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viernes, 16 de noviembre de 2018

Derechos de aseo. Su cobro se devenga por inmueble o unidad habilitacional.

Santiago, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado Pedro Aracena Salgado, por la recurrida, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, que acogió el reclamo de ilegalidad deducido por Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Huilque S.A. y Sociedad Forestal Huilque Limitada, contra el Decreto Alcaldicio Nº 00398, de 12 de enero de 2018, que a su turno, rechazó el reclamo de ilegalidad administrativo deducido, a su vez, en contra de la cartas remitidas a las reclamantes, de diciembre de 2017, en las que se les impuso el cobro de derechos de aseo por separado, conjuntamente con cada una de las patentes municipales respectivas y en su lugar, se decide que queda sin efecto, tanto el acto impugnado, como las cartas remitidas antes aludidas. A consecuencia de lo anterior, la reclamada deberá fijar la tasa respectiva por concepto de derechos de aseo domiciliario, considerando a los reclamantes como un solo usuario para todos los efectos legales.

Error judicial y la correspondiente indemnización de perjuicio por concepto de daño moral.

Santiago, veintiocho de Noviembre de dos mil diecisiete 

VISTOS: 

Con fecha 6 de julio de 2016 comparece don Rodrigo Rafael Molina Rillon, abogado, domiciliado para estos efectos en Av. Providencia N° 2019 AS, oficina 41, comuna de Providencia, en representación convencional de don LEONARDO GENERAL CHAVARRÍA, maestro constructor, domiciliado para estos efectos en el domicilio señalado, e interpone, en procedimiento sumario, demanda de indemnización de perjuicios patrimoniales y morales por error judicial, en contra del Estado de Chile, o FISCO DE CHILE, representado para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado, persona jurídica de derecho público, representado, a su vez, por don Juan Ignacio Piña Rochefort, abogado, y/o doña Irma Soto Rodríguez, abogada, todos domiciliados en esta ciudad, en Agustinas 1687, comuna de Santiago. Relata que, consta en las copias autorizadas que acompaña, que en los autos Rol N° 1579-15, sobre declaración previa a la acción indemnizatoria que concede la letra i) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, seguidos ante la Excma. Corte Suprema, que dicho tribunal con fecha 8 de julio de 2015 dictó sentencia en favor de su representado acogiendo la solicitud de declaración previa de error judicial formalizada por su representado. 

Tutela laboral. Despido injustificado y represalias a trabajadora por denunciar incumplimientos laborales.

Santiago, ocho de octubre de dos mil dieciocho. VISTOS, OÍDOS y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Demanda. Que, comparece don Lisandro Andrés Barrera Sandoval, abogado en representación de doña LORETO RODRÍGUEZ MARTIN, cédula nacional de identidad N°10.875.803-1, administrativa, domiciliada en calle Gerónimo de Alderete N°409, comuna de Las Condes, deduciendo denuncia en procedimiento de tutela laboral por vulneración del derecho fundamental de indemnidad, ocurrida con ocasión del despido, en contra de su ex empleador CONDOMINIO EDIFICIO IMAGO MUNDI, rol único tributario N°50.051.180-9, representada por don Alfredo Villa López, cedula nacional de identidad N°10.599.946-1, ambos domiciliados en Avenida Cristóbal Colon N°7000, comuna de Las Condes. Relata que la demandante fue contratada bajo subordinación y dependencia el día 17 de abril de 2017 para desempeñarse en el cargo de recepción y atención de residentes. Informa que su remuneración era de carácter fijo y su última liquidación fue la del mes de diciembre de 2017 ascendió a la suma de $494.127.-, monto reconocido por la demandada ente la Inspección del Trabajo. Agrega que se generaron problemas con su empleador por la jornada excesiva y horas extras no pactadas, ni remuneradas. En agosto logró que la demandada le pagara en cuotas parte de las horas extras trabajadas previamente. Sin que le reconocieran todas las horas extras efectivamente trabajadas, por ello interpuso denuncia administrativa ante la Inspección del Trabajo Santiago Oriente de Vitacura, el 4 de enero de 2018, cuyo informe de fiscalización determinó cursar multa por exceder la jornada semanal, no pagar las horas extras conjuntamente con las remuneraciones y no pactar por escrito las horas extraordinarias, en relación a la trabajadora demandante de esta causa. En relación con el término de la relación laboral cuenta que se encontraba con licencia médica durante el mes de enero, hasta el 31 de enero de 2018,  ingresando a trabajar al día siguiente. Arguye que desde antes de terminar su licencia médica fue llamada telefónicamente por el representante de la demandada informándole que sería despedida por la denuncia que había interpuesto. Efectivamente el 1 de febrero de 2018, al inicio de la jornada fue llamada por el representante de la comunidad quien le informó que estaba despedida por necesidades de la empresa, entregándole la misiva de despido, en la que se advierte que el fundamento fáctico está establecido en términos generales y vagos, lo que imposibilita la defensa de la trabajadora, ya que no menciona en qué consiste tal modernización, como se lleva a efecto y como su despido se relaciona con la modernización y lo hace necesario. Por lo cual solo puede considerarse el despido injustificado y/o improcedente, lo que redundará en que la causal invocada es falsa, permitiendo establecer que le motivo del despido es la represalia por la denuncia interpuesta, y la consecuente fiscalización del exceso de jornada ordinaria y del no pacto y no pago de horas extras.