Frases exactas, use comillas. Ejemplo "frase exacta". Más consejos aquí

jueves, 21 de febrero de 2019

Responsabilidad extracontractual y la correspondiente indemnización de perjuicio por mal estado de una vereda.

Santiago, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que en estos autos rol N° 17.042-2018, caratulado “Paredes con Municipalidad de Talca”, se ha ordenado dar cuenta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca de 25 de mayo de 2018, que confirmó con costas la sentencia de primer grado, emanada del 1º Juzgado de Letras de Talca, con fecha de 7 de julio de 2017, que, a su vez, acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. La demanda, incoada por doña María Paz Paredes Norambuena, se sustenta en que el día 29 de julio de 2015, en horas de la mañana, caminaba por calle 1 Sur esquina 6 oriente, comuna de Talca, contexto en que pisó una rejilla sobrepuesta a surco de evacuación de aguas lluvias, cayendo violentamente al suelo. Acto seguido, fue auxiliada por transeúntes y Carabineros de Chile, siendo trasladada al hospital local, recinto donde se le diagnosticó una fractura de muñeca izquierda, lesión que requirió la ejecución, en una clínica privada, de una cirugía correctiva con instalación de una placa de titanio permanente. Como consecuencia de estos hechos, afirma que  no volverá a tener la misma capacidad motora, sufriendo, además, constantes dolores por el esfuerzo y por el frío, requiriendo, en lo petitorio, se repare el daño emergente y moral sufrido, perjuicios que avalúa en $2.364.638 y $14.000.000, respectivamente. Al contestar la demandada, solicitó el rechazo de la demanda, esgrimiendo, en síntesis, la concurrencia de culpa de la víctima, por cuanto ella habría cruzado la calzada por el lado norte vereda, lugar donde existen rejas para evitar tal conducta por parte de los transeúntes y una señal que indica “peatones por vereda del frente”, postulando, por consiguiente, la ausencia de relación causal entre el hecho y el actuar municipal. Agrega, finalmente, que el monto solicitado es excesivo, no habiéndose acompañado a la demanda antecedente alguno que lo justifique.

miércoles, 20 de febrero de 2019

Crédito social y descuentos aplicados en la remuneración. Se acoge acción de protección.

Santiago, siete de enero de dos mil diecinueve. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos 6°.- a 12°.-, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que para una adecuada resolución del asunto cabe dejar establecido, por emanar de los antecedentes y no estar controvertido, que, en 2014, el actor tomó un crédito social con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. En 2015 la recurrida dedujo demanda ejecutiva para el cobro de lo adeudado, la que fue archivada por el tribunal respectivo. En mayo del año en curso, su remuneración sufrió el descuento de $197.718, a requerimiento de la Caja de Compensación La Araucana. 

jueves, 14 de febrero de 2019

Accidente de transito, indemnización de perjuicios y responsabilidad solidaria. Se acoge recurso de apelación.

Valdivia, doce de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Que la demandante presentó recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia apelada de uno de junio de dos mil dieciocho, y en su lugar se acoja la acción de indemnización de perjuicios, con costas. Señaló que el juez a quo se equivoca al rechazar la acción, por no haberse dirigido la demanda, también, en contra del conductor del vehículo causante de los daños. Tal yerro se funda en una cuestión de hecho: la demanda no alegó el supuesto vicio, y en una cuestión de derecho. En este último caso invoca lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 18.290 en relación a los artículos 1511, 1514 y 1515 del Código Civil, concluyendo que, establecida en la ley la obligación solidaria respecto de los daños en accidentes de tránsito, la actora puede dirigir su acción indistintamente contra el conductor o contra el dueño del vehículo. En ese sentido, la exigencia del juez en orden a que debió demandar al conductor, resulta agraviante, pues le negó lugar a sus peticiones. A la audiencia concurrió por la apelante la abogada doña Cinthia Segovia Molina, quien sostuvo los argumentos del recurso y por la parte apelado el abogado don Gonzalo Arrué quien solicitó el rechazo del mismo, agregando que tanto la indemnización por lucro cesante como por daño moral son antojadizos y arbitrarios, el primero de ellos además porque ni el éxito ni la estabilidad de la relación laboral están aseguradas. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que no se ha discutido que la presente causa tiene su fundamento basal en el accidente de tránsito ocurrido el 21 de mayo de 2015 en horas de la madrugada, provocada por el conductor Rodrigo Esteban Soto García, quien conduciendo en estado de ebriedad la camioneta marca Mitsubishi, patente DHFX-29 de propiedad de la demandada, colisionó el vehículo patente FDDV-89, provocando la muerte -entre otras- de doña Carla Camila Ramos Muñoz, de 26 años, profesora de Lenguaje y Comunicación. Hecho por el que el señor Soto García fue condenado penalmente, según consta del fallo agregado a la causa. 

SEGUNDO: Que la sentencia recurrida, señala: “A Autorentas Tattersall Limitada se la ha demandado como propietaria del vehículo con cuyo uso se causaron los daños. En estas circunstancias su responsabilidad sería solidaria en relación con la que le cabría al conductor, y en tanto ocurre que en el plano civil no ha sido demandado este conductor, no podrá establecerse la responsabilidad primaria o básica en que la demandada debiera asumir responsabilidad solidaria, ya que se es solidariamente responsable con otro o respecto de otro, y respecto de este otro no puede declararse responsabilidad por falta de emplazamiento”, fundamento que sustentó la decisión de negar lugar a la acción. El artículo 169.2 de la Ley N°18.290 indica: “El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.”, es decir, la Ley establece una forme especial de responsabilidad cuando conductor y propietario del vehículo son distintas personas, entregando al último la posibilidad de excusarse si el móvil fue usado contra su voluntad, hecho que no se alegó ni probó en esta causa. Para determinar cómo deben dirigirse las acciones en caso de existir obligaciones solidarias, debe atenderse a lo expresamente señalado en el artículo 1514 del Código Civil, que indica: “El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de la división.” La Real Academia Española de la Lengua define arbitrio como “Facultad que tienen el ser humano de adoptar una resolución preferencia a otra”, es decir, es el actor quien elige a quien demandar de entre la pluralidad de deudores solidarios, en este caso solo dos, el conductor y el propietario, optando por perseguir civilmente al segundo. En ese contexto legal y habiéndose acreditado que a la fecha de los hechos la demandada era la propietaria del vehículo, sin que invocara ni probara la excepción legal, la actora estaba plenamente amparada por la ley para demandarla de forma solidaria, sin estar obligada a accionar en contra del conductor del vehículo que provocó los daños que por esta vía se pretenden indemnizar. 

TERCERO: Establecido el hecho de haberse accionado sin infracción legal, corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto. En primer término, cabe considerar que la demandada cuestionó la legitimación activa de los demandantes Diego y Martina Ramos Muñoz, hermanos de la fallecida Carla Camila, aludiendo a normativa sobre acción civil en el proceso penal y al orden sucesorio en materia civil. En efecto, el artículo 59 del Código Procesal Penal establece la forma en que debe o puede deducirse la acción civil durante el proceso penal. Sin embargo, en su inciso final señala “Con la sola excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.”, de donde se desprende que solo la víctima puede demandar en esta sede, los demás han de demandar los perjuicios en sede civil. Luego, el artículo 108 del mismo texto legal, define qué debe de entenderse por víctima, para efecto del proceso penal, es decir, para querellarse o demandar civilmente en el mismo proceso penal. Eso significa que quienes no están considerados en esa norma deben demandar los daños accionando ante tribunales civiles, como sucedió en este caso. De ninguna de esas normas se desprende que aquellos que sufrieron daños provenientes de un ilícito estén privados de demandar indemnización de perjuicios, sólo que no pueden hacerlo en el proceso penal, si según esas esas reglas, no pueden hacerlo en aquella sede, manteniendo expresamente a salvo la sede civil, precisamente a la que se acudió. A ello cabe agregar lo señalado en el artículo 2314 del Código Civil que indica: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”, norma que obliga indemnizar todo daño proveniente de un delito, como en este caso. Idea que se confirma con los artículos siguientes y que mantiene la acción para aquellos que penalmente no son considerados víctimas. En consecuencia, la acción civil derivada de un delito no está limitada, como pretende la demandada, a quienes se estiman victima en el proceso penal, sino que se extiende a todos quienes han sufrido daño como consecuencia de ese ilícito, por lo que no se advierte ausencia de legitimación activa de Diego y Martina Ramos Muñoz, máxime cuando se ha establecido el cercano vínculo familiar tanto legal como afectivo, según se verá a continuación. 

CUARTO: Descartados las alegaciones previas, corresponde atender la petición central de la actora, esto es, la existencia de daño indemnizable, derivado del hecho ilícito referido en el Considerando Primero. De la sentencia penal aparejada a la causa y lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Tránsito, se desprende la responsabilidad que corresponde a la demandada, de forma solidaria, por ser –a esa fecha- propietaria del vehículo que provocó la colisión fatal. La demandante desglosó la indemnización demandada, del siguiente modo: a.- Daño emergente, correspondiente a los gastos propios del funeral: $1.000.000.- b.- Lucro cesante, correspondiente al sueldo que debió percibir en los 34 años de desarrollo profesional que restaban por ejercer a la fallecida, considerando el promedio percibido según las seis últimas liquidaciones: $354.727.712. c.- Daño moral, por el provocado a su madre, padre y dos hermanos: $350.000.000. 

QUINTO: En cuanto al daño emergente, la actora acompañó convenio de pago con el Cementerio Municipal de Valdivia N°5134, el que alcanzó el precio total de $587.237, y documentos del Servicio Funerario que dan cuenta que el gasto que debió asumir la familia de la fallecida ascendió a $338.200.- Ninguno de ellos fue objetado y se trata de documentos que reflejan los servicios habituales en caso de sepelios. El total del gasto asciende, por este concepto, a $925.437 (novecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete mil pesos), monto por el que se acogerá esta petición.  

SEXTO: En cuanto al lucro cesante, la actora acompañó las liquidaciones de sueldo de doña Carla Camila Ramos Muñoz, correspondientes a los meses de diciembre de 2014 a mayo de 2015, por distintas sumas, cuyo promedio alcanza a $721.322. Por su parte la demanda señaló que ni el éxito laboral ni la estabilidad de ese vínculo están asegurados, por lo que no puede accederse a esa petición. Si bien es cierto que no hay seguridad ni certeza en la mantención de una relación laboral por 34 años, hay ciertos hechos objetivos que deben ser considerados. Se acreditó, con las liquidaciones de sueldos, que la fallecida se desempeñaba como profesora en el Liceo San Vicente de Paul de Puerto Octay, relación laboral que tiene estabilidad conforme al estatuto docente, por lo que es presumible que, al menos, en el mediano plazo pudo mantenerse de no mediar la inesperada muerte de la profesora Ramos Muñoz. Conforme a la prueba fotográfica, documental y especialmente la testimonial, consistente en los relatos de los testigos Gisela Ojeda Palma, Juan Pushel González, Camila Vega Velásquez, Adela Mujica Gallegos y Angélica Escobar Millar, los que dan cuenta de la fuerte relación familiar existe entre los demandantes y la fallecida, quien era la hija mayor de la familia. De igual modo explican cómo ella se convirtió en un apoyo económico al asumir gastos propios de los estudios de sus hermanos, como uniforme o útiles escolares de su hermana menor. De lo que se desprende que efectivamente sus ingresos reportaban una mejora a todo el grupo familiar, del que hoy carece a pesar de mantener e incluso aumentar los gastos especialmente en el rubro médico. Sin embargo, no es menos cierto que conforme al desarrollo habitual de la vida de las personas, es posible atender a dos variables que admiten la interrupción de ese aporte económico: la creación de su propio grupo familiar y el cese de gastos de estudios de sus hermanos, los que podrán alcanzar sus propios ingresos, aportando -de ser necesario- mancomunadamente al sustento de los padres. En ese orden de ideas, parece razonable limitar la proyección en el tiempo de lo que el grupo familiar habría recibido de parte de Carla Camila Ramos Muñoz, ubicando el límite hasta diciembre del año en que Martina Ramos Muñoz cumplirá 24 años, es decir, el límite máximo para ser carga familiar legalmente, lo que ocurrirá en diciembre de 2028, puesto que con la libreta de familia se acredito que Martina nació el 10 de mayo de 2004. En consecuencia, por este concepto se deber pagar el equivalente a la remuneración promedio que habría obtenido la fallecida entre junio de 2015 a diciembre de 2028, es decir, 162 meses a razón de $721.322, dando un total de $116.854.164 (ciento dieciséis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos) 

SÉPTIMO: El daño moral se ha acreditado ampliamente, con sendos informes psicológicos emanados de los profesionales Rodrigo González Zapata y Javier Rivas Castillos, quienes explican las distintas reacciones de los demandantes frente a la muerte de Carla Camila, el padre con síntomas claros de estrés postraumático, la madre y el hermano con una actitud que rechaza hablar del tema, con cambios de ánimo y la hermana menor con cambios conductuales. El dolor y la forma en que todos se han visto fuertemente afectados es corroborado por los cinco testigos, ya mencionados, quienes pudieron constatar el cambio en sus vidas, incluso de la madre que dejó de trabajar en su oficio habitual, confección de tortas. Como ya se dijo, los testigos ahondaron en la armónica y unida relación familiar que mantenían. En ese contexto, no es difícil entender el impacto emocional, el dolor y la afectación de su grupo familiar al tener que soportar la pérdida inesperada y violenta de la hija mayor, quien con esfuerzo personal y familiar alcanzó a desarrollar la profesión que eligió. Daño que debe ser reparado, en este caso, con una compensación económica. Precisar el monto, no es tarea fácil, por lo que se consideraran los recogidos en el baremo publicado en la página del Poder Judicial. Teniendo presente los argumentos expuestos se fijará en un monto total de $90.000.000 (noventa millones de pesos) Y visto lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE REVOCA la sentencia de uno de junio de dos mil  dieciocho, y, en su lugar, se declara que acoge la demanda de indemnización de perjuicios y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de los siguientes conceptos: A.- Por daño emergente al monto de $925.437 (novecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete mil pesos) B.- Por lucro cesante a la suma de $116.854.164 (ciento dieciséis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos) C.- Por daño moral a la suma única y total de $90.000.000 (noventa millones de pesos) Sumas que deberán ser reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo. Se condena a la demandada al pago de las costas. Se previene que el Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras concurre a la confirmación del fallo en alzada, con las siguientes modificaciones: a) Que teniendo presente el mérito de los antecedentes de la causa dimana que la parte demandada, en circunstancias de ser propietaria del vehículo, tiene responsabilidad solidaria en el hecho acaecido y por ello debe responder de la indemnización correspondiente. b) Que en las circunstancias anotadas estuvo por fijar el lucro cesante demandado en la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos), toda vez que no existe una prueba lógica y específica para arribar a una conclusión distinta. c) Que respecto al daño moral demandado, no se ha podido probar de forma exhaustiva el dolor y demáses, por lo que se arriba a esta indemnización de perjuicios en el monto de $10.000.000 (diez millones de pesos). d) Que las cantidades indicadas deberán ser reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor a contar de la fecha de esta sentencia, y no desde el momento en que quede ejecutoriada, y hasta su efectivo pago. d) Que se condena a la demandada al pago de las costas de la causa. Redactada por la Ministra María Soledad Piñeiro Fuenzalida y la prevención, su autor. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Hecho, archívese. 

Rol 522-2018 CIV 

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C., Maria Soledad Piñeiro F. quien no firma no obstante haber concurrido al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal, y Abogado Integrante Claudio Eugenio Aravena B. Valdivia, doce de febrero de dos mil diecinueve. 

En Valdivia, a doce de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

-------------------------------------------------------------------

APORTES: Si tiene un fallo interesante para publicar, por favor remita a información del mismo a editor@jurischile.com 

ADVERTENCIA: Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.