Coyhaique, veinticuatro de Diciembre del año dos mil dieciocho.
VISTOS:
Con fecha 24 de Julio de 2018, comparece el Honorable
Diputado de la República don Rene Alinco Bustos, deduciendo
recurso de protección, en contra de Su Excelencia el Presidente de la
República, don Sebastián Piñera Echeñique; de doña Marcela
Cubillos Sigall, en su calidad de Ministra del Medio Ambiente; de don
Emilio Santelices Cuevas, en su calidad de Ministro de Salud y, de
doña Susana Jiménez Schuster, en su calidad de Ministra de Energía,
por cuanto estima que estos recurridos han cometido una omisión
arbitraria e ilegal, consistente en ignorar y no tomar medidas
necesarias de protección ambiental, tanto al recurrente como a los
habitantes de la región de Aysén, específicamente en las comunas de
Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, vulnerando con ello el derecho
de vivir en un ambiente libre de contaminación, garantía que se
encuentra consagrada en el artículo N° 8 de nuestra Carta
Fundamental, en relación al derecho a la vida y a la integridad física
de la persona, consagrado en el artículo 19 N° 1 de nuestra
Constitución Política y al derecho de propiedad que tiene toda
persona de vivir en un ambiente libre de contaminación, consagrado
en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental; todos estos
garantizados por el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la
República; ordenando a las autoridades recurridas tomar las medidas
que enuncia expresamente en la parte petitoria de su recurso.
Con fecha 28 de Septiembre de 2018 se declaró admisible el
recurso de protección y se pidió informe a los recurridos.
Con fecha 18 de Octubre de 2018, se agregó el informe evacuado por
S.E. el Presidente de la República, el que solicita el rechazo del
recurso de protección interpuesto, con costas.
Con fecha 29 de Octubre de 2018, se agregó el informe evacuado por
los recurridos, Ministerio de Salud; Ministerio de Energía y del
Ministerio del Medio Ambiente; todos los cuales solicitan el rechazo
del recurso de protección interpuesto, con costas.
Con fecha 27 de Noviembre de 2018, se agregó el informe
complementario evacuado por el Subsecretario del Medio Ambiente,
don Felipe Riesco Eyzaguirre.
Con fecha 19 de Diciembre de 2018, se ordenó traer los autos
en relación.
Con fecha 21 de Diciembre de 2018, se procedió a la vista de la
causa, concurriendo a alegar por los recurridos el abogado don
Rubén Saavedra Fernández; en tanto la parte recurrente, no
compareció a esta instancia, quedando la causa en estado de
acuerdo.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el recurrente Diputado de la República con Rene
Alinco Bustos, fundamenta su recurso, sintéticamente , en la falta de
medidas oportunas, inmediatas y eficaces por parte de las
autoridades recurridas, quienes encontrándose en conocimiento del
problema de contaminación ambiental que lo aqueja a él, al igual que
a todos los habitantes de Coyhaique, Aysén y Cochrane, no han
entregado a la fecha, soluciones efectivas, debiendo soportar una
calidad de aire altamente nociva para la salud, quedando
imposibilitados de vivir en forma normal. Dice, que un estudio sobre
la situación ambiental del aire, efectuado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), dio a conocer que la ciudad de Coyhaique, se
ubica dentro de las veintitrés ciudades más peligrosas en
contaminación de Chile.
Agrega, que el D.S N° 46 de fecha 28 de Octubre de 2015, del
Ministerio del Medio Ambiente, establece un plan de
descontaminación atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su
zona circundante, cuyo objeto es dar cumplimiento a la norma
primaria de calidad ambiental para material particulado respirable
(MP10), en un plazo de 10 años, y, que en consideración del tiempo
transcurrido desde la entrada en vigencia del referido plan, a la fecha
no existe un cambio notorio de la situación atmosférica, citando en el
mismo sentido, un nuevo estudio de la OMS, de Mayo de 2017, el
cual advierte que Coyhaique es la ciudad más contaminada de
América Latina. Señala que el Poder Ejecutivo, con fecha 09 de Julio
de 2018, dio a conocer diecinueve medidas que forman parte de un
Plan de Descontaminación de la ciudad de Coyhaique, las que en
síntesis, considera insuficientes.
Indica, que la ilegalidad de que reclama estaría constituida por
la omisión de las autoridades recurridas, en tomar medidas concretas
y a corto plazo para la disminución de la contaminación ambiental en
la región de Aysén y, que tal ilegalidad obedece a la vulneración de
las letras c), d) y g) de la Ley N° 19.300, que aprueba Bases
Generales sobre el Medioambiente, en armonía con la letra m) del
artículo 2, de la Ley citada precedentemente, por lo cual, dice, que se
ha violado la garantía constitucional del derecho a la vida y a la
integridad física y síquica de la persona, según el artículo 19 N°1; el
derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, según el
artículo 19 N° 8, y el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24;
todos de la Constitución Política de la República, por lo cual pide se
acoge el presente recurso de protección y se haga lugar a sus
peticiones.
EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO
PLANTEADA POR LOS RECURRIDOS MINISTERIO DE SALUD Y
MINISTERIO DE ENERGÍA:
SEGUNDO: Que, el recurrido Ministerio de Salud en su informe dice,
que el recurso de que se trata es improcedente por extemporáneo, ya
que se ha limitado a señalar una serie de antecedentes con fecha
determinada, que dan cuenta que el conocimiento de la situación
recurrida excede con creces el plazo para la interposición de la
presente acción, ya que el mismo actor plantea que la omisión ilegal
dataría de cuatro años hacia atrás; en circunstancias que el Auto
Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, dispone que
este debe interponerse dentro del plazo de treinta días, desde el acto
u omisión y/o el conocimiento del mismo.
Por su parte, el recurrido Ministerio de Energía sobre el punto
señala, que el Auto Acordado establece que el plazo para interponer
el recurso de protección es de treinta días corridos contados desde la
ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza
de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de
los mismos, por lo que a su entender la acción de protección materia
de autos es absolutamente extemporánea, por cuanto el hecho en
que el recurrente fundamenta la supuesta vulneración de las garantías
constitucionales invocadas, esto es, la supuesta falta de presentación
de soluciones efectivas para la contaminación ambiental de que
reclama, ha sido ampliamente conocida por el recurrente con bastante
antelación a la fecha de interposición de la acción cautelar.
TERCERO: Que, efectivamente como lo dicen los recurridos antes
mencionados, el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de
protección en su N°1 dispone que el recurrente tendrá un plazo de
“treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la
ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que
se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”; y el
hecho u omisión de que denuncia el recurrente, esto es, la
contaminación ambiental, como es de público conocimiento que
afecta a la Región de Aysen, es de bastante más tiempo que treinta
días, precisamente más de cuatro años hacia atrás, como el mismo
recurrente lo reconoce en escrito; sin embargo, este Tribunal de
Alzada no se usará este fundamento para el rechazo del presente
recurso, puesto que la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema
ha señalado que este plazo de treinta días para interponer el recurso,
deja de aplicarse en la situación de que los hechos de que se
reclaman producen efectos que permanecen en el tiempo, como es el
caso de la contaminación ambiental a que se refiere este recurso, que
afecta a las Región de Aysén, y específicamente a las comunas de
Coyhaique, Aysén y Cochrane, citadas por el recurrente en esta
acción cautelar.
EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL
RECURRENTE.
CUARTO: Que, por otra parte, el recurrido Ministerio de Energía, para
el rechazo del recurso alega la falta de legitimidad activa del
recurrente, la que fundamenta por cuanto, dice, el recurso de
protección no es una acción popular y en el caso, el recurrente no ha
señalado de qué forma se ha visto directamente afectado por la
situación que denuncia, pretendiendo utilizar este mecanismo
jurisdiccional de excepción como si se tratare de “una acción popular”,
sumado a ello, que no indica nombres de personas específicas
afectadas por la situación reclamada , lo que aflora de la lectura de su
libelo. En apoyo de su alegación, cita jurisprudencia de la Corte
Suprema que ha declarado expresamente que el recurso de
protección no constituye una acción popular, por lo que debe
demostrarse por quien lo impetra, interés jurídico en su resultado. En
el propio artículo 20 de la Constitución Política se indica que está
legitimado para interponerlo “El que por causa de actos u omisiones
arbitrarias o ilegales sufra privación…”; en tanto el N° 2 del Auto
Acordado dispone que “El recurso se interpondrá por el afectado o por
cualquiera otra persona en su nombre …”.
QUINTO: Que, sobre este fundamento del recurrido Ministerio de
Energía, este Tribunal de Alzada, estima que la exigencia del recurso
de protección de ser interpuesto por el afectado, se cumple respecto
del recurrente que se identifica como don René Alinco Bustos,
Honorable Diputado de la República, quien señala que la omisión
arbitraria e ilegal cometida por los recurridos, consistente en ignorar y
no tomar medidas necesarias de protección ambiental, le afecta, entre
otros, a él, quien es el recurrente.
EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO
SEXTO: Que, evacuando el informe, Su Excelencia el
Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, pide el
rechazo del recurso por improcedente, ya que no cumple con ninguno
de los requisitos que establece el artículo 20 de la Constitución,
debiendo existir una petición concreta e inmediata que recaiga sobre
el derecho indubitado afectado, y que, de acogerse importe el fin de
los actos u omisiones arbitrarios e ilegales que atentan contra las
garantías constitucionales que se encuentran amparadas por este
recurso. Igualmente, dice, que es improcedente como acción en
materia ambiental, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ha
sentado una jurisprudencia, en cuanto acotar la cautela de garantías
constitucionales por la vía del recurso de protección, solo a aquellos
asuntos donde existe la urgencia exigida por la Constitución Política,
como necesidad de cautela, frente a una acción u omisión ilegal que
ha infringido la garantía constitucional del artículo 19 N° 8 y que
significa realmente la vulneración de un derecho preexistente e
indubitado, jurisprudencia que se ha denominado la “doctrina de la vía
idónea”. Y, como tercer argumento de la improcedencia del recurso,
señala que para que este proceda es necesaria la existencia de un
acto u omisión imputable a una autoridad o persona determinada, de
modo tal que resulta indispensable que la conducta omisiva ilegal esté
asociada a la existencia de una norma expresa que ordene una
determinada conducta por parte de la autoridad recurrida y que
genere derechos en favor de terceros, lo que en el caso de la especie
no ocurre. Y por último señala que las peticiones concretas del
presente recurso exceden la naturaleza del recurso de protección.
SÉPTIMO: Que, por su parte el recurrido Ministerio de Salud
informando sobre el fondo del recurso pide su rechazo por no ser la
vía idónea para los fines perseguidos por el actor. Dice que la acción
de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de
urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria, limitándose su
aplicación a aquellos actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad
sobre derechos preexistentes o indubitados sean evidentes u
ostensibles, atendidas las circunstancias concretas de la situación de
que se trata, de modo tal que las meras expectativas no constituyen
derechos subjetivos públicos, susceptibles de tutela judicial efectiva
mediante esta vía. Como se observa del recurso, dice, sus peticiones
son una muestra clara de que lo solicitado a través de la presente
acción , no reúne las condiciones para ser consideradas como
derechos o situaciones pre constituidas o indubitadas , sino que por el
contrario , se encuentran en la categoría de meras expectativas a
considerar por la autoridad en el ámbito de sus competencias.
Luego hace una extensa relación de las acciones desplegadas por el
Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública y las
Secretarias Regionales Ministeriales de Salud en lo referente a la
acción interpuesta, tales como: Alerta sanitaria ambiental para
Coyhaique; Promoción y prevención de la salud; Vigilancia
epidemiológica y ambiental; Fiscalización y control; predicamento por
el cual, resulta improcedente el recurso, puesto que no hay conducta
por acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de su Ministerio; y
finalmente, porque no se ha acreditado la existencia de una
perturbación, privación o amenaza de garantías constitucionales
atribuibles a las acciones del Ministerio de Salud.
OCTAVO: Que, informando el tercer recurrido, Ministerio de
Energía, sobre el fondo del recurso, dice que este es improcedente,
puesto que no se acompañan antecedentes concretos acerca de la
supuesta omisión , ni precisa la ilegalidad que denuncia respecto del
Ministerio de Energía. Sin perjuicio, dice, de que el Ministerio obrando
en el ámbito de sus competencias ha cumplido cabalmente con
aquellas tareas que le corresponden en la aplicación del Plan
Preventivo de Descontaminación vigente, cumpliendo con medidas
tanto de corto como de largo plazo, para promover y disminuir el uso
de la leña y colaborar conjuntamente con otros ministerios para
contribuir a la mejora de las condiciones atmosféricas en la Región de
Aysén, indicando entre sus medidas, algunas de largo plazo, como: La
Ruta Energética 2018 - 2022; Diversificación de la Matriz Energética;
Regulación de Biocombustibles Sólidos; Calefacción Distrital;
Eficiencia Energética y Acondicionamiento Térmico de las Viviendas; y
entre las de corto plazo, señala el Programa de Más Leña Seca;
Programa de Transferencia Técnica en Manejo de Bosque Nativo;
Subsidio a la Calefacción y Apoyo del Ministerio de Energía en el Plan
de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique. En consecuencia de
lo cual, dice que no existe privación, perturbación o amenaza de las
garantías constitucionales del recurrente, supuestamente vulneradas;
concluyendo que se instrumentaliza la acción de protección a fin de
atacar el mérito de los actos administrativos adoptados por los
órganos de la administración del Estado, conforme a la ley, por
considerarlos insuficientes o inidóneos, lo cual escapa al alcance del
recurso de protección, que es de naturaleza cautelar y excepcional.
NOVENO: Que Informando el cuarto recurrido, Ministerio del
Medio Ambiente, pide el rechazo del recurso porque no es el medio
idóneo para debatir los temas de políticas públicas que plantea el
recurrente, atendido el fuerte contenido de carácter técnico de las
mismas , ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de autos, que es
de carácter breve y sumario. Dice que, por ello es que nuestra
institucionalidad ambiental dispone que la revisión judicial de los actos
administrativos que establecen planes de prevención y
descontaminación, que son el resultado de procedimientos
administrativos complejos de naturaleza eminentemente técnica, sean
conocidos por tribunales especializados, con composición mixta, en
procedimientos de lato conocimiento. También, dice, el recurso es
improcedente, porque no existe omisión ilegal de su parte y el
recurrente, no ha indicado qué obligaciones legales concretas habría
infringido el Ministerio del Medio Ambiente, que hubiesen generado las
omisiones ilegales que alega. Por el contrario, dice que su Ministerio
ha intervenido en las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad
del aire de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, indicando entre
otras medidas, el Monitoreo de la Calidad del Aire de Coyhaique y
Cochrane; Inicio del Plan de Descontaminación Atmosférica; Avances
en la Implementación del Plan y Actualización del Plan; encontrándose
todas sus medidas ajustadas a la legalidad ambiental y sus principios.
Complementando su informe el Ministerio del Medio Ambiente a
través del Sub Secretario don Felipe Riesco Eyzaguirre, en relación a
la existencia de planes de descontaminación para las ciudades de
Puerto Aysén y Cochrane, señala, que a fines del año 2017 se instaló
en Puerto Aysén un equipo de monitoreo continuo que luego del
periodo de marcha blanca se encuentra funcionando desde Abril del
2018; y respecto de la ciudad de Cochrane, dice, que durante los
meses de Julio a Septiembre de 2018 se realizó una campaña
preliminar de monitoreo de material particulado, cuyos resultados se
encuentran en estudio para determinar la gestión a realizar en la
ciudad.
DÉCIMO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte
Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales
establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter
cautelar de tramitación breve y urgente destinada a amparar el
legítimo ejercicio de las garantías y derechos pre existentes que en
esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de
medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o
ilegal que impida, amague un acto u omisión arbitraria o ilegal que
perturbe ese ejercicio.
UNDÉCIMO: Que, es requisito de procedencia de esta acción
cautelar, entonces, la existencia de un acto u omisión ilegal – esto es,
contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero
del Código Civil - ,o arbitrario – esto es, producto del mero capricho de
quien lo comete – y que, como consecuencia del mismo afecte una o
más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será
fundamental acreditar, para su decisión, por el tribunal ante el cual se
interpone.
DUODÉCIMO: Que, según se observa de la atenta lectura del
texto del recurso esta acción cautelar se deduce respecto de la
omisión arbitraria e ilegal cometida por los recurridos, consistente en
“ignorar y no tomar medidas necesarias de protección ambiental tanto
al recurrente como a los habitantes de la región de Aysén,
específicamente en las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y
Cochrane”.
DÉCIMO TERCERO: Que atendido a que, los fundamentos de
los recurridos para declarar la improcedencia del presente recurso,
son coincidentes, pueden resumirse claramente en las alegaciones
que realiza en estrados por el abogado del Consejo de Defensa del
Estado don Rubén Saavedra Fernández, en los cuatro puntos que se
reseñan a continuación.
En primer lugar, se argumenta en cuanto a que atendida la
naturaleza de la materia de que se trata, el recurso de protección no
es la vía idónea para su resolución ya que existe una institucionalidad
ambiental contenida en la Ley 20.417 y una judicatura especializada
compuesta por los tribunales ambientales, creados por la Ley 20.600,
por cuanto los recursos de protección destinados a impugnar la
legalidad y razonabilidad de actos ambientales, rebasan los márgenes
que el artículo 20 de la Constitución ha definido para la cautela
constitucional, debiendo preferir entonces la justicia ambiental al
procedimiento de cautela de garantías constitucionales.
Como segundo argumento se plantea la inexistencia de las
omisiones ilegales imputadas a los recurridos puesto que de existir la
recurrente no las ha identificado y, en su lugar, se ha limitado a
transcribir definiciones contenidas en los artículos 2° y 4° de la Ley
19.300. En definitiva, dice no se ha denunciado norma alguna que
permita configurar un mandato de aplicación directa para los órganos
del Estado y por tanto una ilegalidad en su actuar, requisito
indispensable para la procedencia del recurso de protección.
En tercer lugar, se plantea una supuesta contradictoriedad en los
fundamentos del recurso puesto que, reclamando de la omisión de la
autoridad pública en el control de la contaminación atmosférica en la
región de Aysén, el recurrente indica las diversas medidas que ha
tomado el Poder Ejecutivo en el denominado Plan de
Descontaminación de la ciudad de Coyhaique y que se refiere desde
la letras A a la R, sumando diecinueve medidas.
Finalmente en cuanto a las peticiones concretas del recurrente,
se señala que exceden las finalidades del recurso de protección, ya
que, lo que persigue es que la Corte de Apelaciones decrete la
creación de un subsidio de combustible; la prohibición de instalar
calefacción a leña y, la declaración de estado de emergencia en la
comunas de Coyhaique, Aysén y Cochrane; peticiones que dice,
exceden la naturaleza, el objeto y la finalidad del recurso de
protección.
DÉCIMO CUARTO: Que, a juicio de estos sentenciadores el
recurso de protección de que se trata, adolece de todas las falencias
de que lo acusan los recurridos en sus respectivos informes,
corroborados en el alegato del mencionado abogado en su
representación.
Efectivamente, a juicio de estos sentenciadores, el recurso de
protección no es la vía idónea para resolver la materia a que se
refiere, puesto que, como se dijo en los considerados precedentes, el
recurso de protección es una acción cautelar breve y urgente, que
persigue restablecer el imperio del derecho y volver las cosas al statu
quo en que se encontraban antes de su interposición, y por ello éste
no constituye una instancia de declaración derechos sino de
protección de aquéllos, que siendo preexistentes e indubitados se
encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal y arbitraria y,
por ende en situación de ser amparados, presupuesto indispensable
que en la especie no se configura.
DECIMO QUINTO: Que, asimismo se debe tener presente que si
bien el artículo 20 de la Constitución Política dispone que la
interposición de la acción constitucional de protección lo es sin
perjuicio de otros derechos que puedan hacerse valer ante la
autoridad o los tribunales correspondientes, no puede obviarse el
hecho de que con la Ley N° 20.600 y la creación de los Tribunales
Ambientales, son estos los que poseen las competencias para conocer
de las controversias medio ambientales, tal como la debatida en estos
antecedentes. Como se observa en estos antecedentes la contienda
traída a esta sede, tal como lo señalan los recurridos, por su
naturaleza, no corresponde a una materia que debe ser dilucidada por
la vía de la presente acción cautelar, en tanto, como se ha dicho, esta
acción cautelar, no constituye una instancia de declaración de
derechos, sino que de protección de aquéllos, que, siendo
preexistentes e indubitados se encuentran afectados por una acción u
omisión arbitraria y por ende en situación de ser amparados,
presupuesto indispensable que en la especie no se configura.
Fundamento que está en concordancia con lo resuelto por esta Corte
Ilustrísima Corte de Apelaciones, en su resolución de 25 de Julio del
año en curso, cuando declaró su incompetencia para conocer del
presente recurso ya que, por tratarse de una reclamación o
controversia medioambiental, correspondía a la competencia de los
Tribunales Ambientales recientemente creados para estos efectos,
posición que sostiene en su resolución de 29 de Agosto de 2018 por la
cual traba la contienda de competencia con el Tribunal Ambiental de
Valdivia.
DECIMO SEXTO: Que, en relación al segundo argumento para
rechazar el recurso que plantean los recurridos, efectivamente, como
se observa del texto del recurso, el recurrente menciona que la
ilegalidad que denuncia, obedece a la vulneración de las letras c), d) y
g) de la Ley 19.300 en armonía con la letra m) del artículo 2° de la
misma ley. Al efecto, examinados éstas normas, se tiene que la Ley
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el artículo 2°
letra c) define lo que es “Contaminación”; en la letra d) define
“Contaminante” y en la letra g) define lo que es “Desarrollo
Sustentable” y, por último en la letra m) define, lo que es “Medio
ambiente libre de contaminación”; resultando así entonces, como lo
dicen los recurridos, las supuestas vulneraciones denunciadas por el
recurrente constituyen simples definiciones de expresiones
concernientes al tema medio ambiental atingentes al motivo del
recurso; resultando cierta la falencia de que se le acusa al recurso,
puesto que en este el recurrente no indica las omisiones ilegales
imputadas a los recurridos, como tampoco se ha denunciado norma
legal alguna que, haya sido vulnerada por los recurridos en su
conducta “omisiva”.
DÉCIMO SEPTIMO: Que, respecto de las contradicciones en los
fundamentos del recurso, sobre las cuales también alegan los
recurridos, se tiene que efectivamente ello se desprende de la simple
lectura del recurso, en cuanto a que acusando el recurrente la omisión
arbitraria o ilegal supuestamente cometida por los recurridos,
consistente en ignorar y no tomar medidas necesarias de protección
para los habitantes de las comunas que señala en el mismo cuerpo de
éste, se refiere latamente a todas y cada una de las diecinueve
medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, a través de sus respectivos
Ministerios y que integran el “Plan de Descontaminación de
Coyhaique”, entre las cuales, alguna de ellas, tales como: Decretar el
mes mayo de 2018 Alerta Sanitaria Ambiental, lo que ha permitido la
inyección de recursos adicionales, entre otros, para la entrega de kits
de detección de enfermedades respiratorios en el Hospital Regional de
Coyhaique; Disponer de un avión ambulancia con asiento en la ciudad
de Coyhaique; Trabajar en la instalación de purificadores de aire en
las Salas de Clases; y, Aumento en subsidio al mejoramiento térmico a
los adultos mayores. Respecto de las cuales, si bien el recurrente, las
critica como insuficientes o costosas, a juicio de estos sentenciadores,
ello no transforma las referidas medidas en las omisiones ilegales, a
que se refiere en la fundamentación de su recurso.
DECIMO OCTAVO: Que, finalmente y respecto de las
observaciones de los recurridos, en relación a las peticiones concretas
del recurrente, según se observa del escrito que contiene el recurso
estas consisten en:
a) Creación de un subsidio de combustible que tenga un menor
efecto de contaminación a comparación del uso de la leña, ampliando
y diversificando la matriz energética;
b) Prohibición de instalar calefacción a leña;
c) La declaración de Estado de Emergencia en las comunas de
Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, restringiendo cuando sea
necesario las libertades de locomoción y reunión, atendido al estado
de la calidad del aire.
Efectivamente, tal como lo alegan los recurridos, a juicio de este
Tribunal de Alzada, todas dichas peticiones exceden la naturaleza,
objeto y finalidad del recurso de protección, como tampoco se
corresponden con las facultades de esta Corte de Apelaciones,
atendida su calidad de órgano jurisdiccional.
Así se tiene que, conforme lo dispone el artículo 19 N° 22 inciso
segundo de la Constitución Política de la República, la “Creación de
subsidios” constituye materia de reserva legal, en tanto la Constitución
faculta a la ley, y siempre que ello no implique una discriminación
arbitraria respecto de otras personas, para “autorizar determinados
beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o
zona geográfica …”.
En relación a la petición del recurrente de decretar la “
Prohibición de instalar calefacción a leña”, tampoco es una medida
que pueda ser decretada por medio de esta Corte de Apelaciones a
través del presente recurso de protección ya que esta materia está
regulada en el Decreto Supremo N° 46/2015 del Ministerio del Medio
Ambiente, que establece precisamente el “Plan de Descontaminación
Atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su Zona Circundante”, y
que expresamente señala la prohibición de uso de calefacción a leña
que no cumpla la norma “NCH2907 declarada Oficial por Resolución
Exenta N° 569 de fecha 13 de Septiembre de 2005 del Ministerio de
Economía Fomento y Reconstrucción publicada en el Diario Oficial el
23 de Septiembre de 2005”; la que en atención al principio de
gradualidad en la aplicación de las regulaciones ambientales,
empezará a aplicarse a partir del 01 de Enero del año 2019, como se
establece en el mismo.
En lo referente a la tercera petición concreta del recurrente, esto
es, “La Declaración de Estado de Emergencia en las comunas de
Coyhaique, Aysén y Cochrane, restringiendo cuando sea necesario las
libertades de locomoción y reunión, atendido al estado de la calidad
del aire”, a juicio de estos sentenciadores, no solo implica una
transgresión a los requisitos que la Constitución Política establece
para los Estados de Excepción Constitucional, sino el desconocimiento
absoluto del recurrente, de que tal declaración se trata de una facultad
privativa del Presidente de la República y siempre y cuando se
configuren los supuestos que establece para tal efecto el artículo 42
de la Carta Fundamental, cuya transcripción se estima innecesaria.
DÉCIMO OCTAVO: Que, en virtud de lo razonado, este Tribunal
de Alzada estima que la presente acción resulta improcedente tanto en
la forma como en el fondo, al no acreditarse bajo ningún supuesto la
existencia de la omisión ilegal o arbitraria de que acusa el recurrente a
los recurridos, motivo por los cuales habrá de rechazarse la presente
acción constitucional, tal como se dirá.
Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo
20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24
de Junio de 1992 de la Excelentísima Corte Suprema sobre
Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales
y sus modificaciones, se resuelve:
I.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por
el Honorable Diputado de la República don René Alinco Bustos, en
contra de su Excelencia el Presidente de la República don Sebastián
Piñera Echeñique y en contra de doña Marcela Cubillos Sigall, en su
calidad de Ministra del Medio Ambiente; de don Emilio Santelices
Cuevas, en su calidad de Ministro de Salud y, de doña Susana
Jiménez Schuster, en su calidad de Ministra de Energía.
II.- Que, se condena en costas al recurrente, por haber sido
totalmente vencido.
Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.
Redacción de la Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza.
Rol Corte 207-2018
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
