Se acoge Recurso de Protección por arbitrario e ilegal procedimiento por acoso sexual, de la Dirección del Trabajo

Copiapó, veintisiete de mayo de dos mil ocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 6 ha comparecido el abogado don Patricio Pinto Castro, en representación de don Nelson Moyano Vives, Administrador de Contrato para la Empresa AVANT Servicios Integrales S.A., y ha deducido recurso de protección en contra del ordinario N° 22 emitido por el señor Inspector provincial del Trabajo de Chañaral, don Guido Cortés Carvajal , documento en que se establece que, de acuerdo a la investigación realizada por la comisión N° 308/2007/230 sobre denuncia de doña Claudia Trepiana Rojas, se ha podido comprobar que efectivamente ha existido la figura de acoso sexual. Estima el recurrente que el referido ordinario reviste el carácter de ilegal, en primer lugar, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 20 del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, que prescribe que los Inspectores Provinciales, Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que les son privativas, apareciendo claro en el caso sublite que el señor Inspector Provincial del Trabajo de Chañaral se ha excedido en sus atribuciones, al haber procedido a valorar antecedentes fácticos, tomar declaraciones de testigos y a juramentarlos. En segundo lugar, hace presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 476 del Código del Trabajo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, y que a su vez, el artículo 474 del mismo Código establece la facultad de los inspectores del trabajo para cursar multas administrativas por infracciones a la ley laboral o seguridad social, facultad que se reitera en el artículo 1° del DFL N° 2 de 1967, ya citado, facultad de fiscalización que, como ha resuelto la jurisprudencia, se circunscribe a la constatación de hechos ostensibles, cuando ellos aparecen como una ilegalidad precisa y determinada, lo que no ocurre en la especie, en que se ha requerido de una actividad probatoria, valorándose declaraciones de testigos para, en definitiva, resolver un conflicto de relevancia jurídica. Asimismo, señala que el artículo 211-D del Código del Trabajo, que regla la investigación y sanción del acoso sexual, dispone que la Inspección del Trabajo deberá evacuar conclusiones o formular observaciones a la investigación realizada por la empresa, motivo por el cual, a juicio del recurrente, existe un exceso por parte de la Inspección al momento de dar por establecida la figura de acoso sexual, que para su configuración necesariamente requiere valoración, pues no es una cuestión que pueda determinarse prima facie, sino que incluso requiere la concurrencia de los elementos subjetivos que la misma norma legal indica. Concluye, por último, en cuanto al fondo del asunto, el acto recurrido no señala con la claridad necesaria y precisión adecuada los hechos que da por establecidos para estimar que existe la conducta de acoso sexual. Tampoco da o entrega de manera pormenorizada la o las conductas que habría realizado el señor Moyano Vives y en este sentido el acto aparece absolutamente desmotivado, falto de fundamentación, lo que genera que raye en la arbitrariedad. Señala el recurrente que la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, al realizar esta investigación, se ha arrogado facultades que exceden la órbita de sus atribuciones, procediendo de facto como un órgano que ejerce jurisdicción, actuando por sobre los límites que le concede su marco normativo, contraviniendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, actuación ilegal que ha concluido con la dictación del ordinario impugnado, de N° 22 de 11 enero de 2008, vulnerando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 de la misma Carta Fundamental, ya que se ha transformado en una comisión especial, situación que ha impedido la revisión de los antecedentes, privando al recurrente señor Moyano Vives de su derecho a defensa, vulnerándose también la garantía de i gual protección ante la ley. En su parte petitoria solicita el recurrente acoger el recurso interpuesto y ordenar que se deje sin efecto el ordinario N° 22 y las conclusiones que en él se contienen, acerca de la referida denuncia por presunto acoso sexual, restableciéndose de esta forma el imperio del derecho, con costas.

A fojas 66 y siguientes rola informe evacuado por el señor Director Regional del Trabajo de Atacama, don José Órdenes Espinoza, solicitando que el recurso incoado sea declarado inadmisible o se proceda a su rechazo, con costas. Señala que como consecuencia de la investigación llevada a cabo con ocasión de la denuncia de acoso sexual interpuesta, se concluyó que efectivamente dicha figura existió, requiriendo, a continuación al empleador para que adoptara las medidas de resguardo a favor de la afectada y aplicara la correspondiente sanción al denunciado, la que efectivamente fue aplicada y consistió en una amonestación verbal. Agrega que toda la investigación llevada a cabo por la Inspección del Trabajo se realizó conforme a la esfera de su competencia que la propia ley le entrega y es más, al pronunciarse dicha autoridad a través del Ord. N° 22 lo hizo respecto de una materia que se encuentra conferida a la Inspección del Trabajo, conforme dispone la Ley N° 20.005, que precisamente estableció un procedimiento especial para la investigación del acoso sexual, y por tanto no se puede hablar de acto arbitrario e ilegal. Continúa señalando el informante que de acuerdo a los antecedentes aportados por el recurrente, no existen elementos suficientes para estimar que exista en este caso alteración o privación de los derechos que menciona, no siendo posible dilucidar cual es el interés jurídico que el recurrente intenta salvaguardar, pues la sanción aplicada no fue el despido, concluyéndose que los fundamentos de hecho de la acción cautelar han perdido su vigencia, debiendo rechazarse el recurso por este motivo. Asimismo, alega el informante la extemporaneidad del recurso, por haberse interpuesto éste fuera del término fatal de quince días, plazo que señalaba el Auto Acordado respectivo hasta antes de su modificación de fecha 25 de mayo de 2007. En cuanto al fondo de la materia en que incide el recurso, previa alegación de la calidad de Ministro de fe y presunción de veracidad de las actuacio nes de losfiscalizadores, refiere el informante que con fecha 30 de octubre de 2007 se presentó ante el fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, don Marcelo Gómez Toledo, la trabajadora de AVANT doña Claudia Trepiana Rojas, quien interpuso denuncia por acoso sexual en contra de don Nelson Moyano Vives, quien ocupa el cargo de administrador de contrato de la misma empresa en la localidad de El Salvador. Dando curso a la denuncia se procedió a notificar de ella a la empresa, solicitándole a su vez que se adoptaran las medidas de resguardo necesarias, las que se encuentran consignadas en el inciso primero del artículo 211-B del Código del Trabajo, bajo apercibimiento de multa administrativa. Dicha notificación se cumplió con fecha 9 de noviembre de 2007, por la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana, en la casa matriz de la empleadora, allanándose dicha empresa al requerimiento efectuado según comunicación fechada también el 9 de noviembre de 2007, indicando que la medida de resguardo a la trabajadora consistía en un permiso especial con goce de remuneraciones desde el día 10 de noviembre de 2007 y mientras durara la investigación. Por su parte, el denunciado señaló haber tomado conocimiento de la denuncia por comunicación que le hiciera el gerente de recursos humanos de la empresa, don Juan Carlos Sánchez y asimismo se le informó del permiso sin goce de sueldo otorgado a la afectada. Continúa señalando el informante que durante la etapa de investigación se tomó declaración a la denunciante, denunciado y testigos, las que refiere sucintamente, y también se efectuó visita a las dependencias en que laboran los implicados, además de revisarse el registro de llamadas desde el teléfono celular del denunciado hacia el de la afectada, y de tenerse en consideración la existencia de otra denuncia anterior por acoso sexual interpuesta por otra trabajadora en contra del mismo señor Moyano. Asimismo, en cuanto al presunto desistimiento de la afectada a que se hace referencia en el recurso, señala que tanto ésta como testigos coinciden que en el mismo tuvo participación el gerente de recursos humanos de la empresa, señor Juan Carlos Sánchez, declarando con posterioridad la afectada ante el Inspector Provincial del Trabajo de Chañaral que ratificaba su denuncia y que dicho documento había sido producto de presiones. Finalmente, habiéndose comunicado a través del Ord. N° 22 de 11 de enero de 2008 a la empleadora que se había comprobado que efectivamente había existido la figura de acoso sexual, dicha empresa comunicó que se había aplicado la medida disciplinaria de amonestación privada al denunciado y que, respecto de la afectada, se había efectuado cambio de jefatura, pasando a partir del 4 de febrero de 2008 a depender de don Fernando Sanhueza Pino, jefe del Área de Mantención. Concluye señalando la informante que la actuación del Servicio no ha sido ilegal sino por el contrario, se ha apegado estrictamente a la legislación vigente, contenida en el DFL N° 2 de 1967 Orgánica de la Dirección del Trabajo, Código del Trabajo y normas constitucionales pertinentes, no habiéndose arrogado facultades jurisdiccionales, como argumenta el recurrente, pues se ha limitado a ejercer sus atribuciones y potestades administrativas.

A fojas 103 y siguientes rola informe evacuado por el señor Guido Cortés Carvajal, Inspector Provincial del Trabajo de Chañaral, en términos semejantes, sin perjuicio de referirse además a garantías en relación a la aplicación de una multa que no es materia de la presente acción.
Se han acompañado por las partes antecedentes documentales.

2º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

3º) Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4º) Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén c omprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

5°) Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida, cabe precisar que de acuerdo a los antecedentes el oficio cuestionado Ord. N° 22, de fecha 22 de enero de 2008, fue puesto en conocimiento de la empleadora del recurrente con esa misma fecha, en tanto que el presente recurso fue interpuesto con fecha 5 de febrero del año en curso, apareciendo claramente deducido dentro del plazo fatal de 30 días que al efecto establece el N° 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, según modificación de 8 de junio de 2007, lo que basta para desestimar tal pretensión.

6°) Que al informar a fojas 103 el recurrido, don Guido Cortés Carvajal señala, en lo que interesa para resolver, que luego que se recibiera ante la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral la denuncia de doña Claudia Trepiana Rojas, por supuestas conductas de acoso sexual, de parte de su jefe Nelson Moyano, en la empresa AVANT Servicios Integrales S.A., faena El Salvador, se instruyó comisión de fiscalización N° 0308/2007/230 al fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, señor Marcelo Fernando Gómez Toledo para proceder a constituirse en la empresa y ejecutar el procedimiento establecido ante la presentación de esta denuncia.

El referido fiscalizador procedió a constituirse en dependencias de la empresa, se procedió a notificar al empleador de la denuncia interpuesta y se le requirió aplicar las medidas de resguardo consignadas para tales efectos, la que consistió en la separación de la trabajadora de su puesto de trabajo con goce de remuneraciones mientras durara la investigación por acoso sexual.

En cuanto a las fuentes a las que se recurrió en la etapa de investigación consistieron en declaraciones de la denunciante, denunciado, testigos, visita inspectiva a las dependencias en donde trabajan los implicados y análisis documental para finalmente concluir en que se pudo comprobar que efectivamente existió la figura del acoso sexual, instruyéndose al empleador para adoptar las medidas de resguardo y aplicar la sanción al denunciado, la que consistió en una amonestación verbal.

7°) Que de acuerdo a la página electrónica de la Dirección del Trabajo, para proceder en caso de acoso sexual, la persona víctima de éste, debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la respectiva Inspección del Trabajo. El empleador que recibe la denuncia por acoso sexual puede optar entre hacer directamente una investigación interna o, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección del Trabajo, la que tiene treinta días para efectuar la investigación. La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de treinta días, de manera reservada, garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo. Si la denuncia es hecha por el afectado -hombre o mujer-, o derivada por el empleador a la Inspección del Trabajo, esta efectuará una investigación en los mismos términos descritos anteriormente. Finalizada la investigación, la Inspección del Trabajo le comunicará los resultados al empleador y de haber comprobado la existencia del acoso sexual, le sugerirá adoptar medidas.

8°) Que desde luego el oficio de marras no satisface tal procedimiento, desde que en sus conclusiones no efectúa sugerencia alguna al empleador, sino que, de acuerdo a su propio tenor, le instruye para que adopte las medidas o sanciones reglamentarias dentro de 15 días de notificado, bajo apercibimiento de multa administrativa si ello no ocurriere, agregando que lo anterior sería verificado por funcionarios del Servicio una vez transcurrido el plazo señalado.

9°) Que el debido proceso, que en términos generales ha sido definido como un derecho subjetivo fundamental, que la Constitución reconoce en garantía de la dignidad de la persona sometida a un procedimiento, que el Estado y sus órganos tienen el deber de respetar, fue introducido en nuestro país por la Carta Constitucional de 1980. Se trata, a partir de entonces, de una garantía constitucional, vale decir, de un derecho limitativo del ejercicio de la soberanía que prevalece por sobre todo otro instituto jurídico y encuentra su reconocimiento e nel artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República. Su regulación jurídica arranca asimismo de los tratados internacionales actualmente vigentes, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, suscrito el 16 de diciembre de 1966 y promulgado el 29 de abril de 1989, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969 y promulgado el 5 de enero de 1991. En ambos instrumentos, en el artículo 14 N° 12 letra d) y en el artículo 8 N° 2 letra d), respectivamente, se consagra tal garantía.
Desarrollado en especial por obra del derecho canónico y llevado a un grado de desarrollo bastante notable por las cortes de Common Law y en la época moderna por el constitucionalismo norteamericano (due process of law) ha adquirido una amplitud tal este principio basilar del Derecho que es aplicado hoy no sólo a cuanto dice relación con el proceso (civil o bien penal) sino es también enteramente aplicable a todo tipo de situación jurídica donde hay un sujeto con poderes sancionadores respecto de otro, sean potestades públicas (vgr. administrativas), sean potestades privadas (vgr. patrones de empresa, de barcos, etc.); e incluso más allá de potestades sancionadoras, sino toda vez que la conducta de un sujeto con potestades de imposición pueda afectar a otro sujeto, sin que se trate de una sanción propiamente tal. (Eduardo Soto Kloss, El recurso de Protección, 1ª. Edición, pág. 111).
El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas, deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar de este modo el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y contrarios al estado de derecho. De la aplicación de este principio se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas y a ejercer con plenitud su derecho a defensa.

10°) Que una de las manifestaciones a través de la cual se expresa la garantía del debido proceso es por medio del derecho a defensa, a tal punto que, al decir de la doctrina, ambos llegan a confundirse, entendido este último como la facultad y la aptitud para ejercer legítimamente los derechos que las leyes otorgan a sus titulares, en resguardo de sus intereses y regida por nociones objetivas de justicia.

11°) Que si bien la Inspección del Trabajo de Chañaral se encontraba en el imperativo de investigar la denuncia recibida por ese Servicio, formulada por doña Claudia Trepiana Rojas sobre acoso sexual, en la que el recurrente, don Nelson Moyano Vives, Administrador de Contrato para la Empresa AVANT Servicios Integrales S.A., resultó ser el denunciado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 211-A y siguientes del Código del Trabajo, debió asimismo ceñirse a este respecto al claro mandato legal, que la obligaba a substanciar la referida investigación bajo reserva y a garantizar el derecho de las partes a ser oídas y de poder fundamentar sus dichos, como traducción de los principios del contradictorio y de bilateralidad de la audiencia, de manera que durante el curso del proceso investigativo los involucrados pudieran hacer sus observaciones y acompañar nuevos antecedentes mientras aquél se encontrare abierto.

12°) Que tal rigor exigido por el legislador se justifica por la naturaleza y gravedad de la conducta investigada, en que el sólo hecho de abrirse la investigación y de arribarse, en su caso, a conclusiones en uno u otro sentido, resultan relevantes para la futura vida laboral de todos los involucrados. Tal celo y prolijidad, sin embargo, no aparece en la investigación llevada a cabo por la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, en la que se advierte que en la salvaguarda de los derechos del investigado sólo se tomó declaración sobre los hechos, la que contraviniendo principios básicos del ordenamiento jurídico general, se hizo bajo juramento, sin advertírsele de sus derechos ni permitírsele la rendición de probanzas en abono de sus alegaciones y, lo que es más grave, sin que existiera una previa formulación de cargos, que especificara las conductas atribuidas, impidiéndose de este modo al investigado el adecuado ejercicio de su derecho a defensa, lesionándose de este modo la garantía constitucional del debido proceso a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

13°) Que a la luz de lo razonado no cabe sino concluir que en tales condiciones el procedimiento en que se sustenta la conclusión adquirida por el Servicio, luego de efectuada la investigación, resulta arbitrario e ilegal, en razón de aparecer juzgándose el proceder del investigado por una comisión especial que se ha arrogado facultades jurisdiccionales. En razón de lo anterior, forzoso resulta hacer lugar al presente recurso a objeto de restablecer el imperio del derecho, retrotrayendo las cosas al estado de practicarse una nueva investigación acerca de la denuncia formulada por doña Claudia Trepiana Rojas, respetándose en ella la garantía del debido proceso a los involucrados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 19 N° 3 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 19 N° 3 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, SE HACE LUGAR al recurso de protección interpuesto por el abogado don Patricio Pinto Castro, en representación de don Nelson Moyano Vives y en consecuencia se deja sin efecto la investigación llevada a cabo por la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, a cargo del señor Marcelo Fernando Gómez Toledo respecto de la denuncia formulada por doña Claudia Trepiana Rojas, debiendo realizarse una nueva investigación, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 211-A del Código del Trabajo, dejándose igualmente sin efecto el Ord. N° 22 de 11 de enero de 2008, suscrito por don Guido Cortés Carvajal, Inspector Provincial del Trabajo de Chañaral, sin costas del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Luisa López Troncoso.

Rol N° 50-2008.

Profecía autocumplida

Entiendo que mi voz, por ahora, es disonante en Chile, donde lamentablemente el Estado y los medios, en una mal entendida solidaridad, hacen causa común con el actuar gubernamental, sin cuestionamientos (me recuerda la falta de cuestionamiento de los medios norteamericanos a la guerra de Irak); sin embargo, lo debo decir sin ambages: la prudencia está a un paso de la cobardía, y el Estado de Chile lo dio.
El gobierno trata de justificar su actuar en base a lo único que ha habido, tormentas eléctricas y lluvias, para el cierre de Chaitén. Supuestamente la inminencia de la caída de la columna de humo era lo que justificaba el afectar las garantías constitucionales de todo un pueblo, de manera inconstitucional (el Estado de Catástrofe era lo único que lo permitía).
Nada de ello ha ocurrido: por el contrario, se perdieron irremediablemente más de 10 días sin rescatar las mascotas ni los bienes más preciados de la gente. La subida del río no es más que la consecuencia de no haber tenido máquinas trabajando para que el río no se embanque.
Profecía autocumplida: la negligencia y la cobardía destruyen una ciudad...no el volcán.
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Inconstitucionalidad de Orden de No Innovar para desalojar a todo un pueblo: Chaitén

La Orden de no Innovar otorgada en el Recurso de Protección 102-2008, deducido por Intendencia Regional contra Personas Desconocidas, es inconstitucional, porque afecta masivamente las garantías constitucionales de muchos chilenos.
Esto es grave y no se cómo lo toleramos. Todos hacen vista gorda de las transgresiones. Ya entiendo cómo lo mismo sucedía en la Alemania Nazi...una concientización generalizada que afectaba hasta los más lúcidos.
Lo que la autoridad debió hacer es dictar el Estado de Catástrofe respecto de la provincia de Palena. Pueden haber razones POLITICAS para hacerlo o no, pero un tribunal no debe analizarlas ni considerarlas porque no es su deber ni obligación.
En sólo en virtud de ese Estado de Catástrofe que se puede afectar MASIVAMENTE la libertad de locomoción, así como tomarse otras medidas.
No es una Orden de No innnovar y un Recurso de Protección el instrumento destinado a administrar una catástrofe en un país. El recurso de protección está solo destinado a amparar a los habitantes que sufren perturbación, privación o amenaza en sus derechos por alguna autoridad concreta; o por otro particular concreto. Nada de esto se da en la especie.
Movilizaciones forzadas de gente (tal cual ocurre y ha ocurrido históricamente en otras zonas del mundo) no se adoptan a través de órdenes de no innovar.
Una movilización masiva de gente es una acción demasiado grave, porque se afectan una serie de garantías constitucionales, de mucha gente:

• Se afecta la libertad personal de desplazamiento y permanencia de más de 5 mil personas
  
• Se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, de muchos empresarios que han visto abandonados sus bienes productivos y negocios.
• Se afecta el derecho a reunión en un lugar determinado, al impedir a los ciudadanos de Chaitén reunirse en sus casas, centros recreativos, lugares públicos, parques y plazas..
• Se afecta el derecho de propiedad, porque los bienes ya no pueden usarse ni gozarse: hablamos de la vivienda, los enseres que la guarecen, vehículos, etc..
• Se afecta el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, al verse obligados a ir a un albergue todas aquellas personas que no tienen sustento familiar o de dinero para una solución mas razonable. No hay vida afectiva o sexual alguna en esas condiciones.
  
• Se afecta la libertad de trabajo de todos aquellos que obtienen su ingreso a través de un esfuerzo remunerado.
  

Una orden de no innovar no puede provocar este tipo de efectos tan drásticos y a tanta gente. Es más, el Tribunal de Alzada cuando ha fallado recursos de protección -donde este mismo abogado ha sido apoderado- y en donde normalmente se ha abstenido de otorgar fuerza pública para cumplir los fallos, siguiendo el criterio de la Corte Suprema en este sentido.

O sea, si para cumplir un fallo de protección que ordene restituir un inmueble, eliminar un cerco o situaciones similares, la Corte de Apelaciones no tiene imperio, según ella misma ha resuelto de manera sistemática, no entendemos como ahora sí tiene imperio para afectar las garantías constitucionales de más de 5 mil personas. No nos parece consistente desde el punto de vista de la juridicidad.


De acuerdo con la Constitución existe una sola forma de afectar de manera masiva las garantías constitucionales, esto es, a través de un estado de EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

En efecto, traigo a colación las normas que rigen la materia:

"Estados de excepción constitucional

Artículo 39 .- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República , determinando la zona afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 43 inciso 3º
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada".

A su vez tenemos otra normativa que rige claramente el caso de autos:

"LEY No. 18.415

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Artículo 1º.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece.

Artículo 6º.- Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.

Artículo 7º.- Para los mismos efectos señalados en el artículo 5° de esta ley, durante el estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5° (1.- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción; 4.- Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; 5.- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros);

2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes;

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público;

5) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública;

6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población;

7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y

Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal".



EN SÍNTESIS:

Por tratarse de una materia gravísima, mas ahora cuando se habla de congelar la entrada a Chaitén por 3 meses, es que nuestra orden debe levantar la voz jurídica en este asunto.

Si hay razones para la evacuación, cada vez mas débiles, debe usarse la Constitución, que contempla mecanismos parlamentarios de control. Un recurso de protección, vago e impreciso, sin control ulterior, es un atentado al Estado de Derecho.

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Dirección del Trabajo no puede interpretar contratos y obligar al dueño de la obra a celebrar contratos con empleados de un contratista

Santiago, doce de mayo del año dos mil ocho.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción de sus fundamentos noveno, décimo y duodécimo a décimo sexto, que se suprimen.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE:

1°) Que la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Salvador, ha deducido esta acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, III Región de Atacama y de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral -cuyos fundamentos y proposiciones aparecen resumidos en el considerando primero del fallo apelado, que se ha dado por reproducido- imputándoles ilegalidad y arbitrariedad en la adopción de las medidas que se consignan en la denominada "Acta de Constatación de Hechos en Fiscalización de la Ley N° 20.123 (Trabajo en Régimen de Subcontratación)", con lo que se agravian las garantías fundamentales cuyo legítimo ejercicio le reconoce el artículo 19 n°3 inciso cuarto, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República;

2°) Que la acción de protección -también llamada recurso protección- instituida en el articulo 20 de la Carta Política es un instrumento cautelar que ésta pone a disposición de quien sufra, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos fundamentales que la misma norma enuncia, habilitándolo para acudir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que, haciendo uso de sus potestades conservadoras, adopte las providencias inmediatas destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurarle debida protección;

3°) Que, enfrentadas a la acción interpuesta en su contra, las mencionadas autoridades administrativas han planteado, como cuestión previa de admisibilidad, que el acto suscrito por ellas, con la denominación "Acta de Constatación de hechos en fiscalización de la Ley n° 20.123 (trabajo en régimen de subcontratación)" constituye una actuación preparatoria o de trámite, una simple constatación de hechos inserta dentro de un procedimiento de fiscalización, que no reviste la naturaleza ni posee las características de un acto administrativo terminal o decisorio, en el que se manifieste la voluntad de producir un determinado efecto o consecuencias jurídicas; lo que hace improcedente su impugnación por medio de dicho arbitrio cautelar;

4°) Que, sin embargo, la lectura del acta en cuestión pone de manifiesto que en ella se contienen dos decisiones de evidente sentido jurídico, puesto que, por una parte, considera al dueño de la obra, empresa o faena -esto es, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile- como empleadora de los trabajadores comprendidos en el proceso de fiscalización; y, por la otra, conmina a la mencionada empresa para que, dentro de un plazo de 15 días, contados desde la fecha de la notificación del acto inspectivo, "corrija el régimen legal fiscalizado", bajo apercibimiento de aplicación de multas;

5°) Que los antecedentes enunciados sugieren a estos sentenciadores dos órdenes de consideraciones.

La primera de ellas estriba en que la naturaleza jurídica de un determinado acto se define por sus rasgos esenciales y por los efectos o consecuencias que de él emanan y no por el nombre o denominación que le sean atribuidos por quienes lo emiten.

A partir de esta premisa, la llamada "acta de constatación de hechos", más que una mera comprobación o certificación de situaciones fácticas preexistentes -idónea para emplearse como medio de prueba con miras a adoptar una decisión posterior en los términos previstos por el artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social- configura intrínsecamente una resolución que acarrea, como ya se insinuó en el fundamento anterior, una profunda transformación en el régimen de contratación de Codelco y de su empresas contratistas, en cuanto, al estimarse a la primera como la auténtica empleadora de los trabajadores de éstas últimas -y obligarla a corregir el régimen existente sobre la materia- se le está ordenando, en la práctica, contratar a esos trabajadores, desconociéndose con ello el vínculo contractual que los liga con las contratistas, el que, como resultado de semejante determinación, quedaría extinguido y lo propio habría de ocurrir con los contratos sobre prestación de servicios pactados entre Codelco y esas mismas empresas contratistas.

Enseguida, cabe consignar que, para los efectos de apreciar la procedencia de la acción cautelar formulada en autos, no importa tanto centrar el interés en la naturaleza -preparatoria o terminal- del acto que se impugna, cuanto en su condición de ser antijurídico e idóneo para causar agravio, en grado de privación, perturbación o amenaza a derechos o garantías fundamentales cuyo legítimo ejercicio se resguarda por medio de dicho mecanismo de amparo, instituido en el antes citado artículo 20 de la Constitución Política de la República;

6°) Que el acto administrativo cuestionado, concebido en los términos sucintamente descritos con anterioridad, desborda el marco de atribuciones que a la autoridad recurrida le asignan los artículos 476 del Código del Trabajo y 1 del mencionado D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social "Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo- en materia de fiscalización del cumplimiento e interpretación de la normativa laboral e incursiona derechamente en el ámbito de la interpretación de los contratos de trabajo convenidos entre los trabajadores y la empresa contratista -actividad que, por lo demás, sólo cabe desarrollar cuando las expresiones empleadas por las partes en la redacción de las estipulaciones resultan obscuras o ambiguas o cuando, no obstante ser claras , no se concilian con la naturaleza del contrato o con la evidente intención que han tenido dichas partes al celebrarlo-, negándoles toda eficacia jurídica y provocando, indirectamente, según antes se expresó, el mismo efecto en los contratos de carácter civil pactados por Codelco con las empresas prestadoras de servicios "para quienes semejantes vínculos contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, constituyen una ley y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causales legales-; materia en la que corresponde conocer y decidir exclusivamente a los juzgados del trabajo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 420, acápite a), del Código del Ramo, que radica en estos tribunales la competencia para resolver las cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos de trabajo;

7°) Que es indispensable hacer hincapié, a propósito de lo precedentemente reflexionado, en que el acto de fiscalización cuya juridicidad se objeta por medio del arbitrio de cautela en análisis no se constriñe a una simple operación orientada a precisar el sentido y alcance de los contratos laborales en cuestión, disponiendo una reordenación de las cláusulas o estipulaciones convenidas, sino que genera un resultado mucho más drástico, en cuanto, por la vía administrativa, los priva de los efectos que les son propios, provocando su extinción, al tiempo que dispone que se celebren otros contratos en su reemplazo;

8°) Que uno de los principios de mayor trascendencia en el Derecho Público -del que se ha dicho que constituye un supra principio, por cuanto de él derivan o nacen otros más específicos que reciben aplicación en otras ramas de esa disciplina jurídica- y que imprime sello al Estado de Derecho moderno es el de la legalidad de la Administración, de acuerdo con cuyos postulados ésta debe sujetar su actividad a las prescripciones del ordenamiento positivo.

El mencionado principio se plasma dentro de nuestra normativa institucional en los artículos 6 incisos 1° y 2° y 7 incisos 1° y 2° de la Carta Fundamental como también en el artículo 2° de la Ley n°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; preceptos cuya claridad conceptual no ofrece margen de duda acerca de la perentoriedad de su mandato.

"Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella" (artículo 6 inciso 1° de la Constitución Política de la República).

"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo" (mismo artículo, inciso 2°).

"Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley" (artículo 7 inciso 1° de la Carta Fundamental).

"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas podrán atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que las que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes" (inciso 2° del mismo precepto).

"Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico" (artículo 2 inciso 1° de la Ley n°18.575);

9°) Que acorde con lo reflexionado en los fundamentos anteriores, resulta inconcuso que la autoridad fiscalizadora ha transgredido la legalidad vigente al pronunciarse con fuerza decisoria respecto de un asunto cuyo conocimiento, por su contenido controversial, era de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales.

El ordenamiento afectado con la actuación administrativa exorbitante está constituido por disposiciones constitucionales y legales.

En efecto, el artículo 76 de la Carta Fundamental establece que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales"

A su turno, el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales, repitiendo lo expresado en la norma constitucional, prescribe que "la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgar las y hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley"

Continuando con este recuento normativo, el artículo 5 del aludido Código dispone: "A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o calidad de las personas que en ellos intervengan"

Por último, y en lo que atañe particularmente a la situación en análisis, se desatendió por los agentes fiscalizadores la norma contemplada por el ya citado artículo 420 del Código del Trabajo, en su apartado a), que confía a los juzgados del trabajo la competencia para conocer las cuestiones derivadas de la interpretación y aplicación de lo contratos individuales o colectivos de trabajo;

10°) Que al calificativo de ilegal que amerita el acto de fiscalización que se censura por Codelco Chile, debido a la falta de acatamiento a la normativa recién señalada, debe sumarse su condición de arbitrario; ello, por haberlo emitido los agentes administrativos, en ejercicio de sus potestades públicas, sin una adecuada fundamentación que le sirviera de apoyo en términos de que la empresa afectada, enterada a cabalidad de las razones que lo motivaron quedase en condiciones de impugnar, en uso del derecho a defensa, una decisión como la que se cuestiona, que agraviaba severamente diversas garantías esenciales -a las que, enseguida, se hará mención-, sin perjuicio de menoscabar, además, derechos también fundamentales de las empresas contratistas -ajenas, por completo, al procedimiento revisor, en el que no intervinieron como partes-, a las que se les desconocen las relaciones contractuales que mantenían con sus trabajadores, considerándose, con designio imperativo, que éstos lo son de la recurrente, al tiempo que se ignora, asimismo, el vínculo que las ligaba con esta última en virtud de los contratos de prestación de servicios pactados entre ellas;

11°) Que de acuerdo con lo que se ha venido razonando, el acto antijurídico emitido por la Dirección del Trabajo y que es objeto de crítica por medio de la acción de amparo formulada en autos, ha transgredido las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 n°3 inciso cuarto, n°16 inciso segundo; 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Ha vulnerado, en efecto, la llamada garantía del juez natural a que se refiere el primero de los preceptos indicados, de acuerdo con la cual, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido por ésta con anterioridad al hecho en que incide el juzgamiento; infracción que en la especie se ha producido al alterarse en los términos descritos la situación contractual de la empresa recurrente.

Por las mismas razones, se ha afectado también el derecho de ésta a la libre contratación que le asiste, al obligársele a contratar los trabajadores de las empresas suministradoras de servicios.

Afecta, asimismo, el acto administrativo de que se trata el derecho de la empresa recurrente a desarrollar la actividad económica propia de su giro.

En fin, agravia dicho acto jurídico -en grado de amenaza- su derecho de propiedad, en cuanto se la obliga a corregir "el régimen laboral fiscalizado", bajo apercibimiento de imponérsele una sanción de índole pecuniaria;

12°) Que resultando, por último, de manifiesto la relación causal existente entre el acto antijurídico realizado por la autoridad administrativa y el menoscabo de los derechos fundamentales a que se ha hecho mención, de los que es titular Codelco Chile, cabe dar por concurrentes en la especie todos los presupuestos requeridos para la procedencia del arbitrio cautelar impetrado por ella, en resguardo de semejantes garantías.

Y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección, se revoca la sentencia apelada de veintinueve de enero último, escrita a fojas 437 y siguientes y se declara que acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 27, debiendo la Dirección del Trabajo de la III Región dejar sin efecto la llamada "Acta de Constatación de Hechos" plasmada en el formulario F8-3, de fecha 4 de diciembre del año 2007, cuya copia rola a fojas 10 de estos autos.

Se previene que el Ministro Sr. Pierry concurre al fallo por las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que como este Ministro ha señalado en sentencias anteriores recaídas en recursos de protección interpuestos contra la Inspección del Trabajo, la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esto parte de la actividad administrativa. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa actividad, en particular para la sanción administrativa, por lo que al hacerlo la Inspección del Trabajo no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República actuando como comisión especial, sino que lo ha hecho en el desempeño de una actividad administrativa.

SEGUNDO:SEGUNDO: Que el control de la legalidad de los actos administrativos por parte del juez, fundamental para el estado de derecho, consiste en examinar la legalidad de los mismos en relación con sus distintos elementos, a saber: forma, competencia, fin, objeto y motivos del acto, siendo el control en relación con los motivos el mas característico del control jurisdiccional pues se refiere al análisis de los hechos que fundamentan el acto administrativo. En relación a los motivos, el juez controla y verifica la existencia de los motivos que sirven de fundamento al acto, la calificación jurídica que de los mismos ha hecho la autoridad, cuando ella sea necesaria para su fundamento; y, eventualmente, la apreciación de los hechos, siendo esto último muy excepcional, pues por principio corresponde a la discrecionalidad administrativa. Es precisamente por ello que la calificación jurídica de los hechos no puede por si sola constituir una ilegalidad, ya que forma parte integrante de la actividad administrativa; pero el error en la misma puede y debe ser controlada por el juez, el que por regla general lo hará en un procedimiento de lato conocimiento en un juicio interpuesto contra la resolución de la Administración, como ocurre, en el caso del Código del Trabajo aplicable a este recurso de protección, en el procedimiento jurisdiccional contemplado en su artículo 474, que debiera ser la vía adecuada para resolver el tipo de asuntos ventilado en este caso; no correspondiendo entonces por el solo hecho de que la autoridad administrativa la haya efectuado, que se acoja un recurso de protección en su contra.

TERCERO: Que la calificación jurídica de los hechos ocurre cada vez que en el procedimiento destinado a la elaboración de un acto administrativo, la autoridad administrativa aplica a un hecho una norma que le sirve de fundamento y que justifica su dictación, o un concepto jurídico indeterminado, por lo que privarla de dicha facultad paralizaría a la Administración e impediría el cumplimiento de su función. Por lo demás, así lo ha entendido la ley cuando; por ejemplo, el artículo 5 número 3 de la ley 17.322 sobre cobranza judicial de cotizaciones indica que la oposición del ejecutado será admisible cuando exista "Errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador", lo que equivale a decir que ella es admisible cuando la Administración ha efectuado un errada calificación jurídica de los hechos.

CUARTO:CUARTO: Que lo anterior tiene particular relevancia, por cuanto la Inspección del Trabajo carece de titularidad para imponer denuncias ante los tribunales, por lo que al prohibirle efectuar la calificación jurídica de los hechos por ser una actividad reservada a los tribunales de justicia, se está despojando de contenido a las normas de protección al trabajador, ya que ningún órgano de control, sea jurisdiccional o administrativo, llevará a cabo dicha calificación, y la eventual conducta transgresora de la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio.

QUINTO: Que no obstante lo anterior, la ilegalidad consistente en el error en la calificación jurídica de los hechos, u otro tipo de ilegalidades, correspondientes a los diversos elementos del acto administrativo, cuando resulten evidentes y acreditados en un proceso cautelar de recurso de protección, como en el presente caso, puede ser conocida y resuelta por esta vía, ya que precisamente esta acción cautelar, como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Corte Suprema, procede cuando resulta indubitado el derecho del recurrente garantizado por la Constitución Política, que se ha visto amagado por un acto ilegal o arbitrario.

SEXTO: Que ello es lo que ocurre en el presente recurso de protección en el que consta, en archivador de documentos agregados a los autos, que la Dirección del Trabajo reconoció la calidad de contratista de la empresas: a- LGP S.A. mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, N° 4463,4699 y 4804 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

b- Empresa Gary González Alarcón, mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4461, 4606, 4785 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

c- GEO Operaciones Ltda., mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4488, 4493 y 4490 septiembre de 2007, N° s 4634 y 4639 periodo octubre de 2007 y N°s 4814, 4802 y 4822 periodo noviembre de 2007;

d- Empresa Pedro y Nelson Prado Páez Ltda., mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4433, 4613, 4734 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

e- Empresa Consorcio Procad LGP Ltda., mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4815, 4587, 4438 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

f- Empresa Consorcio Procad Ingenieros S.A., mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4435, 4584, 4817 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

g- Empresa Egesa Ingeniería S.A., mediante certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales N° 4483, 4494, 4752 periodos septiembre, octubre y noviembre de 2007;

Asimismo, consta a fojas 6 y siguientes que la Dirección del Trabajo reconoció la calidad de contratista de las empresas GEO Operaciones Ltda., Procad Ingenieros Ltda. y Procad LGP Ltda., mediante resoluciones, N° 06/2004 de fecha 19 de febrero de 2004, N° 174 de fecha 30 de noviembre de 2007 y N° 1483 de 30 de octubre de 2006 respectivamente, que autorizan a dichas empresas contratistas para establecer un sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y de descanso de sus dependientes.

SEPTIMO: Que de lo anterior aparece de manifiesto la ilegalidad de la actuación de la Inspección del Trabajo por el error cometido en la calificación jurídica de los hechos al estimar al dueño de la obra, en este caso CODELCO- División El Salvador como empleador de los trabajadores que señala.

OCTAVO: Que la actuación ilegal de la recurrida vulneró únicamente la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, y por lo tanto procede que se acoja el presente recurso de protección.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún y la prevención su autor.

Rol N° 887-2008. Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y el Abogado Integrante señor Arnaldo Gorziglia. No firma el Ministro señor Carreño, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por estar con feriado legal. Santiago, 12 de mayo de 2008.

Autorizado por la Secretario suplente de esta Corte Sra. Beatriz Pedrals García de Cortázar.

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Fallo similar de la misma Sala y fecha, AQUÍ.

Se alce orden de no innovar - Objetivo: rescatar mascotas de Chaitén

Se presento esto el día de hoy lunes 12 de mayo de 2008.

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte y pide se alce orden de no innovar; en subsidio, se aclare.
OTROSI: En subsidio, declaración que indica.

I. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA, abogado, con domicilio en Concepción 120, piso 8, Puerto Montt, en autos sobre recurso de protección "Intendente X Región contra personas desconocidas", rol 102-2008, a S.S.I. digo:

1.- El art. 19, Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile señala lo siguiente:

"Capítulo III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República , trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes";

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2.- Este recurso de protección se sustenta en que personas indeterminadas, residiendo en Chaitén al día 7 de mayo de 2008, estarían afectando contra su propia vida, porque supuestamente estarían en riesgo por una erupción volcánica.

Pues bien, la autoridad política de la República no puede pretender suplantar las herramientas legales que posee y utilizar los instrumentos constitucionales, por muy loables que sean sus fines, afectando claramente las garantías constitucionales de los habitantes de Chile.

En efecto, ante un teórico peligro en que estarían los habitantes de Chaitén y en defensa el derecho a la vida y a la integridad física de sus habitantes, se ha afectado con este recurso de protección y en particular con la orden de no innovar (ONI), la garantía constitucional ya descrita más arriba. Es decir, frente a una afectación potencial de una garantía, se limita totalmente el goce de otra garantía. Y lo que es más grave, se afecta la garantía de un número indeterminado de personas, lo que la autoridad administrativa ha interpretado como afectando la libertad personal de todos los chilenos, salvo los que ella misma autorice.

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3.- De acuerdo con la Constitución existe una sola forma de afectar de manera masiva las garantías constitucionales, esto es, a través de un estado de EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

En efecto, traigo a colación las normas que rigen la materia:

"Estados de excepción constitucional

 

Artículo 39 .- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República , determinando la zona afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 43 inciso 3º
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada".

A su vez tenemos otra normativa que rige claramente el caso de autos:

"LEY No. 18.415

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Artículo 1º.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece.

Artículo 6º.- Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.

Artículo 7º.- Para los mismos efectos señalados en el artículo 5° de esta ley, durante el estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5° (1.- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción; 4.- Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; 5.- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros);

2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes;

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público;

5) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública;

6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población;

7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y

Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal".

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4.- Por otro lado, desde el punto de vista formal, el recurso nos merece cuestionamientos. Resulta imposible poder hablar de acción ilegal o arbitraria que afecte una garantía si en el recurso no se individualiza a él o los recurridos, por cuanto las acciones ilegales o arbitrarias son cometidas por personas, no se producen solas.
Esa vaguedad no solo es muy rara verla en un recurso de protección que pase la barrera de la admisibilidad, sino que se presta para abusos por parte de la autoridad recurrente, quien es precisamente la encargada de cumplir la ONI.
Normalmente una parte recurrente no es la misma que debe cumplir con fuerza pública una ONI; en este caso se da la situación paradojal de que la propia recurrente pide la orden, la recibe, la tramita, informa y la cumple, manu militare, según la interpretación que ella misma le de. Es decir, se da el caso preciso de dejar en el mayor desamparo a la ciudadanía, dado el gran poder que el ejecutivo tiene en un régimen presidencial como el chileno.
Cuando la ley ha querido dar ese tipos de facultades, tremendas facultades, hace intervenir al Congreso Nacional, como se indica más arriba, al tratar la Constitución acerca de los Estados de Excepción Constitucional.
Por otro lado, el otro poder del estado, el Poder Judicial, es el llamado a controlar y limitar los excesos del Poder Ejecutivo. En este caso se han cometido tales excesos, porque se ha impedido que personas ajenas al recurso, que no son parte del mismo, vean limitada la garantía constitucional del art. 19, Nº 7 de la Constitución Política, que asegura a todos "el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República y de trasladarse de uno a otro".

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5.- En lo concreto, este abogado necesita ir a Chaitén, como muchas otras personas, por los motivos que sean (en Chile no existe ley que obligue a la gente a decir por qué quiere trasladarse de una localidad a otra) y la autoridad administrativa de Chile lo impide, basado en la orden de no innovar decretada en esta causa.
Este abogado no pretende atentar contra su propia vida ni afectar garantía constitucional alguna.

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6.- Hago presente que como nadie ha determinado todavía quién es parte o no de este recurso, dada la vaguedad ya denunciada, el suscrito estima que la I. Corte de Apelaciones no podría negarme la calidad de parte y afectada, porque ya he manifestado que no puedo ingresar a Chaitén, pese a desear hacerlo.

EN DICHA VIRTUD, y partiendo de la base que soy parte en este recurso, y por ende recurrido, porque esa es la interpretación que le ha dado el recurrente, la autoridad política de Chile y Carabineros de Chile (que para efectos de este recurso fungen como una sola y misma parte)
A S.S.I. PIDO, ordene levantar dicha orden de no innovar de manera absoluta, por no individualizarse correctamente al o los recurridos y porque afecta la garantía del art. 19, Nº 7 de la Constitución; en subsidio, para que declare que dicha ONI no afecta al suscrito, quien no está impedido de ingresar a Chaitén.

OTROSÍ: En el improbable evento de estimar S.S.I. que el suscrito no es parte en esta causa, POR NO SER RECURRIDO, solicito lo siguiente:
Se declare derechamente que el suscrito no es parte en esta causa. Con esta declaración quedaría procesalmente establecido que, por no ser parte, no soy recurrido y, como consecuencia de ello, quedo automáticamente facultado para poder ingresar a Chaitén cuando yo lo estime pertinente y por las razones que yo estime pertinentes.






MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://aucia.cl
Puerto Montt

Cesión de derechos hereditarios. Condición de heredero, derechos y obligaciones .

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil ocho.
 
Vistos:
En estos autos rol N ° 57.481, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Rengo, procedimiento en juicio ordinario, caratulado ?Morales Cornejo, Juan Bautista con I. Municipalidad de Rengo?, don Juan Bautista Morales Cornejo interpuso demanda de inoponibilidad en contra de la I. Municipalidad de Rengo. Funda su demanda señalando que es dueño del inmueble denominado Local A-Siete del Mercado Municipal ubicado en calle Elicura, entre las calles Colo Colo y San Martín, de la comuna de Rengo, el que adquirió por haber comprado la totalidad de los derechos hereditarios quedados al fallecimiento de su antiguo dueño don Orlando Jesús Herrera Migueles y la totalidad de gananciales de su cónyuge sobreviviente, doña María Teresa Miranda Gálvez, en virtud de la escritura pública de cesión de derechos hereditarios de 1° de febrero de 2.002 mediante la cual compró los mencionados derechos a don Enzo Franco Ferrari Ríos, quien a su vez los compró a doña María Teresa Miranda Gálvez, mediante escritura pública de 17 de diciembre de 2.001. Expone que el inmueble singularizado lo adquirió don Orlando Jesús Herrera Migueles a la I. Municipalidad demandada, mediante escritura pública de 10 de diciembre de 1984, título que se inscribió a fojas 761 N° 613 del año 1985 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo y que en los autos Rol N° 53.581 caratulados I. Municipalidad de Rengo con Ferrari San Martín, Fermín, la Municipalidad demandó al señor Ferrari San Martín en un juicio sumario de resolución de contrato de compraventa en virtud del cual, el demandado le había comprado a la municipalidad el Local A-Ocho del mismo mercado Municipal, extrañamente, expresa, en dicho procedimiento se señaló que el demandado San Martín era dueño tanto del Local A- Ocho como del Local A- Siete, en circunstancias que este último era de dominio de don Orlando Jesús Herrera Migueles. Afirma que la sentencia dictada en el expediente Rol N° 53.581, en el que don Orlando Jesús Herrera Migueles nunca fue parte, se declaró la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la I. Municipalidad de Rengo y don Fermín Ferrari San Martín, sin que nadie notara que el Local A- Siete no se encontraba inscrito a nombre del allí demandado sino que a nombre de don Orlando Jesús Herrera Migueles, puesto que Ferrari sólo compró el local A- Ocho. En dicho procedimiento, en la etapa de cumplimiento del fallo, el actor pidió se cancelara la inscripción de dominio que figuraba a nombre del comprador Fermín Ferrari San Martín citando la inscripción que amparaba tanto el dominio del demandado como de don Orlando Jesús Herrera Migueles y que corresponde al Local A-Siete. Estima que lo más reprochable es que el Tribunal accedió a la petición del actor sin siquiera solicitar las copias de las inscripciones de dominio, lo que habría evitado el error de cancelar la inscripción de un inmueble de dominio de un tercero. Expone que con posterioridad, la municipalidad demandó judicialmente a don Enzo Ferrari Ríos (expediente Rol N ° 55.788), obteniendo del Tribunal una sentencia que ordenó la restitución del Local A-Siete encontrándose éste actualmente en poder de la demandante, I. Municipalidad de Rengo. Agrega que todo lo obrado en los juicios Rol N °s 53.581 y 55.788 le es inoponible en su calidad de sucesor de don Orlando Jesús Herrera Migueles, a quien también le fue inoponible lo actuado en esos autos.
Indica que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° inciso segundo del Código Civil, las sentencia judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren, por ello en su calidad de sucesor de los derechos de los derechos de don Orlando Jesús Herrera Migueles como cesionario de sus derechos hereditarios y de los derechos de gananciales de su cónyuge sobreviviente, le es inoponible lo obrado en el Rol N°53.581. Afirma que la posesión efectiva de los bienes de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles le fue concedida el 28 de febrero de 2.005.
Solicita se declare: 1. Que en su calidad de cesionario de los derechos hereditarios de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles y de cesionario de los derechos a gananciales de su cónyuge sobreviviente, le es inoponible todo lo obrado en los autos Rol N° 53.581, caratulados ?I. Municipalidad de Rengo con Ferrari San Martín, Fermín? del Primer Juzgado Civil de Rengo.2.que en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la cancelación ordenada en esos autos respecto de la inscripción del Local A-Siete de fojas 761 N° 613 del año 1985 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, por lo que retomará pleno vigor dicha inscripción a nombre de don Orlando Jesús Herrera Migueles.3.Que la I. Municipalidad de Rengo debe restituirle el inmueble, Local A-Siete y; 4. Que la demandada debe ser condenada en costas. Contestando la demanda, la parte demandada expresa que la Corporación Edilicia en mayo de 1997 inició un juicio sumario de resolución de contrato en contra de don Fermín San Martín, respecto de dos inmuebles contiguos existentes en el mercado municipal, esto es, Lotes A 7 y A 8. En dichos juicios y en atención a que el local A 7 nunca se pagó, se declaró resuelto el contrato por sentencia ejecutoriada.
Refiere que el demandado jamás discutió el dominio sobre el local A 7 del cual era poseedo r, puesto que el señor Ferrari San Martín lo ocupaba y una vez que falleció lo siguió ocupando su hijo, don Enzo Ferrari Ríos, contra quien se dirigió la acción de comodato precario. Sostiene que a fin de seguir las acciones en contra del señor Ferrari por el Local A 7, éste exhibió un contrato de compraventa celebrado con don Orlando Jesús Herrera Migueles el 7 de octubre de 1986, contrato en el que compareció la demandante autorizando la enajenación en su calidad de acreedor y aceptando al comprador como nuevo deudor y la cónyuge del señor Herrera, doña Teresa Miranda Gálvez; señala que dentro del precio pactado se consideró la deuda que el señor Herrera Migueles mantenía con la I. Municipalidad, deuda que asumió pagar el comprador y demandado señor Ferrari. En atención a que ambos vendieron al señor Ferrari San Martín el Local A 7, ningún derecho tenían sobre el local referido. Añade que el señor Ferrari San Martín se comportaba como propietario y como tal, suscribió con el municipio convenios de pago respecto de la deuda los locales y que en el contrato de compraventa celebrado entre los señores Herrera y Ferrari San Martín, este último asumió la deuda existente con el municipio transformándose en deudor del municipio por dicho concepto, en sustitución del primitivo deudor y al no solucionar la deuda, según lo dispuesto en la cláusula sexta letra b) del contrato, éste se resolvió concluyendo con la cancelación de la inscripción y retornando al patrimonio del municipio, lo que se decidió por sentencia ejecutoriada.
En seguida, el demandado expresa que su parte desconoce el dominio invocado por el actor sobre el local A 7, pues ningún derecho tenía don Orlando Jesús Herrera Migueles ni su cónyuge doña María Teresa Miranda Gálvez, de quienes adquirió el señor Ferrari, quien posteriormente vendió, cedió y transfirió al demandante don Juan Bautista Morales Cornejo. Luego desconoce el dominio que invoca el actor, ya que ningún derecho tenían sus anteriores vendedores sobre el local. Señala que para el caso improbable que se acoja la demanda se mantenga vigentes las hipotecas y prohibiciones que afectaban al inmueble establecidas a favor de la municipalidad y que no se de lugar a la restitución del predio pues no se ha deducido acción rei vindicatoria. Por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, complementada por resolución de siete de septiembre de dos mil seis, escritas a fojas 153 y 188, el juez titular del mencionado Tribunal hizo lugar en parte a la demanda interpuesta a fojas 12 y en consecuencia, declaró inoponible al demandante lo obrado en el Rol N° 53.581 del mismo juzgado, caratulada Ilustre Municipalidad de Rengo con Fermín Ferrari San Martín?, dejándose sin efecto la cancelación de la inscripción de fojas 761 N ° 613 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985 y la cancelación de las hipotecas y gravámenes que aseguraban el pago del precio de compraventa, establecidas a favor de la I. Municipalidad de Rengo, en relación al Local A Siete. Del mismo modo se rechazó la solicitud de restitución de la propiedad, por no encontrarse el inmueble sub lite a nombre del actor.
Apelado este fallo, una Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil seis, que se lee a fojas 208, la confirmó, con declaración de que la negativa a la solicitud de
  restitución se fundamenta exclusivamente en el motivo noveno del fallo de alzada. En contra de esta última sentencia, el ejecutante deduce recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la recurrente sostiene que la sentencia impugnada ha sido dictada con infracción de los artículos 1097, 1700, 1545, 1560, 1489, 1487 y 578 del Código Civil, según se pasa a explicar: Sostiene que los jueces del fondo reconocen, aplicando el artículo 1097 del Código Civil, que el actor, en cuanto sucesor del causante señor Herrera, se encuentra en la misma situación jurídica que éste con respecto al inmueble y a continuación dice que es indudable que lo obrado en el juicio 53.581 le es inoponible al actor, de este modo estima que se hace una aplicación parcial de la mencionada disposición pues el sentenciador reconoce por una parte que el actor es sucesor del causante y se encuentra en la misma situación jurídica de éste respecto del inmueble pero por otra, aplicando el mismo criterio debió entender que los efectos del contrato de compraventa del señor Herrera al señor Ferrari le eran oponibles, ya que en virtud del artículo 1097 citado, el demandante pasó a ocupar el lugar jurídico del señor Herrera, en virtud de la cesión de derechos hereditarios. Agrega que al ser el señor Herrera suscriptor de los acuerdos contenidos en tal escritura, ellos le eran oponibles al actor por imperio del artículo 1700 del Código Civil. Señala que si el señor Herrera consintió en transferir el inmueble y a cambio de ello recibió una cantidad de dinero y dejó de ser deudor de la I. Municipalidad de Rengo, por una correcta aplicación de los artículos 1097 y 1700 del Código Civil, dicha actuación le era oponible al actor. Resulta también infringido el precepto antes citado, en cuanto establece que las declaraciones contenidas en un instrumento público hacen plena fe- son oponibles- en contra de los declarantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos por título universal. A continuación afirma que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, norma que en virtud de lo que disponen los artículos 1097 y 1700 del mismo estatuto jurídico, es aplicable al sucesor a título universal de quien celebró dicho contrato. En ese sentido, sostiene que si el contrato de compraventa celebrado por escritura pública por el señor Herrera era una ley para él, lo es también para sus sucesores. El fallo incurre también en error de derecho, sigue el recurrente, al dejar de aplicar el artículo 1560 del Código Civil, al no considerar que la intención del Sr. Herrera al suscribir la escritura de 7 de octubre de 1986 claramente expresada en ella, era vender, ceder y transferir el local en cuestión y desligarse de la deuda que tenía con la municipalidad demandada. La sentencia también incurre en error de derecho, argumenta el recurso, al exigir que el señor Herrera fuera emplazado, vulnerándose con ello los artículos 1489 y 1487 del Código de Bello y se producen tales infracciones, por que la acción resolutoria es personal, ya que se dirige contra el deudor incumplidor y don Orlando Jesús Herrera Migueles no era evidentemente deudor del municipio, pues en virtud de la escritura de 7 de octubre de 1986 se liberó de la deuda y la asumió don Fermín Ferrari San MartíLa sentencia también incurre en error de derecho, argumenta el recurso, al exigir que el señor Herrera fuera emplazado, vulnerándose con ello los artículos 1489 y 1487 del Código de Bello y se producen tales infracciones, por que la acción resolutoria es personal, ya que se dirige contra el deudor incumplidor y don Orlando Jesús Herrera Migueles no era evidentemente deudor del municipio, pues en virtud de la escritura de 7 de octubre de 1986 se liberó de la deuda y la asumió don Fermín Ferrari San Martín, lo que hacía improcedente emplazarlo de una acci 3n personal por una deuda que no tenía, vulnerándose también el artículo 587 del Código Civil, al pretender los sentenciadores que el derecho se reclame de una persona determinada que no ha contraído la obligación correlativa por un hecho suyo o por disposición de la ley.
Señala que de haberse aplicado correctamente las normas violentadas se habría concluido que lo obrado en la causa Rol N° 53.581 es oponible al actor. SEGUNDO: Que en la sentencia impugnada los jueces de la instancia dieron por establecido como hechos de la causa: a) Que don Juan Bautista Morales tiene desde el 1 de febrero de 2.002, la calidad de cesionario de derechos hereditarios en la sucesión de Orlando Jesús Herrera Migueles, quien adquirió dichos derechos de Enzo Ferrari Ríos, el que a su vez los adquirió de María Teresa Miranda Galvez, ocurriendo lo mismo respecto de los gananciales de ésta, los que también fueron cedidos. b) Que el actor es único titular de un derecho real de herencia, que incluye en su haber los derechos que el causante tuviera en el inmueble denominado Local A 7 del mercado municipal de Rengo. Luego, en cuanto sucesor está en la misma situación jurídica de su causante, con relación a ese inmueble. TERCERO: Que, para un adecuado análisis de los errores de derecho que se denuncian, útil resulta tener presente los siguientes antecedentes: a) Por escritura pública de 10 de diciembre de 1984, don Orlando Jesús Herrera Migueles compró a la I. Municipalidad de Rengo el inmueble consistente en la propiedad denominada Local A-7 del Mercado de Rengo, el inmueble se inscribió a fojas 761 N° 613 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985. b)  Por escritura pública de compraventa de siete de octubre de 1986, don Orlando Jesús Herrera Migueles autorizado por su cónyuge, doña María Teresa Miranda Gálvez, vendió a don Fermín Ferrari San Martín el Local A 7. En dicha escritura compareció también don Víctor Nicoletti Margozzini en su calidad de alcalde y en representación de la I. Municipalidad de Rengo. Consta de la cláusula tercera del mencionado instrumento que el comprador se hizo cargo del pago de los dividendos mensuales a la I. Municipalidad mencionada a contar de septiembre de 1986 y que corresponde al saldo de precio de compraventa que hizo el vendedor del mismo local, ello derivado de la adquisición del local por parte del señor Herrera a la entidad edilicia cuya deuda ascendía a $182.410, valor que hizo suyo el comprador. Don Víctor Nicoletti Margozzini autorizó la celebración del contrato de compraventa, alzó la hipoteca constituida por el vendedor para garantizar el saldo de precio adeudado a la I. Municipalidad de Rengo y se acordó constituir una nueva hipoteca y prohibición de gravar y enajenar sobre el local, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en cuanto se refiere al pago del saldo de precio adeudado a la municipalidad. En la cláusula sexta el comprador (señor Ferrari) hizo suyas las obligaciones y aceptó, demás las estipulaciones contenidas en el contrato de compraventa suscrito entre el señor Orlando Jesús Herrera Migueles y la I. Municipalidad de Rengo de 10 de diciembre de 1984. Se establece en dicho documento que la mora en dos cuotas consecutivas o tres alternativas, dará lugar a la acreedora para optar por solicitar la resolución del contrato. c)  Mediante escritura pública de 17 de diciembre de 2.001 doña María
Teresa Miranda Gálvez, en su calidad de única heredera e interesada en la herencia intestada de don Orlando Jesús Herrera Migueles vende, cede y transfiere a don Enzo Ferrari Ríos, quien compra y adquiere para sí la
totalidad de los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles. Se incluyen en la cesión los derechos que le corresponden a la cesionaria en el local A 7 del Mercado Municipal de Rengo. d) Por escritura pública de 1° de febrero de 2.002 don Enzo Ferrari Ríos vende, cede y transfiere a don Juan Bautista Morales Cornejo, demandante, quien acepta y adquiere para sí la totalidad de los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia intestada quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles. Se incluyen en la cesión los derechos que le corresponden a la cesionaria en el local A 7 del Mercado Municipal de Rengo. e) Según certificado de posesión efectiva emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, con fecha 28 de febrero de 2.005 se concedió la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles a don Juan Bautista Morales Cornejo en calidad de cesionario de doña María Teresa Miranda Gálvez. f) Ante el incumplimiento de don Fermín Ferrari San Martín en el pago del precio de venta del local A 7 la I. Municipalidad de Rengo demandó la resolución del contrato de compraventa. Por sentencia recaída en el expediente Rol N° 53.851 del Primer Juzgado Civil de Rengo, caratulado I. Municipalidad de Rengo con Ferrari se declaró la resolución del contrato de compraventa celebrado respecto del local A 7 del Mercado Municipal de Rengo y en virtud de dicho fallo se canceló la inscripción de dominio que rola a fojas 784 N° 637 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985, que amparaba la posesión de don Orlando Jesús Herrera Migueles, cobrando vigor la inscripción de la I. Municipalidad de Rengo.
g) Del expediente Rol N° 55.788 consta que la I. Municipalidad de Rengo inició demanda de precario en contra de don Enzo Ferrari Ríos, para obtener la restitución de los locales A 7 y A 8, la que fue acogida por sentencia ejecutoriada de 29 de marzo de 2.004. CUARTO: Que en consecuencia, la cuestión que se plantea en el recurso es discernir si, en la especie de que se trata, se incurrió en error de derecho al declarar los jueces del fondo que al actor- cesionario de derechos hereditarios- le es inoponible la sentencia dictada sobre resolución de contrato de compraventa en la que no fue parte. QUINTO: Que nuestro ordenamiento jurídico regula la cesión de derechos hereditarios en los artículos 1909 y siguientes del Código Civil. Como es sabido, la herencia es un derecho real que comprende la totalidad de los derechos y obligaciones transmisibles del causante o una parte o cuota de ellos, según estemos ante un heredero universal o ante herederos de cuotas. Se puede decir que es el patrimonio del causante en manos de sus herederos. Es por tanto un derecho universal y al igual que el patrimonio, forma un todo independiente de los elementos que lo componen.
En la cesión del derecho de herencia se cede las consecuencias patrimoniales que resultan de la calidad de heredero. Por eso, la cesión del derecho real de herencia propiamente tal puede definirse como la cesión o transferencia a título oneroso que el heredero hace del todo o parte de su derecho de herencia a otra persona. El cesionario debe tomar o adquirir el derecho de herencia en toda su amplitud y cargar también con la participación que le quepa en el pasivo, vale decir, con las obligaciones y gravámenes que a su cuota hereditaria le corresponda; y si el cedente hubiere pagado alguna deuda o carga hereditaria, el cesionario deberá reembolsarle los costos necesarios y prudenciales.
En consecuencia, en nuestro derecho el cesionario del derecho de herencia adquiere todos los derechos que tenía el heredero cedente y al mismo tiempo toma a su cargo todas las obligaciones que pesaba sobre éste en razón de la herencia.
SEXTO: Que en el expediente Rol N° 53.581 la I. Municipalidad de Rengo, en cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de compraventa celebrado el 7 de octubre de 1986 y ante la mora del comprador ? señor Ferrari- quien en su calidad de tal asumió las obligaciones del vendedor, señor Herrera para con la I. Municipalidad, demandó y obtuvo la resolución del contrato de compraventa.
SEPTIMO: Que tal como lo establecieron los jueces del mérito el actor desde el uno de febrero de dos mil dos, tiene la calidad de cesionario de derechos hereditarios en la sucesión de Orlando Jesús Herrera Migueles, por lo que al adquirir los derechos y acciones que se derivan de la condición de heredero del cedente, contrajo también las obligaciones correlativas a esos derechos y acciones, en este caso la de cumplir las obligaciones del contrato de compraventa. En efecto, la cedente, cónyuge sobreviviente del señor Herrera Morales pasó a ocupar, en su carácter de heredera, el lugar de éste último en el contrato y le transmitió al cesionario todos sus derechos y obligaciones transmisibles.
OCTAVO: Que en un contrato deben ser considerados como partes los contratantes, ya hayan actuado por sí o por medio de mandatario o representantes legales. Asimismo, deben incluirse como partes los sucesores a título universal. Estos últimos confunden su personalidad patrimonial con la del causante, son entonces acreedores y deudores de todo lo que era de aquél, a l ser continuadores de la persona del difunto. Luego, en el contrato cuya resolución se demandó en el expediente Rol N° 53.851, existieron dos contratantes, por una parte, la I. Municipalidad de Rengo y por otra, don Orlando Jesús Herrera Migueles, María Teresa Miranda Gálvez, Fermín Ferrada y/o Juan Bautista Morales Cornejo. En efecto, la señora Miranda Gálvez puede estimarse como parte en su calidad de única heredera de don Orlando Herrera Migueles, el señor Ferrada en calidad de comprador y al haber asumido las obligaciones del vendedor señor Herrera para con la Municipalidad ya citada y; finalmente, el actor en calidad de cesionario de los derechos hereditario del señor Herrera.
NOVENO: Que atendido lo antes concluido, resulta forzoso afirmar que al haber suscrito el señor Herrera los acuerdos contenidos en la escritura de compraventa de 7 de octubre de 1986, ellos le eran oponibles al actor por imperio del artículo 1700 y 1545 del Código Civil y si dicho contrato era una ley para el señor Herrera, lo era también para sus sucesores. Luego, encontrándose estos en situación de incumplimiento respecto del contrato cuya resolución se demandó por la Municipalidad de Rengo, los efectos del mencionado fallo evidentemente les alcanzan en su calidad de continuadores del patrimonio del causante. DECIMO: Que entonces los jueces del mérito al declarar que la sentencia dictada en el Rol N° 53.581, le es inoponible al actor han cometido error de derecho al infringir los artículos 1545 y 1700 del Código Civil; error que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de esta sentencia, lo que llevará a esta Corte a acoger la nulidad de fondo deducida.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo, deducido en lo principal de la presentación de fojas 216, por el abogado señor Carlos Seguel Pelayo en representación de la demandada I. Municipalidad de Rengo, en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil seis, que se lee a fojas 208, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.  
Redacción a cargo del ministro señor Se rgio Muñoz Gajardo.
N° 6329-06.
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Carlos Kunsemüller L. y Abogado Integrante Sr. Hernán Álvarez G.
No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.    Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brummer
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Santiago, veinticuatro de enero de dos mil ocho.

En cumplimiento de lo resuelto en el fallo de casación que antecede y lo que dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil , se procede a dictar la sentencia que corresponde de conformidad con la ley. VISTOS: Se reproduce la sentencia de primera instancia, previa eliminación de sus motivos noveno y décimo. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

1°.-Que corresponde tener en consideración los razonamientos efectuados en los fundamento quinto a noveno del fallo de casación que antecede.

2°.-Que teniendo presente el principio de inexcusabilidad judicial consagrado en el inciso tercero del artículo 73 de la Carta Fundamental y 10 del Código Orgánico de Tribunales, conforme al cual requerido que sea un Tribunal, éste no podrá excusarse de ejercer jurisdicción ni aún a pretexto de no existir norma respecto del asunto, esta Corte se ve obligada a resolver la cuestión sometida a su conocimiento, no obstante la inexistencia de norma que lo resuelva tanto en el aspecto sustantivo como procedimental.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 160 y 186 del Código de Procedimiento Civil; se revoca la sentencia apelada de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, que se lee a fojas 153 y en su lugar se declara:

a) Que se rechaza la demanda deducida en lo principal de fojas 12, por don Juan Bautista Morales Cornejo. b) Que no se condena en costas al actor, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.   Regístrese y devuélvase con su agregado.
Redacción a cargo del ministro señor Sergio Muñoz Gajardo.
N° 6329-06.-
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Carlos Kunsemüller L. y Abogado Integrante Sr. Hernán Álvarez G.
No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.    Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brummer.