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martes, 19 de marzo de 2019

Servicios de empaquetadores en dependencias y existencia de una relación laboral.

Sentencia de reemplazo Santiago, doce de febrero de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho con las siguientes modificaciones: 

a.- En su fundamento séptimo se suprime el apartado que principia con las palabras Que en la especie, la continuidad de los “ servicios se comprueba con la declaración de los testigos de la parte  demandante . hasta su término; … ” 
b.- En el motivo octavo se sustrae el párrafo que comienza con las  expresiones . Que en la especie, efectivamente la Administración del “…  supermercado ejerció sobre los demandantes actos de supervigilancia  …” hasta el punto aparte que sigue al pronombre ellos : “ ” c.- Se prescinde de los motivos noveno a décimo octavo.  Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Responsabilidad por falta de servicio.Se rechaza recurso de casación en el fondo.

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 

En los autos Rol de esta Corte N° 55-2018, caratulados "Sepúlveda Carrasco, Jeannette y otros con Fisco de Chile", sobre indemnización de perjuicios, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó, sin costas, la sentencia de primer grado que rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Fisco y acogió la demanda, condenando a este último a pagar la suma de $25.000.000 de pesos a Jeannette del Carmen Sepúlveda Carrasco; la de $20.000.000 de pesos a Carlos Eduardo Castillo Palavecino y la de $10.000.000 de pesos a Genoveva Andrea Castillo Sepúlveda, por concepto de daño moral, más reajustes e intereses corrientes, sin costas. En la especie Jeannette del Carmen Sepúlveda Carrasco, Carlos Eduardo Castillo Palavecino y Genoveva Andrea Castillo Sepúlveda demandaron al Fisco fundados en que son la madre, el padre y la hermana, respectivamente, de Juan Eduardo Castillo Sepúlveda, quien falleció a las 14:45 horas del 6 de octubre del 2014, a la edad de 24 años, en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción, a causa de un traumatismo torácico complicado debido a una agresión con elemento corto punzante ocurrida en el Complejo Penitenciario El Manzano de Concepción de Gendarmería de Chile. Señalan que el 2 de octubre del 2014, aproximadamente a las 17:08 horas, Juan Castillo Sepúlveda, quien estaba cumpliendo una pena privativa de libertad como habitante en el Módulo N° 53, fue víctima de un ataque con un arma blanca, que no se logró recuperar, efectuado al parecer por otro recluso en el contexto de una feroz riña producida en el comedor del citado módulo, y destacan que, de acuerdo con su examen de autopsia, este traumatismo torácico complicado fue la causa necesaria y directa de su fallecimiento. Acusan que en la especie el personal de Gendarmería no intervino oportunamente en cumplimiento del deber de seguridad que les atañe, destacando que en el momento de la agresión no había presencia de funcionarios de dicha institución en el lugar del incidente y que en éste, además, tampoco existía un sistema de cámaras eficiente. Se refieren enseguida a los deberes de Gendarmería, subrayando que la obligación de custodia y atención que sobre ella recae implica, entre otras cosas, mantener la seguridad de quienes se encuentran afectados con sanciones penales, deber que supone, a su vez, la conservación de la integridad física y psíquica de las personas que se hallan bajo su resguardo, de manera que resulta inexplicable que Castillo Sepúlveda haya sido víctima de homicidio dentro del recinto penitenciario.Indican que, por lo mismo, la actuación de Gendarmería les causa daño, el que consiste en que dicho ente no mantuvo las condiciones de seguridad que hubieran impedido la muerte de la víctima mientras se hallaba bajo su custodia y atención; en este sentido subrayan que, hallándose la vida de la víctima durante el período de cumplimiento de su pena bajo la responsabilidad de Gendarmería, es posible presumir que existieron deficiencias en el sistema de seguridad interno del recinto carcelario, lo que fue determinante en el resultado dañoso. Aduce, finalmente, que el perjuicio cuya reparación persiguen es el daño moral derivado de la pérdida de su hijo y hermano, el que se traduce en el desconsuelo, aflicción y sufrimiento que han experimentado. Terminan solicitando que se condene al demandado a pagar la suma de $50.000.000 a cada uno de los padres de la víctima, Jeannette del Carmen Sepúlveda Carrasco y Carlos Eduardo Castillo Palavecino, y la suma de $25.000.000 para su hermana, Genoveva Andrea Castillo Sepúlveda, por concepto de daño moral, o la suma mayor o menor que se determine, con reajustes, intereses y costas. Al contestar, el demandado pidió el rechazo de la acción intentada, con costas, y, en subsidio, solicitó que se rebajen las sumas demandadas. Para ello controvirtió, en primer lugar, los hechos aseverados por los actores; a  continuación opuso la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, Genoveva Andrea Castillo Sepúlveda; luego sostuvo la inexistencia de la falta de servicio atribuida a su parte; enseguida alegó que en la especie no existe relación de causalidad entre el hecho que se le imputa y el daño reclamado y, por último, sostuvo que el monto demandado a título de indemnización de perjuicios es exagerado. El sentenciador de primer grado desechó la excepción de falta de legitimación activa y, a continuación, acogió la demanda fundando esta última decisión en que si bien Gendarmería no está obligada a contar con funcionarios suficientes para vigilar de modo casi personalizado a cada recluso, y no es posible a los guardias internos, por su número, seguridad y extensión del área bajo su cuidado, estar presencialmente en el comedor en el que ocurrieron los hechos, debió contar, al menos, con un sistema de vigilancia remoto eficiente que le permitiera cumplir a cabalidad su deber de custodia y atención de los internos, pese a lo cual, en el caso en examen el sistema de monitoreo por circuito cerrado de televisión o CCTV, fue deficiente para supervisar el ambiente, hasta el punto de que el propio demandado reconoce que los hechos acaecieron en el único lugar común donde el sistema de circuito cerrado no alcanza a captar la conducta de los internos. En  consecuencia, llega a la convicción de que en los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2014 Gendarmería evidenció falta de cuidado en el cumplimiento de sus deberes funcionarios, primero porque los que operaban el circuito cerrado de televisión no estuvieron atentos a los monitores del área del comedor en un horario en que era de sentido común esperar afluencia de internos en ese lugar y la posibilidad de que se presentaran conflictos entre ellos, más aun si minutos antes había sido trasladado al módulo N° 53 un nuevo interno. Y segundo, porque conociendo las posibilidades de prevención que permitía un buen sistema de televigilancia, en un espacio de diaria convivencia entre internos, debió contarse con una cobertura y visualización apropiada que permitiera a los funcionarios de la sala de cámaras alertar de la riña a la guardia interna del módulo para intervenir y detenerla antes de que internos resultaran heridos, como sí ocurrió el 17 de marzo del año 2013 en la riña en que estuvo involucrado el mismo interno Juan Castillo Sepúlveda. A lo dicho añadió que, aun cuando las lesiones que ocasionaron la muerte del interno Castillo Sepúlveda fueron inferidas por otro recluso durante una riña, la falta de un sistema de vigilancia que permitiera garantizar la seguridad de los internos al interior del penal es de responsabilidad de Gendarmería, de manera que en el fallecimiento de Juan Castillo Sepúlveda esta última actuó con omisión del deber cuidado o de custodia que le corresponde en su calidad de custodio de los internos puestos a su disposición en el establecimiento penitenciario El Manzano, lo que le permite tener por configurada la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda de autos. En cuanto al daño alegado por los actores, que deriva de la muerte de Juan Castillo Sepúlveda, lo estima comprobado dada la relación de parentesco que vincula a unos y otros, antecedente del que colige el dolor y sufrimiento que debieron padecer por la pérdida de su hijo y hermano, convicción corroborada, en el caso de la madre del interno fallecido, Jeannette Sepúlveda, con el informe psicológico evacuado por Aldo Ramírez Fernández, que fuera reconocido por su autor en estrados. Finalmente, regula el monto de las indemnizaciones considerando el tipo de daño y la naturaleza de la indemnización, así como las implicancias que tuvo el hecho dañoso en la tranquilidad, la personalidad, los afectos y el modo de estar de los demandantes. Apelada dicha determinación por la parte demandada, los falladores de la Corte de Apelaciones de Concepción la confirmaron, pues comparten la conclusión a que arriba el juez a quo consistente en que la falta del deber de cuidado  en que incurrió Gendarmería permite tener por configurada la falta de servicio que se le atribuye, aspecto en el que destacan que, tal como lo reconoce el apelante en su recurso, las cámaras de vigilancia del recinto presentan un escaso margen sin visualización, antecedente que denota la falta de servicio que sirve de fundamento a la demanda, pues da cuenta de un funcionamiento defectuoso de uno de los elementos esenciales para la custodia de los internos del penal, en cuanto no cubren en su totalidad -como debieran hacerlo- los espacios en que circulan los internos. Asimismo, subrayan que el tribunal de primera instancia estableció debidamente el vínculo que media entre la actividad del órgano de la administración y el daño provocado. Respecto de esta esta decisión la defensa fiscal dedujo recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO: 

lunes, 18 de marzo de 2019

Requerimiento de información y ley de transparencia. Se rechaza recurso de queja.


Santiago, veinticinco de junio de dos mil doce. 

Vistos y teniendo presente: 

1°) Que a fojas 1 Enrique Rajevic Mosler, Director General (s) y representante legal del Consejo para la Transparencia, ha deducido recurso de queja en contra de los Ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raúl Rocha Pérez y Manuel Valderrama Rebolledo y en contra del Abogado Integrante Bernardo Lara Berríos, por haber dictado con fecha 20 de abril de 2012 sentencia definitiva en el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 7804-2011-2010 caratulado “Martínez Cisternas Lucio con el Consejo para la Transparencia”, mediante la cual acogieron el Reclamo de Ilegalidad deducido por el Servicio de Impuestos Internos, incurriendo a juicio del quejoso en falta o abuso grave en su dictación.