Puerto Montt, veintitrés de marzo de dos mil diez.
VISTOS:
A fojas 18, comparece don JORGE HIPOLITO PAILAHUAL MARTINEZ, chileno, casado, empleado, cédula nacional de identidad 9.015.693-4, domiciliado en sector rural de Ilque, comuna de Puerto Montt; e interpone recurso de protección en contra de don ROSAMEL VELASQUEZ SOTO, campesino, chileno, domiciliado en sector rural de Ilque, cruce Copahue de Puerto Montt, por vulneración a su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, ya que el recurrido ha procedido a impedir y obstaculizar con su accionar el uso y goce tranquilo y pacífico de su propiedad construyendo un cerco fijo que impide hacer uso de este derecho.
Refiere que es propietario de un inmueble ubicado en el sector rural de Ilque, Puerto Montt, de 5,80 hectáreas; predio adquirido por compraventa a doña Rosa Amelia Velásquez Soto, mediante escritura pública del 7 de marzo de 1997, e inscrito a fojas 1242 número 1637 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.
Continua indicando que, para efectos de acceder a su propiedad se constituyó servidumbre de tránsito sobre el inmueble de un tercero, Sergio Velásquez Soto, inscrito a su nombre a fojas 1242 número 1637 del año 1997, del mismo Conservador.
Precisa que hace un tiempo el recurrido le ha dado una serie de problemas, pero lo más grave ocurrió el 12 y 13 de febrero pasado, en que procedió don Rosamel a cercar el camino de acceso a su casa, a pesar que dicha servidumbre fue comprada junto con el predio; no pudiendo, de esta forma, hacer uso de su derecho de propiedad, ya que cerró el único acceso a su vivienda dentro del predio a través de su servidumbre que él mismo construyó con maquinaria pesada y trabajo con horas hombre.
Concluye pidiendo que sea acogido el recurso, y que se ordene al recurrido sacar el cercado compuesto de estacones y alambres de púas que impide el acceso a su propiedad por su servidumbre en un plazo perentorio, con condena en costas.
A fojas 38, informa el recurrido, solicitando el rechazo de la acción por carecer de fundamentos, con costas.
Refiere que el recurrido es dueño del lote Nº 3, el cual no está sujeto a ninguna servidumbre de tránsito como predio sirviente del que es dueño el actor; aclarando que, a pesar de lo anterior y no teniendo alguna obligación de darle paso por su terreno, él ha dejado transitar libremente al recurrente por la vía segmentada que aparece en el plano que la parte contraria ha presentado a autos (que podría ser interpretada como servidumbre, pero no lo es).
Agrega que, a lo anterior se suma el hecho que las fotografías acompañadas por la propia contraria no coinciden con el plano acompañado, por cuanto las primeras muestran un camino que bordea un cerco y luego dobla hacia el lote Nº 4, mientras que el plano muestra un camino recto desde el lote Nº 3 al Nº 4, y en dicho camino no existe ningún tipo de cerco ni obstáculo que obstruya el libre tránsito del recurrente a su predio. Así las cosas, lo que ha hecho el actor es bordear el cerco que delimita el lote 3 y 4, y posteriormente doblar por el lugar que a él le aparece más cómodo para llegar a su sitio.
Indica que, por otro lado, según consta de la misma prueba acompañada por la recurrente, se ha establecido en su favor una servidumbre de tránsito en lote Nº 6; servidumbre constituida con el Sr. Sergio Velásquez Soto, el 22 de marzo de 2002, e inscrita el 1 de julio de 2004 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Luego, en el año 2008, dicho predio fue adquirido por el recurrido por compraventa, manteniéndose hasta el día de hoy dicha servidumbre y no causando ningún tipo de problema al actor.
Agrega que el recurrente, además, adquirió el Lote Nº 5, el año 2004, por lo que tiene acceso a su terreno pasando por la servidumbre establecida en el lote Nº 6 y luego pasando por su terreno – lote Nº 5 -, el cual colinda con su otro inmueble, el lote 4. En consecuencia no existe ninguna necesidad de circular por el lote 3, ya que tiene acceso directo por su propio terreno al lote 4; entonces, el recurrido tiene todo el derecho de cercar el acceso que da al lote 3, sin importar que el actor haya construido tal paso, y teniendo presente, además, que no es el único acceso que tiene a su predio.
A fojas 1 y siguientes, rolan los siguientes documentos acompañados por el recurrente:
1. Plano X-3-2481-SR, elaborado por la Dirección Regional de Bienes Nacionales, de marzo 1983.
1. Copia de Inscripción de servidumbre de tránsito, inscrita a fojas 3.528 Nro 2408 del Registro de Hipoteca del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2004; constituida sobre el lote Nº 6 a favor del lote Nº 4, con la respectiva escritura pública del 22 de marzo de 2002.
2. Escritura pública de compraventa del recurrente, de fecha 7 de marzo de 1997.
3. Cuadro de superficies y deslinde de servidumbre.
4. Set de fotografías del predio y cerco.
A fojas 34 y siguientes, rolan los siguientes documentos acompañados por el recurrido:
1. Plano X-3-2481-SR, elaborado por la Dirección Regional de Bienes Nacionales, de marzo 1983.
2 Copia de Inscripción de dominio inscrita a fojas 1689 Nro 1625 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2008.
3. Escritura pública de compraventa, de fecha 13 de julio de 2004.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto ilegal o arbitrario que provoque al recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropelladas o amenazadas.
Segundo: Que, según puede inferirse del planteamiento del recurso, éste se ha hecho consistir en la obstrucción por parte del recurrido al libre acceso a su inmueble, construyendo un cerco al efecto.
Tercero: Que, aparece como hecho no discutido, y así también reconocido por el propio recurrido que, si bien no se encuentra constituida mediante escritura pública una servidumbre de tránsito desde el lote 3 al lote 4, sí se ha establecido de hecho por las partes la existencia de ésta, por lo que el recurrente tiene un derecho preexistente e indubitado, que debe ser cautelado por la presente vía cautelar.
Cuarto: Que, atendido los antecedentes allegados al recurso y analizados conforme a las reglas de la sana crítica, en especial, lo manifestado por el propio recurrido en su informe de fojas 38 y fotografías que rolan a fojas 28 y siguientes, se puede concluir que efectivamente este último procedió a cercar el acceso que tiene el recurrente hacia su predio.
Quinto: Que, la actuación antes descrita no puede sino reputarse ilegal y arbitraria a la luz de los antecedentes allegados al recurso, pues en las condiciones antes indicadas, existiendo una servidumbre de tránsito de hecho sobre el inmueble sub-lite, el recurrido ha obrado por sí y ante sí, autotutelándose en los derechos que eventualmente estima asistirle, alterando con su actuar, en forma ilegal y arbitraria, una situación preexistente, lo que constituye una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.
Sexto: Que, conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores acogerán el recurso interpuesto.
Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:
Que, se acoge sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 18, por Jorge Hipólito Pailahual Martínez, en contra de Rosamel Velásquez Soto, y en consecuencia, se dispone que este último, deberá sacar el cerco construido que impide el acceso a la propiedad del actor, confiriéndosele el plazo de 48 horas para su cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar en su contra alguna de las medidas que establece el Numeral 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; debiendo, además, en lo sucesivo abstenerse de realizar actuaciones que importen el menoscabo del derecho de propiedad del actor, sin perjuicio del ejercicio por parte de la recurrida de las acciones judiciales que estime asistirle.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.
Pronunciada por la Presidenta doña Teresa Mora Torres, el Ministro Titular don Hernán Crisosto Greisse y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre.
Rol N° 33-2010.-
