Santiago, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.
Visto y teniendo presente:
Primero: Que don Gabriel Lara Gómez, abogado, en representación
de don Haroldo Montenegro Toro, demandante en los autos labores Rit O-
3677-2018, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce
recurso de queja en contra de los integrantes de la Décima sala de la Corte
de Apelaciones de esta ciudad, Ministras señoras María Soledad Melo y
Rosa María Kittsteiner, y abogado integrante señor Jorge Norambuena, al
haber incurrido en falta o abuso al dictar la resolución de nueve de julio
pasado, por medio de la cual confirmaron aquella que declaró de oficio la
caducidad de la demanda de autodespido.
Segundo: El quejoso afirma que el término de los servicios, por
autodespido, se produjo el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y que la
demanda fue presentada el día tres de junio pasado, suspendiéndose el
plazo de caducidad entre el ocho de marzo y el 11 de abril del año en curso,
por la presentación del reclamo administrativo en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 168 del Código del Trabajo, circunstancia que no fue
considerada por la sentenciadora al momento de declarar de oficio la
caducidad.
Tercero: Que los ministros recurridos, al informar el presente recurso,
señalaron que “el problema planteado por el recurrente, en este caso, no es
un problema de transgresión formal de ley o de errada interpretación de la
misma, pues estamos en una situación de autodespido, la cual tiene norma
propia que lo regula, cual es el artículo 171 del Código del ramo, que
contiene un plazo perentorio para que el trabajador que ponga término o fin a
su relación laboral, concurra a sede judicial a demandar sus derechos, cual
es de sesenta días hábiles, el cual se cumplió en exceso”.
Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del
Código Orgánico de Tribunales, nominado “De la jurisdicción disciplinaria y
de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su acápite primero,
que lleva el nombre de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545
que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva
finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de
sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno,
ordinario o extraordinario.
Quinto: Que, en consecuencia, para que proceda, es menester que
los jueces hayan dictado una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto
es, de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza aplicarles
una sanción disciplinaria que debería imponerse si se lo acoge.
Sexto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no
permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan
incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario
reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de
esta Corte. Es así como el recurso gira en torno a la impugnación que vierte
el recurrente en relación con la interpretación que los sentenciadores hicieron
de las normas que rigen la caducidad de la acción de autodespido y, por
ende, no susceptible de ser atacada a través de esta vía. Al respecto cabe
señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de
interpretación de la ley que llevan a cabo los juzgadores en cumplimiento de
su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de
queja.
Séptimo: Que lo precedentemente razonado resulta suficiente para
concluir que el presente arbitrio debe ser desestimado.
Se previene que el abogado integrante don Jean Pierre Matus Acuña
concurre al fallo estimando únicamente que, en este caso, en el error de
interpretación denunciado no ha existido falta o abuso grave que haga
procedente una sanción disciplinaria, propia del recurso de queja.
Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549
del Código Orgánico de Tribunales, se declara que se rechaza el recurso de
queja interpuesto por el abogado don Gabriel Lara Gómez, en representación
de don Haroldo Montenegro Toro.
Acordada con el voto en contra de la Ministra Señora Andrea Muñoz
Sánchez, quien estuvo por acoger el recurso de queja, teniendo presente las
siguientes consideraciones:
1°) Que, si bien comparte lo que la sentencia predica, sobre la
improcedencia de utilizar esta vía disciplinaria para modificar decisiones
jurisdiccionales basadas en una determinada interpretación de las normas de
la que el recurrente discrepa, en la especie, estima que la interpretación efectuada por los sentenciadores amerita ser corregida por esta vía, desde
que ésta se aparta injustificadamente de la que resulta ser la más acertada,
lesionando el derecho del trabajador a la tutela judicial efectiva, que significa,
en este caso, la posibilidad de someter a la jurisdicción la procedencia de un
auto despido, en los mismos términos que el Estatuto Laboral prevé respecto
de los trabajadores que son despedidos.
2°) Que, en efecto, la interpretación restrictiva que los sentenciadores
hicieron del artículo 168 en relación al 171, ambos del Código del Trabajo,
impidió el pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo del asunto, en
circunstancias que si se hubiera aplicado el tratamiento previsto para las
acciones por despido, necesariamente tendría que haberse contabilizado el
período durante el cual se tramitó el reclamo deducido por el interesado ante
el órgano administrativo, para efectos de entender suspendido el plazo que
prevé el artículo 171 citado en relación a la acción por auto despido.
3º) Que, además, los principios generales del derecho constituyen una
importante herramienta que han de utilizar los jueces en su labor de
interpretación e integración de las normas legales; en la especie, qué duda
cabe que la aplicación del denominado “principio pro operario”, uno de los
más importantes principios inspiradores del Derecho del Trabajo, conforme al
cual los jueces en caso de duda deben escoger la exégesis más favorable al
trabajador, debió auxiliar a los jueces recurridos a la hora de determinar el
alcance de las normas involucradas en la presente controversia, arrojando
luz sobre la interpretación más acertada, la que resultaba, además,
consistente con el respeto que exige la garantía de la tutela judicial efectiva;
y al no entenderlo así los ministros recurridos, en concepto de la disidente,
cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.
Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, esta Corte hará uso
de las facultades que la autorizan para obrar de oficio, contempladas en
los artículos 541 y 545 del Código Orgánico de Tribunales, en los términos
que a continuación se indican:
1.- Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema
computacional se advierte lo siguiente:
a)Por presentación de 3 de junio de dos mil dieciocho, don Haroldo
Montenegro Toro, interpuso demanda de auto despido en contra de AlfaChile
Región Metropolitana SpA, AlfaChile Zona Sur SpA, Servicios Support Administradora SpA, Inversiones Cordillera Limitada, AlfaChile Zona Norte
SpA, Alfa SpA, Equipamiento y Servicios Tecnológicos Tecplanet SpA,
Instituto Nacional de Seguridad Limitada, Schofield y Alfaro Limitada,
Administradora del Prado y la Foresta Limitada y Cementerio Metropolitano
Limitada;
b) En la demanda afirma que el día 16 de febrero de dos mil dieciocho,
puso término a su contrato de trabajo, debido a los incumplimientos de su
empleador;
c) El día 8 de marzo de dos mil dieciocho ingresó reclamo ante la
Inspección del Trabajo y fue citado para el 11 de abril del mismo año, fecha
en la que finalizó la tramitación administrativa.
d) Por sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, pronunciada
por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se declaró de oficio
la caducidad de la acción de despido indirecto, y la Décima sala de la Corte
de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de apelación que la
demandante dedujo en contra de dicha resolución, la confirmó el nueve de
julio pasado.
2.- Cabe precisar, que la figura del auto despido o despido indirecto,
contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo, está concebida para
el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del
contrato de trabajo –específicamente las de los numerales 1, 5 o 7 del
artículo 160 del Código del Trabajo– de manera que se radica en la persona
del trabajador, el derecho a poner término al contrato y a solicitar al tribunal
que ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan por el
despido, con los incrementos que señala la ley. Si el tribunal rechazare el
reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado por
renuncia.
3.- Que, en cuanto al plazo que tiene el trabajador para ejercer la
acción de autodespido, el artículo 171 del Código del Trabajo, señala: “…el
trabajador podrá poner término al contrato de trabajo y recurrir al juzgado
respectivo, dentro de sesenta días hábiles, contado desde la terminación…”.
Por su parte, el artículo 168 del mismo cuerpo normativo al reglar la
acción de despido injustificado refiere: “El trabajador… podrá recurrir al
juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados
desde la separación…” y el inciso final del citado artículo establece: “El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el
trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas,
ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una
vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en
ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles
desde la separación del trabajador”.
4.- Que la interpretación armónica de los artículos 168 y 171 del
Estatuto Laboral permite concluir que en el caso del “autodespido” el plazo
para reclamar en sede judicial se suspende en el evento que se efectúe un
reclamo ante la Inspección del Trabajo, dado que no existe razón de ninguna
índole que permita sostener un diferente tratamiento jurídico para el despido
y el “autodespido”, en lo concerniente a la forma cómo se deben computar
los plazos para impetrar las acciones pertinentes, para que los tribunales
conozcan de una demanda destinada a obtener el pago de las
indemnizaciones a que se refieren los artículos 162 y 163 del cuerpo legal
citado.
Al efecto, se debe tener presente los principios que informan el
derecho laboral, en concreto, el denominado “principio protector”, que en
materia de interpretación de enunciados normativos se manifiesta en el “in
dubio pro operario”, conforme al cual los jueces en caso de duda deben
acudir en elección de la exégesis más favorable al trabajador.
5.- Que, en esta línea de razonamiento y según los antecedentes
expuestos en el motivo sexto, considerando que el plazo de caducidad
estuvo suspendido mientras duró la instancia administrativa, entre los días
ocho de marzo y once de abril de dos mil dieciocho, aparece que la demanda
fue presentada transcurridos cincuenta y nueve días desde el autodespido,
es decir, dentro de plazo.
6.- Que, conforme a lo precedentemente expuesto, se ha configurado
un vicio que afecta la garantía asegurada por el inciso sexto del numeral
tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativa a un justo y racional
procedimiento, atendido que, en la especie, se denegó a la parte afectada el
derecho a que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la demanda
-mecanismo expresamente establecido por el legislador-, situación que no es
posible subsanar por otra vía que no sea mediante la declaración de nulidad
de los actos viciados, razón por la cual esta Corte, en uso de la mencionadas facultades correctoras de procedimiento, contempladas en el
artículo 429 inciso 2° del Código del Trabajo, invalidará de oficio, en la forma
que se señalará, la resolución dictada el nueve de julio del año en curso,
retrotrayendo la causa al estado que se dirá en lo resolutivo de este fallo.
Por estas consideraciones y normas legales citadas, actuando de
oficio esta Corte, se deja sin efecto la resolución de nueve de julio pasado,
dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto confirmó la de
primer grado que declaró de oficio la caducidad de la acción de autodespido,
y en su lugar se decide que se revoca tal decisión, debiendo procederse, por
juez no inhabilitado, a dar tramitación a la demanda de despido indirecto
interpuesta por don Haroldo Montenegro Toro.
Se deja constancia que la Ministra Sra. Muñoz no concurre a la
actuación de oficio, por cuanto estuvo por acoger el recurso de queja por los
fundamentos expresados en su voto disidente.
Regístrese, agréguese copia autorizada de esta resolución a la
carpeta digital que contiene los autos en que incide el presente recurso de
queja.
Para los efectos pertinentes, comuníquese y hecho, archívese.
N° 16.559-2018.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr.
Ricardo Blanco H., Sra. Andrea Muñoz S., Sra. Ángela Vivanco M., y los
Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. Íñigo de la Maza G. No
firman los Abogados Integrantes Sres. Matus y de la Maza, no obstante
haber concurrido al acuerdo del fallo, por estar ausentes. Santiago, dieciocho
de febrero de dos mil diecinueve.
En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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