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lunes, 12 de agosto de 2019

Desafuero por conclusión del trabajo o servicio

Puerto Montt, diecinueve de agosto de dos mil quince.

Vistos:
         En antecedentes RUC 1540022378-2, RIT M-140-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, materia Reajustes e intereses, caratulados Álvarez con Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, la abogada de la parte demandada doña María Verónica Martínez recurre de nulidad en contra de la sentencia de fecha 2 de julio de 2015 mediante la cual se acogió la demanda de  Luz Eliana Álvarez Uribe en contra de la Municipalidad de Puerto Montt, declarándose que el despido de que fue objeto la demandante es nulo por infracción a las normas que protegen la maternidad y en consecuencia se ordena su reincorporación.  Además se condena a la demandada al pago de las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social devengadas durante la separación ilegal y para el evento de negativa del empleador a reincorporar a la trabajadora dentro de tercero día contado  desde que el fallo definitivo quede ejecutoriado y firme, la demandada deberá pagar a la actora una indemnización compensatoria del fuero en la forma que en la sentencia se indica.

domingo, 11 de agosto de 2019

Imprescriptibilidad de la acción de cobro en materia tributaria.

C.A. de Santiago Santiago, uno de agosto de dos mil diecinueve. Proveyendo a fojas 215 y 217: Téngase presente. 

Visto y teniendo, además, presente: 

Primero: Que, la prueba producida en esta instancia consistente en el Oficio 95 del Servicio de Impuestos Internos acompañada por la ejecutada es, en principio, similar a la incorporada en el cuaderno administrativo, a propósito de la medida para mejor resolver decretada por el Abogado del Servicio de Tesorería en resolución de 25 de noviembre de 2014, en cuya virtud se aparejó un Oficio por parte del Servicio de Impuestos Internos de 6 de marzo de 2015, en el que informaba las mismas circunstancias. Si bien el oficio Ord. 95 emitido por el Servicio de Impuestos Internos de 27 de marzo de 2017 tiene por virtud acompañar documentación adicional, que dice relación con el proceso de fiscalización que derivó en la emisión de las Liquidaciones, la sentencia dictada en el procedimiento de reclamación tributaria y la emisión de los posteriores Giros que son objeto del proceso de cobro de obligación tributaria, lo cierto es que no modifican la situación fáctica establecida en la sentencia dictada por el Abogado del Servicio de Tesorería y aquella fijada por el Juez a quo, salvo su interpretación jurídica en relación con los plazos, suspensión e interrupción de la prescripción. Sin embargo, conviene precisar que dicho oficio pone de manifiesto la tramitación tardía de la causa de reclamación tributaria, la que demoró más de 11 años y dos meses para su resolución. 

Caducidad del plazo y denuncia por práctica antisindical. Se acoge recurso de unificación de jurisprudencia.

Santiago, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Por sentencia definitiva de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada en esta causa RIT S-66-2017, el Primer Juzgado de Letras de Santiago decidió acoger la denuncia por práctica antisindical entablada por la Dirección del Trabajo Metropolitana Poniente contra TP Chile S.A., señalando que fue interpuesta dentro del plazo establecido en la ley, e indicando que la conducta desplegada por la demandada obstaculizaba la labor del sindicato SINTRAC IV, condenándola al pago de la suma de 150 UTM, además a adoptar ciertas medidas destinadas a facilitar la labor fiscalizadora. Dicho fallo fue objeto de un recurso de nulidad por parte de TP Chile S.A., alegando, en suma, que se habría infringido lo dispuesto en el inciso final del artículo 486 en relación con el artículo 292, ambos del Código del Trabajo; y, en subsidio, que se habrían vulnerado sus garantías fundamentales en las medidas dispuestas para reparar el mal provocado por la práctica antisindical. 

Derechos del cuentacorrentista. Fraude informático y obligación del banco.

Valdivia, cinco de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 

Con fecha 16 de julio de 2019, recurre de protección el abogado don Juan Ramón Roa Mella, en representación de doña Margarita Elena Leiva Mora, comerciante gastronómica, con domicilio en sector Chumpeco sin número Llifén, Futrono, en contra del Banco del Estado de Chile, representado por don Diego Andrés Urrutia Guzmán, reclamando un actuar ilegal y arbitrario al negarse a restituir fondos sustraídos a consecuencia de un fraude informático, viéndose vulnerado su derecho de propiedad. Relata que los hechos ocurrieron el 31 de mayo del presente año, en circunstancias que a las 11:00 horas recibió llamadas de un teléfono 978084870 desde la cual una persona que aseguraba ser ejecutiva del Banco Estado le comunicaba que realizaría una devolución de dineros por cobros excesivos en su cuenta RUT, para lo cual se le enviaría un código mediante correo electrónico a fin de hacer efectiva la devolución. En efecto, le llegó un correo electrónico desde el Banco con un código que le fue informado a la supuesta ejecutiva quien cortó la llamada. Luego, se percató que le llegaron varios correos electrónicos del Banco informándole que la aplicación móvil Banco Estado había sido activada con sus datos en un nuevo dispositivo y que se añadió como nuevo destinatario para transferencias a la señora Patricia Soledad Rosas Pérez, RUN 14.923.258-0. Por correo se le informó transferencias de su cuenta a la cuenta de esta persona a quien afirma no conocer ni haber autorizado transferencia alguna. Se contactó con su ejecutivo de cuenta de nombre Francisco Hidalgo quien le informó que él no podía hacer nada por teléfono y si quería una solución debía dirigirse a una sucursal para realizarlo en persona. Así, ella se dirigió a la sucursal de Futrono ubicada a veinte minutos de distancia. Una vez en la sucursal, frente a su ejecutivo, se le informó que podía bloquear por teléfono sus cuentas, pero que lo harían en forma presencial solicitándole una serie de datos con los cuales cambian las claves de las cuentas y le entregan una nueva tarjeta de transferencia, pidiéndole que para realizar el reclamo debía interponer una denuncia ante Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, recepcionado por Fiscalía. Por cuestiones de horario debía llevarlo el lunes y pedir la devolución de su dinero. Así fue a la Tenencia de Carabineros de Futrono, interpuso la denuncia indicando que hasta ese entonces se le había sustraído $1.950.000. El lunes 3 de junio del presente concurrió a la Fiscalía para retirar copia de la denuncia con recepción de fiscalía, asistiendo a la sucursal del Banco para efectuar el reclamo solicitando la restitución del dinero. Dice haber realizado todas  las gestiones que estaban a su alcance, guiándose por la información de su ejecutivo, actuando con la mayor diligencia y buena fe a fin que se le restituya el dinero. 

domingo, 4 de agosto de 2019

Derecho de propiedad sobre la imagen propia y publicaciones en redes sociales.

Iquique, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Comparece Juan José Sampson Trujillo, abogado, en representación de Ramón Ernesto Galleguillos Castillo, diputado de la República de Chile, ambos con domicilio para estos efectos en calle Ramírez Nº 1485, Iquique, quien deduce recurso de protección en contra de Enzo Manuel Morales Norambuena, abogado, domiciliado en calle Ramírez Nº 1485 y Sotomayor N° 625, oficina 906, Iquique, por privar y/o perturbar, el derecho garantizado en los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Señala que el recurrido el 29 de mayo de 2019 hizo una publicación en la red social “Facebook” con un inserto que expone “Investigación revela que corrupto de Alto Hospicio lidera pagos millonarios a sus familiares y amigos en el Congreso ¡No solo apoya a las AFP y los curas pedófilos”, de la cual toma conocimiento el 30 de mayo, indica que dicha publicación consta de 11 comentarios y fue compartida 102 veces, y ha dejado una impresión e imagen negativa respecto de la persona de su representado. Indica que el recurrido con su actuar ha vulnerado su derecho a la honra, ya que se le ha tildado de corrupto, y porque señala que en su oficina parlamentaria trabajan amigos y familiares, a quienes les paga un ingreso que se supone mayor de lo que realmente les correspondería por los servicios prestados, siendo su derecho decidir el precio a pagar. Además agrega que daña su honra el afirmar que su representado apoya a curas pedófilos, lo que no es efectivo y que da a entender que su apoyo a las AFP es reprochable, olvidando que cada diputado tiene sus razones para aprobar o rechaza proyectos de ley conforme a diversos parámetros. Añade que también se está vulnerando su derecho a la vida privada, ya que el recurrido, se entromete en aspectos privados de las decisiones de su representado, debido a que la facultad de contratar personal de apoyo y el valor al cual asciendan los servicios que se  prestarán, quedan entregados a la decisión del diputado que haga la contratación. Afirma también que daña su derecho de propiedad sobre la imagen propia, ya que en la publicación del recurrido, aparece una fotografía del recurrente sr. Galleguillos, con indicación de nombre, actividad y partido político al cual representa, lo cual no deja dudas que la publicación es dirigida contra su persona, y que la fotografía conspira para ello. Expone que el acto de la recurrida es ilegal, ya que las afirmaciones del recurrido, dan a pensar que su representado comete actos ilegales o contrarios a la ética; y también son arbitrarias, ya que las expresa por mero capricho, sin motivo ni justificación alguna. Pide que se elimine el contenido publicado en descrédito de su representado, con expresa condena en costas. Evacuando informe, Enzo Morales Norambuena, señala que el recurso es extemporáneo, ya que la publicación es de 29 de mayo de 2019, por lo que han transcurrido 31 días antes de la presentación de la acción constitucional. Agrega que hay una contradicción entre lo señalado por el recurrente y la declaración privada sobre la fecha en que tomó conocimiento con el fin de acomodar el plazo para interponer el recurso de protección, que precluyó el 28 de junio de 2019. Indica que carece de legitimación pasiva frente a la acción de protección deducida por el recurrente, ya que no procede deducir acción de protección en contra suya, ya que no realizó la publicación reprochada, y que lo que el recurrente verdaderamente reprocha es la publicación de un reportaje del canal de televisión abierta Chilevisión sobre asesorías parlamentarias, el cual fue publicado y difundido con miles de reproducciones a través de todas las plataformas virtuales del medio de comunicación social.

Contrato a honorario y despido injustificado.

Santiago, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

Visto: 

En estos autos Rit O-1.157-2018, Ruc 1840091926-3, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se acogió la demanda de despido injustificado interpuesta por doña Marlys Riquelme Fuentealba en contra de la Municipalidad de Peñalolén. La demandante interpuso recurso de nulidad en contra de dicho fallo, y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha cuatro de febrero pasado, lo acogió sólo en lo que se refiere a la condena de la demandada al pago de las cotizaciones previsionales. En relación con esta última decisión, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja y se dicte la de reemplazo que describe. Se ordenó traer estos autos en relación. Considerando: