Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinte.
Jurisprudencia chilena en materias civil, laboral, tributaria. 2003-2025 (sitio se ve completo en versi贸n web)
viernes, 14 de febrero de 2020
jueves, 13 de febrero de 2020
CS confirma fallo que acogi贸 demanda de cobro de honorarios por asesor铆a jur铆dica.
Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinte.
Visto:
En autos n煤mero de rol 4.233-2016, caratulados “Lizana Castro y
C铆a. Limitada con Accenture Chile Asesor铆as y Servicios”,
seguidos ante el Vig茅simo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia
de trece de septiembre de dos mil diecis茅is, escrita a fojas 446 y
siguientes, se acogi贸 la demanda de cobro de honorarios y se conden贸
a la demandada a pagar la suma equivalente a 500 unidades de fomento,
m谩s intereses legales, con costas, que fue confirmada por una sala
de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha dos de marzo de dos
mil diecisiete, seg煤n consta a fojas 569.
La parte demandada dedujo recurso de casaci贸n en el fondo en contra
de dicha decisi贸n, denunciando la vulneraci贸n de lo dispuesto en
diversas normas legales que menciona, solicitando que se lo acoja y
se la anule, acto seguido, sin nueva vista y separadamente, se dicte
la de reemplazo que haga lugar a la demanda solo en cuanto se la
condene al pago de 250 unidades de fomento o al monto que
prudencialmente se fije.
Se trajeron los autos en relaci贸n.
CORTE DE COYHAIQUE RECHAZA RECURSO DE PROTECCI脫N POR INCAUTACI脫N DE CELULAR DE CARABINERO IMPUTADO POR OBSTRUCCI脫N A LA INVESTIGACI脫N
Coyhaique, a nueve de enero de dos mil veinte.
Vistos:
En lo principal de la presentaci贸n de fecha 27 de noviembre de 2019, do帽a Leyla Soledad Vargas Becerra, abogada, por s铆 y en representaci贸n de su hija Sof铆a Javiera Capetillo Vargas, deduce recurso de protecci贸n en contra de don Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Ays茅n y don Luis Gonz谩lez Aracena, Fiscal adjunto de la Fiscal铆a Regional de Ays茅n, ambos con domicilio en calle Sim贸n Bolivar 126, de la ciudad de Coyhaique y de don Rolando Irribarra Barahona, Subprefecto de la BRIDEC Coyhaique, con domicilio en Av. Gral. Baquedano N° 511, ciudad de Coyhaique, pidiendo en definitiva se acoja la presente acci贸n en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho que le ha sido conculcado y declarando la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, con condenaci贸n al pago de las costas correspondientes, por lo que pide: a) se solicite a los recurridos informar amplia y detalladamente de qu茅 manera era relevante y fundamental para el proceso investigativo instruido caratulado “obstrucci贸n a la investigaci贸n” el revisar una conversaci贸n privada entre c贸nyuges y como 茅sta podr铆a tener alguna relaci贸n con el delito investigado por esa Fiscal铆a, espec铆ficamente con la revisi贸n de videos existentes en el celular de su c贸nyuge con material infantil extremadamente sensible, ya que ni siquiera existe un v铆nculo de subordinaci贸n o dependencia laboral entre nosotros; b) Se ordene a los recurridos a no hacer un uso malicioso con las conversaciones privadas y fotograf铆as intimas de car谩cter extremadamente sensible y delicadas de su hija; y c) Adopte y disponga las medidas necesarias e id贸neas para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protecci贸n a esta mujer y madre con 33 semanas de embarazo y su hija menor de edad, sin perjuicio de las restantes acciones judiciales que le puedan asistir y reclamos pertinentes.
CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE NULIDAD DEL SII Y RECHAZA RECLAMO TRIBUTARIO DE EMPRESA DE TURISMO
Santiago,
treinta de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTOS:
En estos autos Rol N潞 1021-2018, se ha tramitado un procedimiento de
reclamaci贸n tributaria en el que la parte reclamada del Servicio de
Impuestos Internos (en lo sucesivo S.I.I.), en lo principal de fojas
531, dedujo recurso de casaci贸n en el fondo contra la sentencia de
uno de diciembre de dos mil diecisiete, que se lee a fojas 527,
dictada por la Corte de Apelaciones de Valpara铆so, que confirm贸 la
de primer grado, de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
escrita a fojas 471, pronunciada por el Tribunal Tributario y
Aduanero de la Regi贸n de Valpara铆so, que acogi贸 el reclamo
deducido por Administradora de Turismo Rosa Agustina Ltda. (En
adelante “Rosa Agustina”), y dej贸 sin efecto la partida N°2 de
la Resoluci贸n Exenta N°6994/2014, de fecha 22 de septiembre de
2014, emitida por la V Direcci贸n Regional del S.I.I., por la que se
elimin贸 la p茅rdida tributaria declarada por la sociedad
contribuyente para el a帽o tributario 2012, por un monto de $1.607
millones, y se determin贸 una utilidad tributaria para dicho per铆odo
por la suma de $ 1.268 millones.
A fojas 554, y con fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se
dispuso traer los autos en relaci贸n.
CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A FAMILIARES DE CARABINERA FALLECIDA EN OPERATIVO POLICIAL
Santiago, seis de enero de dos mil veinte.
VISTOS:
En los autos de esta Corte Rol N° 14.899-2018, sobre juicio
ordinario de indemnizaci贸n de perjuicios por falta de servicio,
caratulados “Gallardo Ruiz, Carlos Eduardo y otros con Fisco de
Chile”, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, Carlos
Eduardo Gallardo Ruiz y
Margarita del
Rosario, Mar铆a Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, Jos茅
Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo Reyes,
dedujeron demanda en contra del Fisco de Chile con el objeto de que
se les resarzan los da帽os que han sufrido como consecuencia del
fallecimiento de Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2° de
Carabineros, hija del actor Carlos Eduardo Gallardo Ruiz y hermana de
los dem谩s demandantes.
Al respecto explican que el uno de mayo de 2011, a las
22:24, mientras un carro policial de la 14陋 Comisar铆a de
San Bernardo
intentaba bloquear el paso del cami贸n PPU XF 4786, por la ruta 5
sur, a la altura “El Parr贸n”, veh铆culo este 煤ltimo que hab铆a
sido sustra铆do desde un servicentro en San Bernardo, a fin de evitar
su fuga, fue colisionado en su parte trasera por el indicado m贸vil
mayor, resultando fallecida Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2°
de Carabineros. Subrayan que Paulina viajaba en el asiento posterior
del veh铆culo policial, mientras que adelante lo hac铆an otros dos
funcionarios que alcanzaron a descender antes del impacto, cuesti贸n
que no pudo hacer la Cabo Gallardo debido a que la puerta trasera
izquierda del veh铆culo policial presentaba un desperfecto que
impidi贸 que se abriera.
Sostienen que, sin perjuicio de la responsabilidad del conductor del
cami贸n, se abri贸 una causa en la Primera Fiscal铆a Militar, en la
que se dio por acreditado el cuasidelito de homicidio de la Cabo
Gallardo y se imput贸 responsabilidad al conductor del veh铆culo
policial. A帽aden que, adem谩s, se instruy贸 un sumario
administrativo, en el que fueron sancionados tres funcionarios: el
Capit谩n Marcelo Larra铆n Gonz谩lez, el Teniente Roberto Videla
C谩ceres, Jefe de la Comisi贸n de Locomoci贸n y Bagaje de la misma
Comisar铆a, y un tercer funcionario encargado de los veh铆culos de la
Unidad, por cuanto ten铆an conocimiento del desperfecto del carro
policial y no dispusieron su reparaci贸n, permitiendo que saliera al
servicio. Expresan que dicho comportamiento contraviene lo
establecido en el Reglamento N° 20, Decreto 339 del a帽o 1979 del
Ministerio de Defensa, en cuyo Cap铆tulo III, letra c) se dispone
que: “Al detectar alg煤n desperfecto mec谩nico el veh铆culo debe
quedar fuera de servicio hasta que sea reparada totalmente la falla”.
Al tenor de lo manifestado aseveran que el demandado incurri贸 en
falta de servicio, que hacen consistir tanto en el comportamiento
negligente y temerario del conductor del m贸vil policial, como en la
falta de reparaci贸n de la puerta trasera del mismo veh铆culo, e
invocan como fundamentos de derecho de su acci贸n los art铆culos 6, 7
y 38 de la Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica; 4 de la Ley N°
18.575 y 1° de la
Ley Org谩nica Constitucional de Carabineros. En forma subsidiaria,
invocan como sustento jur铆dico de su demanda lo estatuido en los
art铆culos 2314 y 1437 del C贸digo Civil.
En cuanto al da帽o moral que demandan, arguyen que radica en el
sufrimiento derivado de la p茅rdida de su hija y hermana, contexto en
el que destacan que Paulina viv铆a en el hogar paterno junto a su
marido e hijos y a varios de sus hermanos y terminan solicitando que
se condene al demandado a pagar a cada uno de los actores la suma de
$100.000.000 como resarcimiento por dicho concepto, m谩s inter茅s,
reajustes y costas.
Al contestar el Fisco solicit贸 el rechazo de la demanda, con costas,
para lo cual, en primer lugar, controvierte los hechos en que se
sustenta. Indica que la Cabo Gallardo era casada y ten铆a dos hijos,
a quienes se pagaron todos los beneficios econ贸micos contemplados en
la Ley Org谩nica Constitucional de Carabineros, tales como pensi贸n
de retiro, desahucio, p贸liza de seguro bonificada en un 50%,
indemnizaci贸n especial del art铆culo 71 bis de la Ley N° 18.961,
sin perjuicio de lo cual se le otorg贸, adem谩s, el ascenso
extraordinario a Suboficial Mayor como reconocimiento p贸stumo.
En segundo t茅rmino alega la improcedencia del r茅gimen de
responsabilidad por falta de servicio a los accidentes en acto de
servicio, pues prevalece la normativa especial铆sima de la Ley N°
18.961 que establece un r茅gimen previsional especial, con
prestaciones espec铆ficas en caso de muerte en acto de servicio, que
se extiende incluso a los causahabientes. En tal sentido consigna que
el se帽alado constituye un verdadero r茅gimen de compensaciones que
sustituye a las indemnizaciones civiles de perjuicios y
administrativas y manifiesta que, atendida la preterici贸n legal,
estas indemnizaciones especial铆simas no proceden para los hermanos
de la v铆ctima.
En tercer lugar arguye la interrupci贸n del nexo causal por tratarse
de hechos imputables a un tercero, en particular al menor que
conduc铆a el cami贸n impactador, quien, seg煤n asevera, es el autor
exclusivo del hecho il铆cito. Enfatiza que la polic铆a contaba con
antecedentes acerca de que el conductor del cami贸n portaba un arma
de fuego, motivo por el que resultaba imperativa su pronta detenci贸n,
a fin de evitar riesgos mayores a los usuarios de la autopista y a la
poblaci贸n, de modo que la decisi贸n del equipo policial no puede ser
juzgada de temeraria y no constituye causa basal del da帽o.
A continuaci贸n aduce la existencia de una falta personal铆sima del
conductor del radio patrulla, proceder que no configura la falta de
servicio demandada.
Enseguida asevera que los montos demandados son excesivos, en tanto
la indemnizaci贸n tiene por objeto restablecer el equilibrio
destruido y no puede ser fuente de enriquecimiento o lucro.
Finalmente, en forma subsidiaria y para el caso que se estime que
existe responsabilidad del Fisco, alega la concausalidad, toda vez
que el hecho da帽oso se origina en distintas causas, independientes
entre s铆, que influyen en mayor o menor medida en el resultado.
Expone que, a juicio de esa defensa, la causa basal, eficiente,
preponderante es la conducta del tercero que conduce el cami贸n, por
el cual el Estado no responde, sin embargo hay otros factores que
inciden en el resultado, uno de ellos hipot茅ticamente podr铆a ser la
maniobra del conductor del veh铆culo policial, en cuyo caso se est谩
en presencia de una responsabilidad parcial en funci贸n del grado de
probabilidad causal, por lo que la Administraci贸n no podr铆a ser
obligada a pagar la totalidad de los da帽os.
El fallo de primer grado acogi贸 la demanda teniendo presente que, al
tenor de la jurisprudencia de esta Corte, la responsabilidad por
falta de servicio es plenamente aplicable a Carabineros. En ese
entendido tiene por demostrado que la cabo Paulina Gallardo falleci贸
en acto de servicio mientras participaba en un procedimiento policial
y, adem谩s, que en la sentencia dictada por el 2° Juzgado Militar de
Santiago qued贸 establecido que el conductor detuvo el veh铆culo
policial en la tercera pista de circulaci贸n de la ruta cinco Sur a
fin de obstaculizar la marcha del cami贸n mencionado m谩s arriba,
maniobra que no inform贸 a los otros dos tripulantes del m贸vil, con
lo que aument贸 el riesgo intr铆nseco a la labor realizada,
destacando que en su calidad de jefe se encontraba en una posici贸n
de garante frente a la seguridad de los otros funcionarios que lo
acompa帽aban.
A partir de tales circunstancias la juez de primer grado concluy贸
los referidos antecedentes demuestran la ocurrencia de la falta de
servicio que sirve de base a la demanda, en tanto se comprob贸 el
actuar defectuoso de un 贸rgano del Estado.
M谩s adelante, y en lo que ata帽e a la segunda hip贸tesis de falta de
servicio alegada por los actores, consistente en la falta de adecuada
mantenci贸n del veh铆culo policial, en especial que las manillas de
sus puertas traseras, destaca que en el proceso seguido ante el
juzgado militar se encuentra acreditado que la puerta trasera
izquierda presentaba anomal铆as en el mecanismo de apertura interior
y que se pudo determinar que desde el a帽o 2010 el referido veh铆culo
presentaba desperfectos, tales como puertas en malas condiciones,
pastillas de freno mal estado, veh铆culo en regular estado, siendo la
m谩s concurrente la de la puerta del costado izquierdo; m谩s aun,
destaca que la 煤ltima observaci贸n en este sentido es de abril del
a帽o 2011 y que el referido m贸vil se encontraba entre aquellos que
deb铆an ser dados de baja.
En ese contexto, y establecido que el m贸vil en que circulaba la
v铆ctima se detuvo para obstaculizar el paso del cami贸n, la
magistrada estima relevante que tanto el funcionario que lo conduc铆a
como la copiloto lograron bajar segundos antes del impacto, lo que no
pudo hacer la cabo Gallardo que se encontraba en la parte posterior,
antecedentes que en conjunto con los dem谩s presupuestos f谩cticos y
con la prueba rendida la convencen de que esta 煤ltima funcionaria no
pudo descender del m贸vil porque las puertas se encontraban en mal
estado, quedando atrapada en su interior.
Para terminar este apartado explica que la circulaci贸n de un
veh铆culo policial en mal estado infringe lo estatuido en el art铆culo
56 de la Ley N° 18.290, as铆 como el Manual de Conducci贸n para
Carabineros y su normativa
reglamentaria,
concretamente el Reglamento de veh铆culo para Carabineros de Chile
N煤mero 20.
Conforme a lo razonado concluye indicando que ha quedado establecida
la concurrencia de los supuestos de la falta de servicio.
Enseguida tiene por acreditada la existencia del da帽o demandado,
destacando sobre el particular la edad de la fallecida y las
condiciones tr谩gicas y evitables de su fallecimiento.
Tiene por demostrada la relaci贸n causal entre la falta de servicio
comprobada y el da帽o asentado, pues si se suprime el actuar
desplegado por el conductor del veh铆culo y la falta de mantenci贸n
del mismo, el resultado de muerte no se hubiera producido, de modo
que la causa necesaria preponderante de la muerte de la funcionaria
es la falta de servicio anotada.
A continuaci贸n rechaza la alegaci贸n de preferencia del r茅gimen
especial de la Ley N° 18.691, por cuanto dicha normativa se refiere
a la relaci贸n entre el funcionario y la instituci贸n, de manera que
los terceros ajenos a la misma pueden demandar la indemnizaci贸n de
perjuicios conforme a las reglas generales.
En definitiva, el fallo acogi贸 la demanda y conden贸 al demandado a
pagar al actor Carlos Gallardo Ruiz la suma de $10.000.000 y la de
$5.000.000 para cada uno de los dem谩s actores, como indemnizaci贸n
por el da帽o moral causado.
En contra de dicha determinaci贸n las partes dedujeron sendos
recursos de apelaci贸n, a prop贸sito de cuyo conocimiento la Corte de
Apelaciones de San Miguel decidi贸 revocar el fallo de primer grado y
desestimar la demanda.
Para llegar a dicha conclusi贸n los falladores tuvieron presente que
la sentencia dictada por el Segundo Juzgado Militar de Santiago,
citada en el fallo apelado, fue revocada por la Corte Marcial
absolviendo al cabo acusado, y elimin贸 casi todos sus fundamentos,
circunstancia que estiman relevante, desde que para establecer la
falta de servicio el fallo de primer grado se vali贸 de las probanzas
contenidas en la referida sentencia del juzgado militar.
Destacan, adem谩s, que el tribunal de juicio oral en lo penal de San
Bernardo conden贸 al menor MBMM como autor del homicidio de un
carabinero en ejercicio de sus funciones.
En ese contexto dejan asentado que no ha existido falta de servicio
por parte de Carabineros; as铆, consignan que la misma no puede estar
constituida por la culpa del conductor del veh铆culo policial, desde
que no existe un v铆nculo directo de causalidad entre esa acci贸n y
el da帽o producido, pues en sede penal se determin贸 que fue la
actuaci贸n dolosa del menor que conduc铆a el cami贸n la que provoc贸
la colisi贸n entre el m贸vil que guiaba y el radio patrulla, al que
embisti贸 deliberadamente.
Enseguida subrayan que, para que haya reparaci贸n, debe existir una
relaci贸n de causalidad entre la acci贸n u omisi贸n del agente
estatal y el da帽o producido, elemento que, en la especie, sin
embargo, no concurre, m谩s aun si en sede penal el conductor del
m贸vil de Carabineros fue absuelto, a lo que adicionan que la
sentencia de primera instancia dio por establecida la falta de
servicio con antecedentes extra铆dos de la sentencia del tribunal
militar que fue revocada y dejada pr谩cticamente sin fundamentos por
la Corte Marcial.
Respecto de la se帽alada sentencia la parte demandante dedujo
recursos de casaci贸n en la forma y en el fondo.
Se trajeron los autos en relaci贸n.
CONSIDERANDO:
EN CUANTO AL RECURSO DE CASACI脫N EN LA FORMA.
PRIMERO: Que en el recurso se sostiene que el fallo impugnado
incurre en la causal prevista en el art铆culo 768 N° 5 del C贸digo
de Procedimiento Civil en relaci贸n con el art铆culo 170 N° 4 del
mismo C贸digo, esto es, en haber sido pronunciado con omisi贸n de las
consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.
Al respecto el recurrente explica que la sentencia impugnada s贸lo
valora los fallos de la Corte Marcial y del Tribunal Oral en lo Penal
San Bernardo, y omite ponderar toda la dem谩s prueba rendida, en
especial, el dictamen con el que concluy贸 el sumario administrativo
que estableci贸 responsabilidad de tres funcionarios policiales, as铆
como el m茅rito de distintas piezas del sumario que dan cuenta de las
anomal铆as presentadas por el carro policial.
Agrega que la revocaci贸n del fallo del Juzgado Militar no hace
desaparecer los antecedentes recabados en dicha investigaci贸n,
destacando, adem谩s, que los juzgadores no se hacen cargo de la
segunda hip贸tesis de falta de servicio esgrimida por su parte, esto
es, aquella relativa al mal estado de la puerta trasera del veh铆culo
policial, circunstancia que determinaba, de acuerdo a los manuales de
Carabineros, que dicho veh铆culo no deb铆a estar en servicio.
Acusa que el fallo tampoco pondera los informes policiales que dan
cuenta del mal estado de las puertas traseras del veh铆culo policial
y que dicho m贸vil no deb铆a estar en circulaci贸n, informes que, a
su juicio, cobran relevancia a la luz de la declaraci贸n de una de
las testigos del demandado, la perito del Laboratorio de
Criminal铆stica de Carabineros Carla Mart铆nez, quien realiz贸 un
trabajo pericial en el veh铆culo policial siniestrado, constatando
que la cerradura de la puerta del lado derecho estaba da帽ada, que en
el habit谩culo del conductor hab铆a un destornillador, que realiz贸
un ejercicio te贸rico pr谩ctico con el destornillador y las se帽as
que se encontraban en las cerraduras da帽adas, coincidiendo 茅stas.
El recurrente subraya que esa declaraci贸n permite, al menos,
sospechar que las cerraduras del veh铆culo eran manipuladas con un
destornillador, lo que explica que Paulina Gallardo no haya podido
salir.
Por 煤ltimo, denuncia que el fallo impugnado tampoco se refiere a las
copias de las declaraciones de los funcionarios de Carabineros, que
dan cuenta de la din谩mica del accidente y del incumplimiento de
funciones de quienes estaban a cargo de la mantenci贸n del veh铆culo
policial.
SEGUNDO: Que el legislador se ha preocupado de establecer las
formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de
primera o 煤nica instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen
en su parte dispositiva las de otros tribunales –categor铆a esta
煤ltima a la que pertenece aquella objeto de la impugnaci贸n en
an谩lisis-; las que, adem谩s de satisfacer los requisitos exigibles a
toda resoluci贸n judicial, conforme a lo prescrito en los art铆culos
61 y 169 del C贸digo de Procedimiento Civil, deben contener las
enunciaciones contempladas en el art铆culo 170 del mismo cuerpo
normativo, entre las que figuran –en lo que ata帽e al presente
recurso- en su numeral 4 las consideraciones de hecho o de derecho
que sirven de fundamento a la sentencia.
TERCERO: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por
la Ley N° 3.390 de 1918, en su art铆culo 5° transitorio, dict贸 con
fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en que regula
pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las
sentencias
definitivas a que
se ha hecho menci贸n, dispone el precitado art铆culo 170 del C贸digo
de Procedimiento Civil.
Refiri茅ndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el
Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben
expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento,
estableciendo con precisi贸n aquellos sobre que versa la cuesti贸n
que haya de fallarse, con distinci贸n de los que han sido aceptados o
reconocidos por las partes y de los que han sido objeto de discusi贸n.
Agrega que si no hubiere discusi贸n acerca de la procedencia legal de
la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se
encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que
sirven para estimarlos comprobados, haci茅ndose, en caso necesario,
la apreciaci贸n correspondiente de la prueba de autos conforme a las
reglas legales.
Si se suscitare cuesti贸n acerca de la procedencia de la prueba
rendida –prosigue el referido Auto Acordado- deben las sentencias
contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o
rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la
forma expuesta anteriormente.
Prescribe, enseguida: establecidos los hechos, se enunciar谩n las
consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o,
en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se
pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las
consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal
observar, al consignarlos, el orden l贸gico que el encadenamiento de
las proposiciones requiera.
CUARTO: Que la importancia de cumplir con tal disposici贸n ha
sido acentuada por esta Corte Suprema por la
claridad, congruencia, armon铆a y l贸gica en los
razonamientos que
deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las
sentencias, cuesti贸n que arranca desde la 茅poca de don Andr茅s
Bello, seg煤n nos recuerda en su art铆culo sobre la materia publicado
en el Monitor Araucano “Publicidad de los juicios o necesidad de
fundamentar las sentencias” (citado por Agust铆n Squella Narducci,
en “Andr茅s Bello, escritos jur铆dicos, pol铆ticos y
universitarios”. Thomson Reuters, a帽o 2015), no s贸lo dice
relaci贸n con un asunto exclusivamente procesal referido a la
posibilidad de recurrir, sino que tambi茅n se enmarca en la necesidad
de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo
manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento
de las partes en el pleito, evitando la impresi贸n de arbitrariedad
al tomar 茅stas conocimiento del porqu茅 de una decisi贸n judicial.
QUINTO: Que al iniciar el examen del recurso resulta
imprescindible apuntar que la falta de consideraciones acusada por el
recurrente deriva de la ausencia de fundamentos en cuanto el fallo
impugnado se limita a valorar las sentencias dictadas por la Corte
Marcial y por el Tribunal Oral en lo Penal San Bernardo, omitiendo
ponderar el resto de la prueba rendida, en especial, el sumario
administrativo que estableci贸 responsabilidad respecto de tres
funcionarios y que, adem谩s, da cuenta de las anomal铆as que
presentaba el carro policial. Se帽ala que tampoco pondera los
informes policiales que dan cuenta del mal estado de las puertas
traseras del veh铆culo policial, antecedente que estima de relevancia
a la luz de lo declarado por la perito del Laboratorio de
Criminal铆stica de Carabineros Carla Mart铆nez, conforme a la cual
cabe al menos sospechar que las cerraduras del veh铆culo eran
manipuladas con un destornillador. A帽ade que, adem谩s, los
falladores no se hacen cargo de la segunda hip贸tesis de falta de
servicio relativa al mal estado de la puerta trasera del veh铆culo
policial, estado que determinaba que el mismo no deb铆a hallarse en
servicio.
SEXTO: Que al respecto se debe precisar que el fallo impugnado
concluye que en la especie no medi贸 falta de servicio por parte de
Carabineros. Para arribar a dicha convicci贸n los sentenciadores
destacan que no existe v铆nculo de causalidad entre la acci贸n del
chofer del veh铆culo policial y el da帽o producido, toda vez que en
sede penal se determin贸 que fue la actuaci贸n dolosa del menor que
conduc铆a el cami贸n la que provoc贸 la colisi贸n entre el m贸vil que
guiaba y el radio patrulla; m谩s aun, subrayan que la citada relaci贸n
de causalidad entre la acci贸n u omisi贸n del agente estatal y el
da帽o producido no concurre en la especie si se considera que en sede
penal el conductor del m贸vil de Carabineros no s贸lo fue absuelto,
sino que, todav铆a m谩s, al revocar la sentencia del Tribunal Militar
que lo hab铆a condenado, la Corte Marcial elimin贸 diversas
consideraciones de ese fallo, dej谩ndolo virtualmente sin
fundamentos, proceder que estiman de la mayor
trascendencia,
pues la sentencia de primer grado dio por establecida la falta de
servicio a partir de los
antecedentes contenidos en el fallo de la justicia militar.
Como se advierte de lo expuesto en el p谩rrafo que precede, los
juzgadores de segunda instancia se limitaron a rebatir lo razonado
por la juez de primer grado, descartando, por las razones que citan,
los antecedentes que sirvieron de asiento a la determinaci贸n
apelada; sin embargo, al examinar la conformidad del fallo del a quo
con la ley y con el m茅rito de los antecedentes agregados al proceso
los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel dejaron de
analizar las dem谩s probanzas aparejadas por las partes, en
particular las piezas del sumario administrativo acompa帽adas por la
parte demandante, entre las que figuran, especialmente, las
declaraciones de los funcionarios Dagoberto Fuentes Ansaldo, Cristi谩n
Mauricio Rodr铆guez
Vald茅s, Felipe Andr茅s Marchant Aguilar, Marcelo Javier
Larra铆n Gonz谩lez
y Jos茅 Demesio Morales Garrido y el Ordinario N° 618, de 18 de
marzo de 2011, antecedentes en los que se hace referencia al mal
estado de la puerta trasera del veh铆culo policial en el que se
desplazaba la Cabo 2° de Carabineros Paulina Aurora Gallardo Reyes
el d铆a en que falleci贸.
Asimismo, soslayaron tambi茅n el estudio y valoraci贸n del Dictamen
N° 02075/2011/2, de 4 de enero de 2013, que aprob贸 el sumario
administrativo seguido por los hechos de que se trata y en el que se
sanciona a dos oficiales debido a que no adoptaron las medidas
necesarias, oportunas y eficaces para reparar el desperfecto que
presentaba la puerta trasera izquierda del radio patrulla RP-1847, en
cuya parte posterior qued贸 atrapada la citada funcionaria policial
en el momento en que su conductor decidi贸 bloquear el paso del
cami贸n robado al que preced铆an; adem谩s, fueron castigados porque
no realizaron acci贸n alguna para que el citado m贸vil quedara fuera
de servicio. En el mismo instrumento se aplican 15 d铆as de arresto
con servicios al Cabo 1° Pablo Garc铆a Jerez, conductor del m贸vil
policial en el que acaecieron los hechos de que se trata, por haber
actuado de manera temeraria y sin adoptar las medidas de seguridad
necesarias para resguardar su integridad f铆sica y la de sus
acompa帽antes.
S脡PTIMO: Que en esas condiciones, y como resulta evidente, la
sentencia de segundo grado no entrega mayores ni justificados
argumentos para sustentar su decisi贸n, limit谩ndose a descartar
ciertos medios probatorios, sin examinar, empero, las restantes
probanzas existentes en autos y, en particular, las piezas del
sumario
administrativo,
que constituye un instrumento p煤blico cuya valoraci贸n, en los
t茅rminos previstos por la ley, no ha podido ser soslayada por los
falladores al decidir acerca del asunto sometido a su conocimiento.
En otras palabras, si bien los juzgadores de segunda instancia se
hallaban obligados, al adoptar una decisi贸n en torno a los recursos
de apelaci贸n presentados por las partes, a examinar los antecedentes
que sirvieron de fundamento a la determinaci贸n de la juez de primer
grado, dicha labor no pod铆a limitarse a un simple an谩lisis s贸lo de
aqu茅llos, sino que, por la inversa, deb铆an considerar todos los
elementos de juicio agregados a la causa, sea que los condujeran a la
confirmaci贸n del fallo apelado o que los convencieran de rechazar la
demanda.
El an谩lisis de los razonamientos contenidos en la sentencia
impugnada demuestra que, no obstante lo asentado precedentemente, el
tribunal de segundo grado omiti贸 la ponderaci贸n de todos los
antecedentes probatorios agregados a la causa, habi茅ndose limitado a
se帽alar las objeciones que permit铆an, a su juicio, desconocer
m茅rito probatorio a los que fueran citados en la sentencia de
primera instancia, sin dejar constancia, sin embargo, de las
disquisiciones y razonamientos pertinentes en relaci贸n al resto de
la prueba rendida, de manera que el asunto de mayor relevancia en el
juicio, cual es la decisi贸n de las pretensiones planteadas por los
actores, ha quedado sin sustento ni explicaci贸n suficiente, no
siendo posible comprender, entonces, cu谩les son las reflexiones y
consideraciones en cuya virtud decidieron desechar la acci贸n
indemnizatoria intentada.
OCTAVO:
Que, en otras palabras, el tribunal no justifica debidamente el
rechazo de la demanda intentada en autos, omisi贸n que resulta
todav铆a m谩s relevante si se tiene presente que existe una decisi贸n
de la autoridad competente de Carabineros de Chile que ha sancionado,
por una parte, a dos funcionarios de esa instituci贸n como
consecuencia del mal estado de la puerta del veh铆culo policial en el
que qued贸 atrapada la Cabo 2° Paulina Aurora Gallardo Reyes
momentos antes de recibir el impacto del cami贸n que impact贸 al
radio patrulla en su parte trasera, mientras que, por otro lado, ha
castigado a un tercer funcionario por haber actuado de manera
temeraria e insegura en la conducci贸n del autom贸vil en el que se
movilizaba la citada suboficial.
NOVENO: Que, como se observa, la sentencia impugnada
efectivamente carece del est谩ndar de fundamentaci贸n m铆nimo
exigible en conformidad a lo establecido en el referido art铆culo 170
N° 4 del C贸digo de Procedimiento Civil, en relaci贸n a las razones
conforme a las cuales decide desestimar la demanda intentada en
autos, desde que ha omitido el examen y debida ponderaci贸n de todos
los elementos de juicio aparejados al proceso.
D脡CIMO: Que la aludida conclusi贸n aparece as铆 desprovista
de la adecuada fundamentaci贸n que debe contener una sentencia, pues
no encuentra su correlato en los basamentos del fallo, de lo que se
sigue que no ha existido, en la especie, un cabal razonamiento
respecto del asunto sometido al conocimiento y resoluci贸n de los
juzgadores del m茅rito, omiti茅ndose de este modo las consideraciones
de hecho y de derecho que deb铆an servirle de sustento,
desentendi茅ndose as铆 los magistrados de la obligaci贸n de efectuar
las reflexiones que permitan apoyar su determinaci贸n, al prescindir
del estudio que deben efectuar de la totalidad de los medios
probatorios rendidos por las partes, que en este caso se encuentra
ausente en relaci贸n a un aspecto tan relevante como el identificado
precedentemente.
D脡CIMO PRIMERO: Que lo razonado demuestra que los
sentenciadores incurrieron en el vicio de casaci贸n en la forma
previsto en el art铆culo 768 N° 5 en relaci贸n con el art铆culo 170
N° 4, ambos del C贸digo de Procedimiento Civil, por la falta de
consideraciones que han de servir de fundamento al fallo, en lo que
se refiere, espec铆ficamente, a las razones conforme a las cuales
decidieron desestimar la demanda, raz贸n por la que el arbitrio en
estudio ser谩 acogido.
D脡CIMO SEGUNDO: Que atento a lo expuesto y a lo prescrito en
el art铆culo 808 del C贸digo de Procedimiento Civil, se tendr谩 como
no interpuesto el recurso de casaci贸n en el fondo deducido por la
parte demandante.
Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen los art铆culos 764,
765, 766, 768 y 808 del C贸digo de Procedimiento Civil, se acoge
el recurso de casaci贸n en la forma interpuesto en lo principal de la
presentaci贸n de fojas 304 en contra de la sentencia de veinticinco
de mayo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 294, la que por
consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta a
continuaci贸n.
Se tiene por no interpuesto el recurso de casaci贸n en el fondo
deducido en el primer otros铆 de fojas 304.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo de la Abogada Integrante se帽ora
Gajardo.
Rol N潞 14.899-2018.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por
los Ministros (a) Sr. Sergio Mu帽oz G., Sra. Mar铆a Eugenia Sandoval
G. y Sr. Carlos Ar谩nguiz Z. y los
Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sra. Mar铆a Cristina
Gajardo H. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo de la causa, la Ministra se帽ora Sandoval por estar con
feriado legal y el Abogado Integrante se帽or Pierry por estar
ausente. Santiago, 06 de enero de 2020.
SERGIO MANUEL MU脩OZ GAJARDO CARLOS
RAMON ARANGUIZ ZU脩IGA
MINISTRO MINISTRO
Fecha: 06/01/2020 11:01:11 Fecha:
06/01/2020 11:58:39
MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 06/01/2020
12:19:17 Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema
JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 06/01/2020 12:39:45
En Santiago, a seis de enero de dos
mil veinte, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la
resoluci贸n precedente.
JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 06/01/2020 12:39:45
Este
documento tiene firma electr贸nica y su original puede ser validado
en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitaci贸n de la causa. En
aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde
al horario establecido para Chile Continental.
Santiago, seis de enero de dos mil veinte.
En cumplimiento a lo dispuesto en el art铆culo 786 del C贸digo de
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
VISTOS:
Se reproduce el fallo en alzada y se tiene, adem谩s, presente:
1° Que esta Corte ha se帽alado reiteradamente que la falta de
servicio “se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del
Servicio en relaci贸n a la conducta normal que se espera de 茅l,
estim谩ndose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo
hacerlo y cuando funciona irregular o tard铆amente, operando as铆
como un factor de imputaci贸n que genera la consecuente
responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el
art铆culo 42 de la Ley N° 18.575” (Corte Suprema, Rol 95542012, 10
de junio de 2013, considerando und茅cimo). En este sentido, habr谩 de
resaltarse que la omisi贸n o abstenci贸n de un deber jur铆dico de la
Administraci贸n generar谩
responsabilidad
para aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por
el ordenamiento jur铆dico. En otras palabras, cuando se constate la
ausencia de actividad del 贸rgano del Estado debiendo aquella
actividad haber existido, disponiendo de los medios para ello.
2° Que la falta de servicio que los demandantes imputan al
Fisco de Chile radica, por un lado, en que el conductor del veh铆culo
policial realiz贸 una maniobra negligente y temeraria al detener su
veh铆culo obstruyendo el paso al cami贸n robado, el que colision贸 a
la patrulla policial en su parte trasera; por otro lado, se帽alan que
la falta de servicio tambi茅n consiste en que la puerta trasera
izquierda del veh铆culo policial presentaba un desperfecto que
impidi贸 que se abriera, dejando a la Cabo 2° Paulina Aurora
Gallardo Reyes atrapada en su interior.
3° Que aun cuando al contestar la acci贸n deducida el Fisco
controvirti贸 los hechos en que 茅sta se asienta, reconoci贸
expresamente que la Cabo 2° Gallardo Reyes qued贸 atrapada en el
interior del veh铆culo policial en el momento en que el conductor de
este 煤ltimo detuvo el m贸vil fiscal con el objeto de bloquear el
paso del cami贸n robado.
4° Que, en este contexto, y conforme lo dio por establecido
el fallo de primer grado, es posible concluir que, efectivamente, la
actuaci贸n del personal dependiente de Carabineros en el caso en
examen fue deficiente y negligente, configur谩ndose de este modo la
falta de servicio que sirve de sustento a la demanda intentada, toda
vez que, por una parte, la cabo Gallardo no logr贸 descender del
m贸vil policial debido a que, al menos, una de las puertas traseras
se encontraba en mal estado, circunstancia que supuso que quedara
atrapada en su interior y recibiera toda la fuerza del impacto del
cami贸n que era objeto de la persecuci贸n; asimismo, y por otro lado,
tambi茅n se comprob贸 que el conductor del m贸vil policial actu贸 de
manera negligente e insegura al detener el m贸vil en la pista por la
que avanzaba el cami贸n robado, sin adoptar las medidas de seguridad
precisas para salvaguardar la vida e integridad f铆sica de las
funcionarias que viajaban con 茅l, verificando previamente que todas
sus ocupantes pudieran descender del m贸vil, todo lo contrario,
existen antecedentes respecto del mal estado del veh铆culo y respecto
del cual no se hab铆a dispuesto su reparaci贸n.
En otras palabras, la actuaci贸n indolente y descuidada del personal
de Carabineros que configura la falta de servicio alegada por los
actores est谩 constituida por la falta de reparaci贸n de los
mecanismos que permit铆an abrir las puertas traseras de la patrulla
policial RP-1847, pues, empleado dicho m贸vil en las tareas propias
del servicio de esa instituci贸n, esto es, en labores peligrosas y
expuestas a toda clase de eventos inesperados, dicho defecto impidi贸
la oportuna salida del mismo de una funcionaria quien, al quedar
atrapada en su interior, sufri贸 graves lesiones que, posteriormente,
le causaron la muerte.
Dicho factor de atribuci贸n est谩 configurado, adem谩s, por el
proceder negligente y temerario del conductor del m贸vil fiscal,
quien expuso de manera imprudente la seguridad de sus acompa帽antes
al detener de manera intempestiva el autom贸vil en la l铆nea de
marcha de un veh铆culo de mucho mayor tama帽o, sin adoptar las
acciones de seguridad requeridas.
5° Que, adem谩s, ha quedado debidamente establecida la
existencia de los da帽os cuyo resarcimiento exigen los demandantes.
En efecto, la documental y testimonial rendida resulta bastante para
demostrar, como qued贸 asentado en primer grado, que los actores
efectivamente padecieron el da帽o moral cuyo resarcimiento demandan y
que 茅l es consecuencia directa del proceder negligente y descuidado
del personal dependiente de Carabineros.
6° Que en este sentido cabe subrayar la testimonial prestada
por Ana Magdalena Az贸car R铆os, Mar铆a Teresa Barrera S谩nchez y
Lidia del Carmen Duarte Far铆as, de cuyas deposiciones se desprende
que la familia integrada por los actores era muy unida, que Paulina
Gallardo viv铆a junto a su padre y algunos de sus hermanos y que,
debido a la muerte de Paulina, los demandantes sufrieron un cambio
abrupto en su vida familiar; asimismo, a帽aden que uno de los
hermanos que m谩s ha sufrido es Felipe, a quien Paulina cuidaba y
apoyaba, dado que es el menor; tambi茅n subrayan que Carlos Gallardo,
padre de la fallecida, ha requerido ayuda profesional, debiendo
asistir a un psic贸logo. Por 煤ltimo, subrayan el intenso dolor y la
gran tristeza que han padecido los actores, considerando que se trata
de una familia cercana y unida y la edad de Paulina al morir (de 27
a帽os a esa fecha).
7° Que, en consecuencia, y resultando procedente condenar al
demandado a indemnizar a los actores los da帽os padecidos por estos
como consecuencia de la falta de servicio de que se trata, s贸lo
resta examinar lo vinculado con el quantum de dicho
resarcimiento.
En este sentido es preciso destacar que en la especie qued贸
demostrado que Paulina Aurora Gallardo Reyes, de s贸lo 27 a帽os de
edad, falleci贸 mientras participaba en un acto de servicio como Cabo
2° de Carabineros, obedeciendo su muerte, al menos en parte, al mal
estado de los mecanismos de apertura de las puertas traseras del
veh铆culo policial en el que se desplazaba, pues, dada su
inoperancia, se vio imposibilitada de escapar del m贸vil, resultando
gravemente lesionada debido al impacto causado por un cami贸n al que
persegu铆a el personal de Carabineros.
Como se observa, el se帽alado defecto, que configura una de las dos
hip贸tesis de falta de servicio alegadas por los actores, no
corresponde a un problema de una gran entidad, sino que, por la
inversa, se trata de un desperfecto menor que pudo ser f谩cilmente
subsanado sometiendo al veh铆culo oportunamente a las mantenciones
que fueran precisas y necesarias.
Empero, ello no ocurri贸 y, todav铆a m谩s, se autoriz贸 su empleo en
esas condiciones sin advertir que la labor policial, por su propia
naturaleza, est谩 expuesta de manera constante a toda clase de
peligros y eventos riesgosos que pueden derivar en la necesidad de
utilizar todas y cada una de las caracter铆sticas del veh铆culo a su
m谩xima capacidad, sin que objeci贸n alguna pueda justificar la falta
de reparaci贸n de aquellos defectos que, como qued贸 demostrado en
autos, eran conocidos por el personal encargado de estas materias en
la unidad policial respectiva.
En consecuencia, al regular el monto de la indemnizaci贸n que se
otorgar谩 se ha de considerar, especialmente, la grave negligencia
que los hechos expuestos suponen, as铆 como la circunstancia de que
la v铆ctima formaba parte de una familia muy unida, cuyos v铆nculos
resultaban especialmente intensos dado que Paulina y su propia
familia viv铆a con su padre y con varios de sus hermanos, a lo que se
debe a帽adir que de los antecedentes no aparece que la madre de
Paulina y c贸nyuge de Carlos Gallardo est茅 presente en el grupo
familiar, ausencia que torna aun m谩s dolorosa la p茅rdida de la
citada hija y hermana para el resto de los actores.
8° Que dicho conjunto de antecedentes da cuenta de la
complejidad de los eventos adversos a que se han visto enfrentados
los demandantes y a los que continuar谩n expuestos por un largo
tiempo, a la vez que refleja la profundidad del da帽o y del dolor que
茅stos les han provocado, condiciones que, en consecuencia, exigen la
regulaci贸n de un monto indemnizatorio verdaderamente condigno, esto
es, proporcionado y adecuado a la magnitud y gravedad de los
perjuicios materia de autos.
Conforme a ese criterio rector y dado que los
demandantes son
el padre y los hermanos de Paulina Gallardo Reyes, forzoso es
concluir que el 煤nico medio de alcanzar una determinaci贸n imparcial
y equilibrada pasa por aumentar el quantum de las
indemnizaciones otorgadas a cada uno de los demandantes, aunque
manteniendo la distinci贸n efectuada por la se帽ora juez de primer
grado entre la situaci贸n del padre y de los hermanos de Paulina,
pues, como salta a la vista, el dolor y la aflicci贸n padecidos por
aqu茅l no pueden ser igualados, y tampoco se acercan, a los que
afectaron a los 煤ltimos.
9° Que por dichos motivos estos sentenciadores estiman
prudencialmente que el perjuicio moral sufrido por el demandante
Carlos Eduardo Gallardo Ruiz resulta resarcido con la cantidad de
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), en tanto que el da帽o de
esta clase padecido por los actores Margarita del Rosario, Mar铆a
Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, Jos茅 Francisco y Felipe
Ignacio, todos de apellidos Gallardo Reyes, s贸lo podr谩 ser reparado
con la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno.
10° Que no existiendo m茅rito alguno para desechar la demanda
intentada en autos y, por la inversa, concurriendo antecedentes
bastantes para confirmar la sentencia de primer grado aumentando el
monto de las indemnizaciones otorgadas a los actores, se desestima el
recurso de apelaci贸n intentado por la defensa fiscal.
Y visto, adem谩s, lo dispuesto en el art铆culo 186 del C贸digo de
Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 202,
con declaraci贸n de que el monto que el Fisco de Chile deber谩
pagar al actor Carlos Eduardo
Gallardo Ruiz,
por concepto de da帽o moral, se eleva a $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos), mientras que las sumas que deber谩 solucionar a
los demandantes Margarita del Rosario, Mar铆a Teresa, Carola Adriana,
Carlos Eduardo, Jos茅
Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo
Reyes, por el mismo concepto, se incrementan a $20.000.000
(veinte millones de pesos) para cada uno.
Se confirma en lo dem谩s apelado el fallo en alzada.
Reg铆strese y devu茅lvase con sus agregados.
Redacci贸n a cargo de la Abogada Integrante se帽ora
Gajardo.
Rol N° 14.899-2018.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por
los Ministros (a) Sr. Sergio Mu帽oz G., Sra. Mar铆a Eugenia Sandoval
G. y Sr. Carlos Ar谩nguiz Z. y los
Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sra. Mar铆a Cristina
Gajardo H. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo de la causa, la Ministra se帽ora Sandoval por estar con
feriado legal y el Abogado Integrante se帽or Pierry por estar
ausente. Santiago, 06 de enero de 2020.
APORTES:
Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a informaci贸n del mismo a editor@jurischile.com
ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
CORTE DE SANTIAGO FIJA EN 40 UTM MULTA A EMPRESA IMPORTADORA POR INFRACCIONES SANITARIAS
C.A. de Santiago
Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
Proveyendo a fojas 215 y 216: a todo, t茅ngase presente.
Resolviendo al Ingreso N° 5445-2018:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci贸n de sus motivos
decimoquinto a decimos茅ptimo, que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y, adem谩s, presente:
Que el m茅rito de los antecedentes permite concluir que, en virtud
del principio de proporcionalidad de la sanci贸n, la multa impuesta
resulta excesiva, por lo que se acoger谩 la reclamaci贸n en aquella
parte que se pretende su rebaja.
Y visto, adem谩s lo dispuesto en los art铆culos 144 y 186 del C贸digo
de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de diecis茅is
de agosto de dos mil dieciocho, escrita de fojas 184 a 205, y se
decide en su lugar que la reclamaci贸n de fojas 83 queda acogida s贸lo
en cuanto se rebaja la multa impuesta a 40 unidades tributarias
mensuales, sin costas por haber tenido, el demandado, motivos
plausibles para litigar.
Acordado con el voto en contra del Ministro se帽or Gray, quien estuvo
por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios
fundamentos.
Resolviendo al Ingreso N° 16332-2018:
Vistos:
Se confirma la resoluci贸n de diecisiete de agosto de dos mil
diecis茅is, escrita a fojas 119.
Reg铆strese y devu茅lvase.
N°Civil-5445-2018.
(acumulada con Ingreso N° 16332-2018)
Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de
Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro se帽or Juan
Crist贸bal Mera Mu帽oz e integrada por la Ministra se帽ora Mireya
L贸pez Miranda y por el Ministro se帽or Tom谩s Gray Gariazzo.
APORTES:
Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a informaci贸n del mismo a editor@jurischile.com
ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
CORTE SUPREMA CONFIRMA FALLO QUE ORDEN脫 A EMPRESA DE REVESTIMIENTOS PAGAR INDEMNIZACI脫N POR MAL INSTALACI脫N DE PISO
Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
Primero: Que en este procedimiento ordinario tramitado digitalmente
ante el Vig simo Cuarto Juzgado Civil de Santiago bajo el rol茅
C-27727-2017, caratulado Correa con F brica de Pavimentos y“
谩 Revestimientos Budnik Hnos. S.A. , se ha ordenado dar
cuenta de la”
admisibilidad del recurso de casaci n en el fondo deducido por la
parte贸 demandada contra
la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, de fecha
diecis is de agosto del a o en curso, que confirm el fallo de茅
帽 贸 primer grado pronunciado el diez de agosto de dos mil
dieciocho, por el cual se acogi parcialmente la demanda
indemnizatoria, condenando a la贸
demandada a pagar la suma de $5.921.175 por concepto de da o帽
emergente y $3.000.000 como indemnizaci n por el da o moral causado.贸
帽
Segundo: Que el recurrente funda su solicitud de nulidad expresando
que en el fallo cuestionado se infringe el art culo 1713 del C digo
Civil en铆 贸 relaci n al
art culo 399 del C digo de Procedimiento Civil; el art culo 426 de贸
铆 贸 铆 la codificaci n procesal civil en relaci n al art
culo 1712 del c digo sustantivo;贸
贸 铆 贸 y el art culo 1702 del citado C digo Civil en relaci
n al 1700 del mismo铆 贸 贸
cuerpo legal. En primer t rmino, afirma que no existe discusi n
acerca de la茅 贸
existencia de un informe de fugas encargado por los demandantes, a
cuyo respecto los jueces de fondo han cometido el error de valorar
como si fuera anterior a la instalaci n del piso flotante, en
circunstancias que es de data贸
posterior, seg n qued asentado por medio de la confesional prestada
por el煤 贸 actor
Ezequiel Camus. En segundo lugar y en lo que concierne al
conocimiento de la demandada acerca del problema previo de fugas,
sostiene que no se valoraron las copias de los correos de 9 y 17 de
marzo de 2017, los que acreditan que no exist a tal conocimiento ya
que lo medido fueron los铆
porcentajes de humedad residual existente en el inmueble de los
demandantes, pero no las causas de dicha humedad ya que esta tarea
deb a realizarla la铆
empresa que estaba a cargo de la remodelaci n, la que se al que no
hab a贸 帽 贸 铆 problemas
de filtraciones.
A continuaci n se sostiene que de no haberse cometido los yerros贸
denunciados, la sentencia hubiera tenido por acreditado que la
obligaci n de贸 la
demandada consist a en entregar correctamente instalado el piso铆
fotolaminado, para lo cual deb a sacar el piso previamente instalado,
secar la铆 humedad,
impermeabilizar e instalar el nuevo piso, obligaciones todas que
fueron cumplidas, desconociendo las causas de la humedad, de manera
que resulta un hecho probado que el origen del levantamiento no fue
la instalaci n sino que un vicio en el inmueble.贸
Finaliza solicitando que se invalide la sentencia recurrida y se
dicte la de reemplazo que corresponda, por la cual se rechace la
demanda en todas sus partes.
Tercero: Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civil铆
° 贸 sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito
indispensable para su贸
admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone exprese ,
es decir,“ ” explicite
en qu consiste -c mo se ha producido- el o los errores, siempre que茅
贸 estos sean de derecho .“
”
Cuarto: Que, a mayor abundamiento, esta Corte ha dicho en forma
reiterada que las normas infringidas en el fallo cuya anulaci n se
pretende,贸 para que pueda
prosperar un recurso de casaci n en el fondo, han de ser贸
tanto las que el fallador invoc en su sentencia para resolver la
cuesti n贸 贸
controvertida, como aqu llas que dej de aplicar y que tienen el car
cter de茅 贸 谩 normas
decisorias de la litis, puesto que en caso contrario esta Corte no
podr a dictar sentencia de reemplazo, dado el hecho que se trata de
un铆 recurso de derecho
estricto.
Quinto: Que versando la contienda sobre una acci n indemnizatoria贸
por responsabilidad contractual, la exigencia consignada en el motivo
anterior obligaba al impugnante a explicar los contenidos jur dicos
del铆 instituto que hizo
valer en juicio. Concretamente, las relativas a la responsabilidad
contractual, contenidas en los art culos 1545 y siguientes del铆
C digo Civil, teniendo en consideraci n que fueron precisamente 贸
贸 estos preceptos aquellos que se invocaron como sustento de
la demanda y que los jueces de fondo aplicaron para resolver la
controversia. Al no hacerlo se genera un vac o que la Corte no puede
subsanar, desde que ha de铆
entenderse que dicha normativa ha sido correctamente aplicada.
Estas graves falencias impiden que el arbitrio pueda superar el
umbral de admisibilidad formal.
Por estas consideraciones y de conformidad con las normas legales
citadas, se declara inadmisible el recurso de casaci n en el fondo贸
interpuesto por la abogada Mar a Francisca Valenzuela, en
representaci n de铆 贸 la
parte demandada, contra la sentencia de diecis is de agosto del a o
en茅 帽 curso.
Reg
strese y devu lvase por interconexi n.铆 茅 贸
N 27.637-2019潞
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros
Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo
Fuentes铆
B., Sr. Arturo Prado P. y Abogado Integrante Sr. Daniel Pe ailillo
A. 帽 No firman la
Ministra Sra. Maggi y el Abogado Integrante Sr. Pe ailillo, no帽
obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del
fallo, por estar con feriado legal la primera y ausente el segundo.
APORTES:
Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a informaci贸n del mismo a editor@jurischile.com
ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
CORTE SUPREMA ACOGE DEMANDA DE AUTODESPIDO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL
Santiago, tres de enero de dos mil veinte.
Visto:
En estos autos RIT O-971-2018, RUC 1840140827-0, del Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de San Miguel, por sentencia de ocho de marzo
de dos mil dieciocho, se rechaz贸 la demanda interpuesta por do帽a
Paola Beatriz Maldonado Roco en contra de la Municipalidad de La
Pintana.
En relaci贸n con ese fallo la demandante interpuso recurso de
nulidad, que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de
San Miguel, mediante resoluci贸n de dos de mayo de dos mil
diecinueve.
Respecto de esta sentencia la misma parte dedujo recurso de
unificaci贸n de jurisprudencia, pidiendo que se dicte la de reemplazo
que describe.
Se orden贸 traer estos autos en relaci贸n.
Considerando:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los art铆culos
483 y 483-A del C贸digo del Trabajo, el recurso de unificaci贸n de
jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho
objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en
uno o m谩s fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia. La presentaci贸n respectiva debe ser fundada, incluir una
relaci贸n precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones
sobre el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas
resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se
recurre y, por 煤ltimo, se debe acompa帽ar la copia fidedigna del o
de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que la unificaci贸n de jurisprudencia pretendida, en
lo que se refiere a la materia de derecho objeto del juicio, dice
relaci贸n con determinar “acerca de cu谩l es el r茅gimen
jur铆dico aplicable a la demandante en su relaci贸n contractual con
la Ilustre Municipalidad de La Pintana, la demandada, esto es, si ese
v铆nculo jur铆dico es de 铆ndole laboral, regido por el art铆culo 7
del C贸digo del Trabajo y dem谩s normas legales pertinentes al caso
concreto, al contrario, debe estar sujeto a las normas de derecho
com煤n que regulan el contrato de honorarios, en los t茅rminos que
plantea el art铆culo 4 de la Ley 18.883”.
Tercero: Que, para los efectos de fundar el recurso de
unificaci贸n de jurisprudencia, cita, en primer t茅rmino, la
sentencia dictada por esta Corte, en los autos Rol N° 4.5912018, la
que se帽al贸 “es un hecho probado que la demandante prest贸
servicios para la demandada desde el 1 de marzo de 2009 para dos
programas cuya ejecuci贸n le correspondi贸 a la demandante, mediante
sucesivos contratos suscritos conforme al art铆culo 4潞 de la Ley N潞
18.883, que se prolongaron hasta el 1 de mayo de 2017. En
cumplimiento de tal vinculaci贸n, se estableci贸 que la demandada
deb铆a cumplir con una jornada y confeccionar informes de sus
labores. Por lo dem谩s, as铆 qued贸 establecido en la sentencia de
base en aquello no invalidado por la de unificaci贸n de
jurisprudencia”, agregando que “del m茅rito de la prueba rendida,
en especial de los m煤ltiples contratos celebrados entre las partes,
se lee que las funciones que deb铆a realizar deb铆an ejecutarse en
una jornada de 44 horas semanales, con una 煤ltima contraprestaci贸n
mensual de dinero ascendente a $1.200.000, contra entrega de una
boleta de honorarios y un informe mensual, con obligaci贸n de
asistencia y supervigilancia de la jefatura. Adem谩s, se le reconocen
beneficios como permisos, feriado legal y descanso por licencias
m茅dicas”, concluyendo que “m谩s all谩 de lo planteado en
los instrumentos escritos, en especial de los contratos celebrados
por las partes, aportados por la propia demandada, y de los
respectivos decretos administrativos que los autorizan y dem谩s
documentaci贸n aparejada, fluye que en los hechos, esto es, en el
devenir material y concreto en que se desarroll贸 la vinculaci贸n
referida, se configur贸 una de naturaleza laboral, al concurrir en la
pr谩ctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el
art铆culo 7潞 del C贸digo del Trabajo”.
En segundo lugar trae a colaci贸n otro fallo de este tribunal,
dictado en los autos Rol N° 42.636-2017, que pronunci谩ndose sobre
id茅ntica materia de derecho se帽al贸 que “ … son hechos que
se encuentran establecidos en la sentencia de base, los siguientes:
a) El demandante se desempe帽贸 para la demandada desde el 1 de
agosto de 2009 y hasta el 30 de diciembre de 2016, en virtud de
sucesivos contratos de servicio a honorarios mediante los cuales
deb铆a ejecutar labores en programas de apoyo sicosocial financiados
por Fosis; b) Los servicios se sujetaron a obligaci贸n de asistencia
y cumplimiento de horario, sometido a la dependencia e instrucciones
de jefaturas, por cuanto obedec铆a a un superior jer谩rquico, a quien
deb铆a acatar y obedecer; y como contraprestaci贸n por dichos
servicios, recib铆a mensualmente una suma de dinero previa emisi贸n
de boleta de honorarios e informe de labores”, concluyendo que
“tales fundamentos f谩cticos constituyen un expresi贸n clara de
laboralidad que denota dicha naturaleza en el desarrollo pr谩ctico
que tuvo el v铆nculo que lig贸 a las partes; en efecto, son indicios
que demuestran, en los t茅rminos descritos en el art铆culos 7° del
C贸digo del Trabajo, una relaci贸n sometida a su regulaci贸n, desde
que configuran una evidente prestaci贸n de servicios personales, bajo
dependencia y subordinaci贸n y por la cual el actor recibe cambio una
remuneraci贸n”.
Por 煤ltimo sindica una sentencia de esta Corte, pronunciada en los
autos Rol N° 16.346-2016, que precis贸 que “se debe tener en
consideraci贸n que es un hecho reconocido por el municipio en su
contestaci贸n que la actora prest贸 servicios de manera continua para
la demandada en el “Programa Puente” desde el 1° de octubre de
2002 y que desde el 1° de enero de 2008 al 31 de marzo de 2015, el
Municipio, directamente, pagaba sus honorarios, conforme al v铆nculo
que los un铆a y que, seg煤n fue decidido en el fallo de unificaci贸n,
su naturaleza debe estimarse como una de car谩cter laboral sujeta a
los art铆culos 1°, 7° y 8° del C贸digo del Trabajo, y no al
art铆culo 4° de la Ley N° 18.883”, concluyendo que “con
ajuste a lo elucubrado en los considerandos anteriores se yergue como
conclusi贸n indiscutible la existencia de una relaci贸n de naturaleza
laboral entre las partes, por lo tanto, regida por el C贸digo del
ramo y descrita en su art铆culo 8°”.
Cuarto: Que, en contrario, la sentencia impugnada dirimi贸 la
controversia expresando que “ … el art铆culo 4 de la Ley
18.883, permite que las Municipalidades contraten a honorarios a
profesionales y t茅cnicos de educaci贸n o expertos en determinadas
materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean
habituales de las municipalidades, mediante decreto del Alcalde. En
el inciso segundo, se contempla la facultad de contratar a honorarios
la prestaci贸n de servicios para cometidos espec铆ficos, conforme a
las normas generales. Por 煤ltimo, se dispone que las personas
contratadas a honorarios se regir谩n por las reglas que establece el
respectivo contrato”, concluyendo que “ … dados los
hechos establecidos, no se advierte infracci贸n alguna de los
art铆culos 7 del C贸digo del Trabajo, 4 de la ley N°18.883 y 19 al
22 del C贸digo Civil, en cuanto a su interpretaci贸n ni aplicaci贸n;
por el contrario, la primera no es la regla aplicable en la especie,
pues como se ha explicado, los hechos establecidos en la instancia y
las conclusiones extra铆das a partir de ellos llevan a estimar que la
naturaleza de la relaci贸n contractual de marras no es laboral, por
lo que tal norma no es aplicable en este caso. Y, a la inversa, la
segunda norma que se denuncia como infringida es precisamente la
norma aplicable a los hechos establecidos en el fallo”.
Quinto: Que, por lo tanto, concurren dos interpretaciones
sobre una id茅ntica materia de derecho, presupuesto necesario del
recurso de unificaci贸n de jurisprudencia, por lo que se debe
establecer cu谩l es la correcta, lo que se traduce en determinar qu茅
estatuto jur铆dico regula la vinculaci贸n que se genera entre una
persona natural y la entidad perteneciente a la Administraci贸n del
Estado donde se desempe帽a, cuando no se encuadra a los t茅rminos de
la normativa conforme a la cual se incorpor贸 a su dotaci贸n.
Sexto: Que, a los efectos de asentar la recta ex茅gesis en el
negocio, es menester traer a colaci贸n el art铆culo 1 del C贸digo del
Trabajo, que prescribe: “Las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores se regular谩n por este C贸digo y por sus
leyes complementarias.
Estas normas no se aplicar谩n, sin embargo, a los funcionarios de
la Administraci贸n del Estado, centralizada y descentralizada, del
Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las
empresas o instituciones del Estado o de aqu茅llas en que tenga
aportes, participaci贸n o representaci贸n, siempre que dichos
funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un
estatuto especial.
Con todo, los trabajadores de las entidades se帽aladas en el
inciso precedente se sujetar谩n a las normas de este C贸digo en los
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos,
siempre que ellas no fueren contrarias a estos 煤ltimos.
Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notar铆as,
archiveros o conservadores se regir谩n por las normas de este
C贸digo”.
S茅ptimo: Que, asimismo, conviene recordar que el art铆culo 4
de la Ley N° 18.883, precept煤a: “Podr谩n contratarse sobre la
base de honorarios a profesionales y t茅cnicos de educaci贸n superior
o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores
accidentales y que no sean las habituales de la instituci贸n,
mediante resoluci贸n de la autoridad correspondiente. Del mismo modo
se podr谩 contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que
posean t铆tulo correspondiente a la especialidad que se requiera.
Adem谩s, se podr谩 contratar sobre la base de honorarios, la
prestaci贸n de servicios para cometidos espec铆ficos, conforme a las
normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regir谩n por las reglas
que establezca el respectivo contrato y no les ser谩n aplicables las
disposiciones de este Estatuto”.
Octavo: Que, acorde con la normativa hasta ahora reproducida,
la premisa est谩 constituida por la vigencia del C贸digo del Trabajo
respecto de todas las vinculaciones de 铆ndole laboral habidas entre
empleadores y trabajadores, y se entienden por tal, en general,
aquellas que re煤nen las caracter铆sticas derivadas de la definici贸n
de contrato de trabajo consignada en el art铆culo 7 del ordenamiento
aludido, esto es, la relaci贸n en la que concurren la prestaci贸n de
servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o
subordinaci贸n y el pago de una remuneraci贸n por dicha tarea, donde
la presencia de aqu茅llas constituye el elemento esencial,
determinante y distintivo de una relaci贸n de este tipo.
Noveno: Que el art铆culo 1 del C贸digo del Trabajo consigna,
adem谩s de la ya indicada premisa gen茅rica, una excepci贸n a la
aplicaci贸n de su compilaci贸n al personal de la Administraci贸n del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del
Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del
Estado o de aqu茅llas en que tenga aportes, participaci贸n o
representaci贸n, salvedad restringida 煤nicamente al evento que
dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a
un estatuto especial. Empero, tambi茅n encierra una contra excepci贸n
que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a
quienes se vuelve a la vigencia del C贸digo del Trabajo, s贸lo en los
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos,
siempre que no sean contrarios a 茅stos. En otros t茅rminos, se
someten al C贸digo del Trabajo y leyes complementarias los
funcionarios de la Administraci贸n del
Estado
no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho
r茅gimen peculiar, en car谩cter de subsidiario, sobre los aspectos o
materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco
jur铆dico.
D茅cimo: Que, por otra parte, es importante tener en
consideraci贸n que el contrato a honorarios se ha erigido como un
mecanismo de prestaci贸n de servicios a trav茅s del cual la
Administraci贸n del Estado puede contar con la asesor铆a de expertos
en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores
propias y que muestran el car谩cter de ocasional, espec铆fico,
puntual y no habitual.
Und茅cimo: Que los trabajos que se efect煤an conforme a esta
煤ltima calidad jur铆dica constituyen una modalidad de prestaci贸n de
servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la
calidad de funcionario p煤blico, y los derechos que le asisten son
los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales
y no habituales del 贸rgano respectivo aqu茅llas que, no obstante ser
propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales,
accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a
contrata; y por cometidos espec铆ficos, es decir, aqu茅llas que est谩n
claramente determinadas en el tiempo y perfectamente
individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en
funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo
ning煤n concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme
dicha modalidad.
Duod茅cimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora
a la dotaci贸n de un 贸rgano de la Administraci贸n del Estado bajo la
modalidad contemplada en el art铆culo 4 de la Ley N° 18.883, pero,
no obstante ello, en la pr谩ctica presta un determinado servicio que
no tiene la caracter铆stica espec铆fica y particular que expresa
dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de
temporalidad que indica, corresponde aplicar el C贸digo del Trabajo
si los servicios se han prestado bajo los supuestos f谩cticos que
importan la presencia de subordinaci贸n o dependencia cl谩sica, esto
es, a trav茅s de la verificaci贸n de indicios materiales que dan
cuenta del cumplimiento de las 贸rdenes, condiciones y fines que el
empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusi贸n
que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el C贸digo
del Trabajo constituye la regla general en el 谩mbito de las
relaciones laborales, y, adem谩s, porque una conclusi贸n en sentido
contrario significar铆a admitir que, no obstante concurrir todos los
elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen
del Estatuto Laboral, en una situaci贸n de precariedad que no tiene
justificaci贸n alguna.
Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretaci贸n del
art铆culo 1 del C贸digo del Trabajo, en armon铆a con los art铆culo 7
y 8 del mismo cuerpo legal y el art铆culo 4 de la Ley N° 18.883,
est谩 dada por la vigencia de dicho c贸digo para las personas
naturales contratadas por la Administraci贸n del Estado, que aun
habiendo suscrito sucesivos contratos de prestaci贸n de servicios a
honorarios, por permit铆rselo el estatuto especial que regula a la
entidad contratante, se desempe帽an en las condiciones previstas por
el C贸digo del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la
jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como
vinculaciones laborales, sujetas al C贸digo del Trabajo, a las
relaciones habidas entre una persona natural y un 贸rgano de la
Administraci贸n del Estado, en la medida que dichos lazos se
desarrollen fuera del marco legal que establece el art铆culo 4 de la
Ley N° 18.883, que autoriza la contrataci贸n, sobre la base de
honorarios, ajustada a las condiciones que describe, en la medida que
las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el
legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la
codificaci贸n correspondiente.
Decimocuarto: Que tal decisi贸n no implica desconocer la
facultad de la Administraci贸n para contratar bajo el r茅gimen de
honorarios que consulta el art铆culo 4 de la Ley N° 18.883, por la
que no se vislumbran problemas de colisi贸n entre las preceptos del
citado c贸digo y del estatuto funcionario aludido, sino s贸lo
explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en
cada caso para discernir la regla pertinente, y lo ser谩 aquella que
se erige en el mencionado art铆culo 4 siempre que el contrato a
honorarios sea manifestaci贸n de un mecanismo de prestaci贸n de
servicios a trav茅s del cual la Administraci贸n del Estado, pueda
contar con la asesor铆a de expertos en los t茅rminos se帽alados en el
motivo und茅cimo.
Decimoquinto: Que es justamente la determinaci贸n de los
t贸picos de especificidad u ocasionalidad los que deben ser
esclarecidos para decidir el estatuto aplicable a la situaci贸n
concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar que son
“labores accidentales y no habituales”, aqu茅llas que, no
obstante ser propias del ente, son ocasionales, circunstanciales, y
distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y
cometidos espec铆ficos, las tareas puntuales perfectamente
individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, s贸lo
por excepci贸n, pueden consistir en funciones propias y habituales
del ente.
Decimosexto: Que, en consecuencia, para resolver la litis
se debe establecer si la demandante despleg贸 un quehacer como lo
ordena el citado art铆culo 4 de la Ley N° 18.883-, o si, por el
contrario, lo desarroll贸 bajo las condiciones de subordinaci贸n y
dependencia de su empleador. En tal virtud, la magistratura
estableci贸 que desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de
2018 se desempe帽贸 mediante m煤ltiples contratos a honorarios para
realizar funciones de psic贸loga en la oficina de protecci贸n de los
derechos de ni帽as, ni帽os y adolescentes dependiente de la
Municipalidad de la Pintana, en el marco de convenios celebrados con
el Servicio Nacional de Menores.
Se dio por asentado, adem谩s, que deb铆a registrar su asistencia a
trav茅s de un reloj control y que depend铆a jer谩rquicamente de la
coordinadora general de la oficina de protecci贸n de los derechos de
ni帽as, ni帽os y adolescentes.
En otro orden de consideraci贸n, se dio por establecido que ten铆a
derecho al pago de sumas de dinero por concepto y reajustes y
sobretiempo, descanso maternal, licencias m茅dicas, permisos y
feriado.
Decimos茅ptimo: Que, del an谩lisis conjunto de las normas
reproducidas, del car谩cter de los contratos de honorarios suscritos
entre la demandada y la demandante y hechos establecidos, aparece que
se trata de una modalidad a trav茅s de la cual la primera cumple sus
fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino aquellos
que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideraci贸n
el car谩cter esencial, final y central que trasciende a esta
decisi贸n, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no
es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual
sirve, con un claro prop贸sito de promoci贸n social que, en este
caso, se ejecuta en forma permanente y habitual, tarea de ordinario
cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede
sostenerse que la relaci贸n existente entre las partes se enmarc贸
dentro de la hip贸tesis excepcional contenida en el art铆culo 4 de la
ley N° 18.883.
Decimoctavo: Que es 煤til tener en consideraci贸n que la
Oficina de Protecci贸n de los Derechos de la Infancia de La
Pintana fue una de
las primeras en ser creadas en el a帽o 2001, y ha venido ejecutando
un trabajo permanente tendiente a desarrollar el Sistema Local de
Protecci贸n de Derechos, articulando la participaci贸n de los actores
relevantes de la comuna, en la evaluaci贸n y reformulaci贸n
participativa de la pol铆tica local de infancia. Por otra parte ha
impulsado una atenci贸n personalizada de los ni帽os, ni帽as y
adolescentes vulnerados en sus derechos, fortaleciendo sus factores
protectores, sus familias y la comunidad en que habitan, gracias a un
trabajo colaborativo con las redes presentes en la comuna. Su
funcionamiento continuado y consistente en el tiempo no s贸lo ha
permitido articular, mantener y fortalecer una red de infancia
destinada a generar un efecto sin茅rgico en torno a la promoci贸n de
los derechos de los ni帽os, ni帽as y adolescentes y la prevenci贸n e
interrupci贸n de vulneraciones, sino adem谩s desarrollar una funci贸n
de liderazgo en la comprensi贸n de la ejecuci贸n de las pol铆ticas
p煤blicas como una manifestaci贸n de la implementaci贸n de la
Convenci贸n de los Derechos del Ni帽o en el territorio.
Decimonoveno: Que por ser funciones propias, habituales y
permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa
que la cre贸, y, en ning煤n caso, accidentales o ajenas a ella, mal
puede sostenerse que la a relaci贸n contractual est谩 amparada por la
norma aludida, sino, m谩s bien, se trata de una que, dado los
caracteres que tuvo, est谩 sujeta a las disposiciones del C贸digo del
Trabajo, por desmarcarse del 谩mbito propio de su regulaci贸n
estatutaria y que, as铆, encuentra amplio cobijo en la hip贸tesis de
contra excepci贸n del art铆culo 1 de dicho cuerpo legal.
Vig茅simo: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las
normas del referido estatuto a todos los v铆nculos de orden laboral
que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe entenderse
por tal aquellos que re煤nen las caracter铆sticas que surgen de la
definici贸n que de contrato de trabajo consigna el art铆culo 7 del
C贸digo del ramo, o sea, que se trate de servicios personales,
intelectuales o materiales que se prestan bajo un r茅gimen de
dependencia o subordinaci贸n, por los que se paga una remuneraci贸n.
Vig茅simo primero: Que, en estas condiciones, yerra la Corte
de Apelaciones de San Miguel al rechazar el recurso de nulidad
interpuesto por la demandante, fundado en las causales de los
art铆culos 477 y 478 letra c) del C贸digo del Trabajo, calificando la
relaci贸n contractual de los litigantes como una que se enmarc贸
dentro del r茅gimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando,
consecuentemente, inaplicable el C贸digo del Trabajo, porque la
conducta uqe despleg贸 en el ejercicio de su labor no cumple los
requisitos que la norma especial exige.
Vig茅simo segundo: Que, conforme a lo razonado, y habi茅ndose
determinado la interpretaci贸n acertada respecto de la materia de
derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificaci贸n de
jurisprudencia deber谩 ser acogido.
Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los
art铆culos 483 y siguientes del C贸digo del Trabajo, se acoge
el recurso de unificaci贸n de jurisprudencia interpuesto por la
parte demandante respecto de la sentencia de dos de mayo de dos
mil diecinueve, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de
San Miguel, que rechaz贸 el recurso de nulidad que dedujo en contra
de la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa comuna en
autos RIT O-172-2018 y RUC 1840140827-0, se declara que esta es
nula, y acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, se
dicta la correspondiente sentencia de reemplazo en unificaci贸n de
jurisprudencia.
Reg铆strese.
Rol N° 15.615-19.
Pronunciado por
la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros se帽or
Ricardo Blanco H., se帽oras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Mu帽oz
S., se帽or. Mauricio Silva C., y se帽ora. Mar铆a Ang茅lica Cecilia
Repetto G. No firman los ministros se帽ora Mu帽oz y se帽or Silva, no
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por
estar ambos con feriado legal. Santiago, tres de enero de dos mil
veinte.
RICARDO LUIS HERNAN BLANCO GLORIA ANA
CHEVESICH RUIZ
HERRERA MINISTRA
MINISTRO Fecha: 03/01/2020 12:34:06
Fecha: 03/01/2020 12:34:06
MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO
GARCIA
MINISTRA
Fecha: 03/01/2020 12:34:07
En Santiago, a tres de enero de dos
mil veinte, se incluy贸 en el Estado Diario la resoluci贸n
precedente.
Este
documento tiene firma electr贸nica y su original puede ser validado
en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitaci贸n de la causa. En
aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde
al horario establecido para Chile Continental.
Santiago, tres de enero de dos mil veinte.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del art铆culo 483
C del C贸digo del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de
reemplazo en unificaci贸n de jurisprudencia.
Visto:
Se mantienen los fundamentos primero a octavo de la sentencia de base
de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de
Letras del Trabajo de San Miguel. Asimismo, se reproducen los motivos
sexto a vig茅simo de la sentencia de unificaci贸n de jurisprudencia
que antecede.
Y se tiene, adem谩s, presente:
1潞.- Que en relaci贸n con la manifestaci贸n del ejercicio de
la subordinaci贸n y dependencia, la prestaci贸n de servicios en forma
permanente durante m谩s de seis a帽os de manera continua para el
municipio en labores que le corresponden, la existencia de beneficios
propios de un contrato de trabajo como licencias m茅dicas y permisos
especiales, y de indicios de que las funciones se prestaron en
horarios fijados previamente, son antecedentes suficientes para
concluir que la actora se desempe帽贸 en tal calidad.
2°.- Que, atendida la presencia de los supuestos f谩cticos
establecidos, se concluye de manera inconcusa que la demandante
desarroll贸 para la demandada una labor de manera dependiente, por
cuenta ajena y por la cual recibi贸 mensualmente una retribuci贸n
monetaria, es decir, en las condiciones se帽aladas en el C贸digo del
Trabajo, puesto que sus funciones se extendieron en el tiempo y bajo
las 贸rdenes de aqu茅lla, de manera que, en esas circunstancias, la
naturaleza de la relaci贸n contractual es de car谩cter laboral, al
cumplirse los requisitos que contempla el art铆culo 7 del C贸digo del
Trabajo y, por lo tanto, no se circunscribe a la descrita en el
art铆culo 4 de la Ley N° 18.883.
3潞.- Que, sobre la base de los hechos asentados y su
calificaci贸n jur铆dica, resulta evidente que la falta de
escrituraci贸n del contrato de trabajo, pago de cotizaciones
previsionales y dem谩s prestaciones propias de una relaci贸n laboral,
a juicio de este tribunal, configuran la causal establecida en el
numeral 7 del art铆culo 160 del C贸digo del Trabajo, que habilita a
la actora a poner t茅rmino a la relaci贸n laboral, debiendo accederse
a las indemnizaciones y compensaciones reclamadas en la forma que se
indicar谩.
Especialmente en lo que respecta al pago de las cotizaciones
previsionales, cuando el empleador no las entera en las respectivas
instituciones previsionales, constituye un incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato; cotizaciones que son parte de la
remuneraci贸n del trabajador, que el empleador est谩 obligado a
retener por mandato legal. Por otra parte, tener consecuencias
negativas para el trabajador, tanto en el acceso a prestaciones
previsionales como en la rentabilidad de la capitalizaci贸n de su
fondo para pensiones.
4潞.- Que en cuanto a lo pretendido por la demandante por
concepto de nulidad del despido, considerando que el fallo s贸lo
constat贸 una situaci贸n preexistente, debe entenderse que la
obligaci贸n de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra
vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte
del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron
realmente la relaci贸n laboral.
No obstante lo expuesto, trat谩ndose, en su origen, de contratos a
honorarios celebrados por 贸rganos de la Administraci贸n del Estado
–entendida en los t茅rminos del art铆culo 1° de la Ley N°
18.575–, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la
aplicaci贸n de la referida instituci贸n, cual es que fueron suscritos
al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les
otorgaba una presunci贸n de legalidad, lo que permite entender que no
se encuentran t铆picamente en la hip贸tesis para la que se previ贸 la
figura de la nulidad del despido.
En otra l铆nea argumentativa, la aplicaci贸n –en estos casos–, de
la instituci贸n contenida en el art铆culo 162 del C贸digo del
Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los 贸rganos del Estado no
cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la
oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren,
por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo
que grava en forma desigual al ente p煤blico, convirti茅ndose en una
alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso
puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.
Por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la
relaci贸n laboral se establece con un 贸rgano de la Administraci贸n
del Estado y ha devenido a partir de una vinculaci贸n amparada en un
determinado estatuto legal propio de dicho sector.
Lo anterior no altera la obligaci贸n de enterar las cotizaciones
previsionales adeudadas por el per铆odo en que se reconoci贸 la
existencia de la relaci贸n laboral.
5°.- Que, para los efectos de fijar las indemnizaciones a que
haya lugar, se tendr谩 como base de c谩lculo la cantidad percibida
mensualmente por la actora, esto es, la suma de $ 949.954.
Por estas consideraciones y, visto, adem谩s, lo dispuesto en los
art铆culos 1, 7, 8, 9, 41, 162, 163, 168, 171, 420, 425 y 459 el
C贸digo del Trabajo, se decide que:
Se acoge la demanda interpuesta por do帽a Paola Beatriz
Maldonado Roco en contra de la Municipalidad de la Pintana:
I.- Se declara que la relaci贸n contractual que los vincul贸
fue de car谩cter laboral, y se extendi贸 desde el 2 de enero de 2012
hasta el 31 de julio de 2018, y que el auto despido es justificado.
En consecuencia se condena a la demandada a pagar las cantidades que
se indican por los conceptos que se se帽alan:
a).- $ 949.954, correspondiente a indemnizaci贸n
sustitutiva del aviso previo.
b).- $ 6.649.678, por concepto de indemnizaci贸n por a帽os
de servicios.
c).- $ 3.324.839, por recargo legal del 50 % de conformidad con el
art铆culo 168 letra b) del C贸digo del Trabajo.
d).- Cotizaciones previsionales por todo el per铆odo
trabajado,
debiendo oficiarse a las entidades pertinentes para los fines a que
haya lugar.
II.- Las sumas se帽aladas deber谩n pagarse con los reajustes e
intereses que establecen los art铆culos 63 y 173 del C贸digo del
Trabajo.
III.- Cada parte soportar谩 sus costas.
Se previene que la ministra se帽ora Chevesich fue de opini贸n de
acoger, adem谩s, la demanda de nulidad del despido, teniendo en
consideraci贸n lo siguiente:
1潞.- Que la controversia se centra en determinar la
procedencia de aplicar la sanci贸n prevista en el art铆culo 162,
inciso quinto, del C贸digo del Trabajo, al caso de autos, en que la
relaci贸n habida entre los litigantes ha sido calificada de
naturaleza laboral s贸lo en el fallo del grado. Al respecto, cabe
se帽alar que con la modificaci贸n introducida por la Ley N° 19.631,
de 1999, al art铆culo 162 del C贸digo del Trabajo, se impuso al
empleador una obligaci贸n adicional, esto es, que para proceder al
despido de un trabajador, deben encontrarse 铆ntegramente pagadas sus
cotizaciones previsionales, de lo contrario dicho despido carece de
efectos, es nulo.
2潞.- Que, en este contexto, conforme a lo razonado en la
sentencia de base, el empleador no dio cumplimiento a la obligaci贸n
establecida en el inciso 5° del art铆culo 162 del C贸digo del
Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanci贸n que la misma
contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y dem谩s
prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del
despido hasta la de su convalidaci贸n, mediante el entero de las
cotizaciones adeudadas, desde que el fallo de unificaci贸n, que dio
por establecida la existencia de una relaci贸n de naturaleza laboral
entre las partes, s贸lo viene a declarar o constatar un hecho
preexistente –relaci贸n laboral- y del cual emanan todas las
obligaciones y derechos que el ordenamiento jur铆dico contempla en
esta materia.
Reg铆strese y devu茅lvase con sus documentos.
Rol N° 15.615-19.
Pronunciado por
la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros se帽or
Ricardo Blanco H., se帽oras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Mu帽oz
S., se帽or. Mauricio Silva C., y se帽ora. Mar铆a Ang茅lica Cecilia
Repetto G. No firman los ministros se帽ora Mu帽oz y se帽or Silva, no
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por
estar ambos con feriado legal. Santiago, tres de enero de dos mil
veinte.
APORTES:
Si tiene jurisprudencia de Chile interesante para publicar, por favor remita a informaci贸n del mismo a editor@jurischile.com
ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
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