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lunes, 16 de septiembre de 2019

Plazo prescripción acción infraccional administrativa es de 5 años. Voto de minoría lo pone en 6 meses.

Santiago, diez de septiembre de dos mil diecinueve.


VISTOS:

En estos autos Rol 16.230-2018, Opko Chile S.A. y doña Paulina Alegría Madrid en calidad de Directora Técnica de Opko Chile S.A., deducen reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 853 de 10 de marzo de 2016 pronunciada por el Director del Instituto de Salud Pública, que resolvió rechazar el recurso de reposición deducido, a su vez, contra la Resolución Exenta Nº 2600 de 31 de julio de 2015 que puso término al sumario sanitario ordenado instruir por Resolución Exenta N° 366 de 3 de febrero de 2014, aplicando dos multas, una de 150 Unidades Tributarias Mensuales a Opko Chile S.A. y otra de 75 Unidades Tributarias Mensuales a doña Paulina Alegría Madrid en calidad de Directora Técnica de la sociedad, por importar y distribuir al menos 626 unidades del lote 093, de amoxicilina en polvo para suspensión oral 500mg./5ml., serie 093, vencimiento 12/2013, registro sanitario Nº F- 18176/10, adulterado, en contravención de lo dispuesto en los artículos 6 Nº3, 152,159 y 178 del Decreto Supremo Nº3 del año 2010.

Acogen recursos de protección. Dependientes del hospital no administraron la anestesia requerida para calmar los dolores de las contracciones uterinas de la afectada, es del parecer de estos sentenciadores que tal omisión es arbitraria. Pese a no haber nada que reparar, igual se acoge el recurso


Concepción, trece de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO: Comparece doña Carolina Angélica Alvear Durán, abogada, profesional de la sede regional del Biobío del Instituto Nacional de Derechos Humanos, domiciliada en calle Chacabuco 1085, Oficina 401, Concepción, actuando en representación del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, corporación autónoma de derecho público, con domicilio en Eliodoro Yáñez 832, Providencia, Región Metropolitana, y en favor de doña VALENTINA CONSTANZA CÓRDOVA DURÁN, interna imputada privada de libertad en la sección femenina del Centro Penitenciario Concepción, quien interpone recurso de protección en contra del HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN, representado por don Carlos Capurro Dupré, no indica domicilio, por vulnerar las garantías constitucionales de integridad física y psíquica, e igualdad ante la ley, consagradas en el artículo 19 N°1 y N° 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República. Indica que el 06 de abril de 2019, la sede regional Biobío tomó conocimiento del caso de doña Valentina Constanza Córdova Durán, quien habría sido dada de alta después de sólo cinco horas de haber dado a luz a su hijo, A.V.T.C, el día miércoles 03 de abril del presente año. Tras corroborar la información con la Coordinadora Regional de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, funcionarios de la sede Biobío concurrieron al CP Concepción el día martes 16 de abril, pudiendo entrevistar personal y directamente a la víctima, quien denuncia los hechos que pasa exponer. Menciona que doña Valentina Constanza Córdova Durán fue diagnosticada de un embarazo de alto riesgo, derivado de un consumo de drogas antes y durante su estado de gravidez.

Violación de normas reguladoras de la prueba para acoger casación. Obligatoriedad de presentar informe de bioequivalencia respecto de ciertos medicamentos


Santiago, treinta de agosto de dos mil diecinueve.



Primero: Que en estos autos Rol N° 16.740-2019, caratulados “Laboratorios Andrómaco S.A. con Instituto de Salud Pública de Chile”, sobre reclamación de multa sanitaria, de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los “recursos de casación en el fondo y en la forma” (sic) por el reclamante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la de primera instancia y, en su lugar, rechazó el reclamo de ilegalidad que interpuso la actora respecto de la Resolución Exenta N° 5.390 de 14 de octubre de 2014, confirmada por la Resolución Exenta N 1.394 de 29 de abril de 2015, que sancionó a la reclamante con el pago de dos multas de 1000 Unidades Tributarias Mensuales y, la cancelación de la inscripción de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos Enalapril Maleato en sus dosis de comprimidos recubiertos de 5 mg. y de 20 mg. Sin perjuicio del orden en que el recurrente dedujo sus arbitrios y, con el fin de resolver de manera lógica las infracciones alegadas, se iniciará y decidirá los mismos, comenzado por el que contiene la nulidad formal.

Acogen recursos de protección por cierre de acceso a terreno. Efecto relativo de las sentencias de protección

Santiago, cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos tercero a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que don Luis Armando Escobar Torrealba, presbítero y administrador de la Parroquia San Juan Evangelista de San Vicente de Tagua Tagua, dedujo recurso de protección en contra de doña Ivonne Arresti Peña, fundándose en que ésta habría colocado una reja perimetral y cierres en el inmueble ubicado en el sector Pueblo de Indios de la comuna indicada, de propiedad de la institución que él administra y en el cual se halla una ermita con la figura de la Virgen María, constituyendo un lugar de reunión de feligreses, motivo por el cual, se restringe el acceso a dicho lugar.

viernes, 13 de septiembre de 2019

Cumplimiento forzado del contrato de obra pública. Indemnización moratoria.

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 

Primero: Que en estos autos Rol N° 12.357-2019, caratulados “Constructora Arauco Trébol Limitada con Fisco de Chile” sobre cumplimiento forzado del contrato de obra con indemnización de perjuicios, se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la de primera instancia y, en su lugar, se acoge la demanda sólo en cuanto ordenó al demandado pagar en favor de la actora, las siguientes prestaciones: a) $170.767.000 por concepto de gastos generales; b) $1.280.000 y $ 10.443.045, por el encargo a los ingenieros señores Luis Rojas y Nelson San Martín de una solución definitiva al proyecto respecto de la cepa N° 2; c) las sumas de $12.842.772 y $ 8.372.336, por el proyecto alternativo al oficial sobre defensa fluvial; Rechazando, en lo demás, la demanda, sin costas y se declara que las sumas a pagar serán reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor y devengarán intereses corrientes, desde que quede ejecutoriada la sentencia. 

Publicación en redes sociales y derecho a la honra.

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

  Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos sexto a octavo, que se eliminan. Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que Juan Agustín Noé Echeverría deduce recurso de protección en contra de Leonardo Soto Ferrada, por haber tomado conocimiento, con fecha 19 de febrero último, de una publicación realizada por el recurrido en la aplicación Facebook, alusiva a una manifestación que, el día primero del mismo mes y año, se realizó frente a su domicilio.