Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintidós.
Al escrito folio 74522-2022: a lo principal y otrosí, téngase presente y por
cumplido con lo ordenado.
Vistos
Se reproduce la sentencia apelada, suprimiéndose de su texto los
fundamentos 4°, 5° y 6°.
Y se tiene, además, presente:
Primero: Que, para resolver acertadamente la controversia, resulta útil tener
presente que “la pena es la sanción legal establecida como consecuencia de la
perpetración de un delito, que consiste en la privación o restricción de bienes
jurídicos del delincuente, impuesta por sentencia judicial ejecutoriada, luego de un
debido proceso, y cuya ejecución queda entregada desde el punto de vista de su
forma, a la ley.” (Ortiz-Arévalo, “Las consecuencias jurídicas del delito”, Edit. Jdca.,
2013, p.17.)
Segundo: Que, de acuerdo a conocidas reglas constitucionales y legales, la
pena con que un delito ha de ser castigado debe estar establecida en una ley con
anterioridad a la perpetración del hecho, sin perjuicio de las alteraciones favorables
o beneficiosas para el responsable, fruto de leyes posteriores.
Tercero: Que, en la especie, el amparado fue condenado a una pena
privativa de libertad de cinco años y un día como autor del delito de violación
impropia, en que ha mantenido una conducta sobresaliente, siendo postulado a la
reducción de condena bajo parámetros que estaban vigentes en dicha oportunidad y
que fueron los mismos que consideró la Comisión respectiva para decidir privativa y
administrativamente rebajarla, quedando así el cumplimiento para un tiempo
sustancialmente anterior, sin que ese organismo dejara constancia de objeciones al
otorgamiento del beneficio.
Cuarto: Que, lo que se pretende ahora por la recurrida es aplicar a su
proceso, que ya estaba así definido, una normativa nueva, que no sólo es posterior a
tal resolución, sino que además torna más gravosa la situación del amparado desde
que priva de todo efecto a lo resuelto por el órgano técnico llamado a resolver en
específico, manteniéndolo en cambio privado de su libertad.
Quinto: Que, así las cosas, la Comisión Especial de Reducción de Condenas
ya emitió un pronunciamiento zanjando la discusión en torno al debido cumplimiento
de condena del solicitante, por lo que tal decisión ya estaba vigente con unas
mismas reglas, faltando sólo la formalización de la misma para su aplicación, criterio
que debe primar teniendo en cuenta que lo que está en juego es un derecho
fundamental, como lo es la libertad personal, consagrada no sólo en la Constitución
Política de la República y la legislación nacional, sino también en conocidos
instrumentos internacionales, vigentes en Chile.
Sexto: Que, no es admisible el argumento del Ministerio de Justicia, de que
se trata en este caso –al igual que en la Libertad Condicional- de “normas
penitenciarias que se rigen bajo los principios del Derecho Administrativo.”
En efecto, estamos en presencia de una modificación de la Ley 19.856
obrada por la dictación de la Ley 21.421 que incide directamente en la forma de
cumplimiento de una pena, que por la vía administrativa no puede operar en perjuicio
del beneficiario.
Por estas consideraciones, se revoca la sentencia la sentencia apelada de
cuatro de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de La
Serena, en el Ingreso Corte Rol N° Amparo 259-2022, y en su lugar se resuelve que
se acoge la acción de amparo incoada en favor de Ciro Andrés Pérez Contreras,
dejándose sin efecto el decreto exento 1060/2022 de 26 de abril de 2022 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que rechazó la reducción de condena de la Ley 19.856 a su respecto, debiendo la autoridad recurrida dictar en su lugar el
decreto exento que en derecho corresponda, conforme a la norma vigente a la época
en que sesionó la Comisión de Beneficio de Reducción de Condenas, esto es, el 9
de noviembre de 2021, correspondiente al periodo de 2021.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 39.727-2022
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ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
MARIO AGUILA, editor.
