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lunes, 19 de agosto de 2019

Contratante diligente tiene derecho a pedir la indemnización de perjuicios, en forma autónoma a cualquier otro remedio, como lo sería la resolución o el cumplimiento forzado.

En Santiago, a cinco de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 


Comparece don José Alejandro Jorquera Soto, comerciante, en representación de la sociedad Productos Médicos Limitada, ambos con domicilio en Ñuñoa, Avda. Italia 1861, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Banco Santander Chile, persona jurídica del giro bancario, representada por su gerente general don Claudio Melandri Hinojosa, contador auditor, ambos con domicilio en Santiago, Bandera 140; fundada en los antecedentes que pasamos a exponer.

Renovación de solicitud no genera nuevo plazo para recurso de protección

Santiago, diecisiete de abril de dos mil diecinueve. 

Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su fundamento tercero y de sus motivos sexto a décimo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y ademas presente:

Primero: Que se ha deducido acción constitucional de protección por Luis Henríquez Ferrari en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a fin que se ordene a esta última el levantamiento de la sanción aplicada al actor; que se le otorgue sin más trámite la acreditación correspondiente para cubrir los partidos del fútbol profesional chileno, en particular, los del club deportivo Santiago Wanderers de Valparaíso; y, finalmente, se instruya a la recurrida que debe establecer un procedimiento que resguarde de manera eficaz las garantías constitucionales, en especial, el derecho a emitir opinión e informar, la igualdad ante la ley, el debido proceso y la libertad de trabajo. 

Pago de Póliza de seguro por perdida total de vehículo. Contrato ley para las partes

C.A. de Concepción 
Concepción, siete de enero de dos mil diecinueve. 

          VISTOS: 
          Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su  considerando décimo, el que se elimina.
Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE

       1° .-)  Que en estos autos ha apelado de la sentencia de primer grado el apoderado de la parte demandante solicitando se la revoque y en su lugar se decida que se acoge la demanda interpuesta, y se condene al demandado al pago de la póliza pactada por la pérdida total del vehículo, por un valor comercial al tiempo del siniestro de $41.736.508.- o, en subsidio, por la suma que se determine conforme al mérito de los antecedentes y del proceso, más reajustes e intereses  contados en la forma que se estime pertinente, más las costas de la causa. 
       A su turno, el apoderado de la parte demandada ha adherido a la apelación, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida de 30 de julio de 2018, con declaración que se revoca la antedicha sentencia en la parte que absolvió a la actora de las costas, decidiéndose en su lugar que ésta queda condenada al pago de las mismas, en ambas instancias.

domingo, 18 de agosto de 2019

Procedimientos administrativos y solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Santiago, cinco de agosto de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus fundamentos sexto a undécimo, que se eliminan. Y se tiene, en su lugar y además, presente: 

Primero: Que doña Nohemí Rojas Carreño y don Geyner Benavidez Peña, ambos de nacionalidad colombiana, dedujeron recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, calificando como ilegal y arbitraria la dilación injustificada del inicio del procedimiento de otorgamiento de refugio cuya obtención pretenden, hecho que los privaría del legítimo ejercicio de su derecho a la integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley, de la forma como detallan en su libelo. Explican, en lo que importa al recurso, que habiendo ingresado de manera irregular a Chile durante 2018 concurrieron en febrero de 2019 a la oficina de la repartición recurrida ubicada en calle San Antonio, comuna de Santiago, con la finalidad de iniciar el procedimiento de obtención de refugio conforme lo prescribe la Ley Nº 20.430, sobre protección a refugiados. Refieren que, no obstante lo anterior, no se les hizo entrega de formulario alguno ni se recibió por la autoridad formalmente su petición, siendo citados para el día 12 de julio de la presente anualidad a objeto de dar inicio al procedimiento respectivo. Expresan que, en tales condiciones, se ha infringido lo dispuesto en el artículo 26 de la referida Ley Nº 20.430, norma que regula la presentación de la solicitud de refugio, no autorizando a la Administración para dilatar el inicio del procedimiento o calificar los motivos expuestos por solicitantes para ello. Así, entendiendo que se ha obstaculizado el ejercicio de un derecho humano, solicitaron se ordene a la recurrida permitir que los recurrentes formalicen su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, accediendo de esta manera al procedimiento administrativo establecido en la Ley Nº 20.430 y su Reglamento. 

Derecho al beneficio de la semana corrida.

Santiago, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 

Visto: 

En estos autos Rit O-2873-2017, Ruc 1740025832-5, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se rechazó la demanda interpuesta por don Roberto Cáceres Romero y don Luis Guillermo Zúñiga Zúñiga en contra de la Sociedad Viña Santa Rita S.A. La parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de dicho fallo, y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, lo acogió y declaró el derecho de los actores a la semana corrida, condenando a la demandada al pago de las sumas que indicó. En relación a esta última decisión, la demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja y se dicte la de reemplazo que describe. Se ordenó traer estos autos en relación. Considerando: 

Libertad económica, actividad del Estado. y principio del Orden Público Económico Nacional.

Santiago, seis de agosto de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada. Y se tiene, además, presente: 

1°-. Que, debe recordarse que la acción prevista en la Ley N°18.971 ampara la garantía constitucional de “la libertad económica” frente al Estado empresario, cuando transgrede un principio del Orden Público Económico Nacional, como es el de subsidiariedad, interviniendo en el campo económico sin acatar las limitaciones contempladas en el artículo 19 N°21 inciso segundo de la Carta Política, sea por desarrollar esa actividad sin autorización de quórum calificado, sea por no sujetarse a la legislación común aplicable en ese ámbito a los particulares. En efecto, el legislador en la ley en comento instituyó un mecanismo de tutela jurisdiccional destinado a amparar a los particulares en su derecho a la libertad económica cuando ella resulte afectada por la actividad del Estado ejercida con infracción a las regulaciones que establece la citada disposición constitucional.