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lunes, 24 de junio de 2019

Tutela laboral de funcionario público y competencia de los tribunales laborales.

Santiago, trece de junio de dos mil diecinueve. 


Visto: 

En estos autos RIT T-97-2018, RUC N° 1840107380-5, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales intentada por doña Lorena Solange Montero Lueyza en contra del Fisco de Chile, sólo en cuanto se lo condenó al pago de la suma de $ 7.660.098 por concepto de la indemnización prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo, más reajustes e intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del mismo cuerpo legal, sin costas, por no haber sido vencido totalmente y por tener fundamento plausible para litigar. En contra del referido fallo el demandado dedujo recurso de nulidad, que fue desestimado por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Temuco, por resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. En relación a esta última decisión, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja y se dicte la de reemplazo que describe. Se ordenó traer estos autos en relación. Considerando: 

domingo, 23 de junio de 2019

Infracción a la Ley Nº 19.628 y publicación de deuda de crédito universitario.

Santiago, doce de junio de dos mil diecinueve. 

A los escritos folios 36882 y 36820: téngase presente. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que comparece don Gabriel Milla Guerrero, abogado, quien, en representación del demandante en autos sobre infracción a la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, caratulados “Reyes Arredondo con Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A.”, tramitados ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la ministra titular señora Mireya López Miranda, el ministro suplente señor José Pérez Amker y el abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes, por haber dictado con falta o abuso grave la resolución de siete de mayo del año en curso, por medio de la cual revocaron aquella que, con fecha dos de mayo de dos mil dieciocho acogió la denuncia infracción formulada en virtud del artículo 16 de la Ley Nº 19.628. 

Libertad sindical y prácticas antisindicales.

Santiago, diez de junio de dos mil diecinueve. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó su recurso de nulidad que interpuso en contra de la de base que acogió la denuncia por prácticas antisindicales deducida. 

Tala de bosque nativo y resoluciones jurisdiccional.

Santiago, trece de junio de dos mil diecinueve. 

Vistos y teniendo presente: 

Que el recurso de queja tiene, por exclusiva finalidad, corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. 

Que por medio del recurso interpuesto se impugna la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que en lo que interesa al recurso, revocó la de primer grado que había acogido la denuncia por tala de bosque nativo y en su lugar, la rechazó y absolvió a Forestal Mininco S.A. 

Libre acceso a bienes nacionales de uso publico.

Rancagua, catorce de junio de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

En estos autos compareció don Roberto Campos Rojas, a nombre de doña ELISA MARÍA JARAMILLO ARRIAGADA , deduciendo recurso de protección en contra del Estado de Chile, representado por el señor Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique; señora Ministra de Bienes Nacionales Alejandra Bravo Hidalgo; señor Intendente Región de O´Higgins don Juan Manuel Masferrer Vidal; señor Gobernador de Cardenal Caro don Carlos Ortega Bahamondez; señor Secretario Regional del Ministerio de Bienes Nacionales de la Sexta Región , don Christian Villegas Gárate; y todo aquél legitimado pasivo de la acción. 
Sostiene que en el contexto de la campaña "que no te falte playa" , el 19 de febrero del año en curso, una comisión especial encabezada por la señora Ministra Subrogante de Bienes Nacionales, doña Alejandra Bravo Hidalgo, el señor Gobernador de Cardenal Caro, don Carlos Ortega Bahamondez, el Secretario Regional del Ministerio de Bienes Nacionales don Christian Villegas Garate, Carabineros de Chile, junto a periodistas de medios de comunicación masivos, se apersonaron en el lugar conocido como Fundo Mónaco de Centinela, ubicado en Pichilemu, ingresando por el portón de su propiedad, sin ser la vía destinada al efecto; rompieron e primer candado, por puerta de Los Patos, Hijuela o Lote 8, la que NO corresponde a la entrada a la vía de acceso fijada por Resolución Nº 5 de 2 de julio de 1984, que fijó el acceso entre las hijuelas 9 y 10 del Fundo Mónaco y no la 8 o Puerta de Los Patos.Sin apersonarse frente a la propietaria de la Hijuela 8 y pese a estar en terreno ajeno, camino privado, y, por considerar que no había acceso a la playa, rompieron candados y medidas de seguridad destinadas a su protección, de su familia y propiedad, finalizando dicho acto, con la señora Ministra de Estado de Bienes Nacionales en las aguas del Océano Pacífico. 
El ingreso a su propiedad, con auxilio de la fuerza pública constituye un acto ilegal y arbitrario porque no era el acceso determinado en la resolución de 1984 y las playas nunca estuvieron cerradas, sino que es la propiedad privada la que se cierra, por seguridad. 

domingo, 16 de junio de 2019

Ley 19.995 y Renovación de patente comercial.

Santiago, once de junio de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

1°.- Don Ernesto Núñez Parra interpuso recurso de protección en representación de las personas que indica, solicitando se deje sin efecto el Decreto N° 1.325 de 10 de agosto de 2018 dictado por el Alcalde de la I. Municipalidad de Temuco, don Miguel A. Becker Alvear, por el cual se procede a no renovar la patente comercial de quienes representa y se ordene a la recurrida otorgar la renovación de la referida patente, emita el giro respectivo y acepte el pago de la misma. Al respecto la recurrida solicita el rechazo de la acción constitucional.