C.A. de Santiago
Santiago, uno de agosto de dos mil diecinueve.
Proveyendo a fojas 215 y 217: Téngase presente.
Visto y teniendo, además, presente:
Primero: Que, la prueba producida en esta instancia consistente en el
Oficio 95 del Servicio de Impuestos Internos acompañada por la ejecutada es,
en principio, similar a la incorporada en el cuaderno administrativo, a
propósito de la medida para mejor resolver decretada por el Abogado del
Servicio de Tesorería en resolución de 25 de noviembre de 2014, en cuya
virtud se aparejó un Oficio por parte del Servicio de Impuestos Internos de 6
de marzo de 2015, en el que informaba las mismas circunstancias.
Si bien el oficio Ord. 95 emitido por el Servicio de Impuestos Internos
de 27 de marzo de 2017 tiene por virtud acompañar documentación adicional,
que dice relación con el proceso de fiscalización que derivó en la emisión de
las Liquidaciones, la sentencia dictada en el procedimiento de reclamación
tributaria y la emisión de los posteriores Giros que son objeto del proceso de
cobro de obligación tributaria, lo cierto es que no modifican la situación fáctica
establecida en la sentencia dictada por el Abogado del Servicio de Tesorería
y aquella fijada por el Juez a quo, salvo su interpretación jurídica en relación
con los plazos, suspensión e interrupción de la prescripción.
Sin embargo, conviene precisar que dicho oficio pone de manifiesto la
tramitación tardía de la causa de reclamación tributaria, la que demoró más
de 11 años y dos meses para su resolución.
Segundo: Que, si bien no ha sido alegada formalmente la prescripción
fundada en el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, lo cierto es
que de los escritos de discusión se advierte que el ejecutado ha reclamado la
prescripción fundada en diversas disposiciones legales, alegando en el caso
de autos, una suerte de imprescriptibilidad de la acción de cobro, reclamando
la excesiva dilación del proceso en diversas instancias.
Sobre el particular y por aplicación del principio iura novit curia, el juez
puede aplicar el derecho, con prescindencia del derecho invocado por las
partes, teniendo como única limitación, no poder alterar el marco fáctico
entregado por las partes del proceso, so pena de incurrir en una vulneración
al principio de congruencia procesal.
Tercero: Que, conviene precisar el desarrollo cronológico de la
situación fiscal del contribuyente:
Con fecha 11 de mayo de 2001, se emitió la Citación N°223-5 por
irregularidades a determinadas en la determinación del Impuesto a las Ventas
y Servicios y la Ley de Impuesto a la Renta, la que abordó períodos
tributarios que median entre los años 1995 a 1998.
Producto de la auditoría realizada se emitieron las Liquidaciones
N°1019 al 1058 el 25 de julio de 2001, notificadas por cédula el 26 de julio de
2001.
Lo anterior motivó que el contribuyente presentase reclamación
tributaria el 8 de octubre de 2001, juicio que recién fue resuelto el 26 de
diciembre de 2012, esto es, transcurridos más de 11 años y dos meses. Y
transcurridos un año y 7 meses recién se procedió a emitir los giros que
fueron notificados el 24 de junio de 2014.
Luego, se dio inicio al procedimiento de cobro de obligación tributaria
siendo notificada la acción respectiva el 21 de octubre de 2014, oponiéndose
la excepción de prescripción fundada en infracción a los artículos 200 y 201,
alegando también un decaimiento del procedimiento administrativo y
alegando una suerte de imprescriptibilidad, atendida la extremada dilación del
proceso tributario seguido en su contra.
Cuarto: Que, conviene precisar que el impulso procesal en esta clase
de procedimientos y en el procedimiento judicial de reclamación antiguo en el
que se formuló la acción respectiva recaía en los respectivos Tribunales, toda
vez que el sistema de enjuiciamiento que imperaba en las reclamaciones y en
la primera fase de la acción de cobro de obligación tributaria, era el
inquisitivo. En tal escenario, en esta causa existe una demora imputable
únicamente, a la parte reclamada Servicio de Impuestos Internos, en su
calidad de Juez Tributario, siendo indudable que desde el vencimiento de los
impuestos a la fecha, han transcurrido 24 años, demora imputable
únicamente al órgano fiscal, cuestión que trasunta en una carga tributaria
imposible de soportar, considerando los reajustes, intereses y multas
establecidos en los artículos 53 y 55 del Código Tributario.
Quinto: Que, en cuanto al derecho aplicable a la alegación de
prescripción, esta Corte estima que en el caso sub judice ha de recurrirse al artículo 8.1., de la Convención Americana de Derechos Humanos, que
consagra las garantías judiciales e incorpora como tal al “debido proceso” en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entendido éste como el
conjunto de requisitos a observar en los grados jurisdiccionales en que el
tribunal conoce de un asunto, con facultad de conocer y resolver los hechos
el derecho que las partes le plantean, sea que la contienda jurídica se
desenvuelva entre particulares o entre éstos con el Estado. Es decir, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos contempla el respeto al
“debido proceso” a efecto de que las personas puedan defenderse
adecuadamente ante la actividad del Estado en ese ámbito (caso Ivcher
Bronstein, párrafo 108, citado por la jurista Cecilia Medina Quiroga, “La
Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Vida, Integridad Personal,
Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial”; Universidad de Chile;
Facultad de Derecho; Centro de Derechos Humanos, año 2003, páginas 307
y siguientes).
Sexto: Que, por consiguiente, en resguardo de esta garantía judicial
fundamental al “debido proceso” es que la Convención Americana de
Derechos Humanos considera los requisitos que debe cumplir todo proceso
jurisdiccional.
Séptimo: Que, en consecuencia, actualmente se estima que el “debido
proceso” es base fundamental del sistema de protección de los derechos
humanos, porque se razona que formaliza las garantías de todos ellos y es
un requisito para la existencia de un verdadero Estado de Derecho; es así
como el derecho al “debido proceso” está además contemplado el artículo 6°
del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y en el artículo 14° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente (ob. cit.).
Octavo: Que el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos, antes citado, es una norma general que establece los requisitos
del “debido proceso” y es aplicable a toda clase de proceso; en efecto, el
texto literal y el espíritu de esa regla debe ser apreciada de acuerdo con la
disposición de la letra c), del artículo 29 de la misma Convención Americana,
según la cual, ninguna disposición de ella puede interpretarse con exclusión
de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno (Caso Blake, párrafo 96 y
caso Durand y Ugarte, párrafo 128, ob. cit. ).
Noveno: Que dentro de los requisitos generales del “debido proceso”
se encuentra en primer término el derecho a ser oído, lo que significa que,
además del derecho de toda persona de acceder al tribunal; asimismo,
comprende la obligación del Estado para dar la posibilidad de que el derecho
pueda ser ejercido por la persona y la obligación de establecer órganos y
procedimientos que cumplan con los requisitos de la disposición antes del
artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, y, por último,
determina, la exigencia de proveer al interesado lo necesario con un mínimo
de medios para que pueda acceder a éstos.
Además, la formulación amplia de protección del derecho fundamental
establecida en la Convención Americana de “las debidas garantías”, dice
relación con los requisitos mínimos que debe contener un juicio, y acuerda
que la protección conforme a las garantías judiciales del “debido proceso”
incluye la determinación de los derechos y obligaciones civiles dentro del
ordenamiento jurídico, los que no pueden ser sustraídos de tales exigencias,
sin perjuicio que resulte necesario examinar en cada juicio particular los
antecedentes de hecho para apreciar si se está ante un proceso “debido” o
“justo”.
Décimo: Que, en consecuencia, en el análisis particular del “debido
proceso”, en el caso de autos, se debe considerar si el procedimiento se
adecua al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en cuanto al elemento normativo que lo integra del derecho que tiene la
persona de ser oída dentro de un “plazo razonable” (Cecilia Medina Quiroga
ob. cit.). Estos fundamentos para la terminación del proceso dentro de un
“plazo razonable” significa que, atendida la circunstancia de tratarse de un
juicio civil, por este aspecto "las debidas garantías" de éste, está en que el
procedimiento debe dar tiempo a las partes para presentar las pruebas,
examinar y discutir las de la contraria, y considerar los plazos necesarios para
que el tribunal pueda estudiar todos los antecedentes para poder
fundamentar la sentencia, sin que el mismo pueda extenderse por un tiempo
tal que signifique, todavía descontando el de demora atribuible a la parte y la
complejidad del asunto, un retardo injustificado por parte del Estado, representado por el tribunal, que afecte el derecho fundamental reconocido
por la Convención, considerando la naturaleza del proceso.
En relación a la noción “dentro de un plazo razonable” según los
tratados internacionales vigentes nuestra Corte de Apelaciones de Santiago
(Causa Rol N° 65.351 – 1997, considerando 13°, sentencia de 4 de julio de
2005), ha considerado: “Que, por otro lado, esta Corte no puede dejar de
considerar aquí los tratados internacionales aprobados y ratificados por Chile
en la materia. Así, la Convención Interamericana de Derechos Humanos que
en su artículo 8.1 dispone que ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…’ o, en su artículo 7.5
que ‘Toda persona detenida o retenida… tendrá derecho a ser juzgada dentro
de un plazo razonable…’. Así también, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que en su artículo 9.3, establece que toda persona
detenida o presa ‘…tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable…’ o, en su artículo 14.3.c refiriéndose a la persona acusada,
señala que tiene derecho ‘A ser juzgada sin dilaciones indebidas’. El plazo
razonable es, pues, parte integrante del concepto del debido proceso, al cual
nuestra Constitución alude en el artículo 19 Nº 3, inciso 6º, cuando dice ‘Toda
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso
previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre
las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos’;”
“…En este contexto, resulta evidente la prolongación excesiva de este
proceso, iniciado el 3 de noviembre de 1978 y fallado en primera instancia el
13 de agosto de 1997, con una paralización absoluta del procedimiento por
más de 6 años en el estado que antes se indicara; “…la sola existencia del
proceso, ya que éste importa una serie de restricciones e incluso privaciones
al ejercicio de tales derechos, por lo mismo que si a la incertidumbre propia
de todo juicio se añade la indefinición del tiempo de su duración y a ésta el de
una prolongación indebida, irrazonable o excesiva, los derechos
constitucionales corren el riesgo de pasar a ser letra muerte y dejar de ser
así, una garantía efectiva de su respeto”.
Undécimo: Que, en este caso, para decidir sobre la “razonabilidad del
plazo” se considerará el tiempo que el Tribunal Tributario se tomó para decidir
sobre la reclamación presentada por el contribuyente, proceso que tardó más de 11 años y 2 meses en dictar sentencia, tardanza de la cual el reclamante y
actual ejecutado, no tiene participación o injerencia alguna.
Confrontados estos hechos en cuanto al tiempo, con el parámetro,
medida o cuantificación que dan las normas del derecho interno chileno,
respecto del tiempo de la prescripción adquisitiva extraordinaria a que se
refieren los artículos 2506, 2510 y 2511 del Código Civil, en la que el plazo de
ella es de diez años, sin duda, este término sirve de referencia para juzgar
que el tiempo de duración de este procedimiento supera “la razonabilidad del
plazo”, a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y permite concluir que, si bien en materia tributaria el
legislador ha establecido causales de suspensión de los plazos de
prescripción, tanto de la acción del Servicio de Impuestos Internos para girar
los impuestos como la acción del Fisco para proceder a su cobro, esto es,
durante el período en que el Servicio se encuentra impedido de girar la
totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación, cuyas
partidas o elementos hayan sido objeto de reclamación tributaria, conforme a
lo dispuesto en el inciso final del artículo 201 del Código Tributario,
concordado éste con los artículos 24, 147, 135 y 200, todos de ese Código,
sin embargo, a la luz de las normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, es dable concluir que, desde la presentación del reclamo
hasta hoy, han transcurrido casi 18 años, retardo que provoca una violación
de las normas del derecho fundamental del “debido proceso”,
determinadamente, el derecho de toda persona a ser juzgado dentro de un
“plazo justo y razonable”.
Duodécimo: Que, en efecto, el razonamiento anterior tampoco
significa eludir lo dispuesto en el artículo 200 Código Tributario, acerca de la
suspensión de la prescripción que determina tanto la prescripción ordinaria
como extraordinaria en la materia tributaria, pues no resulta atinente dicha
norma, dado que no se trata de un asunto de prescripción regido por el
derecho interno chileno - sin perjuicio de que el término extraordinario sirva
de parámetro para determinar la excesiva demora del juicio - sino que es
atingente en esta causa el Principio de Derecho Internacional “Pacta Sunt
Servanda”, consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre
Derechos de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que dispone que todo tratado en vigor obliga las partes y debe ser
cumplido de buena fe (bonna fide), por lo que, los convenios o tratados
internacionales deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con tales
reglas generales de cumplimiento del Derecho Internacional; la citada
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, precisamente establece
en ese artículo 27 que, el Estado no puede invocar su propio Derecho Interno
para eludir sus obligaciones internacionales y de hacerlo comete un hecho
ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario
de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto
Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas…; p. 231).
Décimo tercero: Que, asimismo, el Estado de Chile ratificó la
Convención Americana de Derechos Humanos, mediante el depósito del
Instrumento de Ratificación ante el Secretario General de la OEA, el 21 de
agosto de 1990, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado
causas con elementos análogos a los de autos (Medina, Cecilia, ob. cit.), en
consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en dichos Convenios, y lo ordenado
en esta materia por el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución
Política de la Republica, que determina la aplicación preferente de la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, sin duda, no se puede admitir qué tal suspensión de la prescripción del
derecho interno en materia tributaria, opere por un tiempo superior que al
asignado por el mismo derecho interno para la prescripción adquisitiva
extraordinaria y, en el hecho, se transforme la causa en una suspensión sin
límites, desconociendo los derechos fundamentales de la persona,
determinadamente, en este caso, el del citado artículo 8.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Décimo cuarto: Que, lo razonado y concluido anteriormente, no
significa confundir entre “prescripción” y “debido proceso”, pues, no obstante
que la prescripción, conforme al artículo 2492 del Código Civil, es un modo de
extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido durante un
tiempo éstos y concurriendo los demás requisitos legales, su relación con el
derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un “plazo justo y razonable”
como requisito esencial del “debido proceso”, se encuentra en que ambas
nociones contemplan el factor “tempus” como elemento de ambos sucesos; en la prescripción considerado el tiempo como condición para dar lugar a “la
presunción de una causa legítima anterior de adquisición o de liberación”
(Laurent. Citado por Luis Claro Solar Explicaciones de Derecho Civil Chileno
y Comparado, tomo décimo octavo. Editorial Jurídica 1977; página 23) y en el
“debido proceso”, como límite del “plazo justo y razonable” en el que toda
persona debe ser juzgada; es así como en Chile, desde los albores de la
codificación republicana se razonaba por los legisladores: “… que, aun
cuando exista un título que traiga aparejada ejecución, no se despache el
mandamiento si dicho título tiene diez años de fecha. De esta manera se
evita un procedimiento vejatorio a virtud de obligaciones estinguidas por la
prescripción”. (Sesión 25, en 10 de diciembre de 1875. Presidencia de S.E. el
Presidente de la República, i asistieron los señores Aldunate Gandarillas,
Huneeus, Lira, Zegers i el Secretario. Intervención del señor Aldunate.
Acuerdos Celebrados por la Comisión Encargada del Examen del Proyecto
de Código de Enjuiciamiento Civil, Libro III. Santiago. Imprenta de “El
Progreso” calle San Pablo N° 15. 1884. Páginas 28 y siguientes).
Décimo quinto: Que, en consecuencia, en virtud de los antecedentes
de la causa y la disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta
Fundamental, que orienta la interpretación constitucional en la materia, en
cuanto a que los derechos fundamentales que ella establece deben ser
siempre protegidos, y lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que exige que la acción de la justicia sea
rápida, oportuna y efectiva, en cuanto a oír y resolver los asuntos sometidos a
la decisión de los tribunales de justicia, y teniendo además presente que, la
protección de los derechos fundamentales se hace mediante la aplicación de
las normas constitucionales e internacionales actualmente vigentes, bajo la
fórmula de la aplicación preferente, inclusiva de las partes y del tribunal y que
permite superar cualquier contradicción entre derechos humanos y proceso,
es que se debe privar de toda consecuencia jurídica a las liquidaciones
reclamadas.
Décimo sexto: Que, en las circunstancias anotadas y en aplicación del
principio iura novit curia, esta Corte aplica el derecho internacional para
fundamental la excepción de prescripción y en consecuencia, se confirmará lo
decidido. Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los
artículos 1° e inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la
República; 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 26 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 201 del Código
Tributario, se confirma la sentencia de quince de abril de dos mil dieciséis,
escrita a fojas 44 y siguientes.
Regístrese y devuélvase en su oportunidad.
N°Civil-Ant-6029-2017.
Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Manuel Muñoz P., Ministro
Suplente Sergio Enrique Padilla F. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, uno de agosto de dos mil
diecinueve.
En Santiago, a uno de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
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