de ejecución. Si la infracción se cometiere o tuviere principio de ejecución en aguas interiores marinas, el mar territorial, en la zona económica exclusiva, o en el mar presencial o en la alta mar en el caso de letra h) del artículo 110, será competente el juez civil de las ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Pichilemu, Constitución, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas o el de Isla de Pascua. Cuando se trate de infracciones cometidas dentro de la Zona Económica Exclusiva por naves que enarbolen pabellón extranjero, será competente el Juez Civil de las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Aysén o Punta Arenas. Corresponderá el conocimiento de estas causas al tribunal más próximo al lugar en que se cometió la infracción. En los lugares en que exista más de un tribunal con la misma jurisdicción, corresponderá el conocimiento al que se encuentre de turno a la fecha en que se sorprenda la infracción según la regla establecida en el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales”. 

CUARTO: Que para dilucidar el sentido y alcance de las disposiciones regulatorias de la denuncia formulada por el Inspector de Sernapesca, ha de considerarse que los hechos consisten en que don Luis Poblete Novoa, armador y patrón de la embarcación Don Lucho III, de la S.T.I. Pescadores y Armadores y Ramos Afines de La Pesca Artesanal, Siparma - Lota, habría recolectado el recurso sardina común y anchoveta con infracción a la cuota anual de captura por especie en un área determinada. Ello, no obstante que el Servicio Nacional de Pesca comunicó mediante Ord/VIII/Nº49.582 de 6 de noviembre de 2018 a la mencionada organización, que debía suspender las actividades extractivas sobre los recursos anchoveta y sardina común por haberse completado la cuota asignada para el año 2018. 

QUINTO: Que, como primera cuestión, la infracción denunciada se circunscribe a las unidades de flota diferenciadas del compendio extractivo de pesca denominado “Registro Pesquero Artesanal” sujetas al “Régimen Artesanal de Extracción” y a una cuota global de captura en una determinada región, sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organizaciones o el tamaño de las embarcaciones, fijada por resolución de la Subsecretaría de Pesca. Régimen que, con motivo de la modificación de la Ley 20.657 publicada el 9 de febrero de 2013, se reguló mediante la incorporación al Título IV en un párrafo 4° designado  precisamente “Del Régimen Artesanal de Extracción” que anexó las letras I a la T en el artículo 55, y sustituyó el antiguo artículo 48 A de la misma ley. 

SEXTO: Que también debe recalcarse, enseguida, que en el mensaje del Ejecutivo que propuso el texto de la Ley 20.657, según su historia fidedigna, se dejó constancia que “se innova en el presente proyecto al establecer un procedimiento administrativo sancionador, el cual ya no será substanciado a nivel central sino que por el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca que tenga competencia en el lugar donde tuvieren el principio de ejecución los hechos que configuran la infracción. Lo anterior implica que detectada la comisión de la infracción se tramita un procedimiento administrativo que garantiza un debido proceso y el cual culmina con una resolución de absolución o condena del Director Regional del Servicio” (Historia de la Ley N° 20.657, pp. 16 y 17). A su vez, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados informó que “El presente proyecto establece un procedimiento administrativo sancionador, el cual ya no será substanciado a nivel central, sino por el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca respectivo. Este procedimiento busca garantizar un debido proceso y culmina con una resolución o condena del Director Regional del Servicio, la que podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones que corresponda, cuya sentencia solo podrá ser apelada ante la Corte Suprema” (Historia de la Ley N° 20.657, pp. 163 y 164; 168). En el informe de Comisión de Hacienda del Senado, pues se otorgan recursos financieros para tal objetivo, se afirma: “Se agregan sanciones administrativas a aplicar por el Servicio para incumplimientos asociados con el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), que es una forma de administración mediante propiedad colectiva sobre los recursos pesqueros. De esta forma el Servicio contará con herramientas más disuasivas que las sanciones a través de tribunales que se aplican años después de cometida la infracción. Dichas sanciones serán aplicadas por los Directores Regionales respectivos, con el objeto de una mayor oportunidad en la aplicación de sanciones y de descentralización. La instrucción y sustanciación del procedimiento estará a cargo de un funcionario que designe el Director Nacional del Servicio". 

SEPTIMO: Que, en definitiva, efectivamente el legislador en el caso de la actividad extractiva artesanal, diseñó a partir de la letra “I” del artículo 55, en el párrafo 4° del Título IV de la Ley de Pesca y Acuicultura, un “Régimen Artesanal de Extracción” (RAE) que considera la asignación de la fracción artesanal de la cuota global de captura en un determinado período y región geográfica, incorporándose, según corresponda, a los pescadores artesanales debidamente inscritos en el “Registro Pesquero Artesanal”, como al “titular, arrendatario o mero tenedor de una licencia transable de pesca o permiso extraordinario de pesca o el armador de una asignación individual artesanal o los armadores artesanales titulares de una asignación colectiva”, según el inciso cuarto de su artículo 55 R. Luego, específicamente en el artículo 55 Ñ de la ley, se tipifica y sanciona administrativamente –según la descripción dada- al pescador de una asignación individual artesanal o a los pescadores artesanales titulares de una asignación colectiva, que sobrepasen las toneladas autorizadas a capturar para un año calendario. Consecuencialmente, de las letras O a la R del artículo 55, se describe el procedimiento administrativo correspondiente y las reglas atingentes de punición. 

OCTAVO: Que, conforme a lo enunciado, no cabe duda que las normas que regulan el procedimiento sancionatorio administrativo son normas especiales que se refieren a la pesca artesanal extractiva y sus asignatarios, respecto de las infracciones contempladas en el Título IV de la Ley General de Pesca y Acuicultura, entre ellas la relativa al exceso de captura de la cuota global permitida, de manera que por el principio de especialidad y en atención a la naturaleza de la infracción, el procedimiento sancionatorio es administrativo y no sujeto a la jurisdicción de los tribunales civiles, según las normas atingentes, que deben aplicarse de forma preferente a las disposiciones generales contempladas en esa ley. Por consiguiente, establecidos los preceptos que regulan la cuota global de pesca artesanal extractiva en una zona determinada, y la sanción a quienes la realizan en contravención a sus particulares disposiciones, en un procedimiento de orden administrativo sujeto al Director Regional de Sernapesca, reglado en el párrafo 4° del Título IV de la Ley de Pesca y Acuicultura (artículo 55 letras Ñ y O), a ello debe estarse, y no a las prescripciones generales de los artículos 124 y 125 del Título IX la citada ley, que establecen un procedimiento de orden civil de competencia de los jueces letrados correspondientes para otros casos y destinatarios; conclusión que es concordante con la historia fidedigna de la ley, su espíritu y finalidad que pretende, como se ha dicho precedentemente, un efecto más disuasivo, descentralizado y preponderantemente oportuno, habida  consideración que se propugnó que la acción del servicio a cargo de la instrucción y sanción, en ciertos eventos como el de la especie, ha de ser eficaz y eficiente, pues se entregó al órgano de la administración mayores recursos financieros y tecnológicos para ello. 

NOVENO: Que la protección de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente en general, principalmente desde la década de 1980, ha significado un arduo desafío para un país como Chile con una larga zona marítima costera. Exigencias que evidentemente trascienden el espacio administrativo y jurisdiccional, en el empleo de estrategias efectivas para contener, regular y sancionar un fenómeno que pone en riesgo la existencia del ecosistema y su debida integración y armonía. En el informe sobre “La Legislación Pesquera y las modificaciones producto de la Ley N° 20.657”, de la Biblioteca del Congreso Nacional, realizado por Leonardo Arancibia Jeraldo el año 2014 se dejó constancia: “A partir de la década de los ochenta comienzan a presentarse las primeras medidas de restricción de acceso y asignación de cuotas de captura, asociadas a los desembarques que llegaron a máximos históricos y generaran temas de sobreinversión pesquera que desembocaron en problemas con los recursos y la necesidad de reorganizar el sector”. El diseño, en los últimos años, consideró crear y potenciar la administración del Estado por medio de “atribuciones consultivas o resolutivas dependiendo de la materia tratada, la categorización de los pescadores en industriales y artesanales, el establecimiento de un área de reserva de 5 millas para la pesca artesanal, el manejo de pesquerías por cuotas de captura, la regionalización de las operaciones de los pescadores artesanales y el establecimiento de áreas de manejo para la pesca artesanal (…), sentar las bases para la acuicultura y el establecimiento de zonas protegidas (áreas marinas y reservas)”. Fue en esa dirección que se instauraron distintos procedimientos de instrucción y sanción para las contravenciones a las normas reguladoras, según fuere la necesidad de actuar oportunamente en la protección del ambiente marino y sus especies. 

DECIMO: Que, diseñado entonces un procedimiento administrativo especial en el artículo 55 letras Ñ y O del párrafo 4° del Título IV de la Ley de Pesca, el mismo compendio desde los artículos 124 y 125 ya consignados, se adscribe al Título IX un apartado denominado “Infracciones, Sanciones y Procedimientos”, normativa que es de carácter genérica, según se manifiesta expresamente en el inciso final del artículo 108 referido a las “sanciones”, cuando expresa: “Lo señalado en el presente artículo es sin perjuicio de otras sanciones que para casos especiales establezca esta ley”. A su vez, el artículo 110, del Título IX, comienza con la misma mención retributiva con sujetos pasivos indeterminados “Serán sancionados con multa (…) los siguientes hechos:”. Y se enumeran enseguida distintas contravenciones, entre las que se encuentra la letra f) relativa a “capturar especies hidrobiológicas en contravención a lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 3º (…)”. Similar redacción que se emplea en el artículo 112 cuando enuncia la extensión de la punición para los casos de los artículos 110, 110 bis y 110 ter, tanto al “capitán o patrón de la nave pesquera industrial”, como al “patrón de la embarcación artesanal”. 

UNDECIMO: Que es necesario tener en consideración que en el sistema procesal las disposiciones legales sobre competencia absoluta del tribunal han sido establecidas por razones de orden público y su falta puede y debe ser declarada de oficio o representada por las partes en cualquier estado del juicio (Casarino Mario, Manual de Derecho Procesal, tomo I, Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, año 2007, pág. 129), y constituye uno de los presupuestos básicos en que se apoya el pronunciamiento de la sentencia que decide el asunto. 

DUODECIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido el tribunal de alzada en las transgresiones denunciadas, el reproche debe necesariamente acogerse. II.- En cuanto al recurso de casación en la forma: 

DECIMOTERCERO: Que el recurrente funda su arbitrio y la infracción a las nomas relativas a la competencia, por lo que atendido el mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, se omitirá pronunciamiento a su respecto. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Pablo Manríquez Díaz, en representación de don Luis Poblete Novoa, en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que se anula y se reemplaza por la que, sin previa vista y separadamente, se dicta a continuación. Téngase por no interpuesto el recurso de casación en la forma impetrado en lo principal de la referida presentación.  

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 97.190-2021. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Raúl Mera M., y el Abogado Integrante señora Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós.


SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós. En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de remplazo: 

Visto: 

 Se reproduce la sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras de Talcahuano de treinta de octubre de dos mil diecinueve, con excepción de sus considerandos sexto a décimo sexto que se eliminan. Se reproducen, asimismo, las consideraciones tercera a décima de la sentencia que precede. Y se tiene en su lugar y además presente: 

1° Que, como excepción de previo y especial pronunciamiento, el denunciado opuso la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, fundado en que para conocer de las infracciones derivadas de hechos que supongan capturar en exceso de la asignación de cuota, el artículo 55 letra Ñ) de la Ley General de Pesca y Acuicultura dispone un procedimiento administrativo, señalando que: “Al pescador de una asignación individual artesanal o a los pescadores artesanales de una asignación colectiva, cualquiera que sea la forma de ésta, que sobrepasen las toneladas autorizadas a capturar para un año calendario, se les sancionará administrativamente con una multa…”.En consecuencia, la supuesta infracción cometida debería ser sancionada administrativamente por el Servicio Nacional de Pesca y no por la magistratura. 

2° Que lo puesto en conocimiento de la judicatura fue la denuncia presentada por don Carlos Contreras González, inspector del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, teniendo como fundamento que don Luis Poblete Novoa, armador y patrón, de la embarcación “Don Lucho III” de S.T.I. Pescadores y Armadores y Ramos Afines de La Pesca Artesanal, Siparma – Lota, capturaron el recurso sardina común y anchoveta con infracción a la cuota anual del año 2018 por especie en un área determinada, en los términos establecidos en los artículos 3 letra c) y 107, 110 letra f) y 112 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Ello, no obstante que el Servicio Nacional de Pesca comunicó mediante Ord/VIII/Nº 49.582, de 6 de noviembre de 2018, a la mencionada organización, que debía suspender las actividades extractivas sobre los recursos anchoveta y sardina común por haberse completado la cuota asignada para el año 2018.  

3° Que el artículo 55, letra Ñ, de la Ley General de Pesca y Acuicultura contempla dichos supuestos hechos como unas de las conductas típicas que sanciona. 

4° Que el artículo 55, letra O, del mismo cuerpo legal, dispone “las sanciones administrativas a que se refieren los artículos anteriores, serán aplicadas de conformidad con el procedimiento previsto en el presente artículo, por resolución del Director Regional del Servicio que tenga competencia en el lugar donde tuvieren principio de ejecución los hechos que configuran la infracción.” Agregando un procedimiento de reclamación judicial de esta resolución en el artículo 55, letra Q, que expresa: “los sancionados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la resolución sancionatoria, para reclamar de ella ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste se ha interpuesto dentro del término legal.” 

5° Que, en consecuencia, lo denunciado es materia de competencia del Director Regional de Sernapesca, de acuerdo a las reglas citadas precedentemente, estableciendo para los denunciados un procedimiento para reclamar ante la judicatura la resolución que se adopte en sede administrativa. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de treinta de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Talcahuano, que rechazó la excepción de incompetencia absoluta de los tribunales civiles para conocer de la materia objeto de esta Litis, y acogió la denuncia formulada, aplicando una multa al infractor denunciado, declarando, en su lugar, que se hace lugar a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal para conocer de los hechos objeto de la denuncia. 

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 97.190-2021. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Raúl Mera M., y el Abogado Integrante señora Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós.

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.

Renuncia voluntaria y calidad de exclusiva confianza.

Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Se reproducen solo la parte expositiva de la sentencia en alzada, eliminándose la considerativa. Y se tiene en su lugar presente: 

Primero: Que, en autos recurre de protección don Cristián Pumarino Romo, abogado, en representación de doña Patricia del Carmen Leiva Vidal, quien interpone recurso de protección contra de la Municipalidad de Viña del Mar, entidad que con ocasión de la dictación del Decreto Alcaldicio N 4.409 de 06 de julio de 2021, solicitó la “presentación de renuncia no voluntaria” de su representada al cargo que desempeñaba como Directora del Departamento de Seguridad Pública, en circunstancias que dicho cargo no es uno de exclusiva confianza, por lo que el aludido acto deviene en arbitrario e ilegal y conculcatorio de la garantía establecida en el numeral 24 de la Constitución Política de la República de Chile, solicitando que como medida de cautela se disponga la reincorporación de la protegida a sus funciones, con costas. 

Segundo: Que la recurrida, en síntesis, informando solicita el rechazo de la acción deducida, por cuanto estima que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno. Sostiene que la Ley 20.965, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 2016, que permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad pública, y seguidamente, el Decreto Alcaldicio N°10.413 de fecha 29 de octubre de 2018, se creó en la Planta de Personal de la Municipalidad de Viña del Mar, un cargo Directivo nominado Director del Departamento de Seguridad Pública, agregando en el punto segundo que se debe proveer de acuerdo al artículo 16 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que considera que a partir de dicha regulación, se puede establecer que corresponde a una planta de exclusiva confianza de la Alcaldesa, considerando además que la recurrente fue designada de manera directa por el Gabinete de la Alcaldía, por lo que su actuar se ajustó plenamente a derecho. 

Tercero: Que, en la especie, la cuestión central a dilucidar es establecer si la actora ostentaba al momento de solicitársele su renuncia no voluntaria, la calidad funcionaria de exclusiva confianza en la Municipalidad de Viña del Mar. 

Cuarto: Que, sobre el punto en discusión, cabe señalar como primera cuestión, que la calidad de exclusiva confianza de un cargo público solo puede ser atribuido por ley, desde que se trata de un régimen extraordinario que modifica la regla general de propiedad en el cargo, estabilidad en el empleo, así como mantiene un régimen especial de terminación de los servicios.  En este contexto, conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 51 de la Ley N° 18.575, “Se entenderán por funcionarios de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer su nombramiento”. De similar modo, el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estatuye que “Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario.” Como lo sostiene la recurrida, la Ley N° 20.695, estableció la normativa que permitió la creación en las Municipalidades de los Planes comunales de seguridad pública, facultad que fue ejercida por la recurrida mediante el respectivo Decreto, a través del cual creo el cargo de Director de Seguridad Pública en su estructura orgánica; sin embargo, dicha norma legal no modificó el artículo 47 ya transcrito, de lo que se debe deducir que los cargos creados a virtud de dicha ley no ostentan el carácter de exclusiva confianza a que alude la norma, puesto que de contrario los mismos debieron ser agregados a dicha disposición.  De contrario, la referida ley al regular el cargo de Director de Seguridad, incorporó un artículo 16 bis en la Ley Orgánica de Municipalidades que al efecto dispone que Artículo 16 bis.- Existirá un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo municipal, a proposición del alcalde. Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. Respecto de la forma de provisionarlo y cese en el cargo dispone que “El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal”, agregando que “La designación y remoción del director de seguridad pública deberá ser informada a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la delegación presidencial regional respectiva. Ambos órganos deberán llevar una nómina actualizada de los directores de seguridad pública a niveles nacional y regional, según corresponda.” Tal aserto, esto es que el Director de Seguridad Pública de una Municipalidad no es un cargo de exclusiva confianza, por lo demás resulta concordante con el carácter excepcional del régimen de los funcionarios de exclusiva confianza, excepcionalidad que obliga a  interpretar la normativa atingente de manera restrictiva, no pudiendo extenderse a casos asimilables, aún cuando se arguyan al efecto situaciones como la forma en que se proveyó el cargo o la naturaleza directiva de las funciones que el funcionario desempeñaba. En otras palabras y tal como se ha sostenido en otras sentencias de esta Corte, como en el rol N° 144.282-2020, “el cargo de exclusiva confianza, no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico”. 

Quinto: Que, siendo un hecho inconcuso que la recurrente fue designada para desempeñar el cargo de Directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar, resulta forzoso concluir que ésta nunca detentó la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como lo sostiene el acto recurrido. Al atribuirle tal calidad sin existir norma legal que la sustentare, conforme lo previamente concluido, aparece que el acto deviene en arbitrario e ilegal, desde que atribuye a la actora una calidad que no mantenía, modificando de manera arbitraria e injustificada su régimen de terminación de los servicios, permitiendo que dicho término se fundara en una supuesta renuncia no voluntaria, que en la especie resulta del todo improcedente atendido lo ya señalado y afecta su derecho a la estabilidad en el empleo que  mantiene desde que no comparte la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como ya se ha asentado. 

Sexto: Que, de igual modo, la recurrida ha afectado la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, privándola de la misma, al aplicar un régimen de terminación de sus servicios que resulta inaplicable a la luz de los antecedentes. De igual modo, se afecta su derecho a ser tratado de modo igualitario respecto de personas en una situación similar a la suya, al aplicar una modalidad de término de los servicios que no le era aplicable, debiendo en consecuencia decretarse las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, como se dispondrá en lo resolutivo de la sentencia. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se revoca la sentencia apelada de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en su lugar se declara que se acoge la acción de protección intentada y se dispone que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N 4.409, de 06 de julio de 2021, por el cual se solicitó la “presentación de renuncia no voluntaria” a su respecto así como la  consecuente declaración de vacancia del cargo, debiendo la autoridad dictar el acto que en derecho corresponda según el mérito de los antecedentes. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Biel. 

Rol N° 75.618-2021. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Rodrigo Biel M. (s) y Sra. Eliana Quezada M. (s) No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros Sr. biel y Sra. Quezada por haber concluido sus períodos de suplencias. 

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Mario Aguila
MARIO AGUILA, editor.