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16/10/2014

Acción de protección. Empresa recurrida acoge petición de dejar sin efecto seguro y reversar primas pagadas en tarjeta de crédito. Recurso de protección ha perdido oportunidad.

Santiago, uno de septiembre de dos mil catorce. 

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos cuarto a décimo, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar presente:
Primero: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:
Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;
La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;
Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y
Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Responsabilidad del Estado. Municipalidad no tenía la obligación de adjudicar la licitación al único oferente.

Santiago, nueve de septiembre de dos mil catorce.

Vistos y considerando:

Primero: Que en estos autos Rol N° 16.582-2014 caratulados “Sociedad Comercial e Inversiones Pramar Limitada con Municipalidad de Temuco” se ha ordenado dar cuenta, de conformidad al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que revocó el fallo de primera instancia que había acogido la demanda de indemnización de perjuicios a título de lucro cesante ($400.000.000) y  declaró que ésta se rechaza en todas sus partes.

Reclamo por omisión del Alcalde. Aceptado el cargo por el seleccionado, éste debe ser designado como titular en él. Obligación de cerrar el procedimiento administrativo dictando el decreto de nombramiento.

Santiago, ocho de septiembre de dos mil catorce.

Vistos:

En estos autos Rol N° 3842-2014, sobre reclamo de ilegalidad municipal, caratulados “Alfredo Fuentes Valdivia y otros con Municipalidad de Antofagasta”, la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el reclamo interpuesto en contra del ente municipal. 
Se trajeron los autos en relación. 

Desposeimiento. Obligación hipotecaria es una obligación accesoria.

Santiago, diez de septiembre de dos mil catorce. 

VISTOS:
En estos autos rol 94.043-2009, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, procedimiento ejecutivo de desposeimiento, iniciado por el Banco Estado de Chile, comparece don Claudio Enrique Vyhmeister Horning en su representación, y deduce acción de desposeimiento en contra de don Walter Gómez Manzano, en su calidad de poseedor del inmueble hipotecado por don Antonio Gatto Beccari, que luego fue transferido al demandado, a cuyo nombre figura inscrito.

Recurso de protección contra Inspección del Trabajo por atribuirse facultades jurisdiccionales al interpretar existencia de un bono como parte del contrato. Legitimidad pasiva de la Inspección por acto de un inspector concreto.

Puerto Montt, diez de octubre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 24 comparece don César Vidal Bahamonde, en representación de Multitiendas Corona S.A., ambos domiciliados en calle A. Varas 650 local N° 1 de esta ciudad. Deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada por don Víctor Inostroza Flores, exponiendo que el 4 de agosto pasado se verificó en el local de su mandante fiscalización por parte de la Inspectora Cristina Oliverrenta, oportunidad en la que ésta solicitó información relativa al pago del denominado “bono meritocracia”. Refiere que concluida la fiscalización, la fiscalizadora se negó a entregar el acta de constatación de hechos, negativa fundada, a juicio de la actora, en el hecho de contener una declaración contraria a la voluntad de su parte al haber marcado con una “X” que se allanaba y se comprometía a corregir las infracciones detalladas, lo que no era efectivo.